Rol del Estado, inversión pública e inclusión social

Rol del Estado, inversión pública e inclusión social

Por Tomás Bontempo* y Silvia Bossini Pithod**

El crecimiento de la inversión pública favorece el desarrollo de las economías regionales, estimulando la creación de empleo, alentando notablemente el crecimiento de la industria de la construcción, y revirtiendo las desigualdades.
 
*Licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador). Programa Federal de Integración Sociocomunitaria con Cooperativas. SSDUyV **Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad Católica de Santiago). Programa Federal de Integración Sociocomunitaria con Cooperativas. SSDUyV


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Durante la década pasada se frenó y rechazó la discusión sobre una política de crecimiento planificado y dirigida desde el Estado, dejando librado el desarrollo de los emprendimientos urbanos al ámbito privado. Esto generó como resultado ciudades desequilibradas ambiental y socialmente, con baja calidad, produciéndose una fuerte dispersión hacia la periferia.

La ausencia del Estado marcó la ampliación de las desigualdades sociales y la exclusión de la población de bajos recursos, priorizando determinados hábitos de consumo, el uso especulativo del suelo y un crecimiento decidido por el funcionamiento de los mercados.

El Modelo Barcelona resultó útil a la iniciativa privada empresarial que apostó al desprestigio del espacio urbano como bien colectivo a través de la propiedad especulativa del suelo, con una notable ausencia de gestión y planificación urbana, lo cual ha generado las fuertes desigualdades en términos de infraestructura en las diferentes zonas geográficas del país.

Los ’90 demostraban cómo los sectores constructores y financieros ejercieron una gran presión, claramente evidente, en la toma de decisiones de los organismos del sistema habitacional.

A nivel global, como lo manifiesta el economista Bernardo Kliksberg en Un drama silencioso, más de un tercio de la población mundial, 2.600 millones de personas, no poseen una instalación sanitaria básica. No nos estamos refiriendo a la financiación de grandes avances tecnológicos que demandan millones en tecnologías de punta, sino que nos referimos a una infraestructura básica, demasiado básica, pero notablemente influyente en la calidad de vida de toda familia.

En el Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos de ONU Hábitat de 1995 se marcaba la seria problemática de que la existencia de una vivienda inferior, un abastecimiento de agua no apta para el consumo y un saneamiento deficiente en centros urbanos con alta densidad poblacional eran la causa directa de 10 millones de muertes anuales en todo el mundo, además de constituir un factor importante de riesgo ecológico prevenible y de causar un 25 por ciento de todas las muertes prematuras registradas a nivel mundial.

A finales de los ’90 el continuo proceso de desinversión y ajustes permanentes acentuado con la crisis de 2001, desembocó en la paralización de las obras llevadas a cabo bajo los programas sociales y mediante el Fonavi. Incluso en el año 2002 se estableció la ley modificatoria de la Ley Fonavi, permitiendo la libre disponibilidad de la totalidad de dichos fondos.

En el escenario de la crisis del 2001, la caída de la inversión había significado una caída de la demanda agregada, generando como resultado una situación de desempleo involuntario, en el marco de una crisis económica general.

Esto develó la necesidad de generar un nuevo orden para el diseño de una política habitacional que se erigiera como política de Estado que permitiera sanear progresivamente el déficit habitacional concentrado mayoritariamente en los sectores más pobres de la población.

Viviendas e infraestructura

El inicio de la gestión del ex presidente Néstor Kirchner buscó decididamente desarrollar y fortalecer las acciones del gobierno nacional en materia de vivienda y desarrollo urbano, infraestructura vial, obras hídricas y de saneamiento básico, en base a dos ejes centrales, uno social y el otro productivo.

Con respecto al eje social, ante un escenario con altos índices de desocupación, se estimuló la creación de empleo genuino, la mejora de la calidad de vida de la población y una mejor distribución de la riqueza. En cuanto al eje productivo, se buscó fomentar la inversión tanto pública como privada, tendiendo a optimizar el desarrollo de las economías regionales y locales.

El modelo de desarrollo impulsado por el Estado nacional ha erigido como uno de sus pilares la inversión dirigida a la construcción de infraestructura. A través de esto se ha estimulado la inversión de manera creciente a lo largo de los últimos años, que ha favorecido la construcción de viviendas y la implementación de infraestructura de servicios e infraestructura rural y urbana.

Esto es producto de un notable análisis estratégico y multisectorial sobre la problemática socioeconómica que afrontaba nuestro país. La inversión en obra pública favoreció la creación de empleo genuino, estimulando la construcción de infraestructura, potenciando las capacidades de las comunidades en la consolidación del espacio público rural y urbano, generando un notable y genuino proceso de inclusión social.

La estrategia para combatir el déficit habitacional y de infraestructura se liga a la generación de empleo formal y la compra de materiales locales, vinculada incluso al trabajo de las cooperativas, fomentando la creación de las mismas para el desarrollo de emprendimientos comunitarios productivos e influyendo en la reactivación y el impulso de pequeñas economías locales. Vemos por tanto cómo se produjo una ecuación que incluye la generación de empleo, la creación de infraestructura y la inclusión social. Es evidente la mejora de los índices sociales, reflejados en la Encuesta Permanente de Hogares, demostrando la disminución en la violencia familiar, la baja en los índices de abandono y repitencia escolar, y la mejora en los índices de salud, entre otros, como producto de la regeneración progresiva del espacio público y habitacional.

La creciente inversión pública favorece el desarrollo de las economías regionales, estimulando la creación de empleo, alentando notablemente el crecimiento de la industria de la construcción (materiales, maquinaria, herramientas, mano de obra) y otros sectores productivos. Esto impulsa el crecimiento económico general del país, como también genera un indiscutible proceso de inclusión social.

La mayor inclusión social es consecuencia lógica del mayor nivel de empleo formal en la construcción de infraestructura, permitiendo que el aumento de los ingresos genere un consecuente aumento del consumo interno (otro de los componentes de la demanda agregada) como motor del crecimiento económico nacional. No sólo se impulsa la inversión pública destinada a bienes de capital, sino que la misma presenta un marcado perfil productivo vinculado al desarrollo regional y local y un perfil social enmarcado en la inclusión y la satisfacción de necesidades básicas.

Se promueven los lineamientos en materia de hábitat y desarrollo urbano a través de acciones que tienden a la promoción de una gestión urbana y territorial eficiente y eficaz, así como también a la construcción de viviendas con estándares de calidad adecuados.

Partiendo de una visión integral de la situación sociohabitacional que permita cubrir el amplio espectro de la demanda habitacional, y con la premisa fundamental de paliar el déficit habitacional y fomentar la generación de mano de obra formal, fueron reemplazados los planes sociales con el diseño y la implementación de los Programas Federales de Vivienda, llevados a cabo con un financiamiento centralizado y una ejecución descentralizada.

En la toma de decisiones se incluyó la concentración en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de todos los programas de reconstrucción del hábitat planteados con un fuerte tono social, bajo la difícil tarea de corregir décadas de desinversión que han llevado a un profundo déficit habitacional. Es de notable importancia destacar que los trabajos se han realizado en completo acuerdo con los habitantes de las comunidades, lo cual evidencia la necesidad democrática del derecho humano a la vivienda y del derecho de los ciudadanos al espacio público y su uso colectivo.

A partir de esto se consiguió revertir los anteriores escenarios de desinversión, creando desde el inicio de la gestión una inversión en continuo y notable crecimiento. Nos encontramos en una fuerte etapa de consolidación de la política federal de vivienda comprendida como política de Estado.

Desde el 2003 hasta el 2009 el Presupuesto destinado a la política habitacional ha aumentado en un 973 por ciento representando 6.800 millones de pesos.
Incluso los Programas Federales de Vivienda han registrado un aumento de un 3.461 por ciento en su presupuesto desde el año 2003, llegando a representar más de 5.200 millones de pesos.

El proceso descrito previamente resulta claro al observar la mejora que han expresado los índices sociales y los logros que han sido obtenidos.

Un caso puntual en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, ha sido la recuperación de la Cooperativa de Vivienda Barrio Almafuerte de la “Villa Palito”, creada en el año 1992, y que ha logrado conformar a la fecha 14 cooperativas de trabajo, las cuales luego de siete años de ejecución ininterrumpida del proyecto, han podido reinvertir el ahorro de los fondos en más mano de obra, en la ampliación de las viviendas, y la compra de maquinarias y herramientas, que les permite competir instalándose en licitaciones publicas o bien privadas. Más de 23 mil empresas trabajan en el marco de los programas de la SSDUyV, y se han generado más de 400 mil empleos.

La compleja problemática socioeconómica fue abordada por los Programas Federales de una forma innovadora donde se encaró la reparación histórica del hábitat rural y aborigen; se respetaron las pautas culturales propias de cada comunidad; se han reconocido las capacidades de líderes y dirigentes de organizaciones locales tomándolos como socios en el proceso; se reincorporó mano de obra al mercado de trabajo y se encaró su capacitación en el marco de cooperativas de trabajo; se destacó la participación activa de la mujer en la toma de decisiones tanto en el proceso social como productivo.

La reversión del déficit habitacional

El proceso de reversión del déficit habitacional y de urbanización ha logrado consolidar la solución de problemas medioambientales como inundaciones y asentamientos vulnerables a la cercanía de fuentes contaminantes riesgosas para la salud de las comunidades, en particular para la población infantil. Esto ha demostrado un gran avance en la satisfacción de Necesidades Básicas Insatisfechas, logrando el acceso de las comunidades a servicios de infraestructura sanitaria básica.

El informe Argentina 2009, elaborado en el marco de los Objetivos del Milenio establecidos por la ONU, evidencia datos que muestran cómo el avance progresivo de las acciones de los programas y los organismos del Estado nacional contribuyen al logro de las metas que se ha establecido nuestro país.

La población con cobertura de agua potable de red pública representaba un 66,2 por ciento en 1991, y luego de la brusca caída de las inversiones en el 2001 ha demostrado un crecimiento progresivo desde el 2003, llegando al 2008 con un 80 por ciento de cobertura.

Se evidencia también un aumento de la población en hogares con acceso a desagües cloacales que en 1991 era de 34,3 por ciento y como resultado directo de la mayor inversión pública desde el 2003 se registra un crecimiento sostenido que ha llevado a alcanzar un 51 por ciento de la población.

Se finalizaron en 2009 más de 111 mil soluciones habitacionales. No obstante, la ONU presentó su informe “Estado de las Ciudades del Mundo 2010-2011”, que expresa de manera concreta que la Argentina urbanizó más de un tercio de sus villas y asentamientos en lo últimos diez años.

Estos resultados se fundamentan en el importante crecimiento de la inversión pública orientada a paliar el déficit habitacional de los sectores más postergados. La participación de múltiples programas de la SSDUyV en los proyectos urbanos y habitacionales, evidencia la respuesta a una problemática socioeconómica compleja.

El fenómeno habitacional muestra un escenario de variables multidimensionales, que evidencia la necesidad de abordar un plan complejo a través de las funciones de los diferentes programas que permitan llegar a una solución acabada de la problemática que se presenta en nuestro país.

El aporte del Estado nacional no se limita exclusivamente a un aporte financiero y técnico, sino que también funciona como un motor para el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones sociales vinculadas al trabajo habitacional.

La vivienda, un derecho humano

Se ha reforzado la visión de la vivienda como un derecho humano y como un proceso social, en donde la vivienda no sólo es contemplada como infraestructura edilicia, sino como un proceso social donde se encuentran inmersas otras variables como el potencial de crecimiento de la familia, la preservación del capital social del barrio, la vida en comunidad y las organizaciones sociales, es decir, un amplio espectro de cuestiones sociales.

Según la ONU, la tasa de urbanización se incrementará notablemente en las próximas décadas, afectando principalmente a las regiones más pobladas de los países emergentes. Aproximadamente 609 millones de personas, según informes de ONU, residirán en las ciudades en América latina y el Caribe para el año 2030, representando al 86 por ciento de su población.

De esta manera la región se erigirá como la más urbanizada del planeta en términos poblacionales. Esto demuestra la imperante necesidad de la planificación.

El fenómeno de urbanización creciente comprende nuevas estratificaciones sociales e incrementa la transformación del medio ambiente. El constante crecimiento demográfico, la escasez de infraestructura, los problemas ecológicos, las problemáticas socioeconómicas, representan variables centrales que logran evidenciar una expresión del escenario urbano que se presenta en el mundo.

Como expresa Philip S. Golub en el artículo “Las capitales del capitalismo”, publicado en Le Monde Diplomatique, “fenómeno irreversible, la urbanización cuestiona nuestra capacidad para producir bienes públicos, especialmente la educación, la cultura, la salud y un medio ambiente sano para el conjunto de la población”.

Los proyectos desarrollados por la SSDUyV muestran a la urbanización y la recuperación del hábitat como centro de reestructuración de las relaciones sociales y es la evidencia de la reversión de las tendencias liberales y los escenarios anteriores. Esto guarda una fuerte relación con la concepción sobre el rol del Estado y donde se evidencia un claro cambio en donde el Estado nacional ha logrado erigirse como el actor central en la planificación a favor del interés público, en un intento de modificar y superar las normativas del proyecto neoliberal, en estrecha relación con un nuevo modelo de nación.

La superación del paradigma liberal acompaña en nuestro país un proceso regional enmarcado y conducido desde los foros sociales. Por lo tanto, no se limita a un modelo de nación, porque no se trata solamente de definirnos como nación, sino de definirnos como región.

La planificación urbana y habitacional no representa una solución a las problemáticas que se plantean a nivel regional, pero sí evidencia un factor que puede facilitar los procesos de integración social. La exclusión y la marginación han logrado ser reemplazadas por la planificación y la inclusión, condiciones necesarias para lograr un crecimiento más equitativo y acompañar el proceso de redistribución de la riqueza.

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Hábitat y vivienda

Artículos de este número

Andrea Catenazzi
La planificación urbana en cuestión
Tomás Bontempo y Silvia Bossini Pithod
Rol del Estado, inversión pública e inclusión social
Sebastián Tedeschi
Cuatro claves en políticas de hábitat desde la perspectiva de los derechos humanos
María Laura Rey
Hacia una política de inclusión
Maria Cristina Cravino
El ciclo de las villas y el mercado inmobiliario informal
Nora Prudkin, Cristina Cataldo y María Teresa Heras
Un enfoque desde el Estado para el desarrollo sustentable
Javier Fernández Castro
Posibilidades y límites del proyecto urbano como herramienta de inclusión socioespacial.
Florencia Almansi
La vulnerabilidad ambiental y la normativa urbana
Daniel Galizzi
Gestión de las políticas de hábitat informal y capacidades de generación de nuevas reglas de juego
Andrea Castaño y José Rocha
La lucha por la tierra en el proyecto popular
Néstor Jeifetz y María Carla Rodríguez
Producción autogestionaria del hábitat

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