Hace 15 años la provincia implementó una reforma y un plan integral de seguridad democrática. Desde entonces se viene perdiendo terreno a manos de la corporación policial. Es hora de retomar el rumbo para recuperar la confianza de la población en el sistema de seguridad pública.

“En Mendoza nunca hubo un plan ni una política de Estado en seguridad”. La frase corresponde al gobernador Francisco Pérez, quien asumió en el cargo en el mes de diciembre de 2011. La pronunció a mediados de marzo, en ocasión de convertirse en el cuarto mandatario que dice que implementará la “policía judicial” (antes lo habían hecho Roberto Iglesias, Julio Cobos y Celso Jaque).

La frase es lapidaria y pretende dar por tierra con cualquier posibilidad de puesta en valor de los intentos de construcción de un gobierno civil de la seguridad que se realizaron –con notable esfuerzo, costo político y algún éxito– sobre el final del mandato del gobernador Arturo Lafalla (1995-1999).

En 1998, precisamente, luego de que la policía mendocina sucumbiera a su propia conducción, 15 años después de recuperada la democracia y sin que la política se haya inmiscuido en sus asuntos –creyéndolos ajenos– se decapitó a la conducción policial, se constituyó un núcleo político multipartidario de respaldo a nuevas leyes que descentralizaron su funcionamiento, se creó un ministerio con conducción civil y se comenzó a trabajar en la implementación de los institutos de control de los uniformados que se habían corrompido con el paso de los años.

Aquello fue una experiencia nunca antes realizada en la provincia que tenía, en su haber, el liderazgo nacional en casos de “gatillo fácil”, que con el primer gobierno democrático en 1983 no cambió, ni investigó, ni intervino la policía y que recién en 1998 eliminó el Departamento 2, el fatídico D2, centro de espionaje político, social, gremial y estudiantil histórico de la fuerza que fue responsable de la desaparición y asesinato de personas durante la dictadura.

Para llevarla adelante, se tuvieron que poner de acuerdo en cuestiones básicas los partidos políticos e involucrar a la sociedad civil que antes sólo demandaba, sin participar, mayor seguridad.

Coincidió ese momento con un pico de “inseguridad” real de la que la policía era protagonista, corrompida hasta la médula. Pero este dato no se condice con el interés que los medios masivos de comunicación les asignaban a los casos policiales, por lo que es posible que en el imaginario social prevalezca la idea de que lo que sucedió fue “una cosa política” y no un cambio sustancial.

No puede decirse que hoy, en 2012, esté vigente el espíritu de aquella reforma.
Pero tampoco puede afirmarse que aquella experiencia fue en vano: transcurrido un tiempo prudencial (más de una década) se generó masa crítica y, a la hora de discutir qué hacer, hay más de una voz y no sólo la de los “expertos” en seguridad, con la que durante un siglo, o tal vez más tiempo, se confundió a los empleados de la policía.

¿Cómo estamos?

Mendoza no está, hoy, fuera de los índices nacionales en materia de seguridad. No lo está para bien o para mal: se ubica en el mismo promedio.

Los casos más resonantes son los que disparan los debates, las críticas, las propuestas y, también, mueven a los funcionarios a reaccionar.

De alguna manera puede sostenerse que se trabaja “on demand”: lo que “la gente” pide, se hace, sin más.

Para graficarlo, podemos decir que lejos de conocerse públicamente cuáles son los lineamientos motores de una política de seguridad, podemos identificar que el último lustro las acciones públicas en materia de seguridad pasaron por lo siguiente:

* Si “la gente” pide perros en las calles, consigamos perros.
* Si los vecinos recuerdan con cariño el caso de los vigilantes de las esquinas que tocaban silbatos, consigamos silbatos.
* Si los vecinos se ponen duros al criticar lo que sucede en materia de seguridad, mostrémonos duros y critiquemos a la Justicia.

Esto implica una consideración central: no hay una política de seguridad y, si la hay, es precisamente esa, reaccionar frente a hechos puntuales y de acuerdo con los dictados de la opinión publicada.

Un fenómeno paradojal es que se gobierna el área leyendo los reclamos de la prensa. Pero la prensa se nutre de información recortada que se genera desde el Ministerio de Seguridad y es esta misma área la que termina creyéndose su propia operación como “la realidad” relatada en letras de imprenta. Esto implica un autoengaño consciente o inconsciente que, cualquiera sea la situación, resulta grave.

Es en este punto en donde cabe hacer notar las profundas diferencias que hay entre lo que podríamos llamar como “actitud” en materia de seguridad en Mendoza y los planes que en la materia se esgrimen en el gobierno nacional:

* A nivel nacional se desarman los aparatos de inteligencia social y se los coloca bajo la órbita del gobierno civil. En Mendoza se denuncia seguimiento social y se coloca, irregularmente, a un policía al frente del área de Inteligencia Criminal.
* A nivel nacional desarmaron las experiencias de “policía infantil”. En Mendoza la ratificaron.
* A nivel nacional se le dio un fuerte impulso al desarme y al control de armas y municiones. En Mendoza se adhirió de mala gana, a pesar de ser el primer sitio en Latinoamérica en haber implementado un programa con tales objetivos.
* A nivel nacional se asume el pleno respeto por los derechos humanos. En Mendoza se toma la determinación de “escrachar” a los sospechosos de crímenes, exhibiéndolos a la prensa como trofeos de guerra. Pero algo peor: se nombró a un ex represor de la dictadura (durante el anterior gobierno) como subsecretario de Seguridad.

Antirreformistas por las dudas

¿Por qué el gobernador dijo lo que dijo? Probablemente para liberarse de la presión del pasado. La reforma de 1998 aparece como parámetro cada vez que la política retrocede, desentendiéndose de la problemática de la inseguridad, escapándole a pagar los costos que implican los hechos más altisonantes, y delegando tales culpas, en un eterno déjà vu, en los uniformados.

Señalar que “nunca hubo un plan” es la primera parte de una frase que podrá completarse cuando se pongan en marcha sus prometidas (aunque no escritas, ni planteadas) propias acciones. Allí será cuando diga “tenemos un plan”.

Políticamente, lo libera del pasado, lo absuelve de responsabilidades inmediatas (“total, nadie nunca hizo nada”), sostiene al presente bajo un efecto de permanente expectativa por lo que puede llegar a hacer y poco más.

Mientras esto ocurre, los mendocinos mantienen una fuerte desconfianza hacia el sistema de seguridad pública, surgida de la propuesta preelectoral del ex gobernador Celso Jaque, quien prometió reducir el delito un 30 por ciento en 6 meses y no lo logró.

Por ello tuvo que pedir disculpas, pero el peso de aquella inalcanzable promesa nunca pudo quitárselo de encima.

Surgido del riñón de su equipo, el actual mandatario provincial sostiene al mismo equipo en la materia. Si tenemos que presentar de alguna manera sus prioridades, podemos calificarlo de esta manera:

* Confianza plena en los altos mandos policiales.
* Delegación de la jefatura civil en un policía retirado, que además oficia de vocero del ministerio.
* Statu quo en cualquier cuestión que implique resistencia de parte de los uniformados.
* Decisiones eclécticas en materia de abordaje territorial, de acuerdo con la demanda social.
* Fuerte control de la comunicación de los hechos de inseguridad.
* Respuestas focalizadas y temporales.
* Ocultamiento de estadísticas reales y difusión de compilados de información preseleccionada.
* Ofrecimiento de fuertes recompensas frente a hechos de impacto social.

Un antecedente que pinta de cuerpo entero el espíritu de resignación del gobierno respecto de la seguridad lo dio públicamente el propio ministro de la cartera, el abogado Carlos Aranda: “Soy pro policía y contrario a la reforma policial”.

Esta no es sólo su lógica personal, sino la de los tiempos que vivimos.
La militancia antirreformista de los policías que quedaron fuera tras la “purga” se reencarnó hacia el interior de los partidos políticos que, como receta electoral, usaron indiscriminadamente la reivindicación policial sin medir las consecuencias de lo que estaban haciendo.

Así, la receta para el área es la misma que la existente antes de la reforma de 1998:

* Delegar la responsabilidad en los policías.
* Cambiarlos de lugar luego de algún fracaso.
* Estar presentes junto a las víctimas a nivel mediático.

Con algunos cambios que hacen más perverso el funcionamiento del gobierno de la seguridad:

* Son políticos quienes manejan la administración de los recursos para seguridad, pero los policías son los que manejan sus propios beneficios.
* Son los policías los que caen cuando hay un problema.
* Son los políticos los que permanecen, a pesar de todo.
Esta situación que se sale de cualquier formato reconocible es la madre de un caos en la toma de decisiones y la ausencia tanto de planificación como de información clave para la prevención del delito.

Por ejemplo, en el sitio web (seguridad.mendoza.gov.ar) lo que se ofrece como “estadísticas” no es más que el clásico reporte de los policías como “acciones preventivas”:

* Cuántas personas demoraron.
* Cuántos vehículos requisaron y cuántos secuestraron.
* Cuántas actas viales se elaboraron.

¿Es crucial esta información para que el ciudadano sepa cómo actuar? ¿Lo es, en todo caso, para que la policía organice su plan de acción?
Es una respuesta clásica de la estructura policial huérfana de conducción: confundir lo accesorio con lo importante.

En conclusión, podemos decir que hay un espíritu de democratización de las políticas de seguridad, hay especialistas, equipos e instituciones capaces de encarar el desafío, pero falta el “medium” capaz de reunirlo con la realidad terrena.

Es mayor la inseguridad que demuestran los gobernantes al actuar que la que provoca los hechos delictivos.

Y es por esto que, como efecto paradojal, la sociedad se siente cada vez más desprotegida e insegura.