La seguridad del cordobesismo

La seguridad del cordobesismo

Por Valeria Plaza Schaefer*, Susana Morales** y Magdalena Brocca***

El autoacuartelamiento de fines del a√Īo pasado obliga a rese√Īar el modelo policial de gesti√≥n de la seguridad p√ļblica provincial y sus consecuencias. Sin embargo, esta descripci√≥n no es suficiente. Es necesario reflexionar sobre los saqueos y linchamientos posteriores en un contexto m√°s complejo de crisis de seguridad ontol√≥gica.
 
*Abogada. Becaria del CONICET. Doctoranda en Ciencias Sociales de la UBA. Docente de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano (UNC). **Lic. en Comunicación Social. Mag. en Comunicación y Cultura Contemporánea. Docente investigadora del Programa de Estudios sobre Comunicación y Ciudadanía del CEA-UNC- ***Lic. en Filosofía. Coordinadora del Programa Universidad, Sociedad y Cárcel de la SEU-UNC.


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La ciudad de ‚Äúellos‚ÄĚ: la agencia policial como actor central de la pol√≠tica de seguridad

La fuerza policial ha demostrado en estos d√≠as su enorme poder. Han dado cuenta de que la polic√≠a es una instituci√≥n del Estado ‚Äďquiz√° la √ļnica‚Äď que tiene un enorme poder territorial y que se ha constituido en la √ļnica presencia del Estado que media en los conflictos sociales. Al sacar esa especie de malla de contenci√≥n constituida por la presencia territorial de la fuerza, los conflictos afloran sin posibilidad de articular mediaci√≥n alguna. ‚ÄúVamos, la ciudad es nuestra‚ÄĚ, vocifer√≥ a los gritos un uniformado ante las c√°maras de televisi√≥n cuando se anunciaron los acuerdos de la mesa de negociaci√≥n polic√≠a-representantes del Ejecutivo provincial. Y en esa frase se condensaban dos de los pilares fundamentales de la pol√≠tica de seguridad cordobesa: que ‚Äúellos‚ÄĚ, los polic√≠as, son el actor central excluyente de esta pol√≠tica, y en segundo lugar, que el manejo territorial de la ciudad les pertenece.

El autoacuartelamiento cordob√©s que vivimos a fines del a√Īo pasado no puede analizarse como hecho aislado, sino que obliga a rese√Īar brevemente lo acontecido en los √ļltimos meses en los que la fuerza policial provincial profundiz√≥ el proceso de deslegitimaci√≥n social iniciado con la puesta en escena de investigaciones period√≠sticas y judiciales sobre la complicidad de los altos mandos policiales con el narcotr√°fico. De manera ejemplificativa podemos mencionar una serie de dudosos ‚Äúsuicidios‚ÄĚ de algunos de sus miembros con supuesta informaci√≥n relevante en las causas judiciales; la cantidad de suicidios anuales de miembros del ETER ‚Äďla fuerza especial y supuestamente m√°s formada de creaci√≥n reciente por el saliente ministro Paredes‚Äď, y los reclamos sociales por el accionar del personal policial al cuidado del joven de Capilla del Monte, Jorge Daniel Reyna, supuestamente ‚Äúsuicidado‚ÄĚ durante su detenci√≥n.

Además, la mirada social sobre el rol de la policía comenzó a hacerse más visible, y como prueba de esto podemos citar los masivos reclamos cuestionando la aplicación del Código de Faltas (CF) que tuvieron su punto culminante en una multitudinaria Marcha de la Gorra que tuvo sede en noviembre en nuestra ciudad. La cuestionada herramienta legal constituye en la práctica el ejercicio de una política de control, selectiva y arbitraria en manos de la agencia policial.

Por otro lado, es necesario reconocer que en nuestro contexto provincial desde hace 14 a√Īos se sostiene la continuidad de las pol√≠ticas de seguridad basadas en la doctrina de seguridad nacional, caracterizadas por el populismo punitivo y el despliegue de la fuerza represiva del Estado en t√©rminos de defensa social. Por eso consideramos que en primer lugar se puede intentar explicar lo sucedido los √ļltimos d√≠as analizando lo ocurrido los √ļltimos meses, pero reconociendo que se trata de un modelo ‚Äúviejo‚ÄĚ implementado desde hace tiempo en nuestro contexto provincial, como en la mayor√≠a de los centros urbanos nacionales con caracter√≠sticas similares.

Este modelo se denomina Modelo Policial de gesti√≥n de la seguridad p√ļblica, cuyo primer elemento a considerar es la estructura piramidal de base ancha, con muchos efectivos ‚Äúrasos‚ÄĚ y pocos ‚Äújefes‚ÄĚ, precarizados y mal formados, y que frecuentemente son obligados a realizar adicionales para completar el salario. Esta situaci√≥n laboral est√° tambi√©n atravesada por la estructura vertical y jer√°rquica de la instituci√≥n ya que los adicionales son asignados por los superiores en funci√≥n de la obediencia y la disciplina. Esto tiene como consecuencia un personal armado, poco profesionalizado y en condiciones psicof√≠sicas poco adecuadas para tomar decisiones. Esto es muy grave si tenemos en cuenta que son estos mismos agentes los que todos los d√≠as y en cada momento deciden la oportunidad e intensidad del uso de la fuerza por parte del Estado.

En el cap√≠tulo de nuestra autor√≠a ‚ÄúPolic√≠a, Seguridad y C√≥digo de Faltas‚ÄĚ del Informe Provincial 2013 ‚ÄúMirar tras los Muros: Situaci√≥n de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en C√≥rdoba‚ÄĚ que elaboramos para la Comisi√≥n Provincial de la Memoria en el presente a√Īo, se encuentran rese√Īadas m√°s detalladamente las caracter√≠sticas de este modelo. Cabe destacar las reiteradas denuncias hechas ante diferentes medios de prensa contra un jefe del Comando de Acci√≥n Preventiva (CAP) que ordenaba un n√ļmero m√≠nimo de detenidos por patrulla bajo la amenaza de suspensi√≥n de francos y recargos de servicio para ejemplificar lo antes expuesto.

Cabe mencionar adem√°s que es el √°rea del Estado que m√°s ha crecido en los √ļltimos a√Īos (de 13.000 efectivos en 2007, en 2011 contaba con 20.200 y en la actualidad ronda los 22.000). La consecuencia de esto es que contamos con una fuerza muy joven con escasa formaci√≥n profesional y con un fuerte componente de formaci√≥n callejera. Esta formaci√≥n est√° ligada a una especie de subcultura policial vinculada a la jerarqu√≠a, la obediencia, la disciplina y la integraci√≥n en una organizaci√≥n corporativa con l√≥gicas verticalistas y violentas operando un distanciamiento y diferenciaci√≥n de la vida civil.

El distanciamiento y diferenciaci√≥n social de la fuerza policial se refuerza normativamente por el mantenimiento del ‚Äúestado policial‚ÄĚ y la obligaci√≥n de portar armas las 24 horas. La frase que escuchamos estos √ļltimos d√≠as, ‚ÄúEllos son polic√≠as, no trabajan de polic√≠as‚ÄĚ, da cuenta de esta situaci√≥n que define el accionar cotidiano de la polic√≠a: una pertenencia diferenciada de otros cuerpos profesionales del Estado y refuerza su car√°cter de corporaci√≥n separada del resto de la comunidad combinada con la posibilidad de una reacci√≥n violenta armada frente a conflictos cotidianos.

Adem√°s, otro elemento caracter√≠stico que mencionamos arriba de este modelo policial es la presencia territorial del Estado. El CAP es el cuerpo que m√°s claramente expresa esta estrategia de gesti√≥n territorial de la polic√≠a y que constituye el contacto del Estado con grandes sectores de la poblaci√≥n. Este cuerpo funciona con una estrategia territorial que no responde a la estructura de las comisar√≠as sino que cuenta con un mando propio centralizado cuya estructura puede verse como herencia del Comando Radioel√©ctrico. El CAP es el que m√°s frecuentemente realiza las detenciones por C√≥digo de Faltas en la ciudad y por ello es el cuerpo que m√°s claramente define las formas de habitar el territorio de la ciudad, al habilitar o restringir la circulaci√≥n de determinados sectores por determinados espacios. En tal sentido es importante destacar el aumento exponencial de las detenciones de los √ļltimos a√Īos. Entre 2005 y 2011 la tasa de detenidos por CF cada 100 mil habitantes creci√≥ un 715% en la provincia, pasando de 8.968 detenidos a 73.100 en todo el territorio (en la ciudad de C√≥rdoba el aumento es proporcionalmente mayor, la tasa creci√≥ un 722% en el mismo per√≠odo). Esta estrategia s√≥lo ha servido para definir los modos de circulaci√≥n y apropiaci√≥n de los espacios por parte de determinados sectores, ya que no ha tenido un impacto en la disminuci√≥n de la tasa de delitos (la tasa en 2006 era de 4.054,4 delitos cada 100 mil habitantes, mientras que en 2008 hab√≠a crecido a 4.307,7).

Todo esto se da en un contexto de autonomización de la policía en la definición de las políticas de seguridad operada a través de la delegación por parte del poder político de la resolución de los conflictos en la fuerza y la falta de un control judicial efectivo sobre las prácticas y el accionar policial. Esta suerte de policiación de la política de seguridad supone no sólo el abandono de la preocupación por la violencia estatal y el uso de la fuerza por parte del poder político, y la autonomización de la institución, sino que constituye una forma de legitimación de la política y las prácticas de la propia fuerza de seguridad, inhabilitando a otros actores para intervenir en la temática.

Un particular elemento vinculado a este modelo policial tiene que ver con un ejercicio de distintas violencias hacia los j√≥venes. El despliegue contravencional y las detenciones arbitrarias son s√≥lo una de sus facetas. Existe otro conjunto de pr√°cticas en las que la violencia define el accionar policial y de las que s√≥lo recuperamos algunas que consideramos especialmente complejas de abordar. Los controles y demoras en la v√≠a p√ļblica aparecen para los j√≥venes como una pr√°ctica violenta, no s√≥lo por la violencia verbal y f√≠sica con la que se realizan, as√≠ como la sustracci√≥n de pertenencias, sino tambi√©n porque es esta una pr√°ctica policial que en algunos casos ha terminado en situaciones de violencia extrema. De los hechos sucedidos recientemente cabe citar el caso del joven de 20 a√Īos del barrio Ciudad Evita (uno de los barrios del programa de traslado de villas de la gesti√≥n anterior del actual gobernador). Javier Rodr√≠guez fue muerto en uno de los saqueos y un testigo central (un amigo que iba con √©l) afirma que las balas provinieron de los polic√≠as.

Adem√°s existen pr√°cticas vinculadas al uso de armas fuera de horario de trabajo; violencia policial vinculada a pr√°cticas culturales que se despliega tanto en los bailes de cuarteto como en las canchas de f√ļtbol; violencia de g√©nero vinculada a las pr√°cticas policiales (es tambi√©n una constante en el relato de las j√≥venes de sectores populares la menci√≥n de la solicitud de favores sexuales para no detenerlas); la represi√≥n violenta de la protesta social (como por ejemplo contra los vecinos que protestaban contra la instalaci√≥n de un basural a cielo abierto en el sur de la ciudad o a los estudiantes secundarios que manifestaban en contra de la sanci√≥n de la ley de educaci√≥n provincial); la participaci√≥n de la polic√≠a de C√≥rdoba en el reclutamiento de j√≥venes para el delito; los allanamientos masivos que se han multiplicado a partir de la creaci√≥n del DOT (Departamento de Ocupaci√≥n Territorial) que trabaja sobre algunas zonas de la ciudad de C√≥rdoba en las cuales hay redes bastante superficiales de delito. Estos allanamientos se incrementaron en cantidad e intensidad en el uso de la violencia los d√≠as posteriores a los saqueos y a trav√©s del Ministerio P√ļblico Fiscal se recurri√≥ a la denuncia entre vecinos (a trav√©s de un 0800 y de un correo electr√≥nico) como fuente de conocimiento para estos procedimientos.

La seguridad como una guerra de ‚Äúunos‚ÄĚ contra ‚Äúotros‚ÄĚ

La irresponsabilidad pol√≠tica trajo aparejada la vuelta a m√©todos preestatales de resoluci√≥n de conflictos entre ciudadanos, de no respeto de los derechos y garant√≠as constitucionales y evidenci√≥ las peores consecuencias de la aplicaci√≥n de una pol√≠tica de seguridad represiva, ineficiente y corrupta. La vuelta al estado de naturaleza de la guerra de todos contra todos no es una arista diferente vinculada con el acceso o no a derechos sociales por un lado y a conocimientos legales por el otro, sino que la violencia con la que se produjeron algunos saqueos que terminaron con incendios y tiroteos, y la violencia con la que se produjeron linchamientos y barricadas, las ejecuciones sin sentencia y las demandas de ‚Äúmano dura‚ÄĚ constituyen claros exponentes del caos social que vivimos en estos d√≠as, que no es otra cosa que una consecuencia directa de la pol√≠tica de seguridad implementada en este tiempo.

Consideramos que no es suficiente para aportar a la reflexi√≥n sobre lo sucedido remitirse s√≥lo a la instituci√≥n policial cordobesa o compararla con otras polic√≠as nacionales o de contextos urbanos similares. El denominado efecto ‚Äúcontagio‚ÄĚ en otras provincias y las caracter√≠sticas de violencia de los sucesos recientes obligan a un debate m√°s profundo.

En ese sentido sostenemos que aunque los saqueos puedan haber sido ‚Äúorquestados‚ÄĚ, es decir, que respondan a disputas internas de la polic√≠a y aunque haya habido un mal manejo pol√≠tico del conflicto, la situaci√≥n parece ser propicia para otras reflexiones. Para preguntarnos una vez m√°s por las consecuencias sociales de este modelo de seguridad que vivimos y que nos muestra de manera despiadada la gran deuda de esta joven y valiosa democracia: la recomposici√≥n de los lazos sociales y el rol del Estado en ello.

Consideramos necesario situar esa violencia en un contexto de crisis ontol√≥gica de la seguridad que atravesamos. A partir de ciertas rupturas sociales se fue generando en nuestra identidad colectiva una crisis fuerte sobre nuestras propias representaciones, y eso se fortalece a trav√©s de la construcci√≥n de enemigos. Entonces, el ‚Äúlinchador de Nueva C√≥rdoba‚ÄĚ visualiza al saqueador (o al supuesto saqueador) como el capaz de atentar contra todo lo que lo hace sentir seguro. En este marco es importante tambi√©n situar estas explosiones que hemos visto a principios de este a√Īo de linchamientos a supuestos delincuentes en diferentes centros urbanos del pa√≠s. El Estado tambi√©n juega un rol fundamental en esa construcci√≥n. Para construir un ‚Äúcordobesismo‚ÄĚ es necesario tambi√©n construir una l√≥gica de un saqueador violento capaz de todo. Es necesario construir a la otredad como lo m√°s monstruoso y diferente a lo nuestro, otredad que es necesario marginar, excluir, castigar, linchar, allanar masivamente, porque atentaron contra nuestros bienes m√°s preciados.

Por otro lado, los sucesos nos invitan tambi√©n a una reflexi√≥n sobre nuestros ‚Äúbienes preciados‚ÄĚ. En los Estados actuales aceptamos y priorizamos de otro modo los bienes. Por eso mismo, el ‚Äúplasma‚ÄĚ para muchos de los ciudadanos que habitamos esta sociedad cordobesa y argentina tiene un valor fundamental, donde la transgresi√≥n debe ser castigada, donde la reacci√≥n social frente a una persona que se apropia de un plasma de manera ileg√≠tima tiene una fuerza en nuestra sociedad que quiz√°s pese m√°s que otro bien, incluso, que la libertad o la vida misma que se ve afectada por las torturas o las detenciones arbitrarias.

Los cr√≠menes o delitos no pueden entenderse como una mera imposici√≥n legal (hay hechos que son delitos y no se persiguen) sino que se tratan de fen√≥menos sociales cuya construcci√≥n depende de varios factores adem√°s del proceso de definici√≥n legal, como la reacci√≥n social (el esc√°ndalo que producen) y la consecuente demanda de castigo que ellos generan. En estas sociedades ‚Äúposmodernas‚ÄĚ capitalistas se castiga con m√°s fuerza lo que uno tambi√©n desea. Se demanda m√°s punici√≥n a aquellos que se apropian ‚Äúindebidamente‚ÄĚ de lo que nos define la identidad (tener, consumir el bien definido por las sociedades capitalistas como el m√°s necesario: el celular, las zapatillas, el plasma). ‚ÄúSi ese sujeto se est√° apropiando de un bien de una forma mucho m√°s sencilla y yo tengo que pagar 24 cuotas y trabajar 10 horas diarias para conseguirlo, necesito que lo castiguen rigurosamente para no tentarme de obtenerlo por el mismo m√©todo‚ÄĚ. En alg√ļn punto esta explosi√≥n de violencia se puede entender tambi√©n no s√≥lo como la consecuencia de la definici√≥n del otro como en enemigo al que hay que eliminar (‚Äúnegros de mierda, hay que matarlos a todos‚ÄĚ) sino tambi√©n como una explosi√≥n de deseo (‚Äútienen lo que yo tengo pero no hacen lo que yo hago para conseguirlo‚ÄĚ). La violencia de los saqueadores y de los linchadores se enmarca en procesos de construcci√≥n sociales de identidad, que socialmente aceptamos o al menos toleramos. Si no, no podr√≠a explicarse la tolerancia social generalizada de la fuerza policial previa, posterior y seguramente a futuro contra determinados sectores sociales. Y al menos que eso puede intentar ser puesto en debate en la escena social, es posible que sea ese el lenguaje que sigamos hablando por un tiempo m√°s, con niveles tolerados de violencia cotidiana y con exabruptos o desbordes (provocados o no) eventuales. Al menos hasta que decidamos socialmente hacer algo con eso para intentar modificarlo.

Los desaf√≠os pendientes a 30 a√Īos de democracia

Entendemos que es importante recuperar otro tipo de intervención estatal que la puramente represiva. El Estado nacional, con la creación del Ministerio de Seguridad luego de la crisis del Parque Indoamericano en Capital Federal, expresó una estrategia de tipo territorial para el abordaje complejo de los conflictos, en el que avanzó más allá de su comprensión como puro delito. En este marco, entendemos que es una tarea urgente del Estado nacional avanzar en iniciativas que comprendan e intervengan sobre la complejidad de los territorios más complejos de nuestra ciudad: mesas de gestión con los vecinos y referentes territoriales. Entendemos que el envío de gendarmes puede aportar, pero sólo en el nivel represivo y en el corto plazo.

No es posible dejar ‚Äďotra vez‚ąí en manos policiales la recomposici√≥n de la vida cotidiana de esos sectores de la poblaci√≥n cordobesa: es necesario construir herramientas para el control civil de las fuerzas de seguridad, definir con los vecinos las situaciones m√°s conflictivas y buscar alternativas de abordaje a las puramente represivas. Sabemos que si bien no vamos a tener ninguna incidencia sobre las pol√≠ticas de seguridad provinciales, s√≠ es posible intervenir para construir en el territorio otras lecturas sobre lo sucedido y avanzar en reconstruir en otra clave los v√≠nculos en esa zona, con un conocimiento espec√≠fico de la conflictividad que ah√≠ se desarrolla.

Como se√Īalamos antes, uno de los mayores motivos de preocupaci√≥n en t√©rminos de derechos humanos es el que surge de reconocer el enorme campo de discrecionalidad que tiene la polic√≠a en relaci√≥n con su capacidad administrativa para detener personas sin ning√ļn tipo de orden ni control judicial, expresada tanto en el C√≥digo de Faltas como en otro tipo de pr√°cticas y normativas. En este sentido es urgente tomar decisiones legislativas y administrativas que garanticen que las pr√°cticas policiales se desarrollen de manera tal que sean respetuosas de los derechos y garant√≠as consagrados en la Constituci√≥n nacional y los pactos y tratados internacionales de derechos humanos.

Por otro lado también es un motivo de preocupación creciente el impacto que la lógica vertical, corporativa y militarizada de la institución tiene en la práctica cotidiana de los agentes de policía en el territorio provincial. El estado policial y la obligación legal de portar el arma reglamentaria de modo permanente son cuestiones que deben ser revisadas ya que constituyen la razón del aumento significativo de muertos y heridos por balas policiales (accidentes y/o ejecuciones extrajudiciales) así como de muertos y heridos en las filas de la institución.

La selección y formación de los agentes, oficiales y suboficiales también es un elemento que debe pasar por un proceso de transformación significativa que permita aportar a la profesionalización y la democratización de la fuerza a fin de avanzar en la integración de la misma a la comunidad.

El control judicial es otro de los aspectos que la provincia de Córdoba debiera poder afrontar a fin de acercarnos a los estándares propios de un Estado respetuoso de los derechos de todos en materia de uso de la fuerza y accionar policial.

Recuperar la dimensión política de la seguridad así como el control y gobierno civil de las fuerzas de seguridad provincial, es sin duda uno de los grandes desafíos que tenemos por delante los cordobeses. Para esto es necesario poder conocer, controlar y gobernar a la policía de la provincia, dirigiéndola a un punto de mayor democratización y respeto de los derechos y garantías de todos los ciudadanos.

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