Políticas públicas para la economía social y solidaria en un contexto de transformación productiva: el caso ecuatoriano

Políticas públicas para la economía social y solidaria en un contexto de transformación productiva: el caso ecuatoriano

Por Jeannette Sánchez

A pesar de los importantes avances registrados en los últimos años en Ecuador, aún resta resolver definitivamente el problema de la desigualdad y la pobreza. Si bien la Constitución de 2008 da algunas herramientas para lograrlo, los actores económicos de la EPS tienen que mejorar las condiciones de productividad y eficiencia para dejar de perpetuar la miseria y alcanzar el buen vivir.
 
Analista e investigadora en temas de desarrollo y políticas públicas. Ex ministra de inclusión económica y social, ex ministra coordinadora de desarrollo social, y ex ministra coordinadora de política económica en la República de Ecuador


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Este artículo es una versión ajustada del artículo “La necesaria integralidad de las políticas públicas para la economía social y solidaria” publicado en La economía popular y solidaria. El ser humano por sobre el capital. MIES-IEPS, Quito, 2014.

El presente trabajo busca aportar a la construcción de políticas públicas para la economía popular y solidaria (EPS) y para el sistema económico social y solidario (SESS), basado en la experiencia ecuatoriana, en el marco de un proceso de transformación productiva que busca alcanzar una especialización económica más dinámica y sostenible que satisfaga las necesidades de reproducción ampliada de toda la población en la búsqueda del buen vivir individual y social.

Restricciones estructurales y transformación productiva de la economía ecuatoriana

Pese a la dinámica económica de la última década, la economía ecuatoriana presenta al menos dos problemas estructurales complejos: la gran heterogeneidad económica y la especialización económica primario exportadora.

La heterogeneidad económica se puede observar en las diferencias de productividad por ramas y sectores, importante porque luego marca diferencias en la distribución primaria del ingreso y en los niveles salariales. En el gráfico 1 se puede observar esas diferencias en la economía no petrolera de Ecuador, siendo particularmente bajos los niveles donde normalmente opera la economía popular y solidaria como son la agricultura y el comercio, que son a su vez sectores de alta concentración de empleo. Por otra parte, considerando el empleo en el sector informal, el empleo en microempresas e independientes del sector formal, y el servicio doméstico como una aproximación a la economía popular, el 57,8% del total de la población económicamente activa estaría ocupada en la economía popular. Aparte, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria habla de 20.149 unidades formalizadas de economía solidaria (asociaciones, cooperativas, empresas comunitarias, etc.). Se puede destacar, juntando estos dos sujetos de la economía, la importancia que tiene la economía popular y solidaria en la estructura heterogénea del mercado laboral ecuatoriano por un lado, y por el otro, la baja productividad que, en promedio, caracteriza a estos actores de la economía.

Un correlato de la heterogeneidad estructural es la desigualdad. Si bien la desigualdad y la pobreza han disminuido de manera importante en el gobierno del presidente Correa (2007-2013), estos problemas no están resueltos. Todavía el 10% más rico acapara 25 veces más ingresos que el 10% más pobre de la población. Las políticas redistributivas que se han implementado en los últimos años (2007-2013) en el contexto de un ciclo económico favorable han resultado insuficientes para enfrentar los problemas de la heterogeneidad estructural, por ello se busca incentivar una transformación productiva inclusiva. En ese contexto es clave visibilizar lo que corresponde hacer con la economía popular y solidaria, con la economía privada en general y con la economía pública para promover esa transformación productiva que aliente un sistema económico social y solidario.

La estructura económica y su especialización primario exportadora, por otra parte, vulneran la economía ecuatoriana y su sistema monetario dolarizado. Como podemos observar en el gráfico 2, la estructura del aparato productivo casi no ha cambiado en la última década, si bien en algo han aumentado los servicios. En lo que respecta a exportaciones, el 81% de las mismas para el año 2013 fueron exportaciones primarias, aspecto que también es una característica histórica.

Esta especialización productiva representa un problema porque tiende a aumentar la brecha externa, esto es, las diferencias de productividad con otros países que compiten con recursos de mayor conocimiento y tecnología, que se valoran mejor en el tiempo, mientras el país queda expuesto a los cambios siempre volátiles en la demanda y en los precios de los bienes primarios del mercado mundial. Por otra parte, la demanda interna se va satisfaciendo cada vez más con bienes importados y el país va perdiendo soberanías clave como la alimentaria, por ejemplo, donde se concentra parte de la economía popular y solidaria, si bien se avanza en la soberanía energética. Ambos procesos van menoscabando las divisas que requiere el país, lo cual es particularmente complejo en un sistema dolarizado. El déficit comercial para el 2013 alcanzó los 1.193 millones de dólares, esto es el 1,3% del PIB. Si bien en términos macroeconómicos estáticos no es un déficit alto, el problema se presenta en términos dinámicos, por su continuo crecimiento desde la dolarización ocurrida en el año 2000, y por su gran dependencia del superávit petrolero, pues el déficit no petrolero alcanzó ya los 9.211 millones de dólares en el 2013. Por ello, la necesidad de la transformación productiva que cambie la especialización económica y que articule dinámicamente a todos los actores económicos, incluyendo los de la economía popular y solidaria.

Las políticas deben considerar los desafíos de equidad, eficiencia, productividad y transformación productiva si se quiere alcanzar el buen vivir. No es suficiente ser solidario, ni tampoco es suficiente la transformación productiva. Ambos procesos deben avanzar simultáneamente si queremos mejorar las condiciones de reproducción y queremos tener una buena vida para todos que se sostenga en el tiempo.

Las respuestas constitucionales

La Constitución del Ecuador de 2008 da algunas respuestas para confrontar los problemas advertidos. Desde el lado de la desigualdad, aparte de los temas redistributivos y las políticas sociales se define al sistema económico ecuatoriano como un sistema social y solidario centrado en el ser humano como sujeto y fin, que “propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objeto garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir” (art. 283 Constitución 2008).

Por otra parte, la Constitución visibiliza por primera vez los actores de la economía popular y solidaria. Establece tres formas de organización económica: pública, privada (empresarial), y popular y solidaria. Cabe aclarar que el SESS es un sistema amplio de normas, valores, instituciones y prácticas que permiten la organización entre las personas para la producción de bienes y servicios que permiten la reproducción ampliada de la vida de todos para alcanzar el buen vivir de forma sostenible, mientras la EPS representa a formas de organización económica particular.

La política pública debe considerar estos tres sujetos distintos, en un contexto de una economía dinámica, pero también democrática y sostenible. La misma Constitución, en función de las condiciones desiguales de partida de estos actores económicos, establece la necesidad de que se definan políticas para fortalecer a la economía popular y solidaria. En suma, es fundamental que tengamos en consideración todos los sujetos en todos los niveles, pero también consideremos compensar brechas y dar más poder, y no sólo asistencia, a los que menos tienen. Por otra parte, es muy importante que el concepto y la visión social y solidaria se incorporen en cada uno de los actores, y que el Estado deliberadamente lo impulse.

Por otro lado, desde la perspectiva de especialización productiva, existen algunas directrices. La Constitución claramente establece que se debe favorecer sobre todo la soberanía alimentaria y energética, y propiciar la incorporación de valor agregado con máxima eficiencia dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y las culturas. En los aspectos comerciales se plantea la necesidad de fortalecer el mercado interno y la producción nacional, e impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. De este modo, está claro que la especialización productiva actualmente existente debe ser modificada: por una parte, depender menos de recursos agotables, por otra parte impulsar la producción para el mercado nacional que minimice la necesidad de importaciones, al menos en los campos alimentario y energético, propender a una economía de mayor conocimiento tanto para satisfacer las necesidades legítimas y sostenibles del buen vivir de todos, como para responder a una demanda internacional más dinámica que nos permita la generación adicional de divisas en el tiempo para sostener la economía.

Políticas para el sistema económico social y solidario

Las políticas para enfrentar los temas estructurales de la desigualdad y la especialización productiva y propiciar un sistema económico social y solidario deben ser políticas integrales. Necesitamos políticas macroeconómicas y sectoriales, políticas sociales, políticas de talento humano, ciencia y tecnología, políticas de infraestructura y conectividad, políticas activas por actor económico, entre otros, aplicadas en los territorios concretos, que apunten a movilizar todos los recursos que tenemos desde lo público y lo privado en la resolución de los problemas y necesidades de todos.

En el nivel de la transformación productiva, el gobierno nacional de Ecuador se plantea transitar hacia una economía basada en recursos finitos, más intensivos en conocimiento, que en recursos naturales (Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017). En definitiva se busca una transición hacia una economía post-petrolera, que mejore las eficiencias de innovación (conocimiento, tecnología, productividad) y de demanda (mercados nacionales e internacionales, aumento de la densidad o tejido económico), pero que también logre mayor equidad y reduzca las brechas socioeconómicas y de productividad con sostenibilidad ambiental. En este marco es clave vincular las políticas dirigidas al cambio de matriz productiva con las políticas que alienten un sistema económico social y solidario.

En esta dirección, si consideramos al menos las políticas macroeconómicas, las políticas de entorno y las políticas sectoriales, se puede plantear un grupo de propuestas básicas que deben ser reforzadas con los insumos y la participación de los actores en sus territorios y en sus espacios de producción.

Las políticas macroeconómicas deben re-institucionalizar el sistema económico y crear o ampliar mecanismos sistémicos de distribución más justos, que deben ser transversales en la consideración de cualquier cambio en la estructura productiva. Esto se puede lograr regulando y controlando los abusos de mercado, la concentración-excluyente, dando mayor acceso a los activos productivos a quienes menos acceso tienen (financiamiento, tierra, agua, vivienda, etc.), fortaleciendo a los distintos actores de la economía, sobre todo aquellos que más democratizan la acción económica a través del empleo, la distribución de ingresos (Mipyme, EPS), entre otros. Los actores económicos de la EPS tienen que tener un compromiso de mejoramiento en las condiciones de productividad y eficiencia, pues no se trata de perpetuar la pobreza, sino de buscar un mejoramiento social y económico con mayor democracia, pero también con dinamismo y sostenibilidad.

Las políticas redistributivas como la política tributaria, la política fiscal, la inversión pública y social (educación, salud, protección y seguridad social) tienen que ser consistentes también con ambos objetivos: el de equidad y el de transformación productiva. Impuestos progresivos que permitan la redistribución, la inversión social en las capacidades de los ciudadanos, pero que también alienten la inversión productiva y la infraestructura productiva. El impulso de mercados como el de compras públicas, donde el Estado puede disponer políticas de inclusión y favorecer la producción nacional es necesario. Al respecto ya se ha avanzado en el caso ecuatoriano, pero hace falta consolidar el proceso y lograr impactos.

Adicionalmente, en el campo macroeconómico se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. Por un lado, movilizar el financiamiento adecuado para propiciar la transformación productiva incluyente, para ello la banca de desarrollo juega un papel fundamental. Por otro lado, regular un macro precio clave como la tasa de interés y otras acciones que favorezcan la colocación del crédito en el sector productivo y en actores como las Mipyme y la EPS (encajes, requerimientos de liquidez, etc.). Complementariamente se deben desarrollar otros instrumentos financieros como los fondos de garantía, seguros, mercado de valores (más inclusivo), entre otros, que aseguren el acceso de los actores y sectores definidos al financiamiento.

La búsqueda permanente de satisfacer, al menos en temas estratégicos, el mercado nacional con la producción del país debe contar con políticas explícitas de sustitución de importaciones, que apoyen la soberanía alimentaria, por ejemplo, y fomenten la mayor calidad, productividad y valor agregado en la producción nacional. Este mismo impulso se debe dar al resto de industrias, donde existen o se pueden adecuar condiciones dinámicas para su desarrollo hacia el mercado interno y externo. Las políticas macroeconómicas tanto de sustitución de importaciones como de promoción a las exportaciones son muy importantes particularmente en un sistema dolarizado; es importante sin embargo superar los errores del pasado, y plantear estas políticas contra metas y resultados claros y con la flexibilidad suficiente para ajustarlas en el tiempo. Es menester impulsar en estas dos líneas la presencia de la economía popular y solidaria, no en la cola de la dependencia de las cadenas productivas, sino en una inclusión activa que empodere y fortalezca esas economías, que mejoren productividad y avancen en tecnología y conocimiento. Para apoyar este proceso, la política comercial debe cumplir un rol activo a favor del desarrollo democrático, sostenible y de la equidad.

Por otro lado, es fundamental mejorar las condiciones de entorno que alienten tanto las condiciones de competitividad sistémica con el exterior como la complementariedad de la economía doméstica, tanto en las producciones tradicionales como en las nuevas. Una política de entorno clave es la política de talento humano y fomento de una cultura de emprendimiento e innovación consistentes con los objetivos planteados. A estas políticas deben acompañar las políticas de ciencia, tecnología e innovación productiva y social, no centradas en enclaves productivos, sino en cadenas dinámicas y densas que articulen territorios y que apoyen dinámicamente a la resolución de las necesidades más apremiantes de la sociedad y su aparato productivo. Finalmente, en el nivel más macro los temas de logística, energía y conectividad pensados en la lógica de las dinámicas y potencialidades de los territorios deben desarrollarse coherentemente.

Finalmente, las políticas sectoriales (agropecuarias, industriales, turismo, servicios), que son importantes para incentivar particularmente los sectores que apoyen el cambio de la matriz productiva en la dirección referida y que sean adecuadamente incluyentes, deben impulsar las prácticas solidarias, apoyando a la asociatividad (regulaciones e incentivos), la organización cooperativa, las cadenas de valor incluyentes y justas, la responsabilidad social democrática, promover reservas de mercado (compras públicas) y comercio justo, entre otros. Las políticas sectoriales, por otra parte, deben propiciar la disminución de las brechas entre ramas, sectores, territorios y actores económicos. Dichas políticas deben incorporar claramente a los actores de la economía popular y solidaria. No se puede estandarizar todas las políticas, porque los actores son diferentes y tienen distintas capacidades y recursos, deben existir políticas diferenciadas que atiendan y fortalezcan deliberadamente a los actores de la EPS. A continuación se analizan las posibilidades que se tendrían en este campo.

Políticas para la economía popular y solidaria

Pensar las políticas para la EPS en un escenario de transformación productiva es muy importante para asegurar su inclusión adecuada e impulsar sus potencialidades en un contexto de cambio que puede presentar oportunidades y ampliar la economía social y solidaria.

La EPS en Ecuador es heterogénea y existen al menos dos tipos de actores por sus formas de organización, aquellos de la economía popular y los de la economía solidaria. Esta economía moviliza capacidades y recursos propios, aunque limitados, constituyéndose en una base socioeconómica clave que ha logrado confrontar las secuelas de la pobreza y desigualdad, y resistir las crisis evitando consecuencias sociales mayores. Sus actores se concentran sobre todo en las actividades relacionadas con la soberanía alimentaria, apoyan la producción de vivienda social urbana y rural, operan en el campo turístico, en la provisión de algunos insumos de la industria manufacturera y tienen un rol importante en la provisión de ciertos servicios como los financieros. Existe creatividad e innovación aunque limitada a la información que manejan, tienen manejo del riesgo, capacidad de reaccionar a situaciones difíciles y capacidad de adaptarse a los cambios cuando sea necesario. Todo ello es una potencialidad insuficientemente aprovechada para el desarrollo de sus propios actores y de la sociedad en su conjunto, pues enfrentan problemas de acceso a recursos productivos, a mercados, y tienen baja productividad (en promedio) e información.

Si se fortalece adecuadamente este tipo de economía bajo la visión de avanzar de la economía popular hacia una economía más organizada, de mayor escala y principios más afines al bien público y no sólo individual, como la economía solidaria, junto a los otros actores económicos en el marco de una transformación productiva incluyente, se puede promover un sistema económico más dinámico, a la vez de más social y solidario.

Es fundamental trabajar desde el ámbito público de una manera integral, considerando tanto la transversalidad de políticas de acción afirmativa de la EPS en los niveles macroeconómicos y sectoriales, sobre lo que se comentó ya algunas iniciativas, como en las políticas activas de la EPS. En esta parte se abordarán políticas sectoriales que en el marco de la transformación productiva incluyan a la EPS, y políticas activas para la EPS.

En el caso ecuatoriano se ha avanzado en la creación de instituciones y normativas pero menos en las políticas. A nivel institucional se cuenta con instituciones especializadas o de corte más general pero que incluyen el sector de la EPS: Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS); Corporación Nacional de Finanzas Populares (Conafips); Comité Interinstitucional de Economía Popular y Solidaria; Junta Monetaria y Financiera para la regulación monetaria y financiera que incluye la regulación en las finanzas populares, y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). También se han creado normativas para el desarrollo, regulación y control de la EPS: ley de economía popular y solidaria, reglamento de la ley EPS, Código Monetario y Financiero. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por desarrollar en el nivel del diseño de políticas y particularmente de su implementación. Hay un trabajo técnico y operativo que debe ir madurando y acumulando experiencia en dimensiones clave como los sistemas de información, el diseño de políticas especializadas, los modelos de gestión e implementación de políticas en territorio. Este es un gran desafío sobre todo para el Instituto de Economía Popular y Solidaria como para la Corporación Nacional de Finanzas Populares.

Considerando las políticas sectoriales en el marco de la estrategia de cambio de la matriz productiva existen al menos tres posibles líneas de acción.

En primer lugar, las distintas cadenas impulsadas para la transformación productiva que deben ser vanguardistas en innovación y conocimiento deben incluir, en lo posible, altos encadenamientos de la EPS, siempre en el entendido que se propicie una vinculación empoderante, que tenga ventajas en términos de transmisión tecnológica y de conocimiento sin dependencia, que ayude a acelerar los procesos de fortalecimiento de talento humano y mejoramiento de la productividad, y que admita condiciones justas de negociación. Esta política de inclusión debe estar acompañada de políticas activas de fortalecimiento de la EPS para que el efecto sea adecuado.

En segundo lugar, se debe impulsar el desarrollo del conocimiento e innovación en cadenas tradicionalmente atendidas por la EPS como en el sector alimentos, que busquen apoyar además la seguridad alimentaria, mejorando no sólo productividad sino desarrollando nuevos productos con mayor valor agregado. Como en el caso anterior, aquí cabe complementar con políticas activas de refuerzo a la EPS.

En tercer lugar es fundamental fomentar en otras cadenas nuevas e innovativas la economía social y solidaria, y la organización de los actores, en cuanto sea posible y se tenga la voluntad de los mismos para hacerlo (por ejemplo: cooperativas de provisión de servicios para las TIC).

Por otra parte, hay que considerar que en el entorno indispensable para alentar la transformación productiva incluyente, aparte de las políticas económicas ya señaladas, las políticas de talento humano y la promoción de la cultura emprendedora y de innovación, así como el consumo responsable, deben tomar en cuenta no sólo el ambiente empresarial sino el particular ambiente de la economía solidaria, que no debe ser encasillado en la pobreza sino en la oportunidad de un desarrollo más justo, para que la EPS cumpla un rol más efectivo, de mayor productividad y eficiencia, con un gran aporte a la equidad y a la disminución de brechas.

En cuanto a las políticas activas para la EPS, sabemos que no existen recetas, y así debemos crear posibilidades sobre la marcha, mirando algunas buenas prácticas y referentes internacionales. En este proceso es clave contar con espacios de diálogo y participación de los propios actores de la EPS, así como de aquellos que les brindan servicios en los territorios concretos.

Existen al menos tres consideraciones clave para la definición de políticas activas para la EPS. Primero, las políticas deben reconocer la heterogeneidad del sector: economía popular (de reproducción simple a reproducción ampliada), y economía solidaria, y por lo tanto, tener políticas diferenciadas que deberán moverse desde la protección a la promoción y desarrollo, según el sujeto. Segundo, las políticas deben deliberadamente impulsar la economía solidaria, y promover y organizar la economía popular hacia la economía solidaria, no sólo por sus méritos en términos distributivos, sino para alcanzar escalas y eficiencia. Tercero, las políticas deben tener fuertes anclajes en el territorio, pues es allí donde deben articularse para movilizar los recursos y las oportunidades con un sentido y una direccionalidad clara.

En este contexto, las políticas activas para la EPS, cuyo impulso les corresponde al IEPS y Conafips, deben concentrarse en términos generales en fortalecer capacidades, apoyar la organización, ampliar los accesos a activos productivos, promover mercados, y consolidar un sistema de información adecuado sobre el sector para toma de decisiones.

El fortalecimiento de capacidades pasa por favorecer la capacitación, asistencia técnica, innovación, entre otros. Más allá de los contenidos, que sólo toman forma en las realidades concretas en territorio, la estrategia de acceso es muy importante. Se debe operar desconcentradamente, a través de redes de oferentes de servicios, creando mercados de servicios financieros y no financieros especializados para la EPS (universidades, institutos tecnológicos, sociedad civil, gobiernos autónomos descentralizados, instituciones públicas). No es posible resolver las miles de necesidades de capacitación y asistencia técnica diferenciada de la EPS desde la burocracia central. Las instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil y de la EPS en territorio tienen la ventaja del conocimiento de la información específica de los actores y sus necesidades, y de acuerdo a su especialización tienen la capacidad de producir una oferta de servicios acorde con esas necesidades. Así es preferible y deseable fortalecer a estas redes que crear una oferta desde el centro.

Igualmente se debe apoyar la organización, asociatividad y promoción de la economía solidaria para escalar y mejorar la producción y las posibilidades de inserción en los mercados.

Sobre acceso a mercados ya se ha hablado particularmente en el campo de las compras públicas, pero es muy importante ampliar las posibilidades en los mercados nacionales e internacionales. La inserción en cadenas dinámicas de manera adecuada y con negociaciones justas, como se ha advertido, es una posibilidad. Otra es la de los centros de distribución, así como los mercados directos de bienes finales a nivel nacional. Finalmente, la exploración de nichos diferenciados y comercio justo en el mercado internacional.

Otro tema clave es el impulso de políticas que consideren la situación de vulnerabilidad de los actores. Se requiere, para los sectores de mayor vulnerabilidad, políticas integradas de protección y promoción social junto a crédito supervisado, capacitación, asistencia técnica y asociatividad. El gobierno actual ha desarrollado más las políticas de protección y transferencias sociales, pero tiene retos pendientes en el campo de la promoción social y económica que ameritan particular atención.

Para los actores de la EPS que ya se encuentran en mejor situación y posibilidades de acumulación, las políticas de promoción y desarrollo son las más adecuadas. Para ello se debe facilitar el acceso a la innovación tecnológica y social para mejorar la productividad, promocionar mercados en los sentidos ya referidos, y el resto de políticas ya mencionadas en los niveles de fortalecimiento de capacidades y acceso a activos financieros y productivos.

Finalmente y no menos importante es el desarrollo de un sistema de información especializada y a la vez compatible con el sistema de cuentas nacionales, pues sin información no podemos crear políticas más adecuadas. El Banco Central del Ecuador ya está desarrollando una cuenta satélite en EPS que es fundamental concluir y articular a la información del resto de la economía.

Conclusiones

La persistente heterogeneidad económica y un sistema dinámicamente excluyente marcan una desigual distribución en la socio-economía ecuatoriana, pese a los avances sociales y económicos basados en políticas redistributivas y en un contexto internacional favorable. La especialización productiva, por otro lado, pone límites físicos a la dinámica de la economía plural ecuatoriana y restringe cualquier intento de favorecer un sistema económico social y solidario de manera sostenible. Se requiere por lo tanto pensar en una economía de transición que confronte estas dos problemáticas básicas para mejorar las condiciones de sostenibilidad y equidad en el tiempo de la economía.

Se requieren políticas deliberadas tanto para favorecer el sistema económico social y solidario que plantean la Constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir en Ecuador, como políticas para la economía popular y solidaria, que son un sujeto económico particular que requiere fortalecimiento deliberado, dada su mayor desventaja estructural e histórica.

Se requieren políticas de transformación productiva para cambiar la desfavorable especialización productiva de Ecuador. Pero esta transformación productiva que se plantea el gobierno ecuatoriano debe ser una propuesta incluyente, debe construir un proceso movilizador de recursos del conocimiento e innovación para resolver los problemas más importantes y vitales de los ciudadanos, para mejorar transversal y sinérgicamente las maneras de producir, distribuir y consumir responsablemente con la sociedad de hoy y del futuro.

En este sentido el artículo sugiere algunas políticas para ampliar el sistema de economía social y solidaria y fortalecer la economía popular y solidaria que buscan ser sólo un primer paso de un proceso más creativo que aproveche las oportunidades que abre la decisión política de una urgente transformación productiva para la sostenibilidad de un país post-petrolero.

Los desafíos sin embargo son importantes. Por un lado, la ampliación y consolidación de un SESS en una economía plural que supere la heterogeneidad estructural. Por otro lado, el cambio estructural y la transformación productiva de toda la economía desde la EPS hasta el SESS. La implementación de la política no es un desafío menor y es clave articular la acción de las distintas instituciones económicas y productivas, las de la EPS con los actores en territorio para lograr acciones más certeras y movilizar de mejor manera los recursos, las políticas y servicios tanto en el nivel central como territorial. Finalmente es clave consolidar un sistema de información de la EPS que se incorpore en la información económica agregada de todos los sectores.

En suma, en el caso ecuatoriano se han hecho avances importantes en la institucionalidad y las normativas, pero falta consolidar las políticas que permitan lograr el fortalecimiento de la economía popular y solidaria, y ampliar el sistema de la economía social y solidaria en el marco de una transformación productiva pendiente e indispensable en un horizonte post-petrolero. En todo caso es un proceso en movimiento que puede traer lecciones para el resto de la región.

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Economìa Social y Solidaria

Artículos de este número

Jeannette Sánchez
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