Mendoza, en donde la inseguridad la tiene el gobernante

Mendoza, en donde la inseguridad la tiene el gobernante

Por Gabriel Conte


 
Periodista. Director del diario MDZ. Ex subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Gobierno de Mendoza. Ex Director de la ONG Espacios. Cofundador de la Red Argentina para el Desarme y de la CoaliciĂłn Latinoamericana para la PrevenciĂłn de la Violencia Armada (CLAVE).


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Hace 15 años la provincia implementĂł una reforma y un plan integral de seguridad democrĂĄtica. Desde entonces se viene perdiendo terreno a manos de la corporaciĂłn policial. Es hora de retomar el rumbo para recuperar la confianza de la poblaciĂłn en el sistema de seguridad pĂșblica.

“En Mendoza nunca hubo un plan ni una polĂ­tica de Estado en seguridad”. La frase corresponde al gobernador Francisco PĂ©rez, quien asumiĂł en el cargo en el mes de diciembre de 2011. La pronunciĂł a mediados de marzo, en ocasiĂłn de convertirse en el cuarto mandatario que dice que implementarĂĄ la “policĂ­a judicial” (antes lo habĂ­an hecho Roberto Iglesias, Julio Cobos y Celso Jaque).

La frase es lapidaria y pretende dar por tierra con cualquier posibilidad de puesta en valor de los intentos de construcciĂłn de un gobierno civil de la seguridad que se realizaron –con notable esfuerzo, costo polĂ­tico y algĂșn Ă©xito– sobre el final del mandato del gobernador Arturo Lafalla (1995-1999).

En 1998, precisamente, luego de que la policĂ­a mendocina sucumbiera a su propia conducciĂłn, 15 años despuĂ©s de recuperada la democracia y sin que la polĂ­tica se haya inmiscuido en sus asuntos –creyĂ©ndolos ajenos– se decapitĂł a la conducciĂłn policial, se constituyĂł un nĂșcleo polĂ­tico multipartidario de respaldo a nuevas leyes que descentralizaron su funcionamiento, se creĂł un ministerio con conducciĂłn civil y se comenzĂł a trabajar en la implementaciĂłn de los institutos de control de los uniformados que se habĂ­an corrompido con el paso de los años.

Aquello fue una experiencia nunca antes realizada en la provincia que tenĂ­a, en su haber, el liderazgo nacional en casos de “gatillo fĂĄcil”, que con el primer gobierno democrĂĄtico en 1983 no cambiĂł, ni investigĂł, ni intervino la policĂ­a y que reciĂ©n en 1998 eliminĂł el Departamento 2, el fatĂ­dico D2, centro de espionaje polĂ­tico, social, gremial y estudiantil histĂłrico de la fuerza que fue responsable de la desapariciĂłn y asesinato de personas durante la dictadura.

Para llevarla adelante, se tuvieron que poner de acuerdo en cuestiones bĂĄsicas los partidos polĂ­ticos e involucrar a la sociedad civil que antes sĂłlo demandaba, sin participar, mayor seguridad.

CoincidiĂł ese momento con un pico de “inseguridad” real de la que la policĂ­a era protagonista, corrompida hasta la mĂ©dula. Pero este dato no se condice con el interĂ©s que los medios masivos de comunicaciĂłn les asignaban a los casos policiales, por lo que es posible que en el imaginario social prevalezca la idea de que lo que sucediĂł fue “una cosa polĂ­tica” y no un cambio sustancial.

No puede decirse que hoy, en 2012, esté vigente el espíritu de aquella reforma.
Pero tampoco puede afirmarse que aquella experiencia fue en vano: transcurrido un tiempo prudencial (mĂĄs de una dĂ©cada) se generĂł masa crĂ­tica y, a la hora de discutir quĂ© hacer, hay mĂĄs de una voz y no sĂłlo la de los “expertos” en seguridad, con la que durante un siglo, o tal vez mĂĄs tiempo, se confundiĂł a los empleados de la policĂ­a.

ÂżCĂłmo estamos?

Mendoza no estĂĄ, hoy, fuera de los Ă­ndices nacionales en materia de seguridad. No lo estĂĄ para bien o para mal: se ubica en el mismo promedio.

Los casos mås resonantes son los que disparan los debates, las críticas, las propuestas y, también, mueven a los funcionarios a reaccionar.

De alguna manera puede sostenerse que se trabaja “on demand”: lo que “la gente” pide, se hace, sin más.

Para graficarlo, podemos decir que lejos de conocerse pĂșblicamente cuĂĄles son los lineamientos motores de una polĂ­tica de seguridad, podemos identificar que el Ășltimo lustro las acciones pĂșblicas en materia de seguridad pasaron por lo siguiente:

* Si “la gente” pide perros en las calles, consigamos perros.
* Si los vecinos recuerdan con cariño el caso de los vigilantes de las esquinas que tocaban silbatos, consigamos silbatos.
* Si los vecinos se ponen duros al criticar lo que sucede en materia de seguridad, mostrémonos duros y critiquemos a la Justicia.

Esto implica una consideraciĂłn central: no hay una polĂ­tica de seguridad y, si la hay, es precisamente esa, reaccionar frente a hechos puntuales y de acuerdo con los dictados de la opiniĂłn publicada.

Un fenĂłmeno paradojal es que se gobierna el ĂĄrea leyendo los reclamos de la prensa. Pero la prensa se nutre de informaciĂłn recortada que se genera desde el Ministerio de Seguridad y es esta misma ĂĄrea la que termina creyĂ©ndose su propia operaciĂłn como “la realidad” relatada en letras de imprenta. Esto implica un autoengaño consciente o inconsciente que, cualquiera sea la situaciĂłn, resulta grave.

Es en este punto en donde cabe hacer notar las profundas diferencias que hay entre lo que podríamos llamar como “actitud” en materia de seguridad en Mendoza y los planes que en la materia se esgrimen en el gobierno nacional:

* A nivel nacional se desarman los aparatos de inteligencia social y se los coloca bajo la Ăłrbita del gobierno civil. En Mendoza se denuncia seguimiento social y se coloca, irregularmente, a un policĂ­a al frente del ĂĄrea de Inteligencia Criminal.
* A nivel nacional desarmaron las experiencias de “policía infantil”. En Mendoza la ratificaron.
* A nivel nacional se le dio un fuerte impulso al desarme y al control de armas y municiones. En Mendoza se adhirió de mala gana, a pesar de ser el primer sitio en Latinoamérica en haber implementado un programa con tales objetivos.
* A nivel nacional se asume el pleno respeto por los derechos humanos. En Mendoza se toma la determinaciĂłn de “escrachar” a los sospechosos de crĂ­menes, exhibiĂ©ndolos a la prensa como trofeos de guerra. Pero algo peor: se nombrĂł a un ex represor de la dictadura (durante el anterior gobierno) como subsecretario de Seguridad.

Antirreformistas por las dudas

¿Por qué el gobernador dijo lo que dijo? Probablemente para liberarse de la presión del pasado. La reforma de 1998 aparece como paråmetro cada vez que la política retrocede, desentendiéndose de la problemåtica de la inseguridad, escapåndole a pagar los costos que implican los hechos mås altisonantes, y delegando tales culpas, en un eterno déjà vu, en los uniformados.

Señalar que “nunca hubo un plan” es la primera parte de una frase que podrĂĄ completarse cuando se pongan en marcha sus prometidas (aunque no escritas, ni planteadas) propias acciones. AllĂ­ serĂĄ cuando diga “tenemos un plan”.

Políticamente, lo libera del pasado, lo absuelve de responsabilidades inmediatas (“total, nadie nunca hizo nada”), sostiene al presente bajo un efecto de permanente expectativa por lo que puede llegar a hacer y poco más.

Mientras esto ocurre, los mendocinos mantienen una fuerte desconfianza hacia el sistema de seguridad pĂșblica, surgida de la propuesta preelectoral del ex gobernador Celso Jaque, quien prometiĂł reducir el delito un 30 por ciento en 6 meses y no lo logrĂł.

Por ello tuvo que pedir disculpas, pero el peso de aquella inalcanzable promesa nunca pudo quitĂĄrselo de encima.

Surgido del riñón de su equipo, el actual mandatario provincial sostiene al mismo equipo en la materia. Si tenemos que presentar de alguna manera sus prioridades, podemos calificarlo de esta manera:

* Confianza plena en los altos mandos policiales.
* DelegaciĂłn de la jefatura civil en un policĂ­a retirado, que ademĂĄs oficia de vocero del ministerio.
* Statu quo en cualquier cuestiĂłn que implique resistencia de parte de los uniformados.
* Decisiones eclécticas en materia de abordaje territorial, de acuerdo con la demanda social.
* Fuerte control de la comunicaciĂłn de los hechos de inseguridad.
* Respuestas focalizadas y temporales.
* Ocultamiento de estadĂ­sticas reales y difusiĂłn de compilados de informaciĂłn preseleccionada.
* Ofrecimiento de fuertes recompensas frente a hechos de impacto social.

Un antecedente que pinta de cuerpo entero el espĂ­ritu de resignaciĂłn del gobierno respecto de la seguridad lo dio pĂșblicamente el propio ministro de la cartera, el abogado Carlos Aranda: “Soy pro policĂ­a y contrario a la reforma policial”.

Esta no es sĂłlo su lĂłgica personal, sino la de los tiempos que vivimos.
La militancia antirreformista de los policías que quedaron fuera tras la “purga” se reencarnó hacia el interior de los partidos políticos que, como receta electoral, usaron indiscriminadamente la reivindicación policial sin medir las consecuencias de lo que estaban haciendo.

AsĂ­, la receta para el ĂĄrea es la misma que la existente antes de la reforma de 1998:

* Delegar la responsabilidad en los policĂ­as.
* Cambiarlos de lugar luego de algĂșn fracaso.
* Estar presentes junto a las vĂ­ctimas a nivel mediĂĄtico.

Con algunos cambios que hacen mĂĄs perverso el funcionamiento del gobierno de la seguridad:

* Son polĂ­ticos quienes manejan la administraciĂłn de los recursos para seguridad, pero los policĂ­as son los que manejan sus propios beneficios.
* Son los policĂ­as los que caen cuando hay un problema.
* Son los polĂ­ticos los que permanecen, a pesar de todo.
Esta situaciĂłn que se sale de cualquier formato reconocible es la madre de un caos en la toma de decisiones y la ausencia tanto de planificaciĂłn como de informaciĂłn clave para la prevenciĂłn del delito.

Por ejemplo, en el sitio web (seguridad.mendoza.gov.ar) lo que se ofrece como “estadísticas” no es más que el clásico reporte de los policías como “acciones preventivas”:

* CuĂĄntas personas demoraron.
* CuĂĄntos vehĂ­culos requisaron y cuĂĄntos secuestraron.
* CuĂĄntas actas viales se elaboraron.

ÂżEs crucial esta informaciĂłn para que el ciudadano sepa cĂłmo actuar? ÂżLo es, en todo caso, para que la policĂ­a organice su plan de acciĂłn?
Es una respuesta clåsica de la estructura policial huérfana de conducción: confundir lo accesorio con lo importante.

En conclusión, podemos decir que hay un espíritu de democratización de las políticas de seguridad, hay especialistas, equipos e instituciones capaces de encarar el desafío, pero falta el “medium” capaz de reunirlo con la realidad terrena.

Es mayor la inseguridad que demuestran los gobernantes al actuar que la que provoca los hechos delictivos.

Y es por esto que, como efecto paradojal, la sociedad se siente cada vez mĂĄs desprotegida e insegura.

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ArtĂ­culos de este nĂșmero

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