Los movimientos por la vivienda y el hábitat popular en la Argentina y América latina

Los movimientos por la vivienda y el hábitat popular en la Argentina y América latina

Por Raúl Fernández Wagner

En las últimas décadas la política pública de vivienda estuvo más vinculada a la articulación de intereses entre el poder político y el poder económico que a garantizar el acceso al suelo y la vivienda. Sin embargo, la lucha de los sectores populares continúa y se transforma, la lucha ahora es por el derecho a la ciudad.
 
Arquitecto (UNMdP). Especialista en Tecnología de la Vivienda (Instituto Pesquisas Tecnológicas, SP-Brasil). Estudios doctorales en Vivienda y Urbanismo (Architectural Association Graduate School, Londres). Profesor Asociado en el Área de Urbanismo de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Director Académico de la Especialización en Desarrollo Local en Regiones Urbanas. Creador y ex director de la Maestría en Hábitat y Vivienda de la Universidad Nacional de Mar del Plata.


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La organización y lucha social en torno a la cuestión de la vivienda, cuando se analiza en perspectiva histórica, remite a los albores del capitalismo industrial. Será a partir de principios del siglo XIX que el acceso a la vivienda constituirá una cuestión socialmente problematizada cuando tiene lugar la “dislocación territorial” de las masas campesinas. Esto señala Karl Polanyi refiriéndose a colectivos que a partir de entonces mayoritariamente tuvieron que “comprar alojamiento” en las nacientes ciudades industriales del siglo XIX.

Desde entonces la penuria de las clases populares en el acceso a la vivienda ha tenido un recorrido que llega hasta la situación actual, donde el desarrollo de las estrategias de lucha urbana de los sectores populares continúa, pero ahora con enormes cambios de escala y gravedad dada la contundencia que alcanza la concentración de poder y la legitimidad social que desarrolló el capitalismo en dos siglos, hoy coronado por la supremacía global del neoliberalismo.

Los movimientos populares en la lucha por la vivienda

En América latina los movimientos populares urbanos irrumpen –llamando la atención a un nuevo problema e iniciando un derrotero en la lucha por la vivienda– con una sucesión de revueltas de principios del siglo XX (la huelga de inquilinos de Argentina en 1907, la rebelión contra los abusos de los casatenientes de México en 1924, el movimiento de arrendatarios de Chile en 1925 o también el Movimiento Inquilinario de Panamá del mismo año) que se cuentan entre las principales.

A partir de estas confrontaciones contra el mercado de renta de cuartos –en esencia contra los procesos especulativos del mercado del suelo– surgiría paulatinamente algún tipo de respuesta de parte de los Estados nacionales que resultaría apenas compensatoria. Por una parte, se realizaron intervenciones públicas en el mercado de alquileres (por ej., congelamiento de los precios) y por otra parte se legisló y/o se crearon fondos para la construcción de viviendas por parte de los Estados locales o nacionales (llamadas “viviendas higiénicas” o “casas baratas”, como en la Ley Cafferata de 1915 en la Argentina).

Promediando el siglo XX se desarrollaría en nuestros países un incipiente sistema de vivienda pública (o vivienda social). En el caso de la Argentina esta política tuvo su mayor volumen en los gobiernos de Perón (1945-1955). Aquí se fue mucho más allá de la simple construcción de viviendas (que por cierto tuvo calidad y gran alcance cuantitativo y geográfico) colocándola como derecho en la reforma constitucional de 1949, la cual además contenía la función social de la propiedad, y un conjunto de complementos; siendo por cierto trascendental en ese tiempo la transformación del Banco Hipotecario Nacional, que inauguraría un periodo de crédito blando a clases medias y trabajadores y que tendría una fuerte influencia en los mercados por dos décadas, para luego desfinanciarse y más tarde en los ’90 privatizarse. En aquel tiempo también se realizó una fuerte intervención en los mercados (con congelamientos de alquileres y denuncias de las viviendas vacantes).

En este período, los movimientos populares (y por lo tanto sus demandas) estuvieron mayormente contenidos en las estructuras gremiales o sindicales. Pero en la Argentina como en el resto de los países latinoamericanos (con lógicas diferencias por la historia sociopolítica de cada país) estaba ocurriendo un acelerado proceso de urbanización, el cual tenía lugar como consecuencia de la desestructuración de las economías campesinas, al tiempo que también atraía la generación de fuentes de trabajo en las nacientes industrias o atraía en general la búsqueda de oportunidades en la “modernidad” que las ciudades representaban para estas poblaciones. El mercado informal urbano sería la puerta de entrada a la ciudad. Entre 1940 y 1980 en promedio en los países de América latina se pasaría del 33% al 64% de población urbana.

Este proceso de urbanización acelerada tuvo como actor principal en la construcción de ciudad a los movimientos populares organizados. La “ciudad autoconstruida” fue el producto de la organización popular para la toma y/o negociación de la tierra donde se desarrollarían los asentamientos (llamados informales, irregulares y hasta ilegales) y el consecuente proceso de construcción de ciudad a partir de ese primer asentamiento. Chabolas, Cantegriles, Favelas, Callampas, Pueblos Jóvenes, Villas Miseria o Barriadas fueron en nuestros países algunos de los nombres de los asentamientos informales –que a partir de la denominada “invasión” de tierras iniciaban un largo proceso de construcción de ciudad–, no exentos de represión, desalojos y una constante estigmatización de parte del resto de los habitantes en cada ciudad.

Otra variante de la construcción popular de ciudad fueron aquellos casos en los que el mercado loteaba suelo de periferia (por lo general sin servicio alguno) y vendían lotes (baratos en 50, 60 y hasta 100 cuotas) donde se asentaban las familias e iniciaban un largo proceso de autoconstrucción de la vivienda y lucha organizada en el barrio por la provisión de servicios e infraestructuras (como ocurrió mayoritariamente en la Argentina, Uruguay y también en Brasil con “los domingeiros”) consolidando en clases populares trabajadoras el “sueño de la casa propia”.

En estos tiempos la lucha social estuvo centrada en las capacidades de “hacer ciudad” de los movimientos barriales. Estos procesos de urbanización popular y la conformación de las organizaciones y sus luchas en la construcción de ciudad –con diferencias lógicas según la masividad de este proceso– no sólo fueron ignorados por los poderes públicos, sino que además fueron reprimidos y desalojados por la fuerza masivamente. Un claro ejemplo de esto tuvo lugar en Buenos Aires en 1977, cuando se redujo la población villera de 225.000 a 16.000 habitantes, y el intendente militar de la ciudad expresaba que “no merecían la ciudad” (frase maestra del derecho a la ciudad negado), lo cual refleja la estigmatización y desprecio de estos nuevos actores urbanos en los tiempos de los gobiernos dictatoriales.

La política pública de vivienda en América latina no se desarrolló sobre la base de consagrar derechos y, por lo tanto, operar diferentes grados de desmercantilización en el acceso al suelo y la vivienda urbana, sino que se desarrolló ignorando el proceso popular de construcción de ciudad y se propuso un costoso reemplazo por construcciones modernas (en grandes conjuntos de vivienda “social”) con la consabida articulación de intereses entre poder político e intereses de poder económico. Es decir, una entente sector privado-sector público para construir viviendas como negocio en mayor o menor medida movilizador de la economía (centrado en grandes empresas) y como sustento de prácticas clientelares de construcción política en el territorio, propio de las etapas desarrollistas.

Esta actuación del Estado arrasando los asentamientos informales para construir viviendas nuevas, lamentablemente fue ampliamente avalada por el establishment de la arquitectura y el urbanismo, demostrando la postura clasista de estas profesiones que tuvieron enorme gravitación en las definiciones de la política habitacional, en total consonancia con empresas y por bastante tiempo con gobiernos dictatoriales. Existieron unas pocas excepciones dadas en contextos de algún gobierno local en los ’80 y ’90 que apoyaron la producción social del hábitat y el desarrollo de políticas de urbanización y consolidación de los asentamientos.

Nuevas dimensiones de la lucha por los derechos (socioespaciales)

En las últimas tres décadas el proceso de urbanización sufre un aumento de escala y un giro muy complejo, el cual debe inscribirse en un contexto general de transformación económica, política y social mundial que se denomina genéricamente como “globalización”. Este proceso implica un avance exponencial del capitalismo (financiero sobre todo) que, apoyado en la revolución informacional y el debilitamiento de las anteriores políticas nacionales (de los Estado-nación), expande sin fronteras la mercantilización de las relaciones de intercambio de bienes y servicios, mercantiliza la naturaleza y gran parte de las mismas relaciones humanas, que antes se asentaban más en compromisos sociales.

En este contexto se produce un último y revolucionario cambio que extiende lo urbano (en tanto relaciones sociales y espaciales) hasta los confines, dotando al sinecismo de una nueva significación con claves aún por profundizar. Este “nuevo” mundo claramente tiene al espacio como la cuestión principal, pues el desarrollo (exponencial y sin fronteras del capitalismo de las últimas décadas) acrecienta la mercantilización de las relaciones (espaciales), lo que repercute directamente sobre las condiciones de vida (por ejemplo referidas a las condiciones de acceso al suelo urbano).

La expansión capitalista acrecienta de un modo especial la dimensión social de este bien, cuya característica principal está signada por la condición intrínseca de “escasez”. Ya sea por el imperativo social de la competencia por la localización, como por la extraordinaria expansión demográfica dada por la extensión del ciclo de vida, así como también por el incremento y profundidad de las relaciones capitalistas. Lo cual en el marco del neoliberalismo (y la plena vigencia de la propiedad privada) colisiona directamente con –o va en detrimento de– derechos sociales, económicos y culturales de la vida urbana.

Esto reconfigura completamente la situación y procesos de los sectores populares urbanos en términos de acceso, permanencia y desarrollo de la vida en este contexto, ya que esta fase del avance de la urbanización capitalista profundiza las desigualdades sociales con una particular expresión en el espacio. La ciudad fragmentada, dividida, socialmente segregada se profundiza de la mano de la construcción de la “inseguridad” y el temor al otro, que funcionan como una maquinaria que lesiona la esencia de lo que la ciudad suponía que representaba: la convivencia de los diferentes.

Constituye una situación engañosa el hecho que en esta fase de la fluidez y deslocalización del capital (que definitivamente fluye en forma global) paradójicamente se le otorga cada vez más importancia a la localización, a la competencia por estar bien ubicado en el contexto urbano. Por ello, un factor determinante está siendo que la importancia decisiva de la localización provoque que la demanda de suelo en las ciudades lleve al aumento exponencial del precio del suelo. Lo cual ha acrecentado progresivamente expulsiones y desalojos. Bajo la forma de las renovaciones urbanas, es constante la expulsión (es decir, privar del derecho a la localización para el desarrollo de la vida) a grupos de población que habitaron por años áreas que eran estratégicas para su reproducción social. Organismos que monitorean el avance de los desalojos dan cuenta de ello.

La ciudad fragmentada, dividida, avanza (en una forma relativamente nueva y perversa) hibridando la condición de lo urbano. Por ejemplo, si hay un proceso que es notable en el contexto de la urbanización latinoamericana, es haber incorporado el desarrollo del modo de vida americano de las clases medias que, asociado a la movilidad individual, genera extensas urbanizaciones en las periferias. Las cuales en su carácter monofunción (residencial) son determinantes no sólo en términos de segregación (socioespacial) sino en la profundización de las diferencias sociales asociadas al aumento del precio del suelo urbano que producen en sus entornos. En países como la Argentina, esto por ejemplo ha modificado radicalmente las posibilidades de acceso al suelo urbano de los más pobres. Pero no sólo eso, modifican también las condiciones de la agricultura urbana (de consumo diario) y las economías de pequeña escala de familias allegadas.

Procesos residenciales que tienen además, en las áreas centrales tradicionales –y particularmente en los cascos históricos– de las ciudades latinoamericanas, recientes tendencias hacia la “boutiquización” y “gentrificación” que desplazan la población que tradicionalmente la habitó. Cuanto más tugurizadas se encuentran estas áreas, más expuestas se hallan a la renovación urbana con expulsión (forzada o por goteo) provocada por el mercado.

Resignificación de la lucha de los movimientos sociales

Como se puede percibir entonces, hoy la lucha de los movimientos sociales urbanos va más allá del derecho a la vivienda (¡que mantiene su vigencia!) para avanzar hacia una lucha por derechos de nuevo tipo, como el derecho a la ciudad. Lo cual comprende desde las formas complejas del derecho al acceso al espacio urbano, a la condición de centralidad, así como derechos al conjunto de los servicios urbanos, que comprende suelo y vivienda, más todas las dimensiones de la ciudadanía urbana plena. Esta complejidad –dada por la condición de ser derechos difusos y colectivos– dificulta enormemente la lucha de los movimientos sociales. Pues cuesta instalar estos cambios por la clásica renuencia a alterar en lo más mínimo el derecho a la propiedad (base de toda la tradición civilista en América latina). Por ejemplo, una causa de la creciente dificultad a afrontar –para las luchas específicas– es la obscena concurrencia del poder político en sus prácticas privadas elitistas que opera como principal sostén de la privatopía (es decir, de la utopía privatista de las elites).

Este desarrollo del proceso de urbanización conlleva una dimensión de la desigualdad socioespacial que trasciende la mera cuestión del derecho a la vivienda, para desplazar el foco hacia el derecho a la ciudad, en tanto la ciudad capitalista es resultado y causa de un orden social (y fundamentalmente espacial) profundamente injusto.

El derecho a la ciudad (formulado por Henri Lefebvre a fines de los ’60) se va a relacionar en el marco de la lucha de los colectivos urbanos con el concepto emancipatorio de “reforma urbana”, es decir, de lucha por el cambio de este orden injusto.

Emergen entonces movimientos como el Foro Nacional de la Reforma Urbana de Brasil, que tuviera gran importancia impulsando cambios constitucionales (en la reforma de 1988) y legislativos (como la ley federal 10.257, llamada “Estatuto de la Ciudad”) y el posterior desarrollo de espacios de gobierno específicas como el Ministerio das Cidades para su instrumentación.

En la Argentina, entre 2004 y 2010, un amplio colectivo de organizaciones sociales llevamos a cabo la lucha enarbolando la Declaración de la Reforma Urbana en Argentina, lo que luego cristalizamos transformándolo en el espacio Habitar Argentina, con sede en el Congreso de la Nación. Aquí se trabaja por un cambio legislativo y/o la generación de un conjunto de nuevas leyes que alteren las condiciones injustas en que se gestiona el desarrollo urbano en la Argentina, abarcando desde la forma en que se produce ciudad hasta garantías mínimas en los desalojos. Hoy el foco está puesto en que la reforma del Código Civil incorpore la función social de la propiedad.

Otro ejemplo es la Carta Mundial por el Derecho la Ciudad propiciada por un colectivo internacional de organizaciones nucleadas inicialmente en torno al Habitat International Coalition, que albergó un interesante debate en su elaboración y sentó las bases para avances específicos como la Carta por el Derecho a la ciudad de la Ciudad de México (Distrito Federal de México), acordada por un amplio espectro de organizaciones sociales e instituciones públicas entre 2007 y 2010.

La función social de la propiedad también resurge como un punto central de la lucha de los movimientos sociales urbanos, incluso llegando a avanzar hacia la “función social de la ciudad”. En todos los casos se trata de impulsar cambios legislativos –con modificaciones y/o generación de políticas de nuevo cuño, centradas en estos derechos difusos y colectivos–, con el propósito de incidir en generar una más justa producción y distribución del espacio urbano.

En síntesis, la lucha popular en el campo del hábitat (por la vivienda) hoy más que nunca significa la lucha por el “acceso” a la ciudad. Es una bandera de lucha que enfrenta las formas que el capitalismo despliega en los modos de producción del espacio urbano asociado a las formas principales y perversas de la reproducción del capital, en estos tiempos.

Si lo traducimos en términos de derechos, por un derecho a la ciudad, que comprende todas las formas del hábitat, en tanto constituye un derecho más complejo que el clásico derecho a la vivienda, pues refiere al complejo de los bienes y servicios urbanos, a la cultura, es decir que constituye un derecho a la vida misma.

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