Protesta ambiental latinoamericana

Protesta ambiental latinoamericana

Por Ana MarĂ­a Vara


 
Investigadora del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia José Babini (UNSAM)


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América latina estalla en conflictos de variable intensidad y alcance que tienen como blanco emprendimientos de magnitud que involucran grandes inversiones. No es exagerado afirmar que la región estå pasando por un ciclo de protesta ambiental. Dos razones concurren, que podríamos resumir en dos frases, hoy casi eslóganes: la globalización por arriba, que trae a la región una andanada de proyectos vinculados a industrias extractivas, y la globalización por abajo, que multiplica la capacidad de resistencia de las poblaciones locales, que se sienten amenazadas en sus medios y modos de vida por estos emprendimientos.

La globalizaciĂłn puede ser entendida tanto en un sentido valorativamente neutro, en tanto que integraciĂłn de las economĂ­as del mundo, como en un sentido polĂ­tico, en tanto que “proyecto de la globalizaciĂłn”, es decir, el triunfo de la ideologĂ­a neoliberal o reaganismo-thatcherismo. Ambas comparten un efecto: el crecimiento de la demanda de recursos naturales. Una manera grĂĄfica de ilustrar la magnitud de este incremento es una unidad propuesta por el consultor Tom Burke, el “amĂ©ricum”, que equivale al consumo total de la poblaciĂłn norteamericana; es decir, 350 millones de personas con ingresos de 15.000 dĂłlares y “una propensiĂłn creciente al consumismo. Durante gran parte del siglo XX, sĂłlo hubo dos “amĂ©ricums”: uno en Estados Unidos y otro en Europa, con bolsones de riqueza en los otros continentes. El nuevo milenio nos encuentra con uno maduro y otro en formaciĂłn tanto en China como en India; otro formado por un conglomerado de paĂ­ses asiĂĄticos mĂĄs Australia; y otros dos mĂĄs, en AmĂ©rica del Sur y Medio Oriente. Para 2013, en lugar de dos, serĂĄn ocho o nueve los “amĂ©ricums”, lo que implica una necesidad multiplicada de alimentos, fibras, energĂ­a y minerales, que las nuevas medidas de eficiencia energĂ©tica y reciclado de materiales apenas mitigan.

La presiĂłn de esta demanda sobre los recursos naturales se siente fuertemente en los paĂ­ses perifĂ©ricos y semiperifĂ©ricos, dada su posiciĂłn subordinada en la economĂ­a mundial. Dos industrias extractivas se han orientado particularmente hacia AmĂ©rica latina: la producciĂłn de pasta de celulosa y la minerĂ­a. Ambas comparten caracterĂ­sticas clave: involucran a industrias intensivas en recursos naturales y en energĂ­a, y de escasa generaciĂłn de empleo; estĂĄn en manos de empresas transnacionales altamente concentradas, tras procesos de compras y fusiones; llegan a la regiĂłn tras cambios tecnolĂłgicos que aumentan su impacto social y ambiental, y como parte de procesos de deslocalizaciĂłn promovidos por organismos multilaterales –fundamentalmente, el Banco Mundial–. Y ambas estĂĄn siendo resistidas por las poblaciones locales, que cuentan con importantes recursos materiales y simbĂłlicos.

Pasta de celulosa y voces de alerta en el Cono Sur

El “caso papeleras”, es decir, la resistencia de poblaciones de la provincia argentina de Entre RĂ­os a la instalaciĂłn de dos plantas de celulosa en la localidad uruguaya de Fray Bentos, que puso a los dos paĂ­ses en un estado de confrontaciĂłn inĂ©dito en su historia, es apenas el emergente de una situaciĂłn que se repite en distintos puntos del Cono Sur. TambiĂ©n se ha manifestado una intensa oposiciĂłn ciudadana a pasteras en Chile y Brasil. El caso de la planta Celulosa Valdivia, en la localidad homĂłnima, ha sido considerado por los investigadores chilenos Claudia SepĂșlveda y Bruno SepĂșlveda como un “hecho emblemĂĄtico que marcarĂĄ un punto de inflexiĂłn en la institucionalidad ambiental”. A apenas cuatro meses de operar en 2004, se advirtiĂł su impacto el Santuario de la Naturaleza del RĂ­o Cuatro Cruces, en especial en la poblaciĂłn de cisnes de cuello negro. Como resultado, quedĂł en duda no sĂłlo la capacidad de las autoridades ambientales para controlar a las empresas sino, aĂșn mĂĄs importante desde el punto de vista de los procesos de difusiĂłn y brokerage de los movimientos sociales, la validez de los canales institucionales para responder a las demandas ciudadanas.

Veracel, instalada en el estado brasileño de BahĂ­a, produjo concentraciĂłn de la tierra, Ă©xodo rural y desempleo en una de las regiones mĂĄs desiguales del Brasil, como muestra Carolina Joly, de la Universidad de San Pablo. Con respecto al impacto de otro polo pastero masivo del Brasil, Aracruz, baste decir que la oposiciĂłn, organizada en la Rede Alerta contra o Deserto Verde –formada por mĂĄs de cien entidades, entre ellas movimientos sociales y sindicatos–, logrĂł que se le retirara la certificaciĂłn del Forest Stewarship Council.

Para poner estos casos en contexto, corresponde recordar que la capacidad mundial de producciĂłn de pulpa de celulosa era de 187,6 millones de toneladas por año en 2006. Se esperaba por entonces que ese nĂșmero se incrementara en 12,7 millones de toneladas en los siguientes cinco años, precisamente con proyectos como los que dieron origen a esta controversia. Gran parte de estos proyectos alimentarĂĄn la demanda de papel de China, que cuadruplicĂł sus importaciones de celulosa entre 1997 y 2003. SegĂșn estimaciones de la consultora Jaakko Poyry, China representa el 14 por ciento del consumo mundial de papel y, en el lapso entre 2000 y 2015, aumenta a razĂłn del 4,4 por ciento anual. Claro que, de todos modos, el consumo de papel per cĂĄpita en China sigue siendo bajĂ­simo: el ranking es encabezado por Finlandia, con un consumo de papel per cĂĄpita de 325 kilos anuales; seguido por Estados Unidos, con 297. China llega muy atrĂĄs, con 44,66; Chile con 65; Argentina con 55; Uruguay con 36; y Brasil con 30,50 kilos por año, con datos de 2005 de Earth Trends.

Hasta fines del siglo XX, la capacidad de producción de pasta de celulosa se concentraba en países reconocidos como productores tradicionales, como Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Pero eso estå cambiando bruscamente. La mayor parte de las ampliaciones o nuevos proyectos de producción de pulpa desde 1995 estån en Asia (46 por ciento), América latina (28,6 por ciento) y Europa del Este, en países del ex bloque soviético (21 por ciento). Este traslado tiene que ver con las ventajas comparativas de estas regiones; en particular, en América del Sur estån los mejores lugares para levantar pasteras: con estimaciones de la consultora Jaakko Poyry, producir una tonelada de pasta de celulosa en Finlandia cuesta 350 dólares; en la Argentina, en promedio, apenas 150.

De hecho, la industria de la celulosa y el papel estĂĄn pasando por transformaciones marcadas por dos tendencias concurrentes: el negocio estĂ© dejando de ser local y se estĂĄ separando la producciĂłn de la pasta de celulosa de la de papel, acercando la primera a los bosques y la segunda a los consumidores. Es mĂĄs barato trasladar pasta que trasladar papel. La escala es otra manera de bajar costos, motivo por el cual el tamaño de las pasteras ha ido creciendo en los Ășltimos años. En este punto, no es necesario insistir demasiado que a mayor tamaño, mayor riesgo social y ambiental. Por otra parte, el impulso hacia el gigantismo es reforzado por otro mercado: el de las finanzas. Como concluye un informe del CIFOR: “El tamaño es el principal criterio para el acceso al mercado (financiero), y esto es mĂĄs cierto para proyectos nuevos”.

Una estimaciĂłn reciente de la FAO confirma estas tendencias en relaciĂłn con AmĂ©rica latina: prevĂ© un crecimiento en la industria de la pasta y el papel en la regiĂłn, con “fĂĄbricas de mayores dimensiones”. La producciĂłn de pasta en la regiĂłn pasarĂ­a de los 13,3 millones de toneladas de 2003, a 28,4 millones en 2020. Y la de papel y cartĂłn, de 16,4 millones a 28,7 millones de toneladas en el mismo perĂ­odo. En este contexto, se comprende que, en el “caso papeleras”, el proyecto de Botnia en Fray Bentos representara la primera inversiĂłn de esta empresa, segunda productora de pasta de celulosa del mundo, fuera de los paĂ­ses escandinavos; asĂ­ como se comprende que, en su relocalizaciĂłn aguas abajo del RĂ­o Uruguay, la otra empresa cuestionada, ENCE, duplicara su producciĂłn proyectada, de 500.000 a 1.000.000 de toneladas anuales de pasta. TambiĂ©n se comprende la venta de la planta de Botnia a UPM, y del proyecto de ENCE a las empresas Stora Enso, Arauco y ConcepciĂłn, en un contexto de transferencias y fusiones marcado por estrategias globales de grandes empresas transnacionales.

La promociĂłn del Banco Mundial

Otro elemento clave para comprender estos casos como emergentes de una tendencia más amplia es el papel del Banco Mundial, que estuvo detrás de políticas de promoción de la forestación en la región. Al comenzar el “caso papeleras”, Brasil ya tenía 5 millones de hectáreas de bosques cultivados, Chile 2,3 millones; la Argentina 1,1 millón, y Uruguay 700.000 hectáreas. Por ora parte, su brazo de apoyo a la inversión privada, en particular, la Corporación Financiera Internacional (IFC).

¿Las plantas de celulosa generan trabajo, como se supone deberían hacer las industrias promovidas por el Banco? No. Un ejemplo: los puestos directos generados por la planta de Botnia/UPM son 300, para una inversión de 1.200 millones de dólares. Es decir, 40 millones por puesto de trabajo. Ahora bien, los beneficios económicos sí son significativos: la planta produce un millón de dólares diarios de ganancia. La inversión se recuperarå en menos de un cuarto de los proyectados 20 años de explotación.

Algo similar puede decirse de la actividad minera, que emplea a menos del uno por ciento de la poblaciĂłn mundial, mientras consume entre el 7 y el 10 por ciento de la energĂ­a, segĂșn estimaciones de Oxfam AmĂ©rica. TambiĂ©n el Banco Mundial estĂĄ detrĂĄs de la deslocalizaciĂłn minera hacia AmĂ©rica latina, en momentos de transformaciones tecnolĂłgicas: dado el agotamiento de las vetas, se desarrollaron metodologĂ­as que, tras hacer explotar las montañas, disuelven los metales dispersos en la roca, con el uso de cianuro. A las radicales transformaciones del paisaje se suma un enorme consumo de agua, y la construcciĂłn de los riesgosos “diques de cola”. Los crĂĄteres que quedan son masivos: el mayor del mundo –Bingham Canyon, en el estado norteamericano de Utah– mide 4 kilĂłmetros de diĂĄmetro y 1,5 de profundidad. Los desperdicios son tambiĂ©n masivos: por cada onza de oro se producen 79 toneladas de desechos.

A comienzos de los ’90, AmĂ©rica latina recibĂ­a alrededor del 12 por ciento de la inversiĂłn mundial; hoy es de alrededor de un tercio, de acuerdo con las investigaciones de JosĂ© de Echave. PerĂș solo –el paĂ­s de la regiĂłn con mĂĄs conflictos en este aspecto– se queda con el 5 por ciento de la inversiĂłn mundial. Y en la Argentina, la inversiĂłn ha crecido un 740 por ciento desde 2003.

El Banco Mundial intervino de manera muy directa promoviendo esta nueva minerĂ­a en AmĂ©rica latina. La reforma a la legislaciĂłn minera que hoy se cuestiona en los distintos paĂ­ses de la regiĂłn fue estimulada por el Banco en los ’90, para favorecer las inversiones. AdemĂĄs, el Banco ha financiado innumerables proyectos mineros en la regiĂłn: nada menos que 27 sĂłlo entre 1994 y el 2001, por un monto de 790 millones de dĂłlares. Y ha tenido participaciĂłn accionaria en varios de ellos, que no se caracterizaron por un gerenciamiento impecable.

Un caso testigo es el accidente en la mina de oro de Yanacocha, al norte del PerĂș, propiedad de Newmont Mining Company, de Estados Unidos; Buenaventura Mining, de PerĂș, y la IFC. En 2000, se derramaron 150 kilos de mercurio (un subproducto de la mina) a lo largo de 43 kilĂłmetros de una carretera que pasa por tres localidades. MĂĄs de novecientas personas fueron afectadas; mĂĄs de cuatrocientas debieron ser tratadas por envenenamiento. Aunque las empresas gastaron entre 12 y 14 millones de dĂłlares en las tareas de limpieza, no se pudo determinar el destino final del 15 por ciento del mercurio derramado. No en vano, un comunicado promovido por decenas de ONG y movimientos ambientales y sociales en 2000 hizo una dura acusaciĂłn: “Los proyectos petroleros, gasĂ­feros y mineros del Banco Mundial han dejado una huella de devastaciĂłn ambiental, aumento de la pobreza y severa disrupciĂłn social en los paĂ­ses pobres. El registro muestra que estos proyectos hacen poco o nada para aliviar la pobreza y, en cambio, benefician primordialmente a las corporaciones multinacionales”.

El futuro: las tecnologĂ­as para reducir las emisiones de carbono

En relaciĂłn con la creciente demanda de recursos naturales, para cerrar, quisiĂ©ramos referirnos a uno de los efectos derivados a la reconversiĂłn tecnolĂłgica impulsada por la bĂșsqueda de nuevas tecnologĂ­as energĂ©ticas que sustituyan a los combustibles fĂłsiles, porque la misma estĂĄ asociada al ambientalismo, dejando en evidencia que, en esto tambiĂ©n, la relaciĂłn entre paĂ­ses centrales y paĂ­ses perifĂ©ricos y semiperifĂ©ricos es relevante.

Los planes de reapertura de minas de uranio en la Argentina han suscitado la inmediata reacciĂłn de comunidades de Mendoza, CĂłrdoba y Chubut, en tiempos de un regreso global a la tecnologĂ­a nuclear, que tiene su correlato nacional en el lanzamiento en 2006 de un nuevo Plan Nuclear en la Argentina. Otro recurso codiciable hoy es el litio, un mineral imprescindible para las baterĂ­as recargables, de las notebooks al millĂłn de autos elĂ©ctricos que Barack Obama quiere en circulaciĂłn para 2015 en Estados Unidos. La mirada mundial se dirigiĂł primero a Bolivia, sede de la mitad de los yacimientos de litio del mundo. En consonancia con la nacionalizaciĂłn de los hidrocarburos, el gobierno boliviano promueve que el litio sea explotado por empresas locales, lo que indujo a que la bĂșsqueda se reorientara al noroeste argentino, donde ya hay inversiones de transnacional japonesa Toyota –que lidera la producciĂłn mundial de autos hĂ­bridos, con modelos como el Prius–, entre otras. El New York Times anunciĂł en junio pasado que se encontrĂł litio –entre otros minerales de valor– en AfganistĂĄn. Vale recordar que, segĂșn la consultora A.T. Kearney, el mercado mundial de baterĂ­as de litio para autos, que en 2009 representĂł apenas 32 millones de dĂłlares, podrĂ­a alcanzar los 21.800 millones de dĂłlares en 2015, y 74.100 millones en 2020.

Como ocurriĂł histĂłricamente, la cuestiĂłn de los recursos naturales estĂĄ bien instalada en las agendas de los organismos multilaterales y de los paĂ­ses centrales. En paĂ­ses prĂłdigos en estos recursos como los latinoamericanos, se requiere profundizar el debate a nivel regional, generando consensos que permitan negociar en mejores condiciones las polĂ­ticas que se nos imponen, las que hasta ahora no han traĂ­do beneficios ni desarrollo a los pueblos.

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ArtĂ­culos de este nĂșmero

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Protesta ambiental latinoamericana
Mario F. Valls
Pasado, presente y futuro del derecho ambiental
MĂĄximo Lanzetta
Riesgos ambientales y tecnolĂłgicos
Cristina E. Maiztegui
En bĂșsqueda de justicia ambiental
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Por Alberto D. Cimadamore y HĂ©ctor Sejenovich
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