La Reforma de 1918: lo vigente y lo obsoleto

La Reforma de 1918: lo vigente y lo obsoleto

Por Roberto Follari

En esta Ă©poca de agudizaciĂłn de las polĂ­ticas represivas, sigue muy vigente la exigencia de los principios reformistas: autonomĂ­a universitaria, autogobierno, libertad de cĂĄtedra y de pensamiento. A ello se suman nuevas demandas como la reorganizaciĂłn en departamentos, mayor integraciĂłn regional de los planes de estudio, apertura a distintas modalidades de saber y mayor inclusiĂłn social.
 
Licenciado y doctor en Psicología por la Universidad Nacional de San Luis. Autor de diversos artículos y libros sobre educación, epistemología y ciencias sociales. Profesor titular de Epistemología de las Ciencias. Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Profesor de posgrado en diversas universidades de Argentina y otros países de Latinoamérica


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En tiempos en que el neoliberalismo se enseñorea a nivel mundial (y en los cuales ha retornado a su plena presencia en casi todos los gobiernos latinoamericanos), no estĂĄ de mĂĄs subrayar el enorme legado de la Reforma de 1918. Legado que fue mucho mĂĄs allĂĄ de la Argentina, y cuyo alcance planetario no es fĂĄcil de calibrar desde este paĂ­s. Muchas otras naciones adoptaron la autonomĂ­a casi como una “copia” de lo aquĂ­ sucedido, sin que hubieran mediado movimientos sociales o luchas de carĂĄcter local para conseguirla (es el caso de MĂ©xico) y esa Europa satisfecha de sĂ­ misma, que suele tener respecto de nuestros paĂ­ses una percepciĂłn secundarizada y jerĂĄrquica –por cierto en un sentido negativo para nosotros–tambiĂ©n accediĂł a la Reforma a partir de lo obtenido en la Argentina, dado que previamente la autonomĂ­a no estaba planteada expresamente como una condiciĂłn de las instituciones de educaciĂłn superior.

El neoliberalismo no es liberalismo a secas. Si bien pretende ligar en un solo haz las dos grandes tradiciones del liberalismo (la econĂłmica y la polĂ­tica) formando un solo nĂșcleo doctrinario, la clara hegemonĂ­a de lo econĂłmico –y, por ello, de la defensa absoluta del libre mercado como dogma irrenunciable– secundariza la condiciĂłn de lo democrĂĄtico, que es mĂĄs un supuesto declarado que una realidad a sostener sustantivamente. Si para que se mantenga el libre mercado se requiere acabar abruptamente con cualquier principio democrĂĄtico, como sucediĂł palmariamente en el Chile de Pinochet, se lo hace sin miramientos.

Por ello, en nuestros paĂ­ses los atropellos a las libertades pĂșblicas estĂĄn a la orden del dĂ­a. Si los resultados del libre mercado llevan al empobrecimiento de las mayorĂ­as sociales (y esto sucede claramente en los paĂ­ses del capitalismo perifĂ©rico, donde el excedente se esfuma hacia los paĂ­ses centrales por vĂ­a del intercambio comercial y por las remesas de las compañías multinacionales), el resultado es que existen inevitables protestas y movilizaciones de resistencia a esas polĂ­ticas. El corolario casi obvio –pero nunca aceptable– es la represiĂłn, por sus vĂ­as tanto abiertas como colaterales. Estas Ășltimas implican el uso de los datos personales para hacer presiĂłn contra las personas, la amenaza del desempleo a los que militan o piensan diferente, la apariciĂłn de agentes civiles de espionaje infiltrados en las movilizaciones sociales, el uso de las denominadas “redes sociales” para atacar, humillar y escrachar a quienes no admiten las polĂ­ticas privatistas, entre otros mĂșltiples mecanismos. La represiĂłn abierta implica el ataque violento a las huelgas, reivindicaciones y movilizaciones, la amenaza de apelar a tal represiĂłn aun para los casos en que esta no llega a producirse, la cĂĄrcel para connotados dirigentes opositores, incluso la posibilidad extrema de desapariciĂłn forzosa, tal cual se ha constatado en la Argentina.

En tales tiempos, disimulados tras un manto cada vez mĂĄs tenue de estilo “light” (timbreos reales o fingidos, supuestos viajes en micros de lĂ­nea de parte de las autoridades, sĂșbitos actores de la pobreza haciendo publicidad gubernista, referencias en discursos oficiales a “Cacho de Ituzaingó”, “Mercedes de Berazategui” y parecidas alusiones inverosĂ­miles) campean los atentados a las libertades pĂșblicas, tambiĂ©n en la universidad. De tal modo esas libertades, proclamadas y sostenidas por y desde la Reforma universitaria del año 1918, corresponde que sean defendidas a rajatabla, ya que en ese sentido es evidente que el legado de aquel movimiento democratizador de hace un siglo se encuentra plenamente vigente en tanto bandera a sostener.

La entrada de la policía jujeña al predio universitario una noche de este año 2017, cuando los estudiantes estaban realizando una fiesta, es un ejemplo de violación a la autonomía de las universidades, la cual fuera proclamada en aquella ocasión. La autonomía no es extraterritorialidad, pero sí implica que las fuerzas de seguridad pueden entrar al espacio universitario solo si media un expreso pedido de las autoridades legítimas de la institución. Si ello no se respetara, la tradición inaugurada por el dictador Onganía en 1966, de entrar con la policía a las universidades (en la tristemente célebre Noche de los Bastones Largos, dentro de la UBA) podría seguir repitiéndose, como lamentablemente ha sucedido ya en esta Argentina del 2017.

No es el Ășnico ataque fuera de los cĂĄnones institucionales que han recibido Ășltimamente las universidades en este paĂ­s. Es cierto que no existe formalmente una “autonomĂ­a respecto de lo judicial”, la autonomĂ­a se proclama respecto del Poder Ejecutivo, que es el que opera a las fuerzas de seguridad y –en caso extremo– puede pretender la intervenciĂłn de las universidades y la suspensiĂłn de la vigencia de su autonomĂ­a gubernativa. Pero cuando el poder judicial muestra mĂĄrgenes de porosidad en su relaciĂłn con el Ejecutivo –o algunos de sus miembros parecen someterse al mismo–, la situaciĂłn tambiĂ©n pone la autonomĂ­a en cuestiĂłn. Es el caso del pintoresco fiscal que ha decidido acusar a la misma vez a 52 universidades nacionales (sĂ­, leyĂł usted bien: 52) por supuestos manejos financieros indebidos. SĂ©pase cĂłmo podrĂ­a alguien tener indicios medianamente certeros para todas y cada una de este mĂĄs de medio centenar de instituciones de educaciĂłn superior, diseminadas por la amplia vastedad del territorio nacional: pero es ese el insĂłlito caso al cual nos enfrentamos, que muestra la vulneraciĂłn de la autonomĂ­a por presiĂłn judicial, ya que obviamente esta acusaciĂłn opera (tanto en lo institucional como en lo mediĂĄtico) como espada de Damocles sobre las medidas que las autoridades universitarias tomen, lo que las lleva a tener que buscar congraciarse de alguna manera con el poder polĂ­tico.

Por ello, estĂĄ muy vigente la exigencia de la autonomĂ­a universitaria. Asociada con ella, la de libertad de cĂĄtedra y de pensamiento para docentes y alumnos, no amenazada hoy directamente, pero sĂ­ atacada brutalmente en los medios “de informaciĂłn” hegemĂłnicos (una mĂĄquina de producir falsedades e injuriar opositores, en los Ășltimos tiempos), asĂ­ como en esa cloaca moral que suelen ser las redes sociales, espacio para “trolls” pagados por el poder polĂ­tico, asĂ­ como para el mĂĄs degradado estilo de confrontaciĂłn y de insulto hacia quien piense diferente. En tiempos en que se gobierna con apariencia de libertades y buenas ondas pero con polĂ­ticas fĂ©rreas y autoritarias –las que gustan a un sector no pequeño de la poblaciĂłn–, se hace decisivo salvaguardar las genuinas libertades, el ejercicio democrĂĄtico de la representaciĂłn en los consejos universitarios, la posibilidad de que el pensamiento se exprese sin cortapisas ni coacciones.

Vemos, entonces, que la Reforma universitaria estĂĄ vigente en estos aspectos centrales, pues es un legado imprescindible y asumido de la vida democrĂĄtica actual.

Sin embargo, esta vigencia marca una condición necesaria pero no suficiente para una universidad que esté hoy a la altura de los tiempos. La Reforma pasó hace un siglo, y existen renovadas exigencias para las cuales no tuvo ni tiene una respuesta.

La Reforma opera hoy, se dirĂ­a, por “la negativa”: señala acertadamente lo que no debiera hacerse (atentar contra la autonomĂ­a, contra el autogobierno o la libertad de cĂĄtedra), pero poco puede decir de lo que sĂ­ conviene hacer para que las universidades sean cada vez mĂĄs logradas en la docencia de grado y posgrado, en la producciĂłn de investigaciĂłn, en la relaciĂłn con la sociedad desde lo cultural y la acciĂłn social, en las actividades de divulgaciĂłn y extensiĂłn.

Esta parcial obsolescencia de la Reforma de hace un siglo se advirtiĂł claramente durante el gobierno de RaĂșl AlfonsĂ­n, a travĂ©s de la polĂ­tica universitaria que entonces se desplegara. Por una parte,hubo una impecable acciĂłn desde el punto de vista de las libertades: se reinstalĂł el autogobierno universitario, se garantizĂł la libertad de pensamiento tras la larga noche de la dictadura, se reincorporĂł a alumnos y docentes expulsados desde 1974 hasta1976, y tambiĂ©n luego de marzo de 1976. CampeĂł de nuevo la posibilidad de discutir y pensar, de incluir en las bibliografĂ­as a autores que habĂ­an sido exorcizados, desapareciĂł cualquier limitaciĂłn –que no fuera legal– para reincorporar a aquellos que habĂ­an sido separados de las instituciones en funciĂłn de sus ideas o de su militancia. Y en ello, al margen de casos menores de favoritismo partidario, campeĂł un espĂ­ritu generoso, para el cual no importaba el color polĂ­tico al cual adhiriera cada persona, sino que se las revalorizĂł a todas como universitarios que habĂ­an sido perseguidos, y en atenciĂłn a su singular calidad intelectual y su posibilidad de aporte a la actividad universitaria.

Pero cuando esta difĂ­cil tarea estuvo cumplida, la imaginaciĂłn de la administraciĂłn alfonsinista se terminĂł. No hubo polĂ­ticas especĂ­ficas para las universidades, y la autonomĂ­a se entendĂ­a como desentendimiento gubernativo por las decisiones que se tomaran en cada instituciĂłn, asĂ­ como tambiĂ©n en el sentido de que no habĂ­a –todavĂ­a no lo hay del todo– un sistema universitario sino un archipiĂ©lago de instituciones separadas unas de las otras, sin orientaciĂłn de conjunto, ni finalidad que fuera mĂĄs allĂĄ de la que fijaran separadamente las autoridades de cada una de ellas.

Es decir: la Reforma propone “libertad de”, pero en tiempos ya muy posteriores a su formulaciĂłn, carece de propuesta en cuanto a “libertad para”. De tal modo su vigencia plena en tiempos de RaĂșl AlfonsĂ­n implicĂł un formidable avance hacia la reconquista de las libertades, pero a la vez una pobreza notoria, no solo de recursos (no fue buen tiempo desde el punto de vista presupuestario para las universidades), sino de polĂ­ticas que pudieran, siquiera mĂ­nimamente, transformar estas instituciones y darles una gestiĂłn modernizada y eficaz.

Vayamos enumerando algunas de las cuestiones que tienen que desembarazarse del legado reformista para sostenerse. Antes de ello, una aclaración menor pero nada desdeñable: la universidad gratuita no pertenece al legado del año 1918, sino al del primer peronismo. A pesar de que en la memoria colectiva se ha condensado ambas cuestiones en una sola, la gratuidad fue legalmente establecida recién en 1949, y desde entonces estå vigente. Es una posibilidad de acceso a lo universitario que nos envidian en los lugares en que lo neoliberal se ha enseñoreado plenamente, como Chile o Colombia (muchos de cuyos jóvenes vienen a estudiar a nuestro país). Y es una condición nada obvia, que tendremos que sostener cuidadosamente, dado que el neoliberalismo acaricia siempre la idea de transformar la educación superior en un negocio rentable, como sucede, por ejemplo, en los países del sudeste asiåtico, que ofrecen paquetes a estudiantes provenientes de Norteamérica y de Europa para que estudien allí, a cambio del cobro de muchos miles de dólares anuales por estudiante.

En relaciĂłn con lo dicho se ubica la cuestiĂłn de la educaciĂłn por vĂ­a de las nuevas tecnologĂ­as: sin duda que estas tienen que empezar a usarse mĂĄs activamente en las universidades, y que la posibilidad de cursos y carreras a distancia puede hacer llegar contenidos y docentes de alto vuelo a los sitios mĂĄs remotos del territorio. Pero la amenaza que se implica en pretender dar tĂ­tulos a nivel internacional sin control del Estado local (lanzada permanentemente desde la OrganizaciĂłn Mundial de Comercio) o la de reemplazar a los docentes por cursos filmados que se repitan en mĂșltiples ocasiones, muestran que se requieren regulaciones locales claras y precisas, obviamente inexistentes en tiempos de la Reforma.

La cĂĄtedra, modalidad señera para aquel movimiento, es hoy una rĂ©mora a superar: divide a los acadĂ©micos en mĂșltiples espacios segmentados entre sĂ­, es jerĂĄrquica internamente, pone severos obstĂĄculos a la movilidad y promociĂłn de los docentes e investigadores. El sistema departamental resulta mucho mĂĄs adecuado, si bien las resistencias de los mismos acadĂ©micos hacen difĂ­cil imponerlo donde el sistema de cĂĄtedras estĂĄ consolidado.

La presencia de sectores populares en las universidades fue un avance del gobierno que comenzĂł en 2003; la Reforma se ocupĂł de que los sectores medios llegaran a la universidad, pero no de que lo hicieran los mĂĄs desposeĂ­dos. Esta inclusiĂłn social debiera mantenerse y reforzarse, pero con las polĂ­ticas neoliberales es esperable todo lo contrario, si bien en algunas universidades las autoridades resisten –como pueden y en desventaja de fuerzas– dichas polĂ­ticas. Se asocia a ello los programas y acciones para evitar la deserciĂłn de alumnos de sectores populares que, con tutorĂ­as y cursos paralelos, han conseguido una mejorada tasa de retenciĂłn (esto se nota singularmente en las universidades del conurbano porteño). Todo esto se asienta en la tradiciĂłn peronista que se evidenciara en la creaciĂłn de la Universidad Obrera (hoy Universidad TecnolĂłgica), la cual siempre ha dictado cursos nocturnos para que puedan concurrir los trabajadores.

Se requiere mucha renovación: mantener el buen presupuesto habido hasta 2015, amenazado en el presente; agilizar el funcionamiento de los consejos, que debieran no ocuparse de las cuestiones rutinarias; incluir a los posgrados en el organigrama y en el presupuesto; diseñar los planes de estudio y las carreras a dictar dentro de planes estratégicos ligados a la cultura y la economía regionales; abrir fuertemente las instituciones a cursos y modalidades de saber que no sean solo la académica y la occidental, dando lugar a lo popular, lo indígena y los oficios.

Para todo esto que delineamos rĂĄpidamente, la Reforma no es hoja de ruta, y quedarse solo admirĂĄndola y –peor aĂșn– cristalizando el presente en sus preceptos, puede ser una manera de no pensar lo actual, y no ponerse a su altura.

Sostengamos a fuego los principios de libertad de 1918, y estemos dispuestos a tener en el presente la audacia que tuvieron los entonces jĂłvenes de CĂłrdoba, haciendo de tales principios un legado asumido, irrenunciable, para ser histĂłricamente cumplimentado sin ambigĂŒedad, y exigido en sus consecuencias. Pero a la vez tomemos esos principios como punto de partida y no de llegada, como inicio y no como programa completo, porque el presente nos reclama con exigencias que en 1918 eran tan inexistentes como impensables.

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