El proceso de familia

El proceso de familia

Por Patricia Bermejo

La evoluci├│n de las costumbres hace que el debido proceso legal y el acceso a la Justicia desde la perspectiva tradicional no alcancen hoy para solucionar algunos conflictos. Ello es especialmente cierto en lo que a la familia se refiere. A continuaci├│n, algunas claves para entender este proceso.
 
Jueza de Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial La Plata, provincia de Buenos Aires. Profesora Titular de Derecho Procesal Civil de la UNLP. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Procesal


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El Poder Judicial, como rama del Estado, es el que se ocupa de la resoluci├│n de los conflictos originados en una comunidad. Ya alejados de la justicia por mano propia ÔÇôforma de acabar con las diferencias en las sociedades primitivasÔÇô, los ciudadanos acuden a los tribunales para dirimir las controversias que surgen entre ellos. La importancia de este servicio se reconoce en las mismas constituciones. La Carta Magna de la Rep├║blica Argentina, en su art├şculo 5, asegura que las provincias, al dictarse sus propias leyes fundamentales, deben garantizar su prestaci├│n.

Las normas destinadas a implementarlo, b├ísicamente, especifican qui├ęn lo har├í ÔÇôes decir, c├│mo ser├ín los ├│rganosÔÇô y a trav├ęs de qu├ę reglas ÔÇôo sea, cu├íles ser├ín las disposiciones procesalesÔÇô a aplicarse en el desarrollo del juicio que concluir├í en una soluci├│n al conflicto planteado. Muchas veces, estas reglas se agrupan en las leyes org├ínicas del Poder Judicial o en los c├│digos procesales.

En virtud del sistema federal de gobierno que impera en la Argentina, cada provincia se ha reservado la facultad de dictar sus propias disposiciones formales, es decir, las referidas a c├│mo sustanciar los litigios. Ello, en tanto al Congreso de la Naci├│n s├│lo se le ha delegado la sanci├│n de ciertas normas, como son el C├│digo Civil o el Comercial o el Penal, entre otros enunciados en el art├şculo 75 inciso 12 de la Constituci├│n nacional. Esta es la raz├│n por la cual nuestro pa├şs cuenta, por ejemplo, con un solo C├│digo Civil o Comercial para todo su territorio y muchos c├│digos procesales, uno en cada uno de sus Estados.

Por consiguiente, esta libertad para sistematizar el mecanismo para concretar el servicio de justicia repercute en que cada jurisdicci├│n tenga sus propios ├│rganos, con una denominaci├│n, competencia, atribuciones y forma de actuar particulares, propias. Las distinciones hacen que algunas regiones cuenten con ├│rganos colegiados, otras unipersonales, diversas instancias y formas de revisi├│n; en algunas prevalece la escrituralidad, en otras prima la oralidad, incluso la distribuci├│n de las materias en las que interviene cada ├│rgano es diversa.

Si nos enfocamos entre todos los conflictos que surgen en los problemas originados en las relaciones de familia, se los percibe como unos que requieren un abordaje diferente, personalizado, prudente y cuidadoso. Todos los conflictos, claro, ameritan esta forma de actuar, pero los temas vinculados a las relaciones entre padres e hijos, el cuidado, los alimentos, la tranquilidad que debe imperar en cada hogar, poseen una repercusi├│n especial, en tanto inciden en forma directa en la pacificaci├│n general. A diferencia de las discusiones comerciales, vecinales o las suscitadas entre los ciudadanos, cuando estas nacen en el seno de una familia, en especial en situaciones extremas que encierran violencia, la tranquilidad social se encuentra comprometida.

En la resoluci├│n de cuestiones de familia, la ├║ltima tendencia es la de crear tribunales especializados. A esa jurisdicci├│n especial, por la materia, se la conoce como fuero de familia. En algunos casos, esos jueces no tratan s├│lo los temas a ella referidos, sino tambi├ęn los vinculados a la infancia, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, mientras que en otros supuestos s├│lo se limitan a la problem├ítica de la familia. Empero, de llegarse a sancionar el proyecto de C├│digo Civil y Comercial que ha tenido tratamiento legislativo, todos los ├│rganos del pa├şs que resuelvan estos litigios deber├ín ser especializados, es decir, s├│lo dedicados a tratar esa suerte de problem├ítica.

Caracter├şsticas salientes del proceso de familia

Aun con las particularidades propias de cada ámbito provincial, hay caracteres que son comunes y que se aprecian presentes en varias jurisdicciones, por devenir de particular importancia al momento de resolver los temas de familia. Entre ellos podemos mencionar la mediación, el abordaje interdisciplinario, la oralidad y la inmediación.

A continuaci├│n desarrollaremos algunos de estas caracter├şsticas comunes.

a) Soluci├│n autocompuesta. Mediaci├│n

La mejor salida para las diferencias que surgen en el seno de una familia es la que el propio n├║cleo familiar propone. Cotidianamente en todos los hogares se toman decisiones y nada de ello llega a los estrados. Pero cuando el disenso en el matrimonio, en la pareja o con los hijos llega a realidades extremas, a tensiones l├şmite, se requiere una ayuda externa para superar esas dificultades.

El respeto por la privacidad de cada núcleo parental hace que se privilegie que las mismas partes lleguen a una solución. Cuando esto se logra, se produce un acuerdo que se puede pactar por escrito y homologarse por el juez. Tal homologación hace que el mismo pueda ejecutarse como una sentencia. Como se podrá apreciar, la ventaja radicará en que sin sustanciarse todo un juicio, con el tiempo y el desgaste personal que ello implica, se puede llegar a una solución, incluso, antes de la sentencia.

Son diversas las formas en las que puede arribarse a tal convenio. Incluso, ser├í distinto el funcionario o el profesional que lo realice, seg├║n cada norma procesal. Por ejemplo, en todos los ordenamientos el juez tiene facultades para convocar a las partes, en otros lo podr├í hacer un funcionario especializado, como es el Asesor en la provincia de C├│rdoba o el Consejero de Familia en Buenos Aires. Adem├ís, tambi├ęn est├í el funcionamiento de los mediadores extrajudiciales que contribuyen a este fin.

b) Intervenci├│n interdisciplinaria

El contar con un equipo interdisciplinario resulta esencial al momento de tratar un problema de familia. En general, los mismos est├ín conformados por asistentes sociales, psiquiatras, psic├│logos. As├ş, por ejemplo, es el caso de la provincia de Buenos Aires, Catamarca, C├│rdoba, Mendoza, Santa Fe, Ciudad Aut├│noma de Buenos Aires, Chubut.

La valiosa mirada interdisciplinaria se torna ahora ineludible para determinar la procedencia de la declaraci├│n de incapacidad o inhabilitaci├│n o apreciar la necesidad de un tratamiento psicol├│gico para que las partes diriman sus diferencias o c├│mo acordar el contacto parental con los hijos.

La intervenci├│n de estos especialistas, si fuera el caso, deviene prioritaria para que el magistrado tome debido conocimiento de las caracter├şsticas del litigio que se le plantea. La posici├│n activa del juez puede encontrar opciones de soluci├│n m├ís apropiadas, si adem├ís cuenta con el consejo o asesoramiento de profesionales con otra formaci├│n.

Depende del momento de la intervenci├│n de los mismos, sus informes no siempre ser├ín vinculantes. Ello depender├í si se los requiere como peritos, en una etapa contradictoria, o si colaborar├ín a los fines de llegar a un acuerdo en una etapa de mediaci├│n o conciliaci├│n. De todas maneras, tal tipo de colaboraci├│n, dispuesta seg├║n el criterio del juez, permitir├í conocer el estado de vulnerabilidad en el cual se pueda encontrar un litigante. De no ser as├ş el juez quedar├şa subsumido en un mundo ajeno al del expediente y, por lo tanto, oculto al momento de sustanciar la causa y a la posibilidad de tomar medidas.

c) Oralidad. Inmediaci├│n. Adaptaci├│n de las normas procesales: acentuaci├│n del principio dispositivo. Flexibilidad de las formas

En atenci├│n a los valores ├şnsitos en estos juicios, en muchos de los casos el juez no queda como mero espectador del problema entre las partes, sino que participa activamente. Ello acontece, en especial, cuando se trata de procesos referidos a la declaraci├│n de incapacidad de las personas, situaciones de ni├▒ez en riesgo o casos de violencia familiar, entre otros. De tratarse de supuestos en los que se encuentra en crisis un derecho de cualquier persona en situaci├│n de vulnerabilidad (como son los ni├▒os, ancianos, mujeres o personas con discapacidad, enunciados en el art├şculo 75 inciso 23 de la Constituci├│n nacional), el magistrado no permanece s├│lo como observador.

Es otra caracter├şstica que se resalte la verdad real sobre la apariencia de las formas.

Prevalece la inmediatez, el contacto directo del juez con las partes. Y ello se implementa a trav├ęs de las audiencias. Estas son actos esencialmente orales, donde las partes puedan ser escuchadas en paridad de condiciones, asistiendo con patrocinio letrado. El magistrado puede convocarlas cuando lo entienda conveniente, como tambi├ęn, en general, las distintas leyes prev├ęn que las mismas partes puedan solicitarle al juez una audiencia a los fines de llegar a un acuerdo e intentar concluir el proceso.

En este fuero, m├ís que en cualquier otro, las formalidades del juicio pretenden dar garant├şas y no establecer l├şmites sin raz├│n que aparten a las personas de una soluci├│n jur├şdica a la conflictiva planteada.

Los conceptos-br├║jula del proceso de familia

En los tribunales que tratan cuestiones de familia se aplican ciertos criterios, muchos de ellos emanados de la letra de los tratados internacionales, que sirven como gu├şa para la resoluci├│n de las controversias. Estos son vers├ítiles, cambian con la ├ępoca y son propios de cada lugar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos expres├│, en el caso ÔÇťAtala Riffo y Ni├▒as vs. Chile. Fondo, Reparaciones y CostasÔÇŁ, el 24 de febrero de 2012, que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, por lo que su interpretaci├│n no puede disociarse de las caracter├şsticas de la comunidad a la que se aplica. Este cambio en los usos de cada sociedad tambi├ęn lo reconoci├│ nuestra misma Corte de Justicia de la Naci├│n, al decir en su fallo 308 que ÔÇťcuestiones que no hieren la sensibilidad de una ├ępoca pueden ofender profundamente a la de las que siguen; los tormentos y azotes que proscribi├│ la Constituci├│n de 1853 fueron detalladamente previstos en legislaciones anteriores, y constituyeron una pr├íctica judicial corriente universalmente no por uno sino por much├şsimos siglosÔÇŁ. La evoluci├│n de las costumbres demuestra que no puede darse la misma respuesta en la actualidad a problemas que se plantean desde hace d├ęcadas. Y ello es especialmente cierto en lo que a la familia se refiere.

Con relaci├│n a la infancia, se cambi├│ el paradigma de la ÔÇťdoctrina de la situaci├│n irregularÔÇŁ, por el de la ÔÇťprotecci├│n integralÔÇŁ. Se troca la protecci├│n de las personas por la de los derechos. As├ş, se desjudicializaron las cuestiones asistenciales, aquellas muchas veces originadas por una pobreza extrema. Las nuevas disposiciones prev├ęn el trabajo coordinado de los distintos actores de la comunidad y la implementaci├│n de pol├şticas p├║blicas a ejecutarse en forma descentralizada. Se privilegia ahora una justicia de acompa├▒amiento, una que ayude a los ni├▒os a crecer en su ├ímbito natural, con su familia de origen, ayud├índolos con becas o apoyo para contribuir a su educaci├│n, al deporte, a su formaci├│n en el arte, en el aprendizaje de un oficio. La posibilidad de su internaci├│n en un instituto s├│lo se toma como una medida extrema, temporal y cuando no hay otra que pueda dar seguridad a ese ni├▒o, ni├▒a o joven.

Otros principios que tambi├ęn gu├şan la toma de decisiones con respecto a la infancia es el conocido Inter├ęs Superior del Ni├▒o, contenido en el art├şculo 3, p├írrafo primero, de la Convenci├│n sobre los Derechos del Ni├▒o. Igualmente este concepto ha sido receptado en diversas normas nacionales y provinciales.

Otra de las pautas de intervenci├│n de las tres ramas del Estado ÔÇôya sea el Poder Ejecutivo desde las pol├şticas p├║blicas, de las normas sancionadas por el Legislativo o las sentencias que emita el Poder Judicial en los casos concretosÔÇô, es respetar el principio de la ÔÇťcapacidad progresivaÔÇŁ de los ni├▒os. Este pretende contribuir a la formaci├│n de ellos como adultos conocedores del pleno ejercicio de sus derechos.
Tambi├ęn la visi├│n novedosa alcanza a los derechos humanos de las personas con capacidades diferentes. Con respecto al tratamiento de la problem├ítica de la discapacidad, se troca del tradicional ÔÇťmodelo de sustituci├│n en la toma de decisionesÔÇŁ, hacia otro denominado ÔÇťmodelo de asistencia en la toma de decisionesÔÇŁ. La Convenci├│n Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga al Estado a reemplazar al primer sistema ÔÇôpropio de la curatela de representaci├│n, prevista para los declarados judicialmente dementesÔÇô por el de apoyos y salvaguardias. Ello se condice tambi├ęn con la idea de escuchar y respetar, en la medida de lo posible, la opini├│n de cada individuo, aun cuando su plena capacidad se encuentre cercenada. Incluso, se procura que estas personas puedan llevar una vida de inclusi├│n en su medio social natural, tratando de minimizar, en la medida de lo posible, los efectos de sus limitaciones.

En s├şntesis, las tendencias en lo que respecta a escuchar a los integrantes de estos grupos ÔÇôespec├şficamente con relaci├│n a los ni├▒os, ni├▒as y adolescentes y a las personas con capacidades diferentesÔÇô, es hacerlo, en la medida de lo posible, en escala igual al de una persona en pleno ejercicio de sus facultades, si bien apart├índose de ese norte para protecci├│n y no cercenamiento de los derechos de aquellos.

Conclusi├│n

La red de Declaraciones de Derechos, Pactos, Convenciones, Protocolos y, ya en el derecho interno, la Constituci├│n de la Naci├│n, leyes nacionales, Cartas Magnas y leyes provinciales, constituye un entramado que junto con la jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana como de los tribunales nacionales, revelan un apuntalamiento f├ęrreo a la hora de fortalecer las decisiones que protejan a la familia en crisis. En el dinamismo de la vida, la pretensi├│n de ejercer los derechos se desenvuelve a igual ritmo y en la b├║squeda de una respuesta, se suma el derecho procesal, ya sea desde el texto normativo como desde la jurisprudencia, innegable fuente de un derecho impetuoso.

Esta tendencia tambi├ęn se presenta en el proceso en Iberoam├ęrica. Entre otros nuevos grandes lineamientos comunes a la regi├│n, puntualiza el profesor Berizonce en su Relato General del XIV Congreso Mundial de Derecho Procesal, en Heidelberg, julio de 2011, est├í el de afianzar a la justicia civil como manifestaci├│n de una de las funciones p├║blicas esenciales del Estado democr├ítico de derecho, o Estado ÔÇťde justiciaÔÇŁ, con sus correlatos del aseguramiento de las garant├şas fundamentales del proceso y su concreta efectividad, en consonancia con su ÔÇťconstitucionalizaci├│nÔÇŁ y consagraci├│n en los pactos y convenciones internacionales adoptadas por los pa├şses de la regi├│n.

Como se puede concluir de todo lo expuesto, no es suficiente apreciar al debido proceso legal y al acceso a la justicia desde la perspectiva tradicional. Estos son conceptos que contin├║an replante├índose en vista a los nuevos derechos y v├şas de hacerlos efectivos, en un camino por mejorar que no concluye. En este andar, las leyes, los abogados y los jueces se unen en el objetivo de lograr una verdadera pacificaci├│n social, comprometida esencialmente en la tarea de resolver los conflictos suscitados en las familias.

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