Juan Manuel Abal Medina
La evaluación de las políticas públicas a través de agencias interactuantes posibilita un monitoreo de la gestión estatal sobre la marcha, con las subsiguientes correcciones y un aprendizaje vinculado a la acción. Pese a algunos avances sobre estudios de impactos dentro del Poder Ejecutivo y a proyectos presentados en el Poder Legislativo, todavía queda mucho por hacer en la materia. La profesionalización de las burocracias públicas, la incorporación de nuevas tecnologías y la creación de una “cultura de evaluación” son algunos de los desafíos pendientes.
Carlos R. Constenla
Las defensorías surgieron a fines del siglo XX con el objeto de paliar algunas de las inconsistencias del sistema institucional en cuanto a la representación del interés ciudadano. Con todo, subsisten diversos problemas –entre ellos, la intromisión de las pujas partidarias, las desidias a la hora de nombrar defensores o los equívocos al interpretar sus responsabilidades– que, con frecuencia, apartan a esta institución de su rol principal: monitorear el cumplimiento de las políticas públicas desde una perspectiva de derechos.
Sebastián Gil
A partir de la Ley de Administración Financiera de 1992, el sistema de control argentino está regido por dos grandes organismos: la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), dependiente del Poder Ejecutivo, y la Auditoría General de la Nación (AGN), del Poder Legislativo. En el marco de los análisis sobre la gestión pública, estas entidades pueden detectar indicios de corrupción. Sin embargo, carecen de estructura, herramientas o productos diseñados para el monitoreo sistemático contra este tipo de delitos. Para ello, aún falta un mayor desarrollo de normativa y de procedimientos.
Nora Gorrochategui
La agenda internacional se hace eco de la creciente conciencia sobre los problemas que la corrupción presenta para el desarrollo sostenible de los países. Esto motivó el perfeccionamiento de medidas orientadas a detectarla y evitarla: se incluyen orientaciones tanto para los Estados como para las empresas y la sociedad civil. De central importancia resulta la adecuación entre estos procedimientos y los principios de la gobernanza moderna.
Enrique I. Groisman
La contraposición entre el modelo racional-burocrático y el gerencial puede ser objetada, toda vez que las normas jurídicas constituyen un requisito indispensable en el proceso de evaluación por resultados. El margen de libertad que las reglas confieren a los funcionarios debe estar limitado por dos tipos de controles: el de legalidad y el de razonabilidad. Bajo esta idea, la falta de precisión en los aspectos jurídicos constituye una debilidad del actual Plan de Modernización del Estado.
Ester Kaufman
Medidas recientes, como la aprobación de la Ley de Acceso a la Información o la creación del Portal de Datos Públicos, representan un avance en materia de “gobierno abierto”. Sin embargo, la imprecisión en la definición de los destinatarios y en las pautas de la implementación real plantea fisuras en el relato oficial, que establece una relación directa entre estas iniciativas y el efectivo acceso a la información por parte de la ciudadanía.
Oscar Lamberto
En 2017 se cumplen 25 años de la instauración de la AGN como organismo autónomo de asistencia técnica al Congreso nacional. Su aparición marcó un cambio sustancial en el modelo de control, que tuvo no pocas resistencias. Con el tiempo, incorporó nuevas funciones, abarcó cada vez más temáticas y ganó visibilidad pública. Así y todo, muchos actores sociales tienen un conocimiento superficial sobre su rol.
Emilia Raquel Lerner
La revisión sistemática de la gestión debe abarcar todo el sector público en forma continuada, con un alcance transversal e interdisciplinario, según principios de independencia y neutralidad. Si bien los controles de cumplimiento de normas y de registros financieros y contables son indispensables para una buena evaluación, hoy se enfatiza en la importancia de sumar el control guiado por criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad de la intervención estatal.
Andrea López
Las audiencias públicas tienen por objetivo dar un lugar a las opiniones de los distintos actores sociales afectados por las políticas estatales vinculadas a los servicios públicos y asegurar así un canal de participación ciudadana en la toma de decisiones. Así y todo, su historia ha sido errática desde su incorporación en la reforma constitucional de 1994. En 2016, este mecanismo cobró notoriedad frente a los aumentos de las tarifas de gas impulsados por el gobierno de Cambiemos. Pero queda pendiente la discusión entre su uso “formal” y su uso efectivo como instancia de control ciudadano.
Oscar Oszlak
De una buena gestión pública depende en gran medida la suerte de una sociedad. De allí la importancia de la rendición de cuentas, que sólo puede efectivizarse en un estado de derecho. La consolidación de las democracias en América latina fue acompañada por una natural presión de la ciudadanía para una mayor transparencia, y por la incorporación de nuevas modalidades internas y externas de auditoría. El desafío es consolidar instituciones y prácticas de gobierno abierto, como una etapa superior de nuestro proceso de democratización.
- 1 de 2
- ››
Newsletter
