La interfase urbana-rural como espacio geográfico a estudiar, planificar y gestionar en la mitigación y resolución de conflictos territoriales y ambientales

La interfase urbana-rural como espacio geográfico a estudiar, planificar y gestionar en la mitigación y resolución de conflictos territoriales y ambientales

Por Claudia A. Baxendale

Los márgenes de las ciudades, allí donde el cemento da paso al campo, suelen ser zonas conflictivas. La vida se encuentra atravesada por diversas realidades, necesidades, culturas y objetivos. La mitigación y superación de estas tensiones continúa siendo un desafío para gobiernos comprometidos en mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
 
Licenciada en Geografía (USAL) y especialista en Planificación Urbana y Regional (UBA). Miembro del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) de la UBA e integrante externa de proyectos del Grupo de Estudios sobre Análisis Espacial y Sistemas de Información Geográfica (GESIG) de la Universidad Nacional de Luján


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Probablemente resulte muy atractiva y bucólica la idea de vivir entre el campo y la ciudad, en ese espacio geográfico donde uno contaría con todas las ventajas de estos dos espacios pero no con sus desventajas. De seguro resulta atractivo pensar en el vivir rodeado de verde, de cielos despejados, sin ruidos molestos, sin aires contaminados, compartiendo la vida en comunidad, ganándose la vida sin pensar en las inclemencias del tiempo que puedan afectar los cultivos o el trabajo a la intemperie. Vivir lo suficientemente lejos de la ciudad para evitar sus desventajas pero lo suficientemente cerca para aprovechar sus ventajas.

Espacio a estudiar

Desde la Geografía como disciplina esta interfase urbana-rural puede ser conceptualizada y estudiada como un sistema complejo, es decir, como un recorte de la realidad donde los diferentes elementos que la conforman están relacionados formando un complejo posible de modelizar en busca de configuraciones para comprender y explicar su organización espacial-territorial.

Los estudios realizados desde la Geografía, aun adhiriendo a diferentes enfoques paradigmáticos, concuerdan en que este espacio geográfico se caracteriza por presentar heterogeneidades, fuertes contrastes, discontinuidades, fragmentaciones, cambios dinámicos y fuertes tensiones y conflictos.

Esta caracterización surge tanto al momento de estudiar aspectos estructurales como funcionales, sean por ejemplo usos del suelo, actividades económicas, tamaño de las parcelas, accesibilidad a vías de comunicación, oferta y accesibilidad a servicios urbanos –agua potable de red pública, desagües cloacales, desagües pluviales, iluminación, recolección de residuos domiciliarios–, valoración de la tierra, acceso y régimen de tenencia de la tierra y la vivienda, modos de vida, modos cotidianos de desplazamiento de la población, y calidad ambiental. Así entonces, en zonas muy cercanas en este espacio geográfico los contrastes pueden ser muy fuertes causando conflictos actuales o potenciales.

En la interfase urbana-rural de grandes ciudades de América latina la dinámica que caracterizó los cambios de este espacio estuvo asociada, en las últimas décadas, a la proliferación de urbanizaciones cerradas –zonas residenciales para habitantes de ingresos medio-altos de dichas sociedades–, relacionada a la mejora previa de la accesibilidad en función de la construcción de las autopistas. Este proceso fue acompañado por la especulación inmobiliaria ante la puesta en valor de las tierras ante mejoras en su acceso.

Las problemáticas socioterritoriales en la organización de este espacio variarán según las características naturales, culturales, políticas, económicas y sociales de las zonas; sin embargo, en busca de generalizaciones, podemos mencionar cómo esta interfase actúa como “basurero” de las principales localidades, por lo cual no es excepcional el uso de zonas como basurales clandestinos a cielo abierto de todo tipo de desechos incluyendo residuos patógenos o industriales sin tratar, la presencia de predios industriales abandonados con acumulación de materiales con potencial peligro de ser contaminantes, cavas convertidas en peligrosas lagunas, vestigios de antiguas ladrilleras o tosqueras, cementerios de automóviles, tinglados o galpones sin uso aparente, invernaderos en desuso, y tierras abandonadas.

Junto a estas problemáticas relacionadas con los usos del suelo, el ambiente natural muchas veces encierra algún tipo de riesgo, tal el caso de las inundaciones o deslizamientos de tierras según se trate del borde de alguna aglomeración localizada en zona llana o montañosa. Cualquier riesgo natural puede convertirse en catástrofe ante la falta de previsión afectando a la población, su ambiente construido y la oferta de recursos naturales.

La falta de determinados servicios urbanos en algunas zonas de la interfase da lugar a la presencia de otras problemáticas que dificultan la vida de sus residentes al deteriorarse o contaminarse cursos de agua y aguas subterráneas por actividades industriales no reguladas, exposición a pozos ciegos o desechos cloacales vertidos directamente en los mismos. Así también, la insuficiente cobertura de agua potable por red pública da lugar a extracciones excesivas causando salinización o agotamiento del recurso.

Las problemáticas presentes en los cuerpos de agua no son ajenas a los suelos, dificultándose así las producciones agrícolas intensivas propias de estas zonas como la horticultura y la floricultura. Contaminación, erosión, deterioro y agotamiento de suelos se suman a la pérdida de suelos productivos causada por el crecimiento sin planificación ni control de las aglomeraciones –definida como el continuo edificado o “mancha urbana”–. A modo de ejemplo podemos mencionar que el fuerte crecimiento urbano que tuvo lugar en el sector noroeste y oeste de la aglomeración del Gran Buenos Aires se asocia, espacialmente, con los suelos de mejor índice de productividad de la región.

Junto a estos procesos las pérdidas pueden afectar también a biomas o ecosistemas cuyas funciones y servicios varían desde aquellas relacionadas con la regulación de procesos que ocurren en las diferentes esferas del ambiente –atmósfera, hidrósfera, litósfera y biósfera–, a funciones relacionadas con la oferta de servicios culturales.

El crecimiento “disperso”, “difuso” o tipo “salto de rana” de la aglomeración, con sus consecuencias ambientales, económicas y sociales, si bien característico de América, no es privativo de estos territorios; en las últimas décadas algunos países europeos –los cuales presentan históricamente ciudades “compactas”– comenzaron a enfrentar esta problemática junto a procesos inmobiliarios especulativos.

Se observa entonces que no es tarea fácil lograr dar solución a este proceso expansivo que, para el caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires, algunos estudiosos relacionan, en los primeros momentos de suburbanización, con el subsidio al transporte urbano de pasajeros, y en las últimas cuatro décadas, con el uso del automotor privado facilitado por la construcción de autopistas.

Los modelos urbanos para las ciudades de América latina proponen los términos de “ciudades fragmentadas” y “ciudades de islas” para mencionar los fuertes contrastes territoriales que se han ido gestando en las últimas décadas. Así entonces, con “islas” de riqueza junto a zonas de asentamientos informales, proyectos inmobiliarios que venden “paisajes naturales” –que ni siquiera son propios del sitio–, junto a zonas ambientalmente deterioradas y contaminadas, se presenta esta interfase urbana-rural con sus limitaciones, pero también con sus potencialidades espaciales y ambientales que deberían ser puestas a consideración en la planificación y la gestión de su territorio.

Espacio a planificar y gestionar

El ordenamiento territorial como práctica que corresponde a los organismos de gobierno con competencia en el tema busca llegar a la elaboración de un plan y código de ordenamiento de los usos del suelo discutidos y aprobados en los ámbitos legislativos donde estén los representantes de los habitantes de la zona.

En cuestiones territoriales y ambientales es altamente preocupante la disociación entre lo que se sabe académicamente –y muchas veces está publicado en los documentos de planificación–, con la normativa aprobada y decisiones tomadas en los organismos de gestión.

Para el caso específico de la Región Metropolitana de Buenos Aires, varias de las problemáticas propias de esta interfase han estado contempladas y advertidas en la mayoría de sus documentos de planificación. En base al estudio realizado de dichos documentos por el ya fallecido arquitecto y urbanista Horacio Torres, y focalizándonos en cuestiones territoriales y ambientales, señalamos las siguientes consideraciones.

En el Plan Director para la Ciudad de Buenos Aires, elaborado a partir del año 1948 y publicado en 1962, ya se advertía sobre el crecimiento de la aglomeración señalando cómo las tierras de mayor fertilidad fueron fraccionadas en lotes urbanos de bajas densidades disminuyendo las valiosas reservas de tierras destinadas al abastecimiento de la población. Por su parte se indicaba cómo esta problemática aumenta los costos de prestación de servicios públicos –contribuyendo a dificultar la solución de las situaciones deficitarias que la región ya presentaba–, planteándose como propuesta la mayor densificación de centros para controlar así la expansión espontánea del área metropolitana.

Esta problemática se reitera en documentos subsiguientes como el Esquema Director Año 2000, del año 1970, donde se propone transformar el tradicional esquema radio concéntrico en un sistema lineal con un eje de urbanización por la costa y otro marginal o mediterráneo.

En el documento Sistema Metropolitano Bonaerense, confeccionado en 1975 y publicado en el año 1979 por el Programa de Concertación del Hábitat y Ordenamiento Territorial –surgido por convenio entre la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Humano y los gobiernos provinciales–, ya están presentes referencias a la justicia social, la promoción de la participación de la comunidad en la conformación del hábitat, la preservación del medio ambiente y la calidad de vida junto con la idea de la preservación del rol internacional de dicho sistema metropolitano. Por lo demás, es de destacarse el mismo uso del término “sistema”, lo cual alude a un enfoque de análisis que busca visiones integrales a nivel territorial.

En los Cuadernos del AMBA-CONAMBA (Comisión Nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires) de los años 1986 y 1987 aparece “la regulación ecológica” como “idea fuerza”, planteándose la necesidad de una actitud respetuosa de los ciclos biológicos y las comunidades naturales buscando poner en valor las interfases naturales como las cuencas hídricas, bosques y zonas rurales importantes por su finalidad ecológica y de amortiguación entre áreas urbanas. Se presenta también como estrategia la preservación de los recursos naturales proponiéndose un sistema de áreas naturales de equilibrio junto a un sistema de prevención de catástrofes y la tutela ecológica. Dentro de las acciones ejecutivas se contempla la preservación de la actividad agraria intraurbana y periurbana, la consolidación urbanística, el mejoramiento social de los asentamientos irregulares junto con el mejoramiento de los espacios abiertos para la recreación y la preservación ecológica y de los recursos naturales.

Desde el año 2000 hasta la fecha la situación no ha variado sustancialmente. En el año 1999 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el Consejo del Plan Urbano Ambiental, publica los documentos del Plan Urbano Ambiental. En el documento titulado “La Ciudad de Buenos Aires en el Sistema Metropolitano. Diagnóstico y prospectiva” se presenta un análisis descriptivo-interpretativo de la región señalando las principales problemáticas socioterritoriales junto con lineamientos y recomendaciones para los siguientes temas: infraestructura de servicios, medio ambiente, modalidades de gestión, población, transporte, uso y ocupación del suelo y aspectos jurídicos institucionales. En dicho documento se vuelve a presentar la advertencia relacionada con el crecimiento del área metropolitana siguiendo el modelo de alto consumo de suelo y de baja densidad de población a través de una gran dispersión de los loteos señalando cómo los espacios de borde metropolitano muestran una fuerte competencia entre usos rurales y urbanos en relación con la debilidad de la normativa en cuanto conservación de ciertas actividades y la falta de preservación de tierras de alta productividad. Por su parte, también se señala la necesidad de una agenda metropolitana para la gestión de las cuencas y las reservas verdes metropolitanas.

Ideas similares a las planteadas vuelven a aparecer en el documento titulado “Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires”, de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, del año 2007. Aquí nuevamente se señala en el diagnóstico cómo las formas de crecimiento urbano se produjeron siguiendo diferentes modalidades como la saturación o extensión de barrios periféricos con loteos regulares, la densificación en altura en tejidos consolidados y, junto a estas, la expansión del área urbanizada mediante asentamientos informales y urbanizaciones cerradas de baja densidad. En dicho documento se plantea nuevamente como necesario el revisar los criterios normativos que pautan el tratamiento del borde periurbano al señalar cómo dicho espacio ha pasado de ser un espacio en el que predominaban los usos agropecuarios a un espacio de la especulación inmobiliaria en el que coexisten conflictivamente usos muy diversos. Se indica entonces cómo esta situación permite prever escenarios de mayor fragmentación y conflictos negativos para la sostenibilidad ambiental, para la preservación de los usos agrícolas y para el potencial de usos colectivos. En el año 2010 se presenta el documento “Esquema Director Intermunicipal del Borde Metropolitano” con propuestas para otorgarle a este espacio un perfil con diversidad de usos agropecuarios mediante la consolidación de un cinturón verde productivo-agropecuario en la espera de lograr fortalecer la capacidad de gestionar y ordenar el territorio desde la órbita de los gobiernos locales municipales. Por su parte está presente también la propuesta de la creación de una red de espacios verdes recreativos a nivel regional en base a teorías propias de la ecología de paisajes.
Cambiando la escala de análisis espacial, el doctor Ángel Massiris ha realizado interesantes estudios de normativas y documentos oficiales comparando los presupuestos básicos, fines y objetivos de la práctica del ordenamiento territorial en diferentes países de América latina concluyendo que, en general, la tendencia observable en los objetivos del ordenamiento territorial hacia la primera década del siglo XXI postula alternativas de desarrollo con las siguientes características: regionalmente armónico y equilibrado; socialmente justo, democrático y participativo; descentralizado; ambientalmente sostenible; respetuoso de la diversidad cultural, y económicamente competitivo. Sin embargo el investigador señala la existencia de varias tensiones entre lo postulado por los documentos de planificación y su concreción mediante la gestión territorial. Las tensiones remiten a la articulación de la política de ordenamiento territorial con la política de desarrollo económico –y políticas sectoriales ligadas a esta–, con la cohesión territorial de la gestión, con la sostenibilidad ambiental del desarrollo territorial y con la gestión territorial democrática.

Como es de esperar, esta interfase urbana-rural no es ajena a lo que ocurre en el ordenamiento territorial en diferentes escalas, y nuestro país no es ajeno a las problemáticas generales del continente, por lo cual la mitigación y superación de estas tensiones territoriales continúa siendo un desafío para gobiernos comprometidos en mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Consideraciones finales

En estos tiempos “posmodernos” los enfoques epistemológicos basados en filosofías existencialistas y fenomenológicas –e incluso en posturas irracionales– han dado lugar a estudios socioterritoriales y gestiones del espacio urbano que plantean la participación ciudadana como derecho pero niegan la verdad como correspondencia con la realidad. Al considerarse una realidad que se “construye”, y no una realidad independiente del sujeto que la estudia, la percibe, la vive o la gestiona, la definición de las causas de los problemas se torna cada vez más confusa y su solución prácticamente imposible.
Bajo estos enfoques filosóficos y epistemológicos de corte relativista y subjetivista los criterios de demarcación son fuertemente criticados y conocimiento científico, ideología y poder pasan a conformar un complejo “holístico” cuyo análisis se torna imposible, o incluso ni siquiera se plantea como objetivo.

Adhiriendo a posturas racionales que buscan demarcaciones para lograr mejores comprensiones y explicaciones de la realidad se espera que desde ámbitos académicos se continúe contribuyendo en el estudio de la organización territorial esperando que desde la gestión se logre llevar a la práctica las soluciones necesarias para su mejor ordenamiento.

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