Verdugos colectivos: el miedo (in)securitario como operador político

Verdugos colectivos: el miedo (in)securitario como operador político

Por Gabriela Seghezzo

La inseguridad se instituye como la estrategia de control social por antonomasia. Las violencias sobre los sectores más desfavorecidos no surgen de repente, sino que son el efecto de un entramado social que los construye como los culpables. Esto es lo que legitima las intervenciones violentas sobre aquellos que son construidos como los “sospechosos de siempre”.
 
Licenciada en Ciencia Política y Doctora en Ciencias Sociales, Fsoc. - UBA. Docente de las carreras de Sociología, Ciencia Política y del Programa UBAXXII (UBA). Instituto de Investigaciones Gino Germani - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)


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La verdad en todos sus aspectos es asunto de producción,
no de adecuación.
Gilles Deleuze, Diferencia y repetición

Sin delincuencia no hay policía. ¿Qué es lo que hace tolerable
la presencia de la policía, el control policial a una población si
no es el miedo al delincuente? […] Si aceptamos entre
nosotros a estas gentes de uniformes, armadas, mientras
nosotros no tenemos derecho a estarlo, que nos piden nuestros
papeles, que rondan delante de nuestra puerta, ¿cómo sería
esto posible si no hubiese delincuentes? ¿Y si no saliesen todos
los días artículos en los periódicos en los que se nos cuenta
que los delincuentes son muchos y peligrosos?
Michel Foucault, Microfísica del poder

En el ya clásico Masa y Poder, el Premio Nobel de Literatura Elías Canetti aborda las especificidades que asume la dinámica de los hombres inmersos en una masa, algo así como una multiplicidad que acontece dentro de un solo cuerpo. Irrumpe aquí, en todo su esplendor, una grilla explicativa para comprender un fenómeno tan enigmático como este: allí donde antes no había nada –al menos en teoría–, de repente emerge una masa. En ella, sugiere Canetti, los hombres pueden librarse del lastre de sus distancias, de sus diferencias. Librarse, sí, pero ilusoriamente: se sienten iguales, sin embargo resulta que, en realidad, no lo son. La masa diluye las diferencias, pero –y esto es lo fundamental– momentáneamente: una vez que ella se dispersa, la homogeneidad les da paso a las diferencias y el statu quo se reactualiza. Claro que todo este veloz proceso de masificación produce efectos.

De las diversas formas que asume esa multitud de cuerpos que desvelaron al pensador de origen búlgaro, hay una que reclama hoy toda nuestra atención. Una masa dominada por un juego afectivo bien específico, una masa que se distingue por aquello que podríamos llamar –haciendo propios los desarrollos de Baruch Spinoza– pasiones tristes, esto es, afectividades que esclavizan, encierran, limitan, que conspiran contra la integridad porque la vida se estructura allí en torno a una liturgia de muerte. Se trata de la masa de acoso.

De acoso es aquella masa que se constituye teniendo como finalidad, dice Canetti, la consecución rápida de un objetivo: sale a matar y sabe a quién matar. Una suerte de crimen permitido, un asesinato sin riesgo, tolerado, estimulado y compartido por muchos: nadie teme sanción alguna por esa muerte porque nadie es investido ejecutor, la comunidad entera es la que mata. Entra en escena la ejecución colectiva.

Ahora bien, sale a matar y sabe a quién matar. Pero ¿qué es lo que permite, tolera y estimula esa muerte? ¿Qué le otorga legitimidad? ¿Cómo sabe a quién matar? Interrogantes en torno a los cuales –creemos– resulta necesario decir algo. Y, para decir algo sobre ellos, debemos primero refutar la idea de que la masa surge, de repente, allí donde antes no había nada. Detengámonos, pues, en este punto.

Desde mediados de la década de los noventa, en la Argentina, la (in)seguridad ha devenido el problema que organiza la agenda política, social y mediática. Más aún, la (in)seguridad se instituye como la estrategia de control social por antonomasia: se gobiernan las desigualdades sociales en, por y a través de la (in)seguridad. Y ¿cuál es el modo específico de existencia de la configuración de la (in)seguridad como problema? En otras palabras: qué se puede decir y de qué manera, cómo se compone esa dicción sobre la (in)seguridad en nuestros días.

Cuando de (in)seguridad se trata, asistimos a un recorte bien específico asentado en una doble subsunción. En primer lugar, la (in)seguridad aparece como un problema ligado exclusivamente a los delitos, lo que deja por fuera del espectro (in)securitario otras inseguridades como las sociales, laborales, de género, de tránsito, sólo por nombrar algunas. En segundo lugar, en este modo hegemónico de construcción de la (in)seguridad atado indisociablemente al delito, opera una segunda reducción: los delitos que se iluminan bajo este prisma son aquellos protagonizados por los grupos sociales más desfavorecidos y, más puntualmente, los protagonizados por los jóvenes pobres, lo que oculta otras prácticas ilegales que producen mayor daño al conjunto social como el delito económico organizado. Esto es, un velo se ciñe sobre las prácticas ilegales producidas por los sectores más poderosos, pero también se invisibiliza el entramado complejo de ilegalidades en el que participan las propias fuerzas de seguridad (aquellas supuestamente encomendadas a “combatir este flagelo”) y donde las ilegalidades de las clases sociales más desfavorecidas son, en todo caso, el último y más fino eslabón de una cadena que las excede.

Casi sin excepciones, entonces, cuando se habla de (in)seguridad en el campo político, en los medios de comunicación e, incluso, en el campo académico, se establece una férrea asociación inseguridad-delito-pobreza. Asociación que, precisamente, es la que legitima las intervenciones violentas sobre aquellos que son construidos como los “sospechosos de siempre”. En ese sentido, los episodios de linchamiento que tuvieron visibilidad pública durante los meses de marzo y abril hacen sistema con las violencias de las fuerzas de seguridad, los rechazos al debate en torno a la reforma del vigente Código Penal donde resulta ponderada la propiedad privada por sobre la vida, los reclamos de policiamiento ostensible y los aumentos de la punitividad. Todos ellos resuenan como los membretes constantes de esta forma bien específica de dicción sobre la (in)seguridad.

Volvamos a los interrogantes que dejamos abiertos hace un momento. ¿Cómo saber sobre quién y cómo hay que intervenir? A medida que se entroniza de esta manera la (in)seguridad como el problema más urgente a resolver, se consolida un lazo social que, a través del miedo, instituye subjetividades sociales ancladas en la aversión y el desprecio del otro. Uno otro peligroso: el joven-pobre-delincuente.

Los mecanismos de control social no funcionan al margen, a distancia o por fuera de la afectividad. Los afectos son constitutivos de la configuración de subjetividades, de los mecanismos de interpelación política y mediática y, en ese sentido, de las estrategias de control social. Y esas afectividades permiten la emergencia y consolidación de modelos de comportamiento aprendidos, determinando sobre quién hay que intervenir y de qué modo. Queremos decir, el miedo como operador político allí donde reina la (in)seguridad produce efectos bien concretos: se consolida un sentido común que, en nombre del miedo, encarama y reclama la exclusión y, en el límite y no tanto, la muerte de los sujetos que son construidos como causa-eficiente de la (in)seguridad.

En ese sentido, la asociación inseguridad-delito-pobreza naturaliza y legitima las intervenciones violentas sobre los jóvenes de los sectores sociales más desfavorecidos. La máxima liberal, de raigambre lockeana, que reza que lo que fundamenta la vida es la propiedad, se reactualiza ahora en un escenario donde esta forma bien específica de definición de la (in)seguridad estructura la dinámica social y produce como efecto necesario un desequilibrio disyuntivo. Si el logro estratégico del Second Treatise lockeano es la ampliación de la definición de “propiedad” en el sentido de involucrar tanto las posiciones propiamente dichas como la vida, cuando la (in)seguridad definida como un problema de delitos fundamentalmente contra la propiedad se consolida como eje del control social, entonces, la defensa de la propiedad-posesión de algunos deviene el fundamento para la intervención violenta sobre la propiedad-vida de otros.

Como ya hace algunos años advirtió el criminólogo Adam Crawford, en nombre de la “tolerancia cero” resultan entronizadas, en verdad, estrategias de intolerancia selectiva. Si se diagnostica que la (in)seguridad es culpa de los “sospechosos de siempre”, la intervención sobre ellos aparece como el único mecanismo terapéutico apropiado. Esto es, el reverso necesario del miedo como operador político es la naturalización y legitimación de mecanismos de exclusión. Combinatoria punitivista a la carta y sin sorpresas: estigmatización social, violencia de las fuerzas de seguridad, linchamientos. Efectos, todos ellos esperados, de un esquema al que la (in)seguridad como el problema social más urgente le imprime su racionalidad. Las violencias sobre los sectores más desfavorecidos, en general, y la violencia de una masa cuyo objetivo es matar, en particular, no surge de repente, de la nada, sino que es el efecto de un entramado social que los construye como los culpables de la (in)seguridad.

Un elemento insoslayable de esta forma de control social a través de la (in)seguridad es la constante denuncia de la ausencia del Estado. Este modo hegemónico de construcción del problema de la (in)seguridad se estructura en torno a la idea de un Estado “ausente” o “impotente”. Y resulta imperioso repensar la espinosa cuestión del Estado, porque cuando hablamos de (in)seguridad, son diferentes modalidades de la estatalidad las que, justamente, aparecen en disputa.

Responsabilizar al Estado a secas, en un esquema como este que reduce la (in)seguridad al delito de las clases sociales más desfavorecidas y donde la propiedad privada es entronizada como el valor social por excelencia, ¿qué implicancias tiene? O, dicho en otros términos, ¿qué formas de estatalidad se reclaman? La respuesta es obvia: la estatalidad deviene aquí sinónimo de represión, gestión violenta de los conflictos sociales. Las más de las veces, en este marco, el significante “Estado” resulta íntegramente reducido al lugar de la violencia: lo que se exige no es otra cosa que más policiamiento ostensible y mayor punitivismo.

Y lo mismo que decimos del Estado se puede argumentar respecto de la política. Para decirlo rápido: si lo que se reclama es una estatalidad violenta, un Estado todo él sistema punitivo, si el Estado queda plenamente asociado a lo otro de la emancipación democrática, de mayores libertades y más derechos, como su correlato necesario, la política aparece reducida a mera administración de lo dado. Se consolida un modo de pensar y hacer política que cancela la política en sentido emancipador en pos de la gestión tecnocrática de problemas que se le presentan como dados de antemano. Gestión tecnocrática que es ya-desde-siempre política, pero que implica un modo de la política que se presenta a sí
misma como no política.

Precisamente, el miedo como operador político reduce las intervenciones (políticas) al mantenimiento y reproducción del statu quo. Si “la gente pide porque tiene miedo” y lo que “pide la gente” es fundamento de la intervención política, el corrimiento del horizonte de lo posible en un sentido emancipatorio deja de ser fundamento de la política.

En esa línea podemos repasar las medidas políticas tomadas luego de la ejecución colectiva de un joven ocurrida a fines de marzo de 2014 en la ciudad de Rosario. Este acontecimiento no tuvo por efecto –al menos por ahora– la sanción jurídica de aquellos que participaron del asesinato colectivo. Tampoco se responsabilizó políticamente a aquellos que, desde los medios de comunicación o el campo político, lo justificaron. En verdad, se instituyó una suerte de efecto inverso: más punitividad sobre aquellos mismos que han sido/son objeto de la violencia. La declaración, por parte del gobernador Daniel Scioli, de la Emergencia de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, resulta la efectivización de algo así como un oxímoron: se dice que por miedo a la inseguridad asistimos a linchamientos colectivos sobre aquellos definidos como los causantes del problema, y, para evitar los linchamientos –como una suerte de contradicción en sus propios términos– se insiste en la retórica del miedo, la violencia y la punitividad como forma de gestión de los conflictos sociales.

La compra de patrulleros, armas y chalecos antibalas sin licitación previa, la construcción de nuevas alcaidías y unidades penitenciarias, la incorporación de policías retirados, la pretensión de limitación de las excarcelaciones –lo que supone la violación de garantías constitucionales básicas como la presunción de inocencia–, la demanda de articulación entre la seguridad privada y las fuerzas de seguridad en tareas de prevención, y la reactualización de la remanida cuestión del Régimen Penal Juvenil, entre otros, se presentan como los bastiones para revertir la problemática de la (in)seguridad. Sintomático resulta que en estas supuestamente novedosas medidas reaparecen los mismos mecanismos de intervención probados cada vez que la efervescencia social y mediática así lo reclama. Otrora Blumberg, por ejemplo, impulsó y permitió la efectivización de las recetas clásicas tendientes a aumentar la punitividad, en general, y el policiamiento ostensible, en particular.

De Ruckauf a Massa, pasando por Patti y De Narváez, encontramos un listado amplio de “candidatos de la inseguridad”. Si bien esta relación entre inseguridad-delito-pobreza y política tiene larga data, lo cierto es que sigue revistiendo suma actualidad en la medida en que marca a fuego nuestro propio presente. Recordemos, sólo a modo de ejemplo, dos acontecimientos recientes. La campaña electoral de 2013, otra vez como ya hace muchos años, volvió a girar en torno a la (in)seguridad, y en ese marco el slogan del primer candidato a diputado por el Frente Unión por la Libertad y el Trabajo en la provincia de Buenos Aires, Francisco de Narváez, no fue otro que “Por tu vida. Un crimen, un castigo”. Lo mismo puede decirse respecto del reciente debate a propósito del anteproyecto de reforma del Código Penal. El diputado nacional opositor Sergio Massa afirmó que la propuesta es, en verdad, “un código al servicio del delincuente”. Y en abierta confrontación con el oficialismo y otros sectores de la oposición sentenció: “Tenemos una fuerza política que cree en premios y castigos. Son parte de nuestra esencia. Queremos que el que las hace, las pague. La gente está espantada de que estén pensando en un código que beneficia a los delincuentes”. Más aún, bajo la sugerente consigna “Por una sociedad libre de inseguridad, decile no al nuevo código penal”, impulsó una campaña orientada a la junta de firmas contra anteproyecto de reforma.

“Los candidatos de la inseguridad” tal vez no ganan las elecciones pero elevan el umbral punitivista y reaccionario: naturalizan la (in)seguridad como un problema asociado a los delitos y, en particular, a los delitos de los pobres, y legitiman las intervenciones punitivistas sobre estos sectores. Entonces, si este modo de configurar e intervenir sobre la (in)seguridad no siempre supone rédito electoral, lo cierto es que refuerza el sentido común reaccionario, cuyo efecto no es otro que aumentar la punitividad socialmente tolerable.

Ahora bien, si la producción de conocimiento crítico ha contribuido y contribuye a conjurar la quimera de las soluciones de corte represivo para resolver el problema de la (in)seguridad, es cierto que sigue presa –en muchos casos– de la asociación (in)seguridad-delito-pobreza, lo que reifica y produce como verdad indiscutible ese modo bien específico de pensar y hacer sobre la (in)seguridad. En ese sentido, la problematicidad de la práctica cognitiva se encuentra minada internamente. ¿Por qué? Porque su potencia crítica pierde fuerza en la medida en que queda atada a los diagnósticos y las preguntas propias del discurso hegemónico social, mediático y político sobre la (in)seguridad. Tensionar y desarmar esa asociación resulta no sólo necesario sino también estratégico y, para ello, la invención de nuevas preguntas así como de otras formas de construcción de los problemas sociales se impone como requisito ineludible.

No surgen de repente ni de la nada las masas orientadas a acosar, violentar y matar, así como tampoco las propuestas políticas y mediáticas de intervención de corte punitivistas y de policiamiento ostensible. Como un nudo borromeo (in)securitario, los anillos que habilitan, legitiman y les imprimen racionalidad a estas formas violentas de control social son, precisamente, la construcción de sentido común de discursos sobre la (in)seguridad como un problema del delito de los pobres, el desequilibrio disyuntivo que jerarquiza la propiedad-posesión de algunos por sobre la propiedad-vida de otros y un juego afectivo en cuyo centro se ubica el miedo a un otro construido como peligroso.

Nuevamente Masa y poder. Este tratado para comprender las experiencias colectivas de violencia y sangre que caracterizaron el siglo XX sigue teniendo absoluta vigencia para iluminar esas mismas sombras, ahora, en el nuevo siglo:

“También hoy participa todo el mundo en las ejecuciones públicas, a través del periódico. Tranquilamente sentados en casa, podemos detenernos, entre cientos de detalles, en aquellos que nos excitan de manera particular. Sólo aplaudimos cuando todo se ha terminado, y el disfrute no se ve empañado por ningún vestigio de culpabilidad compartida. No somos responsables de nada. En el público de los lectores de periódicos se ha mantenido viva una masa de acoso moderada, tanto más irresponsable cuanto más alejada queda de los acontecimientos; estaríamos tentados de decir que es su forma más despreciable y al mismo tiempo más estable. Como ni siquiera necesita congregarse, incluso logra evitar su desintegración (…)”.

La “masa de acoso” sólo puede mantener su cohesión si se suceden con gran rapidez una serie de hechos idénticos. O, lo que es lo mismo, si pareciera que suceden una serie de hechos idénticos. Sale a matar y sabe a quién matar. Los medios masivos de comunicación hegemónicos, y más puntualmente el dispositivo televisivo, resultan estratégicos en un proceso de estigmatización y degradación sistemática que fundamenta y permite las intervenciones violentas sobre esas “vidas infames” sin valor. Pero no sólo los medios de comunicación.

Los episodios de linchamiento emergen como paroxismos de un entramado de violencia sobre ciertos sectores sociales que se repiten bajo otras vestiduras más o menos extremas. Espirales de violencia que no se explican a sí mismos, sino que se enlazan en la construcción mediática, pero también social, política y académica de la (in)seguridad. Cuando se consolida el miedo como operador político, se reclama más Estado violento y la política deviene sinónimo de la administración de lo dado, los verdugos colectivos se encuentran a la orden del día y la exclusión y la muerte resultan los mecanismos privilegiados de intervención como efectos casi necesarios. En palabras de Canetti: “La prisa, la euforia y la seguridad de una masa semejante tienen algo de siniestro. Es la excitación de unos ciegos tanto más ciegos cuanto que de pronto creen ver”.

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Control Social

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