Políticas de desarrollo territorial con inclusión. Las “deudas” pendientes de una experiencia de gestión en la provincia de Buenos Aires

Políticas de desarrollo territorial con inclusión. Las “deudas” pendientes de una experiencia de gestión en la provincia de Buenos Aires

Por Inés Arancibia

Un proceso de desarrollo territorial debe promover la cooperación y la asociatividad entre todos los actores de un territorio. Para potenciar las competencias, capacidades de desarrollo y despliegue creativo de los protagonistas de los procesos transformadores, es imprescindible integrar también los saberes técnicos y políticos de los trabajadores del Estado, verdaderos efectores de las políticas públicas.
 
Licenciada en Trabajo Social. Magister en Economía Social. Ex Directora de Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.


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La convocatoria a escribir este artículo me motiva en dos sentidos: primero, para compartir los aprendizajes de dos años de gestión en la Dirección de Desarrollo Local en la Provincia de Buenos Aires y poner en “blanco sobre negro” aquello que aporta una práctica vertiginosa sobre la que, la mayoría de las veces, no podemos reflexionar acabadamente, dejarla decantar y recuperar los aprendizajes que nos ha dejado, tanto en las cosas de las que nos enorgullecemos como en aquellas en las cuales nos ha quedado alguna sensación de frustración o de tarea incompleta (sentir frecuente en nuestras experiencias de gestión dentro del complejo sistema estatal).

Pero también me motiva la esperanza de llegar, a través de estas líneas, a tantos trabajadores estatales (administrativos, técnicos y profesionales), funcionarios provinciales y municipales, promotores territoriales, responsables regionales, en fin, compañeros de intentos en los distintos niveles del Estado, con quienes nos cruzamos en las mismas intenciones de promover un desarrollo “diferente” en la provincia de Buenos Aires, encendiendo un (adeudado) intercambio imaginario entre nuestros pareceres.

La economía social como enfoque para la política pública

En primer lugar, prefiero hablar de la economía social como enfoque, como una perspectiva teórico-práctica sobre la economía, sus sujetos y acciones, sus disputas, y no como un “sector” de la sociedad determinado (al que hay que acompañar, atender, promover) ni como un calificativo de determinados planes y programas de política pública.

En términos analíticos, la economía social es una particular perspectiva de economía política, ya que estudia a la economía desde sus actores, las relaciones que los agrupamientos y clases establecen entre sí para organizar los procesos de producción, distribución, circulación y consumo en la sociedad. No entiende entonces a la población en abstracto, sino como una totalidad con múltiples determinaciones y relaciones, con clases sociales y las relaciones de poder conflictivas entre ellas, particularmente a partir de la diferencia entre la posesión y uso de los recursos de la economía en general, además de los medios de producción.

Desde la economía social como perspectiva, es el trabajo y los trabajadores los que le dan raíz de clase al enfoque, entendiendo, desde ya, la necesaria readecuación de lo que se llamaba, desde la perspectiva de clase, la “clase trabajadora” formada por todos aquellos “que viven de su trabajo”, o la “economía de los trabajadores”, es decir, de los que dependen para su reproducción de la puesta en juego de las propias capacidades de trabajo (fondo de trabajo) de los miembros de su familia, y no viven (ni desean vivir) gracias a la explotación del trabajo ajeno (lo que llamamos economía popular).

Decir que la perspectiva de economía social asumida es la “del trabajo” no implica arrogarse visiones del mundo y proyectos transformadores del colectivo llamado “clase trabajadora” ni mucho menos. Significa, más modestamente, tomar una perspectiva analítica de la economía que sitúa al trabajo como condición de posibilidad de la economía y de la vida en sociedad de los sujetos que lo detentan, los trabajadores.

Entonces, la economía social, como perspectiva, es necesariamente política y contiene una interpretación valorativa de la sociedad así como de la utopía de su transformación hacia una sociedad más justa, igualitaria, con crecientes relaciones de asociatividad y cooperación (en sus distintas formas) entre los actores sociales, con acciones de solidaridad no altruista; una sociedad soberana en diferentes aspectos (político, alimentario, financiero, energético, etc.), donde prime una racionalidad reproductiva (no la individual e instrumental) del trabajo y de lo humano.

¿Qué agrega, entonces, la perspectiva de la economía social a las políticas de desarrollo territorial?

Acercándonos un poco más hacia las implicancias de la implementación de estos conceptos analíticos, esta perspectiva implica para nuestras intervenciones socioeconómicas algunos criterios nuevos para nuestros métodos de trabajo: en principio, nos da herramientas para reconocer la diversidad de las “economías” concretas, afirmando la necesidad de estudiar las formaciones sociales particulares de nuestro pueblo, en la Argentina y en Latinoamérica.

Nos aporta además una perspectiva material y simbólica sobre la organización social del trabajo y las necesidades territoriales, permitiendo que nos hagamos la pregunta sobre “qué es necesario producir para satisfacer mejor las necesidades de la población”, y no solamente partiendo de cómo producir “lo que la gente dice que necesita”. Por eso, la economía social como perspectiva nos convoca a “poner el ojo” siempre en que el sentido de los procesos económicos que promovemos debe estar orientado hacia la satisfacción de las necesidades humanas, y no ya de las de “necesidades” a secas, sino de las necesidades sustantivas, las que son condición de posibilidad de la vida en sociedad, resultado de una compleja red de significaciones (sobre quién debe resolverlas, cómo, cuándo, sobre todo, las necesidades de quiénes se deben satisfacer, etc.), todos ellos aspectos fundamentales que siguen siendo objeto de disputa política y, por lo tanto, son un problema central de la economía.

Dicho esto, ¿qué implica, en términos de intervención de la política pública, hacerlo “desde la perspectiva de economía social”? Ensayemos una posible definición: un proceso de “desarrollo territorial desde la perspectiva de economía social” es aquel en el que se promueven explícitamente la cooperación y aprendizaje entre todos los actores de un territorio (trabajadores, empresarios, instituciones públicas y privadas, Estado –municipal y regional–), orientado por prácticas económicas inclusivas.

Estas prácticas debieran apuntar a potenciar los recursos existentes, a partir de las necesidades y potencialidades de los actores protagonistas del desarrollo, haciendo eje en las necesidades de los trabajadores (la economía popular), no sólo porque constituyen las mayorías, sino porque son sus “necesidades de reproducción”, en sentido amplio, las que deben ser prioridad de atención de la dirección política de la economía a través del Estado.

Esto, en el marco de una estrategia construida en espacios de creciente participación (gestión asociada, mesas territoriales, etc.) que, por la efectividad de sus resultados y la eficiencia de sus procesos, promuevan “de hecho” valores (las tan mentadas asociatividad, cooperación y solidaridad) y no al revés. Se trata entonces de un desarrollo que va “desde el territorio” hacia niveles espaciales mayores (regional, nacional) cuidando los efectos que ese proceso puede generar sobre el territorio (tanto sobre la población como sobre los recursos naturales), para las generaciones actuales y venideras.

Promoción del desarrollo territorial desde el Estado: tres concepciones necesarias

Ahora bien, si compartimos esta idea, hay mucho de perspectiva de “economía social” en muchas de las políticas socioeconómicas que se vienen implementando en nuestro país en la última década, pero no desde un ministerio o programa particular, y sin necesidad de explicitar este enfoque en sus fundamentos o en el propio título.

Ya no es novedad, para quienes trabajamos con un impulso militante en la disputa de políticas públicas, que la política y la economía van de la mano, y que no hay orientación de un proceso económico posible, cualquiera sea su perspectiva (inclusiva o excluyente, regresiva o progresiva) que no esté sustentado ideológica y políticamente por sujetos concretos.

Tampoco es novedad que un proceso económico orientado hacia la inclusión positiva de las mayorías requiere de un Estado activo y propositivo en todos sus niveles de acción, descartando las (para algunos) nostálgicas ambiciones de un mercado o de una sociedad autorregulados.

No nos sorprendería, tampoco, la exigencia de profesionalización y eficiencia del Estado, en distintos aspectos de las políticas de desarrollo: el Estado no ya sólo “garante”, ni “gestor”, sino empresario, productor, científico, promotor, articulador, en definitiva, caminante activo de cada uno de los rincones sociales en donde se encuentra una potencialidad de desarrollo inclusivo.

Las políticas de la última década impulsadas desde el Estado nacional demostraron no sólo que la recuperación del rol del Estado como activo promotor de un desarrollo económico en sentido amplio (políticamente consciente de la sociedad que construye esa economía) era necesaria, sino que era un acto de justicia y garantía de eficacia. Esto, sin despreciar el desafío de las “deudas pendientes” (si no, ¡qué fácil hubiera resultado revertir tres décadas de neoliberalismo nacional, regional y mundial!).

Sin embargo, con los grises que cualquier apreciación de estas puede implicar, este rol del Estado no pudo verse en la provincia de Buenos Aires como se hubiera querido. Dejo para los analistas políticos más avezados, y al propio lector, las consideraciones sobre los porqués y los cómo de este grave desfasaje. Me remito mejor a algunas consideraciones de las que puedo dar cuenta desde una particular perspectiva política, teórica y militante.

Otra lectura político-técnica del territorio: lo “político” vs. lo “técnico”

Sigue estando presente la pulseada entre “lo técnico” y “lo político”. ¿Podemos seguir afirmando que son criterios mutuamente excluyentes? ¿Es posible hacer una lectura de la realidad o diseñar instrumentos de política puramente técnicos? ¿Es posible incluso lo contrario?

A veces parece que esta tensión permanece a pesar de nosotros, y que sólo se resuelve con buenos gestores y trabajadores con formación y experiencia político-técnica, que pueden integrar ambas miradas y no simplemente “dividir el trabajo” entre unos y otros, ocultando generalmente las tareas técnicas y visibilizando las políticas.

Un buen ejemplo de esto es cuando se trabaja en identificar las “necesidades territoriales” (de sus actores, de los procesos de desarrollo que encaran) de la mano de sus potencialidades, evitando hacer diagnósticos eternos (sin participación de los actores, y destacando sólo “lo que le falta”). Leer las necesidades territoriales implica buscar hasta describir la o las palancas a accionar según cada particularidad regional y el perfil de los actores con quienes debemos “asociarnos” para actuar. Y esto, la mayoría de las veces, nos obliga a olvidarnos de “bajar” programas y propuestas enlatadas, y diseñar instrumentos flexibles, es decir, sensibles a distintos requerimientos.

Impulsando una concepción de desarrollo inclusivo y disputando otros sentidos y prácticas excluyentes con la autonomía que requiere la intervención del Estado, esta tarea debe ser parte de una “autonomía enraizada” en el territorio, a partir de una nueva y compleja lectura de las necesidades desde una mirada integral, que no es sólo técnica; se asienta siempre sobre una perspectiva política de la realidad que es necesario explicitar, formar y orientar en todos los niveles del Estado, fundamentalmente recuperando y fortaleciendo la formación integral de los trabajadores estatales.

Otra estrategia de abordaje de los problemas: para problemas integrales, respuestas integrales

Pero a pesar de que estos intentos existen, es mucho más grave que esto. El propio Estado provincial, en este caso, ha pensado sus instrumentos de intervención en forma segmentada. Si reconocemos que los problemas territoriales se nos presentan en forma integral, ¿cómo pretender abordarlos eficazmente desde herramientas (equipos, programas, dispositivos) desconexos?

La asociatividad, la concertación y el consenso que “les pedimos” a los actores territoriales, incluso a costa de no ser “merecedores” de determinados instrumentos (apoyos, y sobre todo financiamientos) no siempre conlleva mesas concertadas de trabajo interministeriales, interprogramas, incluso entre diferentes equipos de una misma dirección o subsecretaría.

La asociatividad no es un “requisito de acceso” “para otros”, sino que es (perdón, debe ser) una condición de posibilidad de la propia política pública, es decir, debe ser necesariamente concertada. Lejos de ser un “requisito de entrada”, la asociatividad debe ser una herramienta potenciadora de las competencias, capacidades de desarrollo y despliegue creativo de los actores que acompañamos, que promovemos y queremos ver protagonistas de procesos transformadores. Y por supuesto, de nuestras propias estrategias de intervención. Y sobre eso no hay “capacitación” más efectiva que el propio ejemplo que podamos transmitir en y desde los espacios de gestión.

Otro forma de concebir y poner en práctica el Estado provincial

Queda pendiente una efectiva revalorización de las competencias del Estado provincial que, no está de más aclararlo, no es sólo un “equipo de gestión” que viene y se va con cada período de gobierno. El Estado es fundamentalmente un articulado de trabajadores, con incumbencias, competencias y responsabilidades complejas. Sobre él pesan múltiples intentos de integración y de fragmentación sucesivos, implacables. El Estado es como un mar sobre el que flotan varias botellas con mensajes de antiguos naufragios, decía un gran dirigente sindical estatal en los años noventa. Persisten la experiencia, la esperanza, las propuestas y, también, la resistencia de sus trabajadores, que no son (ni quieren ser) el problema, la traba, el estigma que les pesa de “los empleados públicos”. Están aguardando (silenciosa o activamente) ser habilitados a actuar según sus capacidades, y tienen competencias, propuestas, saberes acumulados que no se encontrarían en ninguna carrera de especialización de posgrado.

Para ello, resulta imprescindible el reconocimiento de los saberes técnicos y políticos adquiridos por los Trabajadores del Estado (sí, en mayúscula) muchas veces desvalorizados y postergados por la urgencia de intervenciones políticas de gestores sin experiencia de gestión administrativa, de intervención, de promoción territorial. Tenemos una deuda política enorme con estos “efectores” de políticas, que son la bisagra necesaria, ineludible entre un proyecto de gobierno (que recupera la gestión del Estado, lo hace grande, presente) y la sociedad.

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