Paraguay, la “Triple Frontera” y la representación imperial de los peligros

Paraguay, la “Triple Frontera” y la representación imperial de los peligros

Por Sonia Winer

Desde la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días, Paraguay se constituyó como base de operaciones para los objetivos imperiales de Estados Unidos en la región. Desde la funcionalidad de Stroessner hasta la amenaza a la seguridad nacional encarnada por la Triple Frontera, pasando del comunismo al narcotráfico y al terrorismo, el objetivo real es gestionar el tráfico de mercancías, personas, naturaleza e información en función de los intereses norteamericanos y los de sus aliados.
 
Lic. en Ciencia Política y Doctora en Ciencias Sociales de la UBA. Magister en estudios latinoamericanos por la Universidad Toulouse Le Mirail II. Investigadora del CONICET y profesora de la materia Cultura para la Paz y DD.HH. de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA


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En el siguiente artículo pretendemos demostrar la relevancia del Paraguay como base de operaciones para los objetivos imperiales de Estados Unidos en la región. El texto recorrerá la funcionalidad de Stroessner en dichos planes, los cambios en los relacionamientos entre Asunción y Washington, las transformaciones en la estrategia con respecto a las nuevas representaciones del enemigo –pasando del comunismo al narcotráfico y al terrorismo–, el rol de los medios y cómo la Triple Frontera debe comprenderse como un capítulo más en esta lógica por el control regional.

Estados Unidos y el fin del stronismo en Paraguay: los años ’80 y el cambio de época

Los archivos del Comité del Programa de Asistencia de Defensa Militar desclasificados en 2001 dan cuenta de la buena recepción de los funcionarios norteamericanos cuando, durante su visita al Palacio de López en 1955, el general Alfredo Stroessner (presidente entre 1954-1989) y su ministro de Defensa destacan la importancia geopolítica de Paraguay y su firme apoyo a los objetivos militares marcados por la Casa Blanca, afirmando que el país suramericano se constituiría en una base “para defender al continente” de la amenaza comunista que asolaba la región.

Stroessner había llegado al poder el 15 de agosto de 1954 mediante un golpe que derrocó al presidente democráticamente electo un año antes, Federico Chaves, y, apoyado de manera continua por cinco administraciones estadounidenses, impulsó un proceso de modernización conservadora cimentado en un régimen autocrático que naturalizó la corrupción, convirtió al Paraguay en un laboratorio de “prueba” de prácticas estratégicas imperiales y devino en una de las dictaduras más largas del Cono Sur.

De hecho, el primero de los embajadores enviado por la Casa Blanca luego del golpe, Arthur Ageton (con mandato entre 1954-1957), tuvo una actuación categórica sobre las decisiones del general-presidente paraguayo para disciplinar a sus adversarios políticos, tanto dentro del tradicional partido colorado (que continuará en el gobierno hasta el año 2008 y retornará al ejecutivo en 2013) como dentro de las fuerzas armadas. En ese momento Washington miraba con preocupación las simpatías que despertaba Epifanio Méndez Fleitas, un líder popular cercano al peronismo –considerado por el Pentágono como un izquierdista en potencia– cuya corriente partidaria había comprometido al ex presidente Chaves a firmar un Tratado de Unión Económica con el presidente argentino Juan Domingo Perón en 1953.

Ageton informó a Stroessner del apoyo estadounidense para purgar al estamento militar y partidario de “epifanistas” y de allí en más comenzó a ser consultado en todo lo relativo a las decisiones gubernamentales. El autócrata llegaría a referirse al diplomático de Estados Unidos como “el mejor de los miembros de mi gabinete”, introduciendo de este modo una injerencia extraordinaria –por parte de la embajada norteamericana en Asunción– sobre los asuntos clave de la política interna del país.

El Departamento de Estado, acorde con la doctrina que comenzaba a difundir en esa época, estaba interesado en contribuir por ejemplo a la creación del servicio de inteligencia local y, por lo tanto, envió expertos en “asuntos anticomunistas” para brindar entrenamiento y apoyo técnico al Paraguay para el disciplinamiento popular. Paraguay también fue uno de los primeros en participar de la Alianza para el Progreso, estrategia imperial a través de la cual se combinó asistencia económica y militar/policial –incluida la masificación de las técnicas de terror contrainsurgentes– con el objeto de instaurar “democracias sin comunismo” en la región y para promover los alineamientos con Estados Unidos en materia de política exterior.

Sin embargo, en la década de los ochenta las prioridades de la agenda norteamericana se modificaron y las viejas alianzas de alineamiento automático con la Casa Blanca de algunos países suramericanos se desgastaron.

Entre 1954 y 1977 la relación entre Paraguay –considerado el “bastión anticomunista” del Cono Sur– y Estados Unidos, la cual se había planteado en términos de “una amistad más fuerte que cualquier otra del hemisferio”, terminó por volverse en contra del régimen stronista, en tanto síntoma precoz de un cambio de época. Un precedente de esta transformación se encuentra en el llamado affaire Ricord, episodio que se desata cuando agentes de Washington que habían infiltrado la pista del francés Augusto Ricord –quien desde Asunción coordinaba el transporte del 50 por ciento de la heroína hacia Estados Unidos por medio de Paraguay–, denuncian públicamente que el territorio stronista funcionaba como sitio de asilo y de escala privilegiada del contrabando en América del Sur.

Aunque desde los años sesenta Paraguay venía ganando reputación como centro de distribución de narcóticos, recién a partir de las décadas siguientes las operaciones mediáticas en ese sentido se incrementaron preanunciando la modificación y el corrimiento de la representación estratégica de la amenaza desde el comunismo hacia el tráfico ilegal. Esto cambiaría la hipótesis de conflicto “ideológica” de la Guerra Fría, antes centrada en el peligro izquierdista/nacionalista insurgente, hacia las “nuevas amenazas” en apariencia desideologizadas como el narcotráfico y el terrorismo, estas últimas más acordes a los tiempos de post Guerra Fría.

A través de la prensa, Washington se aseguró de presionar al general Alfredo Stroessner (quien, insistimos, hasta ese momento había liderado un régimen autocrático dictatorial con el apoyo continuado de cinco administraciones norteamericanas) para que entregara a la Justicia norteamericana a Augusto Ricord y en 1973, tras la publicación de un artículo del periodista Jack Anderson que utilizaba como fuentes memorándums de la CIA, la cuestión del tráfico ilícito de drogas y mercancías pasó a dominar la relación entre Estados Unidos y Paraguay. Nixon amenazó con cortarle la ayuda económica a Stroessner si no accedía a entregar a Ricord. Luego de tensas marchas y contramarchas, Stroessner permitió la extradición del presunto contrabandista y el Palacio de López se apresuró a adherir a una serie de acuerdos y medidas bilaterales que exteriorizaran su compromiso en la lucha antinarcóticos con la esperanza de que pronto se olvidara el molesto incidente.

Pero luego del caso, la imagen internacional de Paraguay quedó dañada y los artículos periodísticos que hablaban sobre la “conexión stronista” con el floreciente narcotráfico internacional se propagaron por todo el continente anticipando la forma en que el Pentágono caracterizaría al enemigo durante el período de distensión y luego de implosionada la experiencia soviética. La mala fama del régimen paraguayo incluso apareció en Selecciones –la versión española del Reader’s Digest, por entonces la revista de mayor circulación en el mundo–, la cual tradujo una investigación de Natham Adams sobre el tema.

El affaire resultaría la primera de las muchas señales enviadas por la Casa Blanca advirtiendo que modificaba las prioridades de su política exterior a medida que iba perdiendo intensidad la Guerra Fría, pero Stroessner no les prestó la suficiente atención.

El viraje estadounidense se debía a las presiones ejercidas por el movimiento social norteamericano sobre Washington, las cuales habían logrado instalar la cuestión de la democracia y los derechos humanos, cuestionando la asistencia económica, militar y financiera del país a los regímenes dictatoriales suramericanos. Hasta Henry Kissinger –uno de los responsables de la Operación Cóndor en la región– comprendió que era necesario descomprimir la tensión generada por las protestas sobre el Congreso de Estados Unidos y advirtió públicamente a los regímenes latinoamericanos que “la represión sistemática tenía ciertos límites”.

Con la llegada de Jimmy Carter al gobierno (1977-1981), Paraguay se presentó como una “apuesta segura” para que la nueva administración publicara su preocupación por la democracia y los derechos humanos. La Casa Blanca decidió aprovechar la oportunidad definiendo el giro de su política exterior en detrimento del stronismo, el cual pagaría las consecuencias del período de “distensión”. Washington sentía que podía presionar al Palacio de López sin temor de que se produjera una revolución –porque la izquierda local se encontraba muy debilitada– y dio órdenes a sus operadores de emprender la ofensiva contra el régimen, amenazando con sanciones y aislamiento si no se liberaba a los presos políticos y se accionaba a favor de una liberalización post dictatorial.

El embajador de ese período, Robert White, llegó a ofrecer su residencia diplomática en Asunción para que los líderes antistronistas pudieran reunirse a conversar, lo que enfureció al autócrata y a los miembros de su entorno que apelaron a la prensa colorada local para denunciar la injerencia sobre la soberanía nacional y atacar a la figura de White.

Así surgía en 1979 el célebre Acuerdo Nacional, que reunía a los sectores políticos opositores al general-presidente, mientras que también bajo el amparo norteamericano se promovían informes estatales y de organismos no gubernamentales que acusaban al stronismo de torturar y asesinar adversarios y subversivos durante la dictadura militar –en contraposición con la posición adoptada por Estados Unidos en la década anterior–.
El Departamento de Estado, al dejar de proteger a su otrora aliado estratégico en la región, propició que durante los ochenta se difundieran públicamente las violaciones a los derechos humanos cometidas por Stroessner, quien aun así resistía las presiones liberalizantes aferrándose al statu quo. Con el esparcimiento de las denuncias en su contra y con el regreso de sus vecinos al sistema de democracias representativas y la visibilización de la lucha de los organismos de derechos humanos, el clima hemisférico se le tornó definitivamente hostil.

Para la segunda administración de Ronald Reagan (1981-1989), la Casa Blanca ya había decidido “sacrificar” los últimos vestigios dictatoriales gubernamentales que subsistían en América del Sur (Chile y Paraguay) para presentar una moneda de cambio a los parlamentarios estadounidenses que criticaban la renovación de los fondos destinados a la política antisandinista en América Central –evaluando que el canje no le significaba un peligro de seguridad importante, ni una pérdida económica vital–. El imperio necesitaba relocalizar el foco de la estrategia contrainsurgente en el Caribe y promover la desideologización de los peligros en el sur.

Entre mayo de 1984 y septiembre de 1985 aparecieron en jornales del norte más cantidad de artículos sobre el régimen paraguayo que los publicados en los treinta años precedentes, cuyos textos abordaban sistemáticamente la cuestión del contrabando y la corrupción gubernamental. El 4 de junio de 1984 Los Angeles Times, por ejemplo, detallaba la naturaleza cleptocrática del stronismo destacando que los militares se habían convertido en una “banda de buscavidas corruptos”; o el 30 de enero de 1985 The New York Times publicaba un relato de los materiales químicos confiscados por funcionarios norteamericanos en 1984 en la aduana paraguaya y del desaire de Stroessner al embajador Arthur Davis al negarle una audiencia; o el 8 de junio de 1987, cuando la sensacionalista New Republic titulaba “Paraíso de contrabandistas” a una investigación especial sobre Paraguay, mientras el famoso programa del canal CBS 60 Minutes proyectaba a Mike Wallace preguntándole a la audiencia televisiva cuál era el precio de la libertad, en alusión a “un país del tercer mundo gobernado durante treinta y un años por el hombre más despreciado y el dictador más odiado del mundo con afición a los sicofantes y a las jóvenes”. En palabras del embajador de entonces en Asunción, Timothy Towell, “Estados Unidos intervino para aislar al Paraguay hasta el punto de convertirlo en la Mongolia de América latina”.

Mediante estos modos el Pentágono ponía a prueba sobre el “laboratorio” paraguayo una práctica característica de la post Guerra Fría: la combinación de operaciones de prensa sobre la población con la financiación de grupos políticos opositores y fundaciones de la sociedad civil para la deslegitimación de un adversario, incluida dentro de una modalidad complejizada de intervención luego denominada “guerra difusa” por su indeterminación espacio-temporal.

El rol jugado por la National Endowment for Democracy (NED) en Asunción entre 1985 y 1988 se convertiría en un factor clave de esta modalidad, en tanto una de las principales encargadas de financiar a referentes sociales e intelectuales antistronistas por medio de organizaciones no gubernamentales. El objetivo consistía en alentar ideologías y valores afines a las nuevas prioridades estadounidenses, además de ir preparando las condiciones necesarias para la instauración de un gobierno post-stronista luego de la caída del dictador.

Para mediados de enero de 1989 las relaciones con Washington se habían tornado insostenibles y la capital se hallaba sumida en intrigas, rumores e incertezas, mientras la embajada norteamericana enviaba señales de que Stroessner ya no contaba con su patrocinio.

Si bien hasta 1988 la Casa Blanca había evitado todo contacto con el general Andrés Rodríguez (concuñado de Stroessner y futuro sucesor) –pues estaba convencida que este era el jefe del narcotráfico en el país–, en el mes de septiembre las prioridades de Estados Unidos se modificaron producto de su preocupación por la estabilidad y la polarización política que atravesaba Paraguay. El narcotráfico pareció perder importancia por un tiempo –al menos hasta que la crisis política se saldara–, y la embajada incrementó el trato con algunos referentes militares. A pesar de todo, la sede diplomática no parecía terminar de decidirse a apoyar el putsch.

En el mes de enero, Rodríguez y los demás oficiales decidieron no esperar más y la sorprendieron con la insurrección. Ni la embajada estadounidense ni la Casa Blanca hicieron nada por impedir que el golpe progresara, esto fue interpretado como señal de apoyo por parte de los insurrectos y el derrumbe se concretó. Entre 1989 y 2008 se produjo en Paraguay una apertura post dictatorial de corte neoliberal conducida por el Partido Colorado, las fuerzas armadas paraguayas y un entramado interagencial que no sólo incorporó agencias norteamericanas e israelíes, sino otras extranjeras afines al interés imperial.

La Triple Frontera como expresión de otro “nuevo” peligro: el terrorismo

Hacia finales de la bipolaridad y en las décadas posteriores de post Guerra Fría, como ya mencionamos, la idea de que las naciones del hemisferio debían defenderse conjuntamente del comunismo (al que se atribuía expertise en insurgencia al interior de la sociedad civil pero también se consideraba que contaba con ejércitos profesionales de países socialistas), fue reemplazada por otro tipo de adversario construido por Estados Unidos para justificar su plan de dominación continental: el nuevo “enemigo” asociado al narcotráfico y a una técnica de combate que aparecía menos ideologizada: el terrorismo.
Postularon entonces el carácter transnacional y diferente del militar (asimétrico y no estatal) de los riesgos “compartidos” por las naciones del hemisferio, cuyo “combate” precisaría de la coordinación técnica de agencias imperiales especializadas para entrenar a las fuerzas policiales de la región y también que los gobernantes latinoamericanos aceptaran ceder soberanía nacional en beneficio de la seguridad mundial.

La ciudad denominada Puerto Stroessner y luego Ciudad del Este, que había florecido comercial y migratoriamente gracias a la construcción de obras como Itaipú y Yacyretá, ubicada en la frontera paraguaya con Argentina y con Brasil, pasó a ser mencionada por los documentos del Pentágono y del Comando Sur de los Estados Unidos como ejemplo de “área gris” o “zona de no-derecho” que serviría de refugio y de “santuario” a redes terroristas relacionadas con el tablero político de Medio Oriente y con la colectividad libanesa radicada en este sitio.

Las investigaciones perpetradas a partir del atentado cometido contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994 ayudaron a fortalecer esta nueva hipótesis de conflicto, multiplicando operativos contraterroristas coordinados por agencias imperiales y abonando la demonización de las Tres Fronteras y su vinculación con el terrorismo islámico, a pesar de que los resultados de las investigaciones eran más que dudosos y poco efectivos.

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y en Washington, atribuidos a la red Al Qaeda y al saudita Osama Bin Laden, esta zona también fue señalada como “el principal foco de operaciones terroristas en América latina”. No tenemos aquí espacio para señalar la cantidad de versiones periodísticas y de estudios que invadieron las páginas de los diarios, pero es preciso mencionar los efectos y los intereses que se escondían tras esta representación estratégica de la amenaza de post Guerra Fría publicitada por doquier. Por un lado, al declarar el presidente George W. Bush la guerra preventiva e infinita a esta construcción del enemigo, daba por tierra con toda la normativa jurídica internacional y local que definía y limitaba las situaciones bélicas de conflicto, al tiempo que justificaba la militarización de ámbitos ricos en naturaleza y en recursos vitales para el complejo militar-industrial-empresarial norteamericano.

La modificación de la representación estratégica de la amenaza por parte de las agencias imperiales no fue más que la búsqueda por justificar a través de nuevos paradigmas la intervención imperial en puntos estratégicos de la región. El objetivo real no fue ni es combatir el tráfico de mercancías, personas, naturaleza e información; sino gestionarlo en función de sus propios intereses y los de sus aliados.

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