Se aproxima el cambio (?): los antecedentes históricos del surgimiento del “Dutertismo” en Filipinas

Se aproxima el cambio (?): los antecedentes históricos del surgimiento del “Dutertismo” en Filipinas

Por Bryan Joseph Ortiz

Filipinas ha experimentado un crecimiento económico constante en los últimos años. Sin embargo, desde el restablecimiento democrático, hace ya 30 años, los partidos políticos nunca pudieron consolidarse, y por el contrario, muestran una llamativa debilidad. En este escenario, las políticas o proyectos íntimamente identificados con un sector posiblemente se cancelen o cambien radicalmente si el próximo político responsable de dicho proyecto es opositor a su predecesor. A continuación, un recorrido por la trayectoria histórica de Filipinas desde 1986.
 
Instructor de Ciencias Sociales, Holy Angel University, Ciudad Ángeles, Pampanga, Filipinas


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Filipinas ha experimentado un crecimiento económico constante en los últimos años según los informes publicados por la Autoridad Nacional de Desarrollo Económico (NEDA) y el Departamento de Finanzas. Durante el segundo trimestre de 2016, el PBI del país aumentó 7% mientras que la tasa de crecimiento promedio de los últimos seis años fue de 6,2%. Una observación fortuita de los alrededores de Gran Manila, la región de la capital del país, sugiere la realidad de dicho crecimiento: aumento en el número de rascacielos, centros comerciales con aire acondicionado y vehículos que saturan las congestionadas redes viales. Los rascacielos recientemente construidos satisfacen la necesidad de crecimiento mediante compañías de Tercerización de Procesos de Negocios y Conocimiento (BPO y KPO, por sus siglas en inglés) para espacios de oficinas que albergan el creciente número de empleados como por ejemplo operadores de call centers. Hoy en día, el número de trabajadores que pertenecen al sector BPO llega a 1,3 millones. Entre 2010 y 2016, el gobierno filipino bajo la administración del presidente Benigno Simeon “Noynoy” Aquino III enfatizó con entusiasmo un alto crecimiento del PBI trimestral durante los últimos años, que es uno de los más altos del Sudeste y Este de Asia, como prueba de la eficacia de su agenda de reformas que se centraba en luchar contra la corrupción y reducir la pobreza. El crecimiento económico supuso haber beneficiado a la población filipina en su conjunto a través de la intervención del gobierno en la economía, como por ejemplo la expansión del programa de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC, un proyecto copiado del programa Bolsa Familia de Brasil), el aumento del presupuesto para la educación y la prestación de servicios sociales. No obstante, la incidencia en la disminución de la pobreza y el desempleo sigue siendo marginal. Desde 2010 hasta 2016, el porcentaje de la población que se encontraba por debajo de la línea de pobreza se redujo de 26% a 24%, solo una baja del 2%, mientras que el subempleo permanece en 18%. En medio de la proliferación de lugares que muestran el consumo creciente, los barrios marginales y los indigentes abundan y pueden localizarse fácilmente, aunque la minoría selecta y la clase media construyeran barrios cerrados para resguardarse de la llamada “gentuza”. Dichas condiciones sociales actuales y las percepciones de incompetencia por parte del gobierno para frenar la corrupción, o prepararse ante desastres naturales o construir infraestructuras de primera necesidad, como el transporte público, produjeron un resentimiento entre los segmentos del electorado filipino que permitió que un político local de la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, aflorara en la escena política nacional como el 16º presidente de la República de Filipinas. Durante la campaña presidencial en los primeros meses de 2016, las promesas del alcalde de la ciudad de Davao, Rodrigo Duterte, sobre matar a los delincuentes reincidentes y a los traficantes de drogas, terminar con la contractualización de empleos, llevar a cabo las conversaciones de paz entre comunistas y musulmanes rebeldes, detener las actividades mineras destructivas y mejorar los servicios gubernamentales resonaron en el electorado que está cansado de la situación actual. La combinación de tomar una postura firme contra la delincuencia, comprometerse a una revisión constitucional para permitir aumentar la cantidad de propiedad extranjera a algunos sectores económicos de Filipinas y cambiar la forma de gobierno de unitario y presidencial a federal y parlamentario, y adoptar algunas políticas sociales progresivas hizo que Duterte ganara adeptos entre los pobres, la clase media, los ricos, los musulmanes y sectores importantes de la izquierda –una circunstancia irreal considerando la existencia de antagonismos entre dichas clases sociales o grupos–. ¿Qué hizo a Duterte victorioso en su candidatura presidencial? ¿Cómo se puede explicar el auge económico sin empleo en Filipinas? ¿Por qué la pobreza generalizada persiste en un país que parece tener expectativas económicas brillantes? Estas preguntas se plantean como interrogantes para académicos que se preguntan sobre los resultados extraños en el rendimiento económico en una región que produjo los conocidos “tigres asiáticos” durante el siglo XX. Esas preguntas también reflejan las preocupaciones hacia un posible cambio autoritario del país ya que Duterte se muestra como un hombre fuerte que desea utilizar medidas extremas para conseguir sus objetivos. Este artículo intenta brindar algunas respuestas a aquellas preguntas mediante una descripción de la trayectoria histórica de Filipinas desde 1986. Mientras que las perspectivas del país no pueden determinarse con exactitud, un análisis de los eventos pasados puede facilitar algunos indicios en la posibilidad de alcanzar el eslogan del equipo de campaña de Duterte, “Se aproxima el cambio”.

Las consecuencias de la Revolución del “Poder del Pueblo” en 1986

El régimen que presidió Filipinas durante los últimos 30 años nació de las protestas callejeras que culminaron en el exilio de Ferdinando Marcos en Hawai y la asunción a la presidencia de Corazón Cojuangco Aquino, la viuda del líder de la oposición asesinado Ninoy Aquino y oponente de Marcos en las repentinas elecciones presidenciales de 1986. Se restauraron los procesos formales democráticos cuando una nueva Constitución, promulgada en 1987, impuso medidas preventivas para evitar el regreso de un gobierno autoritario como el restablecimiento de una forma de gobierno presidencial, la prohibición del nombramiento de familiares del presidente a ningún cargo público mientras esté en ejercicio, la inclusión de procedimientos más rigurosos al darle al presidente la autoridad de declarar la ley marcial y la introducción de un período de mandato presidencial límite de seis años. Probablemente, la peculiaridad en la Constitución radica en la disposición que permite a los votantes elegir al presidente y al vicepresidente por separado incluso si no pertenecen al mismo partido político. Desde la fundación de la República, hubo alrededor de cinco episodios de dichos fenómenos, incluyendo al gobierno actual. Esto indica la debilidad de los partidos políticos del país que fueron fundados bajo orientaciones pragmáticas e ideológicas. En cambio, los partidos políticos fueron utilizados como instrumentos para las alianzas entres los clanes políticos ya que las familias proveen una más duradera fuente de apoyo. Los votantes tienden a elegir según la personalidad del candidato, su reputación o su carisma mientras que los políticos cambian su afiliación a un partido político tanto como uno se cambia la ropa, dada la inestabilidad de sus alianzas. Resta decir que las controversias electorales son enfrentamientos de familias que están empeñadas en preservar o expandir su dominio por sobre sus electores. Algunas de ellas incluso logran permanecer en la escena política por más de un siglo. Aquellos pocos que se atrevieron a desafiar a estas familias fracasaron: Marcos no tuvo éxito en crear un régimen autoritario duradero ya que él mismo había llegado a depender del apoyo de aquellas, mientras la izquierda encarnada en el Partido Comunista de Filipinas (PKP), su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), y sus organizaciones aliadas visibles y ocultas se habían dividido debido a desacuerdos internos y el final de la Guerra Fría. Otros movimientos rebeldes como el Frente Moro de Liberación Nacional (MNLF) y el Frente Moro de Liberación Islámica (MILF) fueron confinados a lugares periféricos en el sur de la isla de Mindanao y lentamente fueron abandonando el sueño de separarse y crear un Estado independiente para los musulmanes a favor del acuerdo con el régimen post-autoritario. Sin embargo, el fracaso de estas fuerzas sociales para derrocar o desprenderse de los sucesivos regímenes filipinos no necesariamente derivó de la presencia de un Estado fuerte. De hecho, la historia de Filipinas está marcada por la debilidad en la formación de un Estado que surge del legado del dominio colonial español y estadounidense así como también la importancia de las familias en la política filipina. En lugar de crear una maquinaria burocrática fuerte que pudiera ayudar a la formación de una economía industrial capitalista como en los Estados en desarrollo de Asia Oriental, las familias políticas filipinas principalmente utilizaron el Estado para apropiarse de los recursos y beneficiarse de manera privada a través de saqueos sistemáticos y el sistema de captación de rentas. La debilidad del Estado es acentuada por la disputa entre las familias políticas y se resuelve parcialmente en las contiendas electorales. Los altos intereses involucrados en ganar posiciones electorales incitaron a los políticos a confiar en ejércitos privados el control o aumento de sus jurisdicciones. Por consiguiente, es normal que durante la época de campaña electoral se escuchen denuncias de asesinatos de políticos y sus seguidores.

Con esta muestra de la debilidad del Estado filipino, ¿cómo se puede explicar la adaptación de los regímenes dominados por una minoría selecta? Los especialistas filipinos le asignan un esfuerzo significativo a evaluar los recorridos políticos del país post 1986, mediante el uso del paradigma de la consolidación democrática. Sin embargo, sus esfuerzos no son suficientes para justificar el incremento de opiniones intolerantes del electorado filipino que llevó a la victoria electoral de Duterte. Los mejores trabajos académicos que pueden brindar buena información y explicar mejor el ascenso al poder de Duterte son los realizados por el historiador estadounidense llamado Alfred McCoy. Las respuestas que ofrezco a las preguntas anteriormente mencionadas dependen de An Anarchy of Families y Policing America’s Empire, de McCoy y, hasta cierto punto, un análisis de las relaciones entre la sociedad y el Estado por académicos filipinos como Patricio Abinales. Esas respuestas son las siguientes:
1. Las islas de fortaleza del Estado existen debido a determinadas reformas llevadas a cabo por ciertos políticos, quienes sobresalieron en diversos ministerios de gobierno. Su excelente desempeño surge por fuera de la vulnerabilidad estatal, la habilidad de movilizar el apoyo de grupos sociales y el respaldo dado por secciones de la minoría selecta. Como ejemplo se puede mencionar la iniciativa de vacunación del Departamento de Salud en la década de los ’90, la promulgación de la ley de medicamentos más económicos durante la década pasada, y varios gobiernos locales que prestan servicios públicos eficazmente. Varios presidentes en la era post-Marcos vieron la construcción de un Estado fuerte como una de las soluciones ante un rendimiento económico insuficiente del país. Consiguieron varios logros que incluyen la creación de una estabilidad macroeconómica del país, pero fueron contrarrestados por la ambición y acuerdos con, o resistencia de, grupos políticos y económicos poderosos. No existen garantías de que dichas sólidas políticas sean sostenidas desde una administración presidencial a la próxima. Las políticas o proyectos íntimamente identificados con un político probablemente se cancelen o cambien radicalmente si el próximo político responsable de dicha política o proyecto es opositor a su predecesor.

2. Varios regímenes construyeron un aparato de seguridad interna duradero que contrarresta las amenazas formuladas por movimientos sociales. Como Estados Unidos puso en marcha la campaña para detener la expansión de la influencia soviética durante los años de la Guerra Fría, el ejército estadounidense, la CIA, el FBI y otras agencias gubernamentales de EE.UU. entrenaron al ejército y a las fuerzas policiales de países aliados, incluyendo Filipinas, en la lucha contra la insurgencia y las llamadas técnicas antiterroristas, algunas de la cuales ponen en peligro la protección de valores democráticos como el empleo de tecnología de vigilancia que logra inmiscuirse en la privacidad de los individuos. El espionaje no solo se utilizó para perseguir a los enemigos del Estado sino también para destruir las carreras políticas de personas de interés mediante la creación de escándalos fuera de la información recogida de dichos actos. La ayuda estadounidense preparó el terreno para la proliferación de la milicia anticomunista y los grupos justicieros que desataron el terror entre los rebeldes. Luego de que los rebeldes comunistas fueran fuertemente debilitados, algunos grupos justicieros se transformaron en bandas mafiosas del crimen organizado que trajeron la amenaza al país a finales de los ’80 hasta los ’90 mediante robos a bancos y secuestros. Esta situación se transformó en la fuente de preocupación en la década de los ’90 ya que los casos de secuestros, especialmente de etnia china, se volvieron notorios. En respuesta, el gobierno creó un equipo especial compuesto por policías a quienes se les daba la autonomía para llevar a cabo sus responsabilidades designadas. El accionar altamente publicitado de este equipo especial para ocuparse de estos criminales hizo que estos policías fueran bien recibidos por el público. Sin embargo, informes y acusaciones surgieron sobre sus conexiones con el mundo delictivo como por ejemplo el juego clandestino y el narcotráfico.

3. Las remesas de la diáspora filipina que trabaja en el mundo, a sus familias dentro del país, habían atenuado las presiones de la minoría gobernante para ocuparse de las necesidades del pueblo. Esos envíos que superaron la suma de U$S 20 mil millones habían permitido que millones de filipinos alcanzaran el rango de clase media. El dinero se gastaba en educación para sus hijos, compra de casas en barrios cerrados y artículos de consumo. El aumento en el poder adquisitivo que disfrutaban las familias de los trabajadores filipinos que vivían fuera del país los condujo a un estado de indiferencia ante la inestabilidad política del país.

A pesar de la resiliencia de las familias políticas, las explicaciones anteriormente mencionadas habían permitido a las nuevas fuerzas ingresar al ámbito político en la era post-Marcos que gradualmente se unieron al rango de la minoría selecta filipina; esta incluye a la etnia china, las celebridades, golpistas y delincuentes. Cuando los filipinos poco a poco se fueron cansando de los políticos tradicionales, eligieron a actores, basquetbolistas famosos, boxeadores, ex militares rebeldes y oficiales de policía y operadores de juego clandestino para formar parte de la legislatura y de los gobiernos locales. En la esfera económica, los nuevos y principales participantes son de origen chino que previamente fueron marginalizados y hoy operan en la venta minorista, el mercado inmobiliario, las telecomunicaciones, la agricultura, el sector de las bebidas, los alimentos procesados, el petróleo, la energía y los cigarrillos. Actualmente coexisten y compiten con las familias establecidas de mestizos. De hecho, el filipino más rico es un operador de centros comerciales de origen chino con un patrimonio neto de U$S 13 mil millones. El éxito de los hombres de negocios filipinos llegó a la expansión de sus compañías a decenas de países en diferentes continentes como por ejemplo la adquisición de un brandy español y la casa de comidas rápidas denominada Jollibee en Asia Oriental, Oriente Medio y Norteamérica mientras que conserva el dominio en el país por encima de McDonald’s. Al mismo tiempo, millones de filipinos tienen un estatus de empleo precario, sufren desnutrición y carecen de acceso a la tierra, de instalaciones sanitarias, de una vivienda decente, y de servicios de transporte y telecomunicaciones.

De Aquino a Aquino

El derrocamiento de Marcos generó esperanzas en la transición del país a la democracia, ya que Corazón Aquino consiguió el apoyo de varios grupos orientados a la causa, las ONG, y algunas secciones de la izquierda. Su presidencia, sin embargo, solo dio lugar a la restauración en las esferas políticas y económicas de varios clanes políticos poderosos pre-Marcos, quienes fueron marginalizados luego de la declaración del dictador de la ley marcial en 1972. Mientras que los logros obtenidos por la Revolución del “Poder del Pueblo” de 1986 fueron acompañados por la llegada de las oportunidades para los grupos de sociedades civiles, las ONG e individuos orientados a la reforma para manejar o participar en el ámbito político general, su misión de ampliar el rango de cambios socioeconómicos era entorpecida por los políticos tradicionales, terratenientes, el ejército, y algunas secciones de la comunidad empresarial quienes temían la pérdida de privilegios que incluían el control de las cumbres de mando de la economía del país. La decisión de Aquino de finalmente establecer una alianza con los políticos tradicionales desencadenó varios intentos de golpe de Estado por parte de rebeldes militares de derecha y la persistente insurgencia instigada por el PKP. Su débil control del poder motivó a Corazón Aquino a mantener alianzas con los Estados Unidos, un país que entonces se preocupó por mantener bases militares. Sin embargo, su llamamiento por la retención de esas bases fue rechazado por los políticos “nacionalistas” en 1992. La agitación causada por la presencia de varias amenazas a la supervivencia del régimen había generado pérdidas para atraer inversores extranjeros directos especialmente de compañías japonesas, que se preocuparon por reubicarse en el Sudeste Asiático para preservar la competitividad frente a los norteamericanos luego que se firmara el Acuerdo Plaza. Si el fenómeno neoliberal de los años ’80 hubiera atraído a otros países del Sudeste Asiático a las filas de economías industrializadas de segundo nivel (siguiendo el Grupo de los Cuatro Estados Desarrollistas), el neoliberalismo llevó a Filipinas solo a la hemorragia financiera cuando el gobierno de Aquino decidió honrar la deuda externa de la era de Marcos aun si los acuerdos de préstamos eran dudosos. Los dilemas anteriormente mencionados explican la desilusión de los filipinos hacia Aquino en solo un par de años. Dicha desilusión incluso llegó al extremo de casi catapultar a Imelda Marcos a la presidencia en las elecciones de 1992. Su potencial victoria electoral solo se vio frenada por la división entre los leales a Marcos y la presencia de múltiples candidatos presidenciales que no necesitaron postularse a una elección para alcanzar el más alto lugar en el país.

Corazón Aquino eligió a su ex jefe militar y secretario de Defensa, Fidel Ramos, para ser su sucesor en 1992. Luego de la asunción de Ramos a la presidencia, se embarcó en la iniciativa de fortalecer al Estado filipino, un proyecto que creyó fortalecería al pueblo mediante reformas sociales y económicas. Un Estado, aseveró, solo puede ser eficaz si no está comprometido con grupos poderosos de intereses especiales. En lugar de esa meta, el gobierno promulgó medidas antimonopolio y desregulación, fomentó la inversión de capitales extranjeros, aumentó los esfuerzos en la recaudación de impuestos, privatizó empresas públicas, intensificó la transferencia de propiedades de tierras a granjeros sin tierra, reorganizó los derechos de los sectores marginalizados de la sociedad como comunidades indígenas, e instó a la gente a utilizar los servicios públicos. Ya que los recursos eran limitados, se introdujeron esquemas como por ejemplo contratos de “Construcción, Explotación y Transferencia” (BOT) para la realización de proyectos de infraestructura como obras públicas con el supuesto de que el sector privado tiene mejores medios financieros y conocimientos de gestión y tecnológicos para llevar a cabo tareas previamente realizadas por el gobierno. Los esfuerzos orientados a la reforma del gobierno de Ramos parecían generar resultados ya que, entre otros, la recaudación de impuestos realmente había crecido, los servicios telefónicos habían mejorado una vez desregulado el sector de telecomunicaciones y la gente respondía positivamente al llamado del gobierno para ser incluido en programas de salud como por ejemplo campañas de vacunación. Los vínculos con las ONG y sociedades civiles y la restauración de las instituciones representativas previas a la ley marcial definitivamente habían provocado que el gobierno de Ramos actuara dentro del seno de los procedimientos democráticos formales. En general, la era de Ramos había sido testigo de la recuperación económica del país desde la agitación de los últimos años de la dictadura de Marcos y la presidencia de Corazón Aquino. Sin embargo, la incapacidad de “levantar a los pobres” a pesar del crecimiento económico había movido a un gran sector de las masas a votar en 1998 a Joseph “Erap” Estrada a la presidencia. Si Ramos proyectaba el aura de un líder con eficacia de gestión, Erap tenía la imagen de tipo duro a favor de los pobres, que provino de su larga experiencia como actor de películas de acción en las que a menudo protagonizó el papel de un luchador contra delincuentes y otros villanos de la sociedad. Como presidente, su imagen se mantenía por la promesa de luchar contra la delincuencia y la postura de “guerra sin cuartel” contra el grupo rebelde musulmán separatista (MILF) –una postura que partió de la política de gobierno de Ramos para llegar a través de negociaciones de paz a diversas organizaciones rebeldes–. En el ámbito de la economía, Erap continuó con la orientación promercado de su predecesor, según se evidencia con la promulgación de la ley de liberalización del comercio minorista y su preferencia por atraer más inversiones extranjeras al proponer una enmienda constitucional que eliminará las restricciones de la participación extranjera en diversas actividades económicas. Su presidencia, sin embargo, llegó a su fin debido a acciones de protesta provocadas por aquellos indignados por sus actos de corrupción, por ejemplo, el intento de controlar la lotería clandestina del país llamada jueteng. Los participantes de las protestas callejeras aumentaron luego de que varios senadores aliados del presidente se rehusaran a continuar con la entrega de evidencia que podía comprometerlo en actos de robo durante el enjuiciamiento político. El retiro del apoyo militar y la decisión de la Suprema Corte para que Erap desalojara el palacio presidencial lo forzaron a dejar su mandato y el terreno libre para que la vicepresidenta Gloria Macapagal-Arroyo asumiera a la presidencia en enero de 2001.

La asunción de Arroyo a la presidencia se vio marcada por la percepción sobre su falta de legitimidad para gobernar especialmente entre los pobres que mantenían su apoyo al destituido presidente. Aquellos que apoyaban la destitución de Erap provenían de las minorías selectas, la clase media, las ONG y el mundo académico. Consideraban su exitosa protesta contra Erap como una expresión del “poder del pueblo”, un acto que es similar a las manifestaciones en las calles que llevaron a Marcos fuera del poder en febrero de 1986. Pero para los pobres que todavía se inclinaban hacia Erap, fue simplemente una acumulación de poder que los privó de tener a su “campeón” en la cima. Sus seguidores inmediatamente salieron a las calles luego de su arresto para demostrar el respaldo popular mientras pedían por su regreso. La protesta finalizó en violencia ya que algunos se enfrentaron con la policía luego de llegar a las puertas del palacio presidencial y destrozar varias propiedades, incluyendo los vehículos de los principales medios sospechados de ser partidarios de las opiniones anti-Erap. Este incidente claramente indica la dicotomía emergente en la sociedad filipina entre la minoría selecta y la clase media, por un lado, y las masas por el otro. La polarización de la sociedad continuó a través de los años cuando Arroyo estuvo en el poder y alcanzó su pico durante las elecciones presidenciales del 2004, y sus secuelas cuando Arroyo disputó la presidencia contra Fernando Poe Jr., el mejor amigo de Erap. Como Erap, Poe también fue un actor de películas de acción que se ganó la admiración de muchos filipinos por representar personajes que pelean por la justicia atrapando delincuentes y elementos indeseables de la sociedad. Los resultados de la elección mostraron a Arroyo derrotando a Poe por más de un millón de votos. Un año más tarde se filtró para el público una escucha telefónica que grabó la conversación entre Arroyo y un comisionado electoral. La manipulación de los resultados de la elección se volvió la base de los enemigos de Arroyo para interponer una demanda de enjuiciamiento político contra ella. A diferencia de Erap, Arroyo evadió el juicio político asegurándose la lealtad de la mayoría de los miembros del Congreso mediante, por ejemplo, la liberación de fondos irrestrictos como “barril porcino”. Cuando fracasaron los movimientos para destituir a Arroyo mediante el juicio político, sus críticos y enemigos expusieron una serie de actividades corruptas e ilícitas (como por ejemplo coimas y recaudación de “dinero para protección” de la lotería clandestina) presuntamente cometidas por el gobierno de Arroyo con la esperanza de ganar apoyo en otro intento de interponer una demanda de enjuiciamiento político o movilizar al pueblo al estilo revuelta, es decir, acudir al “poder del pueblo” para forzarla a renunciar. Un despliegue de alegatos contra Arroyo hizo que muchos filipinos se mantuvieran escépticos ante el gobierno, pero ella se las arregló para permanecer en el poder hasta la finalización de su mandato en 2010. La creación de alianzas de Arroyo con los políticos locales a lo largo del país había dejado al juicio político cerca de ser algo imposible. Aquellos que deseaban su destitución por otros medios fracasaron porque también contaba con el respaldo del ejército y la policía a pesar de varios intentos de golpe de Estado provocados por algunos oficiales de rangos inferiores. El ejército y la policía se habían beneficiado con la ayuda del gobierno de EE.UU. debido a la atención brindada por la administración de Bush hijo en la llamada “guerra contra el terror”. Las mejoras recibidas por el ejército fueron utilizadas para confrontar a aquellos reconocidos como los enemigos del Estado, lo que llevó a cientos de inexplicables desapariciones (desaparecidos).

La muerte de Corazón Aquino en 2009 trajo oportunidades a su hijo, Benigno “Noynoy” Aquino III, para transformarse en presidente en 2010 ya que la anterior retuvo su estatus como el ícono de la democracia en Filipinas. Noynoy, luego de unirse a la candidatura presidencial, prometió luchar contra la corrupción ya que argumentó que no existe pobreza sin corrupción. Su promesa de campaña fue recibida positivamente por muchos filipinos exasperados por el abuso de poder de Arroyo. Como parte de su llamado manejo anticorrupción, el gobierno de Aquino III procesó a Arroyo y a las personas que estaban asociadas a ella, lo que la llevó a su encarcelamiento en un hospital, como ocurrió con Erap. Sin embargo, los críticos de Aquino III señalaron que el manejo anticorrupción solo fue utilizado como una herramienta para perjudicar a Arroyo y a sus aliados mientras que obstinadamente desestimaba los alegatos por mal desempeño en contra de sus amigos y aliados cada vez que su gobierno enfrentaba estas acusaciones. Durante los primeros tres años de su presidencia, utilizó su popularidad como un capital político para eliminar a las personas designadas por el gobierno asociadas con Gloria Arroyo y, al mismo tiempo, orquestaba la promulgación de agendas legislativas como por ejemplo el “Impuesto al Vicio” (Sin Tax Law) y la Ley de Salud Reproductiva. El primero apuntaba al aumento de ingresos públicos mediante la imposición de impuestos adicionales a la compra de cigarrillos y bebidas alcohólicas; mientras que la segunda ordenaba a todos los hospitales públicos y clínicas a hacer accesibles al público las píldoras anticonceptivas y también la información relacionada con la salud reproductiva. Aquellas agendas legislativas encontraron una dura oposición por parte de las compañías tabacaleras y la Iglesia Católica antes de su promulgación en ley. Al mismo tiempo, el segundo gobierno de Aquino aumentó los gastos para los servicios sociales que incluyen el presupuesto para la TMC y continuó con reformas educativas extendiendo el número de años de estudio en la educación básica de 10 a 12 años. Sin embargo, la popularidad de su gobierno había comenzado a erosionarse cuando salieron a la luz los informes sobre la liberación de fondos irrestrictos para asegurarse el apoyo de los legisladores. La popularidad siguió disminuyendo gracias a la incompetencia del gobierno para manejar las consecuencias de la llegada de un súper tifón en la zona central de Filipinas en 2013; la falta de capacidad para abordar los problemas, el fiasco sobre las 44 muertes de Soldados de Medidas Especiales debido al enfrentamiento con rebeldes del MILF luego de haber buscado y matado a un sospechoso por terrorismo escondido en un territorio controlado por los rebeldes; la percepción de un aumento en el delito, y el esquema de colocar balas en el equipaje de pasajeros mediante personal de la tripulación (con fines extorsivos, obviamente). Estos episodios implantaron en las mentes de muchos la idea de tomar medidas drásticas a fin de solucionar la indefensión de los filipinos frente a la ineptitud del gobierno. De este modo, comenzaba a crecer la fascinación por Duterte.

Duterte, el gángster, el pacificador y el mediador

Rodrigo Duterte fue el alcalde de la ciudad de Davao durante 23 años. Su carrera en la política local comenzó en 1986 cuando fue elegido por la presidente Corazón Aquino para ser oficial encargado (OIC) de la ciudad a fin de llenar la vacante para el puesto de la alcaldía luego de que la presidente ordenara la renuncia de todos los funcionarios del gobierno local que cumplieron funciones durante el régimen de Marcos. Cuando Duterte ocupó la alcaldía, se encontró con el problema de la casi inexistente seguridad y orden en la ciudad ya que el lugar se convirtió en el cielo de los insurgentes, justicieros de derecha y delincuentes. Su solución fue ingeniosa. Adoptó la retórica izquierdista, invitó a personalidades de la izquierda para ser parte del gobierno de la ciudad del ayuntamiento, implementó ordenanzas propiciadas por grupos progresistas como la promoción del bienestar de las mujeres y la prohibición de la minería. Al mismo tiempo, Duterte consintió las preocupaciones de la ley y el orden al imponer el toque de queda para menores, límites de velocidad, prohibición del uso de petardos durante la celebración de año nuevo y la restricción de la venta de bebidas alcohólicas especialmente después de la medianoche. Las percepciones sobre la confianza del gobierno local de Davao se vieron fortalecidas luego de las masivas compras de equipamiento de última generación para salvamento, salud, antiincendio y antidelito y vehículos que puedan responder a situaciones de emergencia dentro de los cinco minutos de ocurrido el siniestro. El acercamiento conciliatorio al tratar con grupos rebeldes se combinaba con su postura firme hacia los delitos relacionados con drogas. Durante su alcaldía hubo informes sobre la presencia de un grupo armado llamado El Escuadrón de la Muerte de Davao (DDS) que mataba a presuntos traficantes de drogas y otros delincuentes. Su experiencia como alcalde en mediar el interés competitivo de fuerzas diferentes y, a veces, hostiles lo trae a la presidencia ya que su gobierno negoció una tregua con los comunistas mientras atrajo el apoyo de un ex grupo de justicieros anticomunistas al lanzar su guerra contra el narcotráfico.

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ASIA

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Bryan Joseph Ortiz
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