Acceso a la Justicia

Acceso a la Justicia

Por Daniel Parise

El Estado tiene la obligaciĂłn de generar polĂ­ticas pĂșblicas que faciliten el acceso a la Justicia. Sin duda, los mayores obstĂĄculos se presentan en los sectores populares. Por ello, es imperioso para la buena administraciĂłn de justicia que desde la misma se diseñen instancias idĂłneas para brindar respuestas ĂĄgiles y de bajo costo.
 
Abogado (UBA). Docente de Elementos de Derecho Procesal, Facultad de Derecho UBA


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Con el enunciado “acceso a la Justicia” se denota un conjunto de circunstancias, tanto fácticas como normativas que hacen a la posibilidad de conseguir por parte de los justiciables una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas.

En ese conjunto de circunstancias encontramos, ademĂĄs del derecho a la jurisdicciĂłn, condicionantes que hacen a la operatividad de dicho derecho, siendo central en este tema la situaciĂłn socioeconĂłmica de los usuarios del servicio de justicia.

Existen otros condicionantes a superar en tren de efectivizar el acceso a la Justicia, tales como los culturales, que se encuentran en un primer nivel, esto es, reconocer que existe un derecho y que el mismo pueda hacer valer legalmente. Estos problemas fĂĄcticos son llamados en general barreras al acceso a la Justicia.

Sin duda no existe controversia en torno a la obligatoriedad de que el Estado provea polĂ­ticas pĂșblicas orientadas a facilitar el acceso a la Justicia. Lo que plantea inconvenientes es la naturaleza y extensiĂłn de la obligaciĂłn de la actividad estatal encaminada a ello.

El acceso a la Justicia incluye el anĂĄlisis de las soluciones que deben brindarse a los ciudadanos para superar la distancia que existe entre ciertas garantĂ­as del orden democrĂĄtico y su efectiva realizaciĂłn prĂĄctica.

Principalmente estos problemas fĂĄcticos pueden ser clasificados en dos grupos: estructurales, que impiden o dificultan el acceso a la Justicia por la misma organizaciĂłn del sistema judicial, y las barreras operativas, las cuales son mĂĄs difĂ­ciles de sortear, dado que actĂșan sobre el funcionamiento real de la Justicia.

El acceso a la Justicia implica, en consecuencia, que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y dar soluciĂłn a sus conflictos en forma eficiente y oportuna. Este concepto presenta una visiĂłn amplia de la administraciĂłn de justicia, por el cual comprende ademĂĄs de la soluciĂłn jurisdiccional de tutela estatal, la prevenciĂłn de conflictos, la promociĂłn de los derechos y la soluciĂłn colaborativa de conflictos como la mediaciĂłn. Las polĂ­ticas de justicia deben tener por objetivo crear condiciones que faciliten el acceso a la Justicia y establezcan adecuados mecanismos de seguimiento en materia de prevenciĂłn, atenciĂłn y control de los conflictos y sus factores asociados. Para superar las barreras socioculturales es necesario contar con remedios deseables y adecuados considerĂĄndose especialmente el decisivo rol de la informaciĂłn. Englobando asĂ­ materias tan diversas como: existencia de un adecuada protecciĂłn normativa de los derechos ciudadanos, informaciĂłn sobre los derechos de los que es titular, asesoramiento jurĂ­dico y mecanismos accesibles y eficaces de resoluciĂłn de conflictos.

En nuestra ConstituciĂłn nacional encontramos el acceso a la Justicia de un modo difuso (pero no por ello menos exigible). El art. 18 nos habla del debido proceso, lo que nos dice que existe un derecho a la jurisdicciĂłn (mĂĄs amplio que aquel) sin consagraciĂłn expresa que podrĂ­a derivarse del art. 33 (derechos implĂ­citos). O de forma mĂĄs clara de los arts. 8 y 25 de la ConvenciĂłn Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolĂ­ticos –ambos con jerarquĂ­a constitucional–, tambiĂ©n involucrado el derecho a la igualdad ante la ley en el art. 16 de la ConstituciĂłn nacional. De este complejo de normas (debido proceso, derecho a la jurisdicciĂłn e igualdad ante la ley) obtenemos un derecho a la tutela judicial que deber ser igualmente accesible para todos, esto es, un derecho de acceso a la Justicia.

La eficacia del ordenamiento jurĂ­dico de un Estado no se mide por la previsiĂłn abstracta de derechos reconocidos en los distintos textos legales, sino por la posibilidad de hacerlos efectivos y cuando, a la par, consideramos al proceso judicial como el medio del cual el Estado se vale para resolver los conflictos entre los particulares.

El derecho a la jurisdicciĂłn es un derecho subjetivo pĂșblico frente al Estado, encaminado a que este proceda a tutelar los derechos e intereses de los ciudadanos mediante el proceso, conforme los principios que conforman la intervenciĂłn de las partes en Ă©l, bĂĄsicamente contradicciĂłn e igualdad.

El gran problema del derecho es su vigencia efectiva. De poco sirve una ConstituciĂłn y un conjunto de normas si no se aplican, que consagran derechos que no pueden ejercerse o cuya concreciĂłn implica el trĂĄnsito de caminos arduos y desalentadores.

Estos derechos de acceder a los tribunales, a que la judicatura decida con justicia y a que tutele los derechos e intereses de los sujetos jurĂ­dicos que litigan con razĂłn, son principios bĂĄsicos de un Estado de derecho y piedra de toque del sistema jurĂ­dico. En el ĂĄmbito internacional se ha dicho que el derecho de acceso a la Justicia es caracterĂ­stica esencial de cualquier sociedad democrĂĄtica.

El derecho a la tutela de los derechos deviene en consecuencia en uno de los mĂĄs relevantes entre los derechos fundamentales en cuanto se ofrece como condicionante para la operatividad y el reconocimiento de los restantes. La tutela jurĂ­dica ha de ser efectiva, pues cuando la tutela no es efectiva, o no lo es completamente, se produce la indefensiĂłn.

El derecho a una verdadera tutela judicial de los derechos implicarĂĄ ademĂĄs del acceso al sistema legal sin obstĂĄculos que perjudiquen el ejercicio de los derechos, la posibilidad de lograr un pronunciamiento que solucione el conflicto o tutele el derecho y asimismo lograr que este sea cumplido y ejecutado, pues en la medida en que el fallo no se ejecute el derecho de acceso a la Justicia no serĂĄ satisfecho.
Para alcanzar esos objetivos es indispensable que el Estado cree condiciones para una respuesta jurisdiccional idĂłnea y suficiente, otorgando soluciones que contemplen una visiĂłn jurĂ­dica enriquecida como producto de un acertado enfoque de la polĂ­tica judicial.

Necesidad de una Justicia para las pequeñas causas

Sin duda los obståculos al acceso a la Justicia son mås pronunciados para las reclamaciones pequeñas. En realidad los servicios legales son costosos para toda la población, pero son sobre todo proporcionalmente mås caros para los económicamente mås débiles. Ademås, la lentitud de los procesos es un importante costo económico agregado y esto también es proporcionalmente mås gravoso para los ciudadanos de menores recursos.
Es imperioso para la buena administración de justicia que desde la misma se diseñen instancias idóneas para brindar respuestas ågiles y de bajo costo. Así, los distintos poderes judiciales deben contar ineludiblemente con una Justicia para pequeñas causas.

En el tråmite de estas causas también resultan necesarias reglas de procedimiento adecuadas a los fines de procurar una Justicia mås ågil que supere el tipo de proceso escriturario y formalista costoso en tiempos y erogaciones pecuniarias.
A la par del sistema jurisdiccional, en el åmbito nacional y algunas provincias han instituido la mediación como una instancia que en general posibilita una solución concertada al conflicto y que específicamente también estaría en condiciones de brindar un mejor tratamiento a conflictos que involucran a personas de escasos recursos y a disputas de pequeña envergadura económica.

Despejado este factor de incertidumbre, las ventajas instrumentales de la mediación –bajos costos, informalidad y celeridad– permiten un mejor tratamiento de las referidas disputas.

Reformas legales integrales y barreras al acceso interrelacionadas plantean con claridad las tensiones entre el derecho y su eficacia. En este marco, el cómo hacer efectivo el derecho no tiene un papel secundario, la eficacia de las normas depende de ello en gran medida, aspecto central para satisfacer la demanda de la ciudadanía en cuanto a no sólo mayores niveles de independencia y eficacia judicial, sino también de accesibilidad.

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ArtĂ­culos de este nĂșmero

Daniel Parise
Acceso a la Justicia
Vanina Almeida
El juicio por jurados como respuesta al reclamo social por una justicia legĂ­tima
Silvia N. Alonso
Reforma del Consejo de la Magistratura nacional y la experiencia de Chubut
M. Victoria Mosmann
Requerimientos que llegan a la justicia civil. Los procesos judiciales a casi 20 años de la Ășltima reforma constitucional
Ángela E. Ledesma
Oralidad de los procesos civiles y sus mitos
Leandro J. Giannini
Los fines de la reforma a la justicia civil. ¿Para qué debemos cambiar la forma de hacer justicia?
Santiago Romay
La administraciĂłn de justicia en la provincia de Buenos Aires y un cambio que resulta ineludible
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