Proceso/poder. Efectividad de las sentencias

Proceso/poder. Efectividad de las sentencias

Por Miguel Ángel Salim

En las Ășltimas dĂ©cadas el Poder Judicial mostrĂł un retroceso en la efectividad de sus sentencias. Para mejorar esto es necesario que el Estado implemente nuevos actos jurĂ­dicos y procesales tendientes a lograr un proceso independiente, justo, humanizado y que garantice el acceso a la Justicia para toda la poblaciĂłn. A continuaciĂłn, algunas propuestas

“Yo busco hechos de la realidad para que la realidad me cuente cómo son las realidades que ella esconde” Eduardo Galeano

“Era necesario resignarse a comprender que aquel enorme aparato de justicia resultaba probablemente eterno en sus contradicciones y que si uno tenía la pretensión de cambiar algo por su propia iniciativa, sería como si el suelo huyese bajo sus pies” Franz Kafka, El proceso

 
Abogado. Profesor de Derecho Procesal Civil UBA. Miembro de la AsociaciĂłn Argentina de Derecho Procesal (AADP)


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AnĂĄlisis argumental del tema

El anĂĄlisis a realizar estĂĄ encauzado a determinar las cuestiones que han llevado al estado actual de gestiĂłn (entendiendo que la misma tiene como finalidad la eficiencia) que impera en el Poder Judicial de la NaciĂłn.

Cierto es que las razones aludidas no son “pocas” ni fáciles de resolver, pero es importante remarcar cuál de ellas tiene preponderancia y condiciona a las restantes.

Para ello, y merituando la importancia de la economía y el desarrollo en la sociedad actual, consideraremos la “fuente de ingresos” que tiene la Nación para “afianzar la justicia” cumpliendo lo dispuesto en el art. 4 de la Constitución nacional.

En tal bĂșsqueda revisamos el presupuesto nacional, en este caso el del año 2013, y allĂ­ advertimos que el Estado prevĂ© un gasto para la “AdministraciĂłn Nacional” del orden de los 628.712,7 millones de pesos, que son distribuidos de la siguiente manera:

Consideremos entonces que el presupuesto nacional le asigna al Poder Judicial el 1,13% del monto, para que con ello atienda a toda organizaciĂłn de justicia nacional (con sede en la CABA y en los demĂĄs distritos provinciales de la RepĂșblica Argentina).

No me referirĂ© a la “magnitud” que tiene el desarrollo de gestiĂłn a cargo del Poder Judicial de la NaciĂłn, ni la importancia que tiene la soluciĂłn de “conflictos” para la sociedad, porque entiendo que ello es pĂșblico y notorio.

Ahora bien, siguiendo una lĂ­nea investigativa que confronte la asignaciĂłn de “Poder” a travĂ©s del “dinero”, vemos una situaciĂłn que indica a las claras una irregularidad que sin lugar a dudas es el motivo principal que impide una verdadera “reforma” del Poder Judicial. ÂżCĂłmo puede ser que entre los Poderes Judicial y Legislativo reciban en total 11.372,9 millones de pesos, o sea menos del dos (2) por ciento del presupuesto nacional, o menos del cinco (5) por ciento de lo que recibe el Ministerio de Trabajo? Realmente, no cabe duda de que al Poder Ejecutivo central poco le importa la Justicia, salvo en lo que pueda influir en su actividad especĂ­fica.

Desarrollar políticas de Estado (pro desarrollo y mejora del Poder Judicial), como las que anunció y propició el Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, en el XVII Congreso de Derecho Procesal, celebrado en la ciudad de Córdoba en septiembre de 2013, es imposible si el Poder Ejecutivo no respeta la “independencia” de los demás poderes, presupuestando siempre sobre la base de “sus” intereses.

¿Cómo se entiende que a los “otros” dos poderes se les asigne lo dicho y a la Jefatura de Gabinete de Ministros: $ 4.556,7 millones o a Seguridad y Defensa: $ 52.117,8 millones? Esta claro que el Poder Ejecutivo, o sea quien delinea y prepara el presupuesto, da una “ineficiente” prioridad a las necesidades de su actividad política, buscando una relativa seguridad, sin pensar que ella no existe “sin justicia” que la circunscriba y resguarde.

Puede haber otras razones, pero ciertamente no va a poder superarse el “retraso” evolutivo de la “justicia” hasta tanto no se supere esta dependencia económica hacia un poder central y dominante.

Mejoras “negadas” por el Poder Real al Poder Judicial

No hay ninguna duda que la “Justicia” se encuentra disociada del resto de la “realidad social”, que se presenta en otras actividades de características disímiles pero de igual importancia, como son el “mercado de capitales”, la “educación”, la “salud”, las “comunicaciones”, los “avances tecnológicos”, etc.

La Justicia, y por ende el Poder Judicial, no muestra “mejorĂ­as”, sino “retroceso” en el mejoramiento de su actividad, y muy especialmente en lo que a “ejecuciĂłn” se refiere; es muy evidente que ello no sucede en el “resto” de actividades citadas en el punto anterior, ya que estas Ășltimas han evolucionado, y especialmente en lo que hace “al resultado en la ejecuciĂłn” de sus tareas especĂ­ficas.

Ya hace tiempo decía Augusto Morello en su libro Estudios de Derecho Procesal. Nuevas demandas, nuevas respuestas que “
Cómo es posible que el de la Justicia, en todas partes, exhiba tan pobres logros y complicados y exhaustivos intentos, cuando para mejorar la salud, la educación, la seguridad –con carencias y obstáculos que por cierto se exhiben– sin embargo, son objeto de continuos estudios, proyectos y soluciones concretas, que para bien o para mal se hacen cargo de sus problemáticas con vivas exteriorizaciones de modernidad
 Las fallas se dejan ampliar, las disfuncionalidades así como un espíritu general de desmotivación se dan sin solución de continuidad. Casi a designio se las empuja a la situación terminal y al precipicio
”.

La pregunta que se impone es: ¿cuál sería la razón de ello?, y la respuesta la da simplemente el “copete” que le pone el prestigioso jurisconsulto citado en el punto anterior, cuando exterioriza la cuestión de la siguiente forma: “La justicia en el sistema capitalista y en el juego excluyente del mercado”.

Cierto es que el sistema judicial imperante en nuestro mundo ha quedado en manos excluyente del Estado, no existe la intervención “privada” en forma concluyente y si lo hace, la misma está representando a los factores de poder económico, que no representan a la mayoría de los “justiciables”.

Por lo tanto, estando la “Justicia” en manos exclusivas del Estado, impide que las ejecuciones de sentencia o juicios ejecutivos avancen en la creación de nuevas prácticas que permitan mejorar la “efectividad” de dichos procesos, ya que el Estado se cree omnipotente y ha demostrado que poco le interesa el “buen” desarrollo de los procesos.

El juez ha perdido “potencialidad efectiva”, y ello ha llevado a prestigiosos tratadistas –como Miguel Aparicio MĂ©ndez– a decir que el Poder Judicial es el que ha quedado mĂĄs relegado en los Ășltimos tiempos, a lo cual nos adherimos con enervada pasiĂłn.

Por tales razones es menester “intentar y conseguir” contundentes cambios, especialmente en el procedimiento ejecutorio, partiendo de la base de que no sĂłlo este debe ser mejorado, sino tambiĂ©n los tĂ­tulos que traen o pueden traer aparejada “ejecuciĂłn”.

Un pĂĄrrafo aparte merece la consideraciĂłn del proceso monitorio en paralelo con el ejecutivo. Cierto es, a mi humilde entender, que el primero de ellos deberĂ­a traer consigo un “adelanto” en los tiempos procesales, lo cual no es una “cosa” menor respecto del fin Ășltimo que es hacer “justicia”, por lo cual serĂ­a entonces un avance, pero no creo que permita modificar sustancialmente la realidad que nos rodea.

De tal forma, el “monitoreo” sería un proceso de preparación del ejecutivo que tendría mayor eficacia práctica en cuanto aceleraría los tiempos de realización.

Pero no creo que a los fines de la efectividad, o sea al logro de la pretensiĂłn buscada, pueda ayudar mucho que la resoluciĂłn o sentencia se dicte antes o despuĂ©s del traslado al deudor, ya que lo importante en este caso es el “cumplimiento” de la orden de ejecuciĂłn y su inmediata consecuencia, que no es otra que “el cobro de la deuda”.

Por tal razón entiendo acertado el análisis que proporciona el Dr. Osvaldo Gozaini en El juicio ejecutivo y la realidad económica, quien afirma que para tratar el tema que nos ocupa es menester considerar “la humanización del proceso; el acceso a la Justicia; la aceleración de los juicios; el derecho a una decisión fundada, etc.”, y yo agregaría la inmediatez social que impone cada vez más exigencias como condicionantes de la vida, y que llevan, entonces, a la “inexistencia” de tiempo disponible, en la que se encuentra inmerso el ser humano; que impiden a todas luces que la “realidad” y la “justicia” puedan desarrollarse sin reconocerse mutuamente y actuar en consecuencia.

Es por tal circunstancia que “el derecho” deja de ser tal cuando el proceso no reconoce la realidad y pierde eficacia, y consecuentemente deja de “hacer justicia”.

Alternativas de mejoramiento en la “efectividad” manifiesta

Para todo planteo de este tipo es menester superar ciertas cuestiones de diferente origen y resultado. No sĂłlo los agentes participantes del proceso se encontrarĂĄn involucrados en los cambios, sino tambiĂ©n otros poderes, ciertos principios y especialmente arraigadas conductas e ideas que atentan contra la “efectivizaciĂłn” de las sentencias jurisdiccionales.
Estamos analizando ciertos tipos de proceso que, teĂłricamente, serĂ­an superadores del solemnis ordo iudiciarus, y deberĂ­an conformarse con mĂĄxima celeridad y plena efectividad.

Desde otra perspectiva, el incumplimiento de una orden judicial definitiva emanada del Ăłrgano con jurisdicciĂłn constitucional no arremete ni desconoce solamente al particular damnificado, o sea a quien no puede hacer efectiva la sentencia, sino y muy especialmente, al Juez que dictĂł la norma individual, y con Ă©l al Poder Judicial y con Ă©l al Estado de Derecho, pilar indiscutible de la organizaciĂłn jurĂ­dico-polĂ­tica y social de nuestro paĂ­s.

Atendiendo a todo lo que se expone en este trabajo, me animo a enumerar algunas variantes –hay muchas otras– que entiendo pueden traer algĂșn mejoramiento en la efectividad de los procesos de ejecuciĂłn:

a) La formulaciĂłn de un nuevo proceso, de caracterĂ­sticas similares al sistema francĂ©s o alemĂĄn, que se presenta con una competencia funcional en la que intervienen diferentes Ăłrganos, con responsabilidades distintas. En el caso, “el trĂĄmite de ejecuciĂłn” es encargado por el acreedor al “oficial de ejecuciĂłn”, quien lleva a cabo el procedimiento en forma abreviada, con un amplio apego respecto de la instrumental que lo sustenta. En cambio, siguiendo a Enrique FalcĂłn, en el CĂłdigo de Procedimiento Civil y Comercial Comentado, “la sentencia y el trĂĄmite ejecutorio recae exclusivamente en el juez”.
b) Creación de un centro de Información Nacional de Morosos o incumplidores, de sentencias recaídas en ejecuciones, regulado y administrado por el Poder Judicial, conjuntamente con los Colegios de Abogados; y ello, como “fuente” de prevención al momento de la gestación de la obligación ejecutable.
d) Regular pormenorizadamente y con rigor cientĂ­fico-mercantil quiĂ©nes puede ser las Ășnicas personas jurĂ­dicas que puedan ser titulares de una cuenta corriente bancaria, exigiendo a tal fin que los requirentes demuestren y acrediten “solvencia econĂłmica suficiente”, que incluya bienes inmuebles y valores patrimoniales que den debida garantĂ­a, respecto de la utilizaciĂłn y seguridad de dicha forma de pago totalmente desvirtuada a la fecha.
Tales condiciones deberĂĄn ser fiscalizadas por una entidad privada, en su caso de bien pĂșblico, que garantice el “cumplimiento” de tales normas.
e) Legislar para las ejecuciones el principio de inversiĂłn de la carga probatoria y la restricciĂłn de la prueba como regla en el proceso ejecutivo, buscando asĂ­ la diferencia necesaria a favor de quien tiene el “tĂ­tulo” que la ley reconoce como Ășnico y principal motor de todo proceso de ejecuciĂłn. Tal propuesta no afecta la legĂ­tima defensa, y permite que quien pretenda interponer una excepciĂłn, revise y obtenga la prueba suficiente de ello.
f) Otra cuestiĂłn que no debe ser dejada de considerar, sin importar la inmediatez o no de la misma, es la rapidez que existe en el desarrollo de la tecnologĂ­a, en este caso la informĂĄtica, donde las “deudas” o “crĂ©ditos” de “sumas lĂ­quidas” que se hallan instrumentadas en los tĂ­tulos de crĂ©dito analizados ya van dejando su lugar a “movimientos de generaciĂłn electrĂłnica”, donde las partes comunican las mismas, se concilian y reconocen, con total validez y capacidad probatoria.
g) ¿Cuål sería la incorrección de legislar a los fines de que el deudor que toma un crédito instrumentado en determinados títulos como los cartulares, tenga la obligación de hacer lugar a la exigencia de un juramento de manifestación de bienes patrimoniales, para que en el caso de haber falseado tal declaración o negarse a cumplimentarla, se lo condene a la pérdida del derecho a endeudarse, en todas las formas posibles, ya sea bancarias, institucionales o de servicios, y ello por un término no menor a los cinco años? Tal situación legal sería inscripta en un registro especial, con obligación de consulta por parte de todos los acreedores afectados.

Es interesante remarcar que en el reciente II Seminario Internacional de Reforma Procesal de la Justicia no Penal se ha expuesto como prioritario, a los fines del “debido acceso “a” justicia (o sea al acceso a la “efectiva justicia”), que se encuentra apabullada por la falta de “apoyo político”, la implementación de una “Reforma Sistemática”, que contemple el “análisis temprano del caso por el juez, y la inmediata toma de medidas –especialmente en temas ecológicos–.

TambiĂ©n el Dr. Pereira (Representante de ROU) remarcĂł una vez mĂĄs la necesidad de apoyo del poder polĂ­tico, y propiciĂł a los fines de un proceso “garantista” pero rĂĄpido la implementaciĂłn de ejecuciones provisorias, de procesos por audiencias, y de sistemas adecuados y eficientes de informaciĂłn.

En resumen, no hay tutela judicial efectiva sin que el Estado entienda que la falta de efectividad en las ejecuciones debe ser corregida, entre otras cosas, con la implementación de nuevos actos jurídicos y procesales que tengan como principio rector un proceso independiente, justo, y ajustado a una “realidad” que cumpla con el deber de “hacer justicia”.

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