Seguridad para todos: territorios y policiamientos

Seguridad para todos: territorios y policiamientos

Por Grupo de Estudio sobre PolicĂ­as y Fuerzas de Seguridad CAS-IDES*


 
*Nicolås Barrera, Laura Bianciotto, Tomås Bover, Sabrina Calandron, Andrea Daverio, Sabina Frederic, Mariana Galvani, Ivån Galvani, José Garriga, Mariana Lorenz, Mariano Melotto, Karina Mouzo, Brígida Renoldi, Agustina Ugolini


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GendarmerĂ­a y Prefectura cambiaron sus funciones y territorios de operaciĂłn en los Ășltimos años, modificando la relaciĂłn entre ciudadanos y fuerzas de seguridad, y compartiendo espacio con policĂ­as provinciales y Federal. Los desafĂ­os de un proceso inĂ©dito en nuestro paĂ­s.

En nuestro paĂ­s, en esta Ășltima dĂ©cada, las fuerzas policiales y de seguridad han sobrellevado diferentes transformaciones –cambio de tareas, de espacios geogrĂĄficos, creaciĂłn de nuevas fuerzas– que implicaron desplazamientos y superposiciĂłn de quehaceres. Nos interesa describir y reflexionar acerca de los alcances de estos cambios y preguntarnos especĂ­ficamente acerca de las nuevas configuraciones espaciales en las cuales intervienen las fuerzas de seguridad.

Una de las fuerzas que modificĂł significativamente su accionar es GendarmerĂ­a Nacional Argentina (GNA). Esta se define institucionalmente como “una fuerza de seguridad de naturaleza militar”. De acuerdo con la legislaciĂłn vigente, sus funciones son: Seguridad Interior, Defensa Nacional y apoyo a la PolĂ­tica Exterior. Tal como sus efectivos reconocen, la GendarmerĂ­a Nacional orientada principalmente en el pasado a la seguridad de frontera ha ocupado durante la Ășltima dĂ©cada nuevos espacios territoriales de intervenciĂłn antes reservados a las policĂ­as provinciales o a la PolicĂ­a Federal Argentina (PFA). Desembarcar en esos territorios exigiĂł que GNA hiciera tareas inusuales, tanto por la regiĂłn y las poblaciones con las que tradicionalmente se vinculaban, como por la importancia que cobraron en su desempeño intervenciones de tipo policial en tareas de prevenciĂłn y conjuraciĂłn del delito.

AsĂ­, por ejemplo, en julio de 2011, el Estado nacional a travĂ©s de su Ministerio de Seguridad le confiĂł a la GNA, en el marco el Operativo CinturĂłn Sur, ocuparse del patrullamiento de la jurisdicciĂłn de las comisarĂ­as 34, 36 y 52 de la PFA. Desde diciembre de 2011 la GNA tiene tambiĂ©n a cargo la seguridad de la Terminal de Ómnibus de Retiro dentro del Operativo VigĂ­a. Asimismo, en diciembre de 2010 un decreto presidencial ordenĂł el despliegue de la GNA bajo la denominaciĂłn de Operativo Centinela en el Gran Buenos Aires, en jurisdicciĂłn de la PolicĂ­a de la Provincia de Buenos Aires (PBA). Del mismo modo sucede con el Operativo Acceso a la Ciudad AutĂłnoma de Buenos Aires, ĂĄmbito jurisdiccional de esa policĂ­a provincial y/o la PFA.

Pero este fenĂłmeno no es reciente. En 2001 la GNA actuĂł, por orden de un juez, en la ciudad de General Mosconi, Salta, dispersando una movilizaciĂłn de trabajadores que habĂ­an cortado la ruta en las inmediaciones. Desde el año 2003 brinda servicios de policĂ­a en el Gran Buenos Aires, en el barrio EjĂ©rcito de los Andes mĂĄs conocido como Fuerte Apache, en Tres de Febrero, y en la villa La Cava, en San Isidro, moviĂ©ndose a un territorio de jurisdicciĂłn de la PBA y asumiendo sus funciones. En 2005 la GNA fue desplegada en las proximidades de General Las Heras, en Santa Cruz, a raĂ­z de un conflicto petrolero. TambiĂ©n en 2006 intervino en la negociaciĂłn para disuadir a los activistas que cortaron el puente internacional entre GualeguaychĂș y Fray Bentos, a raĂ­z de la instalaciĂłn de una pastera en Uruguay; desarrollĂł una misiĂłn similar en 2008 en circunstancias del denominado “conflicto con el campo”. En ambos casos, aplicando un procedimiento nuevo: la negociaciĂłn.

Por su parte, la Prefectura Naval Argentina (PNA), una fuerza de seguridad que segĂșn la ley 18.398 tiene funciones de servicio de policĂ­a vinculadas al control de la navegaciĂłn, tambiĂ©n ha cambiado en los Ășltimos años su espĂ­ritu. Si bien su naturaleza no remite a lo militar como la GNA, su misiĂłn era controlar las aguas navegables, embarcaciones, puertos y costas; la ley 18.398 le otorgaba poder de policĂ­a limitado a su ĂĄrea de incumbencia. En los Ășltimos años esta limitaciĂłn desapareciĂł, apareciendo los prefectos en otros espacios y con otras funciones.

Cabe mencionar como ejemplo que el decreto 864/11 convino a la PNA, por instrucciones del Ministerio de Seguridad de la NaciĂłn, a ser parte del operativo CinturĂłn Sur. Mencionando que la Prefectura, al igual que la GendarmerĂ­a, podrĂĄ intervenir fuera de su jurisdicciĂłn “en el restablecimiento del orden y la tranquilidad pĂșblica”. El decreto señala el interĂ©s del Estado nacional, a travĂ©s del Ministerio de Seguridad, de modificar las jurisdicciones de incumbencia. Por medio de este decreto los integrantes de la Prefectura, junto con los gendarmes, se encuentran abocados al servicio de seguridad en la zona sur de la CABA, coincidiendo en un mismo lugar geogrĂĄfico tres fuerzas federales (GNA, PNA, PFA). Alejados de los puertos y las ĂĄreas costeras los prefectos se encuentran ante nuevas funciones en un delimitado espacio de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires.

Nos parece relevante preguntarnos acerca de cuĂĄles son las consecuencias que estos desplazamientos de la GNA y la PNA hacia territorios y formas de intervenciĂłn nuevas tienen sobre la propia fuerza, cĂłmo se adecuan las instituciones a los nuevos requerimientos del Estado nacional, de quĂ© modo adquieren conocimiento sobre las nuevas formas de intervenciĂłn operacional; cĂłmo enfrentan las necesidades de formaciĂłn y capacitaciĂłn a corto y mediano plazo; de quĂ© manera las nuevas actividades operacionales de estos efectivos se contraponen con las expectativas de ingreso a una fuerza de seguridad principalmente orientada a la seguridad de las fronteras territoriales; de quĂ© manera esto incide sobre el desempeño de los efectivos. En el caso de la GNA en quĂ© medida el policiamiento desarrollado por una fuerza de naturaleza militar repercute sobre los procedimientos operacionales. Cabe tambiĂ©n aquĂ­ la pregunta sobre cĂłmo se adecuan los saberes especĂ­ficos del policiamiento naval a la seguridad en grandes urbes; y finalmente quĂ© efectos tiene sobre todas las fuerzas –desplegadas y desplazadas– un concepto que podrĂ­amos denominar mĂĄs flexible de la seguridad sobre el conjunto de ellas.

Por otro lado, la importancia que el Estado le asignĂł a la GNA en el control de la seguridad durante la Ășltima dĂ©cada parece haber quebrado el viejo imaginario acerca del dominio territorial de una fuerza policial sobre un espacio jurisdiccional en particular. Por consiguiente, esta transposiciĂłn jurisdiccional cuestionarĂ­a la autonomĂ­a que a cada fuerza se le atribuĂ­a en cuanto al dominio sobre un territorio determinado y eventuales alianzas, compromisos y acuerdos con los diversos sectores –polĂ­ticos, comerciales, sociales, etc.– asentados en ella.

***

El corrimiento que observåbamos a nivel federal respecto de las jurisdicciones de cada fuerza también se aprecia a nivel local. Las autoridades de diversos municipios han reclamado la gestión de la policía en los espacios que gobiernan. Los gobiernos municipales delimitan sus espacios de injerencia en materia de seguridad discutiendo con los gobiernos provinciales y nacional sobre cómo debe distribuirse la fuerza policial. Se trata pues de gobernar a la policía para poder gobernar el territorio, afirmación nada novedosa para la teoría social; la particularidad estå en la creciente tendencia actual a la existencia de dos movimientos, hacia la descentralización, ya no en Estados provinciales sino en Estados municipales, y a la centralización en el Estado nacional.

Cuando gobernar parece reducirse a “gobernar la seguridad” (entendida como la eliminaciĂłn de las incivilidades y pequeños delitos), quien posea mĂĄs medios para “gobernar la seguridad” serĂĄ un mejor gobernante. Tal vez el caso mĂĄs importante sea el de la Ciudad AutĂłnoma de Buenos Aires, que reclama al gobierno nacional el traspaso de la PolicĂ­a Federal Argentina (que cumple actualmente funciones de policĂ­a municipal en la CABA pero estĂĄ bajo la Ăłrbita del gobierno nacional). A la par de este reclamo y a partir de la sanciĂłn de la ley 2.894 se generan las bases para la creaciĂłn de una policĂ­a propia de la ciudad de Buenos Aires, la PolicĂ­a Metropolitana, que contaba con el antecedente de la guardia urbana.

En el 2010 entran en funciones los primeros egresados de la Policía Metropolitana (PM) que patrullaron en principio sólo la comuna 12 (que comprende los barrios de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) y fueron sumando otras a medida que aumentaba la cantidad de egresados. La PM habría de desarrollar su labor en lugares donde ya se encontraba la Policía Federal, superponiéndose teóricamente en la tarea de patrullaje.
En la provincia de Buenos Aires también se discutió y discute la descentralización de la Policía Bonaerense. La Policía de la Provincia de Buenos Aires tiene injerencia en todo su territorio y estå sujeta al mandato del Poder Ejecutivo provincial. Dentro de la discusión impulsada en principio por ocho jefes comunales pero sostenida por otros municipios, hay diversas posturas y acciones, algunos piden la descentralización de la PBA; otros la constitución de policías municipales (en muchos casos implementadas), y otros (entre ellos el mismo gobierno provincial) la creación de policías de prevención municipal, donde los intendentes organicen las tareas, pero la provincia la dirija desde los jefes policiales distritales.

En este nivel del control territorial de la seguridad aparecen las cĂĄmaras de seguridad como un elemento a utilizar para “prevenir el delito”. Varios municipios han puesto cĂĄmaras de seguridad en sus distritos. Tigre es un ejemplo importante, donde se puede ver cĂłmo convergen todos los sistemas policiales y de seguridad construyendo espacios de intersecciĂłn locales y federales: es el municipio con mĂĄs cĂĄmaras de seguridad en su territorio; a la vez implementĂł el patrullaje de una policĂ­a municipal, la PBA patrulla tambiĂ©n el municipio, y la GendarmerĂ­a Nacional en el marco del Plan Centinela. Un solo espacio geogrĂĄfico y tres gobiernos.

***

Este nuevo escenario, donde ya no existe la claridad que antaño definĂ­a una fuerza-una jurisdicciĂłn, acarrea, sin dudas, significativos cambios para los ciudadanos. Estos reconocĂ­an cĂłmo tratar con cada fuerza, existĂ­an formas estipuladas de relacionarse con las fuerzas de seguridad. AdemĂĄs, como cada espacio tenĂ­a una fuerza propia y caracterĂ­stica, las formas de vincularse con las fuerzas de seguridad se establecĂ­an espacialmente. El cambio de las relaciones sociales que estaban estipuladas modifica las interacciones entre ciudadanos y fuerzas de seguridad. Podemos poner como ejemplo Fuerte Apache, un populoso barrio del oeste bonaerense donde la presencia de GendarmerĂ­a cambiĂł las formas de interactuar con la fuerzas de seguridad. Los vecinos de Fuerte Apache sostienen que la presencia de GendarmerĂ­a logrĂł aplacar los enfrentamientos entre bandas, haciendo del barrio un espacio mĂĄs seguro para habitar. Sin embargo, los mismos vecinos que sostienen esto se quejan de la incapacidad de estos uniformados para tratar con los vecinos, abusando de la fuerza policial por cuestiones menores. AmbigĂŒedad perceptible en tanto las crĂ­ticas al accionar de estos uniformados se combinan con un rotundo pedido, casi ruego, para que su accionar persista en los espacios.

Desmoronadas las certezas construidas en tĂĄndem espacio-policĂ­a nos preguntamos: ÂżcĂłmo se modifican las representaciones del espacio respecto de la seguridad? La relaciĂłn espacio-policĂ­a entrelazaba relaciones de los ciudadanos con las policĂ­as que creaban formas determinadas de pensar y desplazarse en el espacio.

Por otro lado, la corporalidad, las posturas y el armamento de los gendarmes señalan diferencias fåcilmente contrastables con los uniformados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, encargados antes de la seguridad en estos espacios. Esta diferencia supone para los vecinos de estos åmbitos la relación con una fuerza de seguridad que, a sus ojos, parece militar y no policial. Este cambio impone una lógica distinta a la hora de relacionarse.

***

Si el Estado es la capacidad de ejercer el monopolio legĂ­timo de la fuerza en su territorio, la redistribuciĂłn de las fuerzas de seguridad operada en el espacio geogrĂĄfico durante la Ășltima dĂ©cada las convierte en una de las formas que tiene el Estado de “hacerse presente”, y ellas asĂ­ lo “personifican”. La pregunta que nos hacemos es: ÂżquĂ© clase de Estado y de gobierno es/son estos que se constituyen/disputan en la bĂșsqueda de dar seguridad para todos? Consideramos que este constituye un campo analĂ­tico fĂ©rtil para la investigaciĂłn en ciencias sociales y su aporte al desarrollo de las polĂ­ticas pĂșblicas.

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