Posneoliberalismo y fuerzas armadas en Bolivia

Posneoliberalismo y fuerzas armadas en Bolivia

Por Loreta Telleria Escobar

La emergencia de gobiernos de izquierda o progresistas en Latinoam√©rica supuso la aplicaci√≥n de reformas importantes con el objetivo manifiesto de superar el modelo neoliberal. Esto tambi√©n se dio en el √°mbito de la Defensa. En el caso de Bolivia, si bien las fuerzas armadas incorporaron un claro discurso anticolonial y antirracista, a√ļn persisten graves casos de vulneraci√≥n de los derechos humanos en su interior. A continuaci√≥n, un recorrido por lo ya hecho y por lo que todav√≠a queda por hacer.
 
Politóloga y economista. Investigadora de temas de seguridad, defensa, fuerzas armadas y policía


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El presente artículo procura ser un pretexto para pensar las fuerzas armadas en contextos de gobiernos de izquierda o progresistas, bajo el supuesto de la necesidad del cambio y la transformación de instituciones adaptadas convenientemente a modelos neoliberales. Para esto, se plantean una serie de interrogantes que dan cuenta de la necesidad de reformar las instituciones militares tomando en cuenta la construcción de Estados pacifistas, respetuosos de los derechos humanos y firmes defensores de la soberanía nacional.

Analizando el caso boliviano, se observa cómo y de qué manera las fuerzas armadas en este país han podido, o no, adaptarse al proceso de cambio. Para esto se analizan de manera resumida lo que se ha denominado los cambios estructurales, las continuidades históricas y la indeterminación de acciones, entre lo que deberían ser unas fuerzas armadas anticoloniales y democráticas versus, lo que en gran medida, permanece en la actualidad.

Gobierno posneoliberal y fuerzas armadas

A pesar de que el termino posneoliberal refiere solo a una etapa despu√©s del neoliberalismo, no deja de connotar un importante significado en la medida en que da paso a un sistema que, en mayor o menor proporci√≥n, puede representar un cambio de principios, especialmente de aquellos basados en el mercado, el uso de la fuerza y el individualismo extremo. No obstante, considerando que las alternativas est√°n abiertas a un sinf√≠n de escenarios posneoliberales donde se incluyen estrategias eminentemente conservadoras, nuestra regi√≥n, a partir de la d√©cada de los noventa, presenta una oportunidad √ļnica para que el t√©rmino ‚Äúpos‚ÄĚ represente mucho m√°s que un cambio de √©poca y d√© lugar a un cambio de estructuras pol√≠ticas, sociales y econ√≥micas.
En el caso de Latinoamérica, la emergencia de gobiernos de izquierda o progresistas, en países como Venezuela (1998), Bolivia (2006) y Ecuador (2007), con el objetivo manifiesto de superar el modelo neoliberal, supuso la aplicación de reformas importantes: en el contexto económico con la asunción del Estado como actor protagónico, a nivel regional con la creación de innovadores mecanismos de integración, y en la adopción de nuevas políticas y marcos normativos que valorizan el rol de la sociedad, el medio ambiente y la soberanía estatal.

Bajo este escenario queda pendiente saber cómo estos gobiernos han encarado el tema del manejo del sector Defensa y las fuerzas armadas, en el marco de los siguientes interrogantes:

* En pa√≠ses que se declaran abiertamente pacifistas, ¬Ņqu√© papel compete a las fuerzas armadas en materia de profesionalizaci√≥n y modernizaci√≥n institucional?
* En gobiernos con una lamentable historia de dictaduras militares y/o autonom√≠a militar, ¬Ņc√≥mo se encara los nuevos roles de las fuerzas armadas en temas de derechos humanos y democracia?
* Y finalmente, ¬Ņc√≥mo se conjuga la relaci√≥n de soberan√≠a estatal frente a procesos de hegemon√≠a mundial, integraci√≥n regional y misiones humanitarias?

La necesidad de contar con estudios que den cuenta del rol que deber√≠an jugar el sector Defensa y las fuerzas armadas bajo gobiernos de izquierda, en el actual contexto regional es prioritaria. Solo a trav√©s de un diagn√≥stico que compare ‚Äúlo que deber√≠an ser y son en la realidad‚ÄĚ las instituciones militares, podr√≠amos evaluar cu√°nto del pasado neoliberal mantienen pa√≠ses que proclaman el cambio de modelo como premisa b√°sica de existencia.

Las fuerzas armadas en el gobierno de Evo Morales

Cuando Evo Morales asumió la presidencia en enero de 2006 quedaba un gran interrogante en relación al grado de aceptación/subordinación que las fuerzas armadas tendrían del/al nuevo gobierno. En los hechos, la figura de Evo Morales encarnaba: a) la personificación del movimiento cocalero que tanto protagonismo en el conflicto social había generado, básicamente en torno a las políticas altamente represivas de lucha contra las drogas de gobiernos anteriores; b) la identidad indígena que interpelaba la esencia racista de las elites militares, que veían históricamente en el indio un sujeto para civilizar, y c) un proyecto político antineoliberal, que propugnaba discursivamente un cambio de estrategias en el manejo del Estado y sus instituciones, entre las cuales estaban las fuerzas armadas.

En la pr√°ctica, la instituci√≥n militar se comport√≥ tan democr√°ticamente como le fue posible. En pocos a√Īos, los comandantes de las fuerzas se adhirieron de forma activa al ‚Äúproceso de cambio‚ÄĚ encarado por el nuevo gobierno. De ser una instituci√≥n altamente represiva en materia de conflictos sociales, que manten√≠a estrechos v√≠nculos con el grupo militar de la embajada de Estados Unidos y que actuaba con amplios m√°rgenes de autonom√≠a institucional, se transformaron con los a√Īos, al menos de manera discursiva, en unas fuerzas armadas revolucionarias, que han incluido en su saludo presidencial un fervoroso ‚ÄúPatria o muerte‚ÄĚ.

No obstante, m√°s all√° de lo discursivo, es necesario evaluar qu√© pas√≥ en la realidad cotidiana de la instituci√≥n y ver la relaci√≥n existente, mayor o menor, entre la ‚Äúadaptaci√≥n conveniente de las fuerzas armadas al nuevo gobierno, versus la convergencia ideol√≥gica con el mismo‚ÄĚ. Para saber esto, a continuaci√≥n se esbozan de manera resumida lo que se considera los principales cambios y continuidades que la instituci√≥n militar mostr√≥ en el actual per√≠odo gubernamental (enero de 2006 a abril de 2015).

Los cambios estructurales

Bajo el gobierno de Evo Morales uno de los cambios m√°s profundos realizados a nivel de soberan√≠a nacional fue la ruptura de la extrema dependencia que Bolivia manten√≠a con el gobierno de Estados Unidos, no s√≥lo en el √°mbito econ√≥mico, sino tambi√©n en lo pol√≠tico y militar. En este √ļltimo punto no cabe duda de que en el ranking de cambios realizados por las fuerzas armadas durante este per√≠odo se encuentra la disoluci√≥n, por mandato pol√≠tico, de sus estrechas relaciones con los organismos norteamericanos de seguridad, cuya m√°xima expresi√≥n y punto culminante de dependencia fue la entrega ilegal de 30 misiles chinos a la embajada de Estados Unidos en el a√Īo 2005 para su desmantelamiento, meses antes de que asumiera el gobierno Evo Morales.

Entre las principales acciones realizadas que revelan esta situación están:

* Suspensión indefinida de las becas otorgadas a militares bolivianos por parte del gobierno de Estados Unidos (2007).
* Fin del convenio para la asistencia de médicos militares de Estados Unidos en Bolivia (2008).
* Expulsión de la DEA, principal organismo que mantenía influencia directa en las represivas políticas antidrogas empleadas por gobiernos anteriores (2008).
La respuesta del gobierno de Estados Unidos ante estas decisiones no se dej√≥ esperar y repercuti√≥ en sus respectivos presupuestos de cooperaci√≥n, que disminuyeron paulatinamente a partir del a√Īo 2007. Por otra parte, el Departamento de Estado ha penalizado anualmente al pa√≠s con sus informes de lucha antidrogas y su consecuente descertificaci√≥n, a pesar de que las autoridades gubernamentales cumpl√≠an y cumplen adecuadamente sus compromisos internacionales en la materia.

En la actualidad, decenas de militares bolivianos dejan de formarse en academias norteamericanas, y otras tantas poblaciones de Bolivia dejan de ser asistidas por personal militar norteamericano, que bajo el r√≥tulo de ayuda humanitaria, manten√≠an un plan de cooptaci√≥n social con intereses netamente hegem√≥nicos. No obstante, el mejor cambio realizado es que la pol√≠tica boliviana antidrogas hoy en d√≠a es definida por el gobierno boliviano, con el uso de mecanismos de concertaci√≥n social que han reducido dr√°sticamente el n√ļmero de violaciones a los derechos humanos en el pa√≠s.

Otro de los cambios observados en la instituci√≥n militar fue su preocupaci√≥n por adaptarse estructural y funcionalmente a la protecci√≥n efectiva de las fronteras del territorio boliviano, tomando en cuenta el aumento paulatino de una serie de ilegalidades (narcotr√°fico, contrabando, extracci√≥n de metales preciosos, etc.) en √°reas donde la presencia estatal hab√≠a sido nula. Esto tuvo su aterrizaje normativo en una ley que estableci√≥ mecanismos de articulaci√≥n institucional para la ejecuci√≥n de pol√≠ticas de desarrollo integral y seguridad en fronteras (N¬ļ 100, 5/4/2011). De esta forma, se crearon comandos conjuntos en zonas fronterizas, donde se destin√≥ un gran n√ļmero de efectivos militares, dotado de veh√≠culos, infraestructura y equipos adecuados para su trabajo. Con el mismo objetivo se program√≥ la creaci√≥n de puestos militares adelantados fronterizos, para resguardar de manera espec√≠fica los recursos naturales y el medio ambiente.

Por otra parte, los roles de las fuerzas armadas en este per√≠odo tambi√©n cambiaron. De estar ligadas anteriormente a temas de control y orden social y lucha contra el narcotr√°fico, en la nueva gesti√≥n de gobierno se dedicaron al desarrollo de actividades de apoyo a la sociedad, en tareas como el pago de bonos a ni√Īos y ancianos, el socorro ante desastres naturales (inundaciones, riadas y sequ√≠as), campa√Īas de prevenci√≥n en salud, fumigaci√≥n, vacunaci√≥n, etc., y la construcci√≥n de caminos. A esto se puede a√Īadir un esfuerzo pol√≠tico-institucional para cuidar los parques naturales del pa√≠s, a trav√©s de la creaci√≥n de regimientos ecol√≥gicos donde se forman soldados espec√≠ficamente para tal fin.

Si bien la aplicación de estos nuevo roles distan mucho de lo que puede concebirse como procesos de profesionalización y especialización militar, en el caso de Bolivia y su contexto, las nuevas tareas sirvieron para reconstruir el vínculo entre fuerzas armadas y sociedad, que había sido trágicamente roto en gobiernos anteriores.

Por √ļltimo, en el √°mbito de las relaciones con pa√≠ses de la regi√≥n y extrahemisf√©ricos, se puede destacar la participaci√≥n de Bolivia como sede de la IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Am√©ricas, su involucramiento en la conformaci√≥n del Consejo Suramericano de Defensa de Unasur, el establecimiento de convenios de cooperaci√≥n con varios pa√≠ses de la regi√≥n como Brasil, Per√ļ, Argentina, entre otros, as√≠ como la firma de acuerdos de cooperaci√≥n militar con China y Bielorrusia. A pesar de que el rol de Bolivia podr√≠a ser m√°s activo en el √°mbito regional en materia de seguridad, es notable su participaci√≥n en la conformaci√≥n de mecanismos de integraci√≥n subregional que comparten principios b√°sicos de soberan√≠a, cooperaci√≥n y b√ļsqueda de paz.

Las continuidades históricas

Varios son los elementos de la institución militar que nos revelan que el cambio es un tema inconcluso. Temas que abarcan el ámbito normativo, la transparencia, su estructura presupuestaria y determinadas funciones internas y externas, parecen ser víctimas más del statu quo que de la transformación. Lo que revela una situación propia de instituciones altamente conservadoras y reacias al cambio, como son las fuerzas armadas de cualquier país, que supone que los tiempos que implica su transformación son mayores que en otros ámbitos del Estado.

En el campo normativo, las fuerzas armadas en Bolivia mantienen la misma misi√≥n constitucional establecida en la Constituci√≥n Pol√≠tica de 1967. A pesar del cambio constitucional que se produjo en el a√Īo 2009, fruto de una Asamblea Constituyente, la instituci√≥n militar logr√≥ a trav√©s de una extensa campa√Īa corporativa conservar el texto constitucional tal como estaba respecto de su misi√≥n, lo que sin duda reflej√≥, por un lado, una identidad altamente conservadora, y por otro, la ausencia de debate pol√≠tico y social sobre el tema. Dado este escenario, se tiene que la Ley Org√°nica de las Fuerzas Armadas (LOFA), que data de 1992, tampoco ha sido modificada.

Ante la falta de cambios en el marco normativo, el tema presupuestario tambi√©n muestra inercias en su estructura, no obstante su amplio crecimiento en esta gesti√≥n gubernamental. De acuerdo con informaci√≥n oficial, el presupuesto de Defensa creci√≥ entre los a√Īos 2008 y 2014 un 93%, aunque en relaci√≥n al PIB disminuy√≥ en el mismo per√≠odo de 0,52% a 1,46%. Sin embargo, la distribuci√≥n del presupuesto en cuanto a remuneraciones o gastos de personal e inversi√≥n se mantiene constante, dando un porcentaje de m√°s del 70% al gasto en remuneraciones y alrededor del 5% o menos a actividades de inversi√≥n, lo que refleja una estructura institucional estancada.

Frente a esto, tambi√©n se observa que algunos roles se mantuvieron intactos en este per√≠odo, tal es el caso de la participaci√≥n de militares en operativos de seguridad ciudadana, que fue por lo dem√°s reglamentado en la Ley de Seguridad Ciudadana N¬ļ 264 del a√Īo 2012, que al igual que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del mismo a√Īo, estipula que las fuerzas armadas pueden ser convocadas a participar en tareas de seguridad ciudadana cuando la polic√≠a sea superada en sus acciones. En este sentido, se ha visto que en varias ocasiones los militares han apoyado la labor policial de seguridad ciudadana en las calles, con el consecuente problema de funciones y adecuaci√≥n democr√°tica que esto genera, principalmente en el tema de los derechos humanos.

Otro de los roles que se ha mantenido, es la participación de militares del ejército boliviano en Misiones de Paz de la ONU, principalmente en países como Haití y el Congo. Más allá del impacto real que tiene la acción de militares bolivianos en estos lugares de conflicto, el tema pendiente es la pertinencia o no de enviar efectivos a misiones de paz que son guiadas por una institución internacional, dirigida por potencias económicas que muy poco hacen para solucionar de manera efectiva estos conflictos, y que por lo demás, defienden un modelo de crecimiento económico altamente violento, excluyente y racista, generador de los problemas que pretenden paliar, contradiciendo de esta manera los principios antihegemónicos, de no injerencia y de igualdad que proclama el actual gobierno.

La indeterminación: entre el cambio y la continuidad

Dos valores determinan esta indeterminaci√≥n: la verdadera inclusi√≥n de la diversidad y el respeto a los derechos humanos. Bolivia, al ser un Estado Plurinacional con una gran cantidad de poblaci√≥n ind√≠gena, que fue hist√≥ricamente excluida y subyugada ante un escenario de colonialismo interno, entr√≥ a partir del a√Īo 2006 en un proceso de cambio pol√≠tico y social, que proclama la descolonizaci√≥n y el fin del racismo.

No se puede negar que las fuerzas armadas han tratado de estar a tono con los cambios internos y externos en materia de inclusi√≥n. Por este motivo han encarado procesos de incorporaci√≥n de mujeres e ind√≠genas, las primeras a partir de finales de los setenta hasta los dos mil; y los segundos, con un proceso iniciado el a√Īo 2005 a trav√©s del programa ‚ÄúIgualdad de oportunidades‚ÄĚ, suspendido en la actualidad. Sin embargo, es necesario comprender que una pol√≠tica de inclusi√≥n no se reduce a la simple incorporaci√≥n de mujeres e ind√≠genas, sino que supone un proceso lento y complejo, que implica cerrar una historia centenaria para dar paso a una nueva, que asuma como premisa que ‚Äúno basta con incluir al excluido, sino descolonizar y despatriarcalizar al que incluye‚ÄĚ.

Esta incongruencia se revel√≥ en abril del a√Īo 2014, cuando centenares de militares de baja graduaci√≥n (suboficiales y sargentos) salieron a las calles para demandar la descolonizaci√≥n y eliminaci√≥n del racismo dentro de las fuerzas armadas. La respuesta del gobierno no se dej√≥ esperar, dando de baja a varios efectivos bajo los cargos de ‚Äúsedici√≥n, mot√≠n y desacato‚ÄĚ.

Más allá de lo que implica un acto como este en la vida democrática de un país, esta situación de insubordinación militar, nunca antes vista en Bolivia, reveló dos cosas: por un lado, que los excluidos hoy en día, vengan de de donde vengan, se sienten con el derecho a reclamar, lo que no es un dato menor, y por otro, que dentro de las fuerzas armadas subsisten hechos de discriminación irracional que no han sido solucionados por las autoridades, tanto políticas como institucionales. Lo que muestra la conformación de una institución con un claro discurso anticolonial y antirracista, pero abiertamente conservadora en la materia.

Por otra parte, en el tema de los derechos humanos se ha visto en los √ļltimos a√Īos acciones claras del gobierno a trav√©s del Ministerio de Defensa por precautelar los derechos de los soldados. Es as√≠ que se implementaron diversos proyectos, como ser: a) la construcci√≥n de regimientos y tecnol√≥gicos donde los soldados aprenden ramas t√©cnicas y profesionales acorde con la vocaci√≥n productiva de la zona de influencia y que les sirve para su posterior vida laboral; b) el programa denominado ‚ÄúPara vivir bien en los cuarteles‚ÄĚ, con el fin de controlar el cumplimiento de las pol√≠ticas de salud, alimentaci√≥n e infraestructura; c) creaci√≥n del ‚ÄúCertificado de no vulneraci√≥n de Derechos Humanos‚ÄĚ exigido a todos los oficiales convocados al ascenso; d) implementaci√≥n del seguro contra accidentes a soldados y marineros, y e) incremento del presupuesto para la alimentaci√≥n cuartelaria.

Sin embargo, frente a estos datos se encuentran otros no muy alentadores. De acuerdo con informes de Amnist√≠a Internacional (2011), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2012) y del Defensor del Pueblo (2013), a√ļn persisten en las fuerzas armadas graves casos de vulneraci√≥n de los derechos humanos a los soldados, que se vinculan directamente con la impunidad de sus autores. Estos casos abarcan hechos de tortura, discriminaci√≥n y tratos crueles e inhumanos, que de acuerdo con el Defensor del Pueblo deber√≠an encararse desde dos √°mbitos:

i) La investigación transparente, oportuna e imparcial de los hechos, especialmente los que generaron la muerte de personas en los cuarteles, los casos de tortura y el uso de conscriptos para que realicen trabajos particulares en favor de oficiales militares o de agentes externos; y
ii) La revisión y modificación de las normas, procedimientos y conductas que promueven, avalan y protegen estos actos, así como los aspectos doctrinarios en la institución castrense, que los justifican.
A pesar de que el tema de derechos humanos no es nuevo en la institución militar, y que se ha trabajado desde diversas instituciones para capacitar a los militares en los principios básicos de estos preceptos, parece que la falta de políticas integrales que abarquen ámbitos políticos, jurídicos e institucionales es una constante en todo el período democrático, incluido el actual gobierno.

A manera de cierre…

Si bien el t√©rmino posneoliberal denota solo un per√≠odo ‚Äúdespu√©s de‚ÄĚ, en el caso boliviano, el posneoliberalismo est√° significando un cambio de modelo, que abarca todos los √°mbitos del Estado Plurinacional. Sin embargo, no solo en este contexto sino tambi√©n en anteriores, queda pendiente el tema de saber c√≥mo las fuerzas armadas confluyen de manera institucional con los principios que proclama el gobierno, en materia de modernizaci√≥n, profesionalizaci√≥n, funciones y derechos humanos.

El sello nacionalista y popular del gobierno de Evo Morales desde el a√Īo 2006 ha encontrado hasta el momento en las fuerzas armadas un soporte s√≥lido a sus pol√≠ticas gubernamentales, lo que supone una actuaci√≥n democr√°tica de la instituci√≥n militar que de manera discursiva se declara abiertamente anticolonial y antiimperialista.
No obstante, a pesar de los cambios mostrados en materia de independencia institucional respecto de la embajada norteamericana, de una nueva estructura en ámbitos de despliegue fronterizo y de roles enmarcados en el desarrollo y la ayuda social, las llamadas continuidades históricas en temas normativos, de estructura presupuestaria y de roles internos y externos tradicionales confluyen en el mantenimiento de una institución renuente al cambio o por lo menos rezagada en el proceso.

Dos temas centrales concurren para pensar que la reforma de las fuerzas armadas no puede darse mediante acciones aisladas y coyunturales, sino que es necesario un proceso integral que abarque los cimientos jurídicos, doctrinales, jerárquicos y culturales de la institución. Estos temas son la inclusión y los derechos humanos. Mientras que en la institución militar sigan existiendo prácticas de racismo, discriminación, homofobia, machismo y violación de los derechos humanos de los soldados que queden en la impunidad, cualquier discurso, política o acción paliativa no hará más que enmascarar la problemática.

Al parecer, lo que queda es esperar que el poder político y las fuerzas armadas dentro del proceso posneoliberal que vive Bolivia, muestren congruencia entre el discurso y la práctica de las políticas desarrolladas por el gobierno, que se enmarcan en la construcción de instituciones democráticas, inclusivas, transparentes y, sobre todo, anticoloniales.

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