Policía y jóvenes. Orden social, inseguridad y violencia institucional

Policía y jóvenes. Orden social, inseguridad y violencia institucional

Por Augusto Montero

En los últimos años se ha instalado la idea que vincula las acciones delictivas con varones jóvenes y pobres; habilitando y legitimando prácticas policiales violentas contra los mismos. Es necesario cambiar la sensación de resignación ante lo inmodificable y evitar una profundización de la situación de vulnerabilidad de estos sectores.
 
Docente Investigador del Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral.


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En la Argentina, en los últimos años se han difundido e instalado en amplios sectores sociales unos discursos que hablan de un importante incremento de acciones delictivas portadoras de una violencia creciente que son cometidas por personas cada vez más jóvenes. Además varones y pobres, son representados como el rostro de la inseguridad, la corporización de aquello que genera temor e incertidumbre. Sus acciones violentas son visibilizadas y multiplicadas en los medios de comunicación, se mantienen vivas en las conversaciones cotidianas, reclaman intervenciones urgentes. Paralelamente, se han extendido también otras violencias que, sin embargo, no logran consolidarse como foco de atención, más allá de aparecer en forma intermitente en ciertos ámbitos sociales, políticos y de opinión pública. Se trata de usos ilegales de la fuerza física desplegados por miembros de instituciones policiales contra esos mismos jóvenes que son retratados por las voces dominantes como “emisores” de la violencia que preocupa y atemoriza. Mi objetivo en este espacio es contribuir a la visibilización de estas “otras” violencias, describiéndolas, y llamar la atención acerca de algunas de las maneras en las que aquellos discursos, que condenan ciertas violencias, habilitan formas de actuar que vulneran derechos fundamentales, generan daños sociales y construyen dinámicas de estigmatización y exclusión.

Históricamente, en distintos contextos culturales, las instituciones policiales han mantenido relaciones conflictivas con los jóvenes. De múltiples maneras, estos personifican buena parte de lo que desde la mirada policial constituye el “desorden”. Despliegan sus actividades en los espacios públicos –aquellos sobre los que el celo policial coloca su mirada–, desafían a las “buenas costumbres”, construyen identidades a partir de transgresiones y reversiones de normas “convencionales” –y también legales–, priorizan la espontaneidad y la diversión antes que el respeto y la circunspección. Debido a estas permanentes puestas en tensión de ciertas concepciones del “orden social”, que se han venido replicando –tomando formas y matices divergentes– a lo largo y a lo ancho de todas las grandes ciudades del mundo, las policías siempre han tenido como una de sus “poblaciones objetivo” a las juventudes.

No obstante, en nuestro país parecemos estar ante una exasperación de esas relaciones conflictivas. Estudios recientes producidos desde las ciencias sociales en distintos centros urbanos –elaborados fundamentalmente a partir de las voces de los victimizados– han mostrado y analizado la amplia gama de prácticas policiales violentas que se despliegan sobre un muy vasto número de jóvenes, varones, pobres, habitantes de territorios urbanos en los que la retirada de las instancias estatales no coercitivas, en particular de la escuela, ha puesto a la policía en el lugar de agencia principal de control social.

¿En qué consisten esas violencias? Parece importante trazar aquí distinciones. No estamos frente a un desborde indiscriminado de acciones que involucran usos de armas de fuego y “gatillo fácil”. O, al menos, no se trata solamente de eso. Hay otros usos de la fuerza, microfísicos, capilares, que se diseminan en nuestros escenarios urbanos. Algunas veces, a la vista de todos; la mayor parte, a partir de la construcción institucional de efectivos espacios de opacidad.

Una primera serie de usos de la fuerza policial comienza cuando los chicos son muy jóvenes. Con mucha vida pública, desde la primera adolescencia empiezan a adquirir estilos vitales y a asumir una estética que los hace encajar en las categorías policiales –y, claro está, no sólo policiales– acerca de aquello que debe ser vigilado y controlado (la visera, el buzo, las “llantas”). Mientras se mueven en sus propios barrios serán, más que nada, observados. Pero cuando intenten transitar la ciudad, ir más allá de ciertos límites geográficos o simbólicos –vías, avenidas– y acercarse a vecindarios en los que habitan clases más privilegiadas, pasarán a constituir, según la gráfica expresión de un funcionario policial, “la mosca en la leche”, y serán entonces objeto de intervenciones concretas. Demoras, cacheos, detenciones, traslados, golpes, empujones. Acciones acompañadas siempre por “el verdugueo”: malos tratos verbales, insultos, referencias despectivas. La intensidad del despliegue de violencia física efectiva por parte de los funcionarios depende en estos casos, parcialmente, de la actitud que los jóvenes asuman: no se tolerará un desafío a la autoridad, no se permitirá que alguien se niegue a aceptar quién manda y quién obedece. En definitiva, son marginales, y deben volver a los márgenes –“cada cosa a ‘su’ lugar”–. Para ello, en numerosas ocasiones los policías que participan de esas operaciones de “reterritorialización” ni siquiera invocan norma jurídica alguna. Estas interacciones no tienen que ver con el derecho –que en todo caso se utiliza como una herramienta más si es necesario–. Se trata de mantener el orden.

Así, la policía participa activa y materialmente de un potente proceso de estigmatización que afecta a miles y miles de adolescentes y jóvenes. Para muchos de ellos, sin embargo, su relación con la institución no terminará aquí. Se trata de aquellos que se aproximan (ellos mismos o algunos de sus familiares o amigos) a lo que la policía define como “el mundo del delito”: comienzan a cometer robos y hurtos en las calles, consumen drogas ilegales, protagonizan conflictos y peleas y utilizan armas de fuego. Muchas veces, su participación en este tipo de prácticas –que siempre es intermitente– se expresa de una manera altamente visible –y a menudo más o menos permanente– en la adopción o la acentuación de rasgos de estilo (tatuajes, piercing, cortes de pelo, vestimenta) que representan para los agentes policiales la autoconfirmación por parte de sus portadores de una identidad desviada. En muchos casos, estas marcas pretenden simbolizar el pasaje por una institución de privación de la libertad o la oposición a la policía, y entonces estas expresiones de resistencia se convierten, al mismo tiempo, en señales que predicen nuevas detenciones y malos tratos.

Estas transgresiones –intermitentes– a las leyes penales y esas elecciones estéticas –más o menos permanentes– desarrolladas por los jóvenes generan las condiciones para que se produzcan cambios en sus interacciones con funcionarios policiales. Es que ambos elementos se conjugan para que, en las definiciones de los policías, esos jóvenes aparezcan como alguien más vulnerable, con una menor capacidad (o voluntad) de hacer públicas las condiciones de esos intercambios, de luchar por imponer versiones alternativas a las policiales sobre los hechos que coprotagonizan. Si esto sucede, es probable que esas definiciones habiliten otras violencias, diversas, más intensas.

Por un lado, usos de la fuerza dirigidos a obtener información, datos que sirvan para conocer detalles sobre supuestos delitos cometidos en su jurisdicción. Los funcionarios buscan que los jóvenes señalen a los responsables o bien que “se hagan cargo”. Se reactivan en distintos escenarios las viejas prácticas policiales violentas destinadas a “hacer hablar”. Estas coacciones respaldan las posiciones policiales en estas “transacciones”.

Por otro lado, violencias y abusos motivados por la voluntad de reforzar las posiciones que cada uno ocupa en la relación que comparten: el lugar del poder en los funcionarios policiales y el de debilidad en los jóvenes. Se trata aquí de que los chicos comprueben su falta de recursos para obtener protecciones de instancias públicas, y reproducir así la profunda desigualdad en los términos del vínculo que sostienen. En estos casos, los policías se quedan por la fuerza, y siempre de manera contraria al derecho, con las posesiones de los jóvenes, ya sean estas “legales” –zapatillas, ropa deportiva, teléfonos celulares, dinero– o “ilegales” –drogas, armas–. Los despojan así de elementos altamente valorados por los chicos, que constituyen símbolos de estatus en el contexto de la cultura juvenil y a los que los jóvenes casi siempre se refieren con fascinación y orgullo; consiguen así generar en ellos el sentimiento que buscan: la humillación.

Finalmente, hay otros usos de la violencia que son más extremos: aquellos que tienen lugar inmediatamente después de que los jóvenes aparezcan vinculados a la comisión de un delito, cuando son detenidos y trasladados a sedes policiales. En estos hechos, la intensidad del ejercicio de la fuerza puede variar de acuerdo con el tipo de comportamiento ilegal que se imputa a los chicos. Si son definidos como inaceptables desde el punto de vista de la moral de los policías –por ejemplo, por tener como blanco a ancianos o a niños o bien a funcionarios policiales– el castigo será mayor. En estos casos las violencias llegan a asumir formas dramáticas: variaciones diversas de apremios y torturas que nunca dejaron de estar extendidas en nuestras policías, desde golpes en las plantas de los pies hasta el tristemente conocido “submarino seco”.

Buena parte de estas prácticas son aceptadas por los jóvenes con la resignación que suele acompañar a lo percibido como inmodificable. La policía puede vedar el acceso de ciertas personas a algunos sectores de la ciudad, quedarse con sus pertenencias, encerrarlos, trasladarlos, violentarlos. De hecho, lo viene haciendo de manera sistemática desde hace mucho tiempo, sin que nadie pueda (o quiera) tomar medidas efectivas al respecto. El Poder Judicial y los responsables políticos de la institución policial basculan entre la tolerancia de esas prácticas –en la mayor parte de los casos– y la impotencia para hacerles frente. Estas situaciones han contribuido a la instalación de un patrón de conducta entre los jóvenes y sus padres que los lleva a no radicar denuncias por estos episodios. Estas decisiones se basan en un cálculo bastante realista de las posibilidades que tiene un trámite de este tipo de alcanzar un resultado aunque sea medianamente satisfactorio. Los pocos chicos que han tenido el coraje de denunciar estas acciones e intentar hacer valer sus derechos han fracasado en sus tentativas y, además, han tenido que soportar represalias y amenazas. Sin embargo, junto a la aceptación y naturalización de estas prácticas han ido brotando entre estos grupos también sentimientos y emociones, acumulados y sedimentados, que trascienden a los individuos y que están incorporados a sus universos simbólicos y vitales. Humillación, rabia, resentimiento, marcan estas trayectorias de vida y se mezclan con el extendido malestar generado por la pobreza y la exclusión social.

En definitiva, “violencias invisibles” contra los supuestos autores de las “violencias visibles”, y contra todos aquellos que se les parezcan. ¿Es este un problema de la policía, que se agota en el marco del vínculo entre estos dos colectivos que, como hemos dicho, siempre fue conflictivo? En estos días se ha hecho bastante obvio que no. No vamos a terminar de comprender la violencia policial contra estos jóvenes reafirmando que las culturas policiales son violentas, autoritarias, militarizadas –aunque indudablemente lo sean, en mayor o menor medida–. De hecho, es posible detectar entre los funcionarios policiales opiniones y sentimientos con respecto a estos temas que no circulan rebotando nada más dentro de unos imaginarios límites institucionales de las policías. Los atraviesan hacia el territorio más o menos indefinido de lo social, de la “opinión pública”. Y a su vez, también se puede ver cómo muchas de las voces que se pronuncian desde “fuera” de la institución se replican “dentro”, en los pareceres de los agentes policiales.

Estas opiniones, definiciones y sentimientos –tanto dentro como fuera de la institución– son precisamente aquellos que remiten a un impresionante incremento en la cantidad de delitos que se ha producido en los últimos años. Esta mayor difusión ha sido acompañada, de acuerdo con estos relatos, por un aumento en la violencia de quienes llevan adelante esas acciones delictivas, y por una disminución de sus edades. Además, se adjudica a un fenómeno que se define como “la droga” la presencia de una mayor irracionalidad e imprevisibilidad en los sujetos que transgreden la ley. Por detrás de estas opiniones ha coagulado una imagen del transgresor: joven, pobre, varón, que no tiene “códigos” y que, por lo tanto, se ha vuelto más “peligroso”. Y se han estabilizado una serie de emociones y sentimientos colectivos entre los que se mezclan el miedo, el temor, la indignación y –aquí también– el resentimiento.

Por otro lado, una gran cantidad de policías y numerosas voces desde fuera de la institución coinciden también en afirmar que las transformaciones en las cantidades y las modalidades de los delitos se deben, por lo menos en gran parte, al déficit en las intervenciones estatales, fundamentalmente punitivas, frente a este problema. Se critica a una supuesta benevolencia de las leyes, a una indolencia política, a un pretendido garantismo judicial. Está instalado que el Estado “castiga poco”, que una mayor presencia del sistema penal podría incidir sobre aquellas transgresiones. Si las leyes fueran más duras, los responsables políticos más firmes, los jueces más severos, los índices de delitos violentos bajarían. “Algo hay que hacer”, se repite una y otra vez. Esos reclamos de restablecimiento de un supuesto orden añorado se presentan en muchas ocasiones de formas apasionadas, buscando comunicar públicamente aquellos sentimientos.

No podemos acceder a los complejos procesos a partir de los cuales se conforman esas opiniones y emociones que, como un espejo, se replican entre ciudadanos que son funcionarios policiales y ciudadanos que no lo son. Es muy difícil conocer sus genealogías, los mecanismos a partir de los que se instalan, se difunden y se consolidan; saber qué participación tiene la institución policial en la configuración de esos discursos y sensibilidades colectivos; acceder a la forma en la que están engarzados en transformaciones estructurales que han conmovido a nuestras sociedades. Pero son potentes valoraciones y descripciones sobre el orden social y su crisis, y se apuntalan mutuamente.

Ahora bien, no es significativo si estas definiciones son adecuadas o no, o si son lecturas de la realidad más o menos apropiadas. Lo importante es que esas opiniones y sentimientos cada vez más extendidos acaban, en muchos casos, habilitando y legitimando las acciones policiales violentas contra los jóvenes. La difusión de estas posiciones –que por momentos vuelve muy difícil encontrar voces alternativas a ellas– favorece la expansión de esas prácticas de diversas maneras. Una de ellas, muy importante, es que son las que permiten a los policías construir justificaciones para esas prácticas que resultan “aceptables” no solamente para ellos sino para otros grupos y colectivos. Sustentan aquellas definiciones policiales a las que hicimos referencia acerca de la imposibilidad que tendrán estos jóvenes de imponer un relato, una versión, una verdad. Les sirven a los policías para responder a una hipotética pregunta que se les hiciera acerca de por qué actuaron de esa manera. “Porque no queda otra”, es necesario actuar frente a esto que mucha gente define como un verdadero “flagelo”. “Porque no le hago mal a nadie”, el mal lo hacen “ellos”. “Porque no se puede hacer otra cosa frente a delincuentes de este tipo, violentos e irracionales, que no entienden por otros medios”. En la medida en que los funcionarios puedan prefigurarse que estas justificaciones serán aceptadas en distintos grupos o en círculos sociales cada vez más amplios es más probable que desarrollen sus acciones violentas.

En definitiva, la difusión de la inseguridad y del miedo, el temor generado por la extensión de la violencia delictiva y sus pretendidas amenazas al orden social, la condena aterrada de esa violencia visibilizada y multiplicada, contribuyen a generar algunas de las condiciones sociales necesarias para la expansión de otras violencias, menos visibles, que afectan a vastos sectores de la población reforzando su situación de vulnerabilidad.

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