Regular para promover el ejercicio de derechos en entornos digitales

Regular para promover el ejercicio de derechos en entornos digitales

Por Dami√°n Loreti

A cuatro d√©cadas del comienzo de la digitalizaci√≥n de las se√Īales, siguen pendientes problem√°ticas regulatorias que se vinculan con derechos tales como la diversidad cultural, la libertad de expresi√≥n, la privacidad, la equidad en el acceso a los recursos y saberes tecnol√≥gicos o la veracidad de la informaci√≥n.
 
Profesor de Derecho a la Información. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires, Abogado por la UBA - Facultad de Derecho. Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información, Sección Deptal. de Derecho Constitucional


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La oportunidad que nos ofrece Voces en el F√©nix, de reflexionar sobre ‚ÄúDilemas regulatorios para la comunicaci√≥n a partir de la digitalizaci√≥n‚ÄĚ, es tan contempor√°nea como imprescindible. Porque la idea que nos podemos hacer de la digitalizaci√≥n para discutir estos temas es y debe ser entendida como mucho m√°s que aquella definici√≥n que nos pueden dar los diccionarios, las ciencias sociales, las ciencias de la informaci√≥n o el derecho.

Lo que se esconde bajo estos aparentemente nuevos dilemas importa discurrir sobre cuestiones no tan nuevas como el rol del Estado como garante de derechos humanos, el sentido de la libertad de expresión y el derecho a comunicar, las perspectivas sobre la política cultural, industrial y económica de un país, pasando por el trabajo vinculado a la expresión como medio de realización personal. En suma, lo que está en juego es el respeto por los derechos humanos y la democracia.

Luego de m√°s de cuatro d√©cadas desde el inicio de la digitalizaci√≥n de las se√Īales, las fronteras de lo que involucra el mundo digital a√ļn resultan dif√≠ciles de definir. Sin embargo, ofreceremos una serie de temas regulatorios que en la actualidad resultan transversales a diferentes pa√≠ses y regiones. No necesariamente todos ser√°n dilemas en el sentido del diccionario (seg√ļn la primera acepci√≥n de la RAE, ‚Äúsituaci√≥n en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas‚ÄĚ), porque todo aquello que tienda a restringir la democracia y los derechos humanos ser√° necesariamente malo, aun cuando ofrezca distintas alternativas.

Escenarios y problemas

Con las mencionadas salvedades, estamos en condiciones de listar algunos de los principales escenarios y problem√°ticas nuevas que se plantean en materia regulatoria:

*El debate acerca de cómo calificar a los servicios y productos artísticos, culturales y educativos.

La tensi√≥n entre las reglas de liberalizaci√≥n de la Organizaci√≥n Mundial de Comercio (OMC) y las de protecci√≥n a la diversidad y pluralismo de la UNESCO se hace cada vez m√°s presente. La vertiginosidad del crecimiento de la circulaci√≥n por la red de redes crea la ilusi√≥n de la plena accesibilidad. Pero de la mano de ella sobreviene un fuerte deterioro de los t√©rminos de percepci√≥n de las obras como bienes culturales y no meros unos y ceros que circulan por la red. Las recientes propuestas de incorporaci√≥n de las denominadas OTT (Netflix, Hulu, HBO GO, etc√©tera) en las reglas de la directiva europea de comunicaci√≥n audiovisual para sacarlas de las reglas de telecomunicaciones liberalizadas son un indicador virtuoso de hacia d√≥nde podemos ir para proteger la diversidad. Mientras esto no ocurra, los productos culturales que circulan por esas plataformas, sus cuotas de producci√≥n local, nacional e independiente, y sus condiciones tributarias ‚Äďentre muchas otras cuestiones‚Äď permanecen ligadas al paradigma de liberalizaci√≥n del comercio de la OMC.

* Otra pregunta de aparente sencilla respuesta es qui√©n debe pagar por el acortamiento de la brecha digital. Es decir, de qu√© manera se financia el acceso de quienes a√ļn no tienen acceso o la mejora en las condiciones de conectividad.

Es de esperar ‚Äďpor ejemplo‚Äď que el tercio de los latinoamericanos que a la fecha no tienen conectividad en condiciones razonables y propias de un servicio universal acceda a ese bien de uso y herramienta de comunicaci√≥n pero que quienes lo paguen sean los m√°s poderosos y no los m√°s vulnerables. Caso contrario, la brecha se ensanchar√° a√ļn m√°s.

*El punto anterior nos lleva a otro de relevancia como es el de la educaci√≥n, el poder de ense√Īar y aprender, la dilucidaci√≥n de los saberes, los modos de ense√Īar, y la utilizaci√≥n de las tecnolog√≠as con el mandato a los Estados de reforzar (o crear) las pol√≠ticas p√ļblicas de alfabetizaci√≥n digital.

*A su vez, en este encadenamiento de cuestiones, es menester echar un ojo al impacto que sufre la democracia en estos aspectos.
Los √ļltimos meses han demostrado la capacidad de la tecnolog√≠a para producir movimientos poco sanos y nada espont√°neos sobre decisiones electorales. Aqu√≠ s√≠ habr√° un dilema regulatorio (sobre todo en el marco de la Convenci√≥n Americana sobre Derechos Humanos y su prohibici√≥n de censura) de qu√© hacer para que estas cosas no ocurran. No solo en homenaje a la veracidad de la informaci√≥n, lo que hace a una de las facetas de la libertad de expresi√≥n, sino tambi√©n a la mayor indemnidad del derecho a decidir por la voluntad popular.

*Y si hablamos de elecciones, otras cuestiones regulatorias de la digitalización también hacen a los efectos de las llamadas vedas electorales o de la estructura de la regulación en sí del proceso eleccionario y su comunicación.

Dada la globalidad de las herramientas, el uso de redes genera un exitoso mecanismo de by pass de las reglas y jurisdicciones locales tanto en t√©rminos de usos de fondos, naturaleza de las campa√Īas y violaci√≥n de las reglas de veda. Estas cuestiones han ocurrido por ejemplo entre Luxemburgo y Francia, solo por citar un ejemplo de pa√≠ses vecinos con regulaciones estrictas que no se aplican en forma transfronteriza. Ni que hablar del affaire Trump-Rusia que amenaza con sacudir la institucionalidad estadounidense de manera in√©dita.

* Estos diferentes paradigmas regulatorios sobre ciertos aspectos de los mensajes ya exist√≠an y se pon√≠an en juego con otros soportes de la comunicaci√≥n. El alcance de las AM transfronterizas, las se√Īales satelitales o las emisiones de TV de alta potencia daban cuenta de ello. Sin duda, los alcances y los impactos en t√©rminos de audiencia son ahora m√°s potentes que antes por v√≠a de la conectividad. Pero no debemos descartar por esa raz√≥n la existencia de los medios de recepci√≥n gratuita como la radio o la televisi√≥n abierta. Tanto por la cantidad de personas que carecen de conectividad, o tienen una conexi√≥n que no alcanza a reproducir audiovisual en l√≠nea, sino adem√°s porque no es democr√°tico tener que pagar para acceder a contenidos de inter√©s p√ļblico, como las campa√Īas electorales o las noticias referidas a un servicio m√©dico en pueblos alejados de los grandes centros urbanos, o situaciones de emergencia en zonas geogr√°ficas desfavorables, entre muchas otras. Adem√°s, el acceso por v√≠a de conectividad digital, tal como la conocemos hoy, deja todos los rastros de h√°bitos de consumo y resta anonimato a quien fluye inocentemente por la web. Para los Estados polic√≠acos, o las empresas que hacen las cosas que le han atribuido a Cambridge Analitycs en la configuraci√≥n de perfiles y mensajes, ese potencial es extraordinariamente apetecible y ya se convirti√≥ en una tierra a conquistar.

* En relaci√≥n con este √ļltimo punto, otro horizonte regulatorio que requiere atenci√≥n es el devenir de la protecci√≥n de datos, la privacidad y la invasi√≥n emergente de las pol√≠ticas de seguridad, seguimiento, vigilancia y espionaje. Esto no solo afecta la vida de los individuos; en ciertas situaciones afecta tambi√©n gravemente la vida de la democracia y, con ciertas particularidades, del ejercicio del periodismo en condiciones m√≠nimas de seguridad, tanto para los profesionales como para las fuentes.

* Otro desaf√≠o ‚Äďm√°s que dilema‚Äď gira en torno a la protecci√≥n de la propiedad intelectual. Omitiremos lo obvio, a esta altura resulta ineludible el debate sobre la ampliaci√≥n de las reglas de uso equitativo individual. El cerrojo a ciertos contenidos importa una violaci√≥n de derechos culturales. Por el otro lado, no se trata de matar a la gallina de los huevos de oro para los artistas y creadores. El problema es c√≥mo repartir los huevos en forma proporcional de modo de retribuir a todos los que sostienen el √°mbito en que se ponen los huevos y le dan de comer a la gallina.

Dicho en otras palabras, ni los usuarios, ni las empresas, ni los intermediarios que dicen actuar en su nombre (ll√°mense plataformas, buscadores, asociaciones de sellos grabadores o de productoras de cine) dan cuenta de los efectivos derechos de los trabajadores de la cultura. En definitiva, si nada se paga, no hay nada para distribuir, pero si se paga y no se reparte, no solo impacta la teor√≠a de la plusval√≠a. Desde el m√°s liberal del derecho civil, cuando alguien no paga lo suficiente para reconocer el trabajo que otro hace y no se pacta la gratuidad (jam√°s en la relaci√≥n laboral) se llama ‚Äúenriquecimiento sin causa‚ÄĚ. Hasta el c√≥digo civil de Napole√≥n del siglo XIX lo reconoc√≠a.

* La irrupci√≥n restauradora de Trump y sus legionarios en el gobierno de los Estados Unidos ha tra√≠do consigo much√≠simas regresiones. Algunas las sufren los habitantes de ese pa√≠s, otras muchas tienen efecto expansivo. Entre ellas est√° el futuro impacto de la desaparici√≥n de las reglas de neutralidad de red. En la medida en que el enrutamiento de mensajes del m√°s variado pelaje pasa por el territorio estadounidense (incluso muchos de los sitios m√°s contestatarios de la web se encuentran en servidores ubicados all√≠), la capacidad de los due√Īos de los ca√Īos por donde circula esa informaci√≥n para priorizar o deteriorar la circulaci√≥n de contenidos a elecci√≥n deja claro que el mito de la Internet libre, democr√°tica e igualitaria es efectivamente eso. Un mito. A poco de ver cu√°ndo y para qu√© fue creada la red, nos enfrentamos a la triste realidad de un regreso a aquellos objetivos militares de ¬Ņdefensa?

* La menci√≥n de los objetivos militares enfrenta a la digitalizaci√≥n tanto con reglas de securitizaci√≥n como de guerra cibern√©tica. Puede resultar complicado de ver, pero no lo es tanto. Si solo ocurriera un bombardeo de virus o hackers sobre cualquier sistema, este colapsar√≠a. Imaginen un sistema de defensa o de provisi√≥n el√©ctrica, esas cosas que pasan en las pelis. Pero no es distop√≠a. Ni para la guerrilla semiol√≥gica que preve√≠a Umberto Eco, ni para las invasiones de los ‚Äúmalos‚ÄĚ que alimentan la paranoia antiterrorista existen hoy restricciones t√©cnicas. Ese futuro ya est√° aqu√≠ y en su nombre se violan derechos y garant√≠as a diario y de manera masiva.

* Tambi√©n hay que preguntarse qu√© pasar√° con los medios tradicionales ‚Äďtanto los gr√°ficos como la radio y la TV‚Äď, sus p√ļblicos locales y sus trabajadores. Porque no es cierto que todos reciban todo por igual. Una de las falacias de la doctrina del libre mercado de ideas en la libertad de expresi√≥n es que no todos llegan al mercado, menos aun tienen plata para acceder al papel o poner los kioscos y la mayor√≠a no llega a la plaza p√ļblica.

* Dicho esto, pareciera que los problemas de la concentraci√≥n de medios ‚Äďuna cuesti√≥n cuya existencia ya nadie pone en duda y los que lo hac√≠an se han dedicado en nombre del libre mercado y la digitalizaci√≥n a defender su conveniencia‚Äď no han migrado al mundo digital. El caso es igual de grave, de las llamadas siete capas de internet (relativas a soportes f√≠sicos, l√≥gicos, plataformas y producci√≥n de contenidos) solo est√° desconcentrado un nivel. Y nos quieren hacer creer que es el para√≠so de la democracia igualitaria de la plaza p√ļblica griega. Pues bien, al √°gora iban los ciudadanos, no los ilotas. No los esclavos. Ac√° es parecido.

* Este marco genera una nueva concentración de contenidos ofertados y mercados publicitarios incluida la publicidad oficial que parece pasar de costado e imperceptible. Si los Estados ponen el grueso del dinero a quien no produce contenidos cual si fuera mobiliario urbano, ni el periodismo ni el pluralismo de contenidos tendrán destino. Como dijo un profesor norteamericano alguna vez: si en los museos estatales siempre exhibe el mismo artista o se limita a un solo estilo, hay un fracaso del Estado y de la democracia.

* Los escenarios de la regulaci√≥n tambi√©n tienen un desaf√≠o respecto de la gobernanza de la red, la determinaci√≥n del ciberespacio como esfera p√ļblica, la discusi√≥n de jurisdicciones aplicables, las legislaciones, los l√≠mites de las pol√≠ticas de uso establecidas por las empresas y los t√©rminos y condiciones para los actores de la red. Que un sudamericano deba litigar en Dubl√≠n o California por un contenido subido a la red por un vecino que vive a doscientos metros luego de que un se√Īor algoritmo le devuelva a su abogado una respuesta inaceptable en un examen de primer a√Īo de derecho parece no tener ninguna l√≥gica. Pero es lo que hoy ocurre.

* ¬ŅQu√© hacer con las noticias falsas? Sobre todo en tiempos electorales, pero no solo. Tanto las autoridades p√ļblicas como las empresas impulsan ministerios de la verdad en los cuales delegar en nombre de la autorregulaci√≥n de quienes dicen que no editan y son neutrales pero sus pol√≠ticas de uso permiten la remoci√≥n de contenidos. Estas iniciativas apuntan a un escenario restrictivo donde las voces m√°s d√©biles ser√°n las primeras en sufrir los efectos del filtro definido por actores poderosos tanto p√ļblicos como privados. Antes bien, pareciera que algunas de las reglas del mundo anal√≥gico como el derecho de rectificaci√≥n (no es m√°s que un hiperv√≠nculo a la respuesta solicitada la sugerencia) bien podr√≠an tener su migraci√≥n al mundo digital.

Digitalización y derechos

Podr√≠amos sumar algunos elementos a los escenarios presentados que guardan relaci√≥n con el derecho penal y la tecnolog√≠a, tanto como objeto del delito como en su utilizaci√≥n como medio de comisi√≥n. Otro tanto para hablar del voto electr√≥nico a distancia o in situ y los trastornos constitucionales que plantea por la falta de inmediatez, pero que en ciertos casos ‚Äďcon la debida seguridad‚Äď no dejar√≠a otra opci√≥n para el voto de los migrantes.

Volviendo a las reglas de la democracia, ver de qu√© modo expandir las casi desconocidas reglas de gobierno abierto, transparencia, acceso a la informaci√≥n, es un desaf√≠o imperante de la agenda digital. No como una reivindicaci√≥n meramente liberal de control de lo p√ļblico, sino como un mecanismo de empoderamiento para la demanda de derechos sociales.
Habr√° que ver, adem√°s, hacia d√≥nde se dirige la a√ļn incierta progresi√≥n del Internet de las cosas, es decir, la interconexi√≥n de objetos de uso cotidiano y su consecuente trazabilidad.

Finalmente, existe un problema central al que quiero referirme y que tiene que ver con el relacionamiento humano. Está claro que no parece ser un problema regulatorio, pero agregaremos la dimensión del trabajo. El trabajo debe ser un integrador social, un modo de realización y de dignificación. Es menester que sea el objeto más preciado de los análisis, prospectivas, escenarios o lo que fuere que se intente. Al problema gravísimo e indigno de la desocupación causada por los ajustes y los enriquecimientos en cifras desproporcionadas (y que luego de la crisis del 2009 ya tiene méritos de ser un problema de distribución de la riqueza no solo en los países periféricos) se suma la expulsión de millones de personas del mundo laboral echándoles la culpa a los avances tecnológicos. Es mucho más complejo que lo que pocas líneas ofrecen como espacio para dilucidar el tema, pero no es la convergencia tecnológica lo que genera despidos y reducción de opciones. Es la concentración económica.

Un canadiense llamado Michel Racicot dijo en los a√Īos noventa que el mundo digital no era una tierra sin ley. En la medida que entendamos que no se debe regular tecnolog√≠as sino promover el ejercicio de derechos y el ensanchamiento del pluralismo, la diversidad y la democracia, estaremos en la buena senda. De lo contrario, ser√° como regular el derecho de propiedad fijando pautas de calidad de la construcci√≥n con una industria ya cartelizada.

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