La coordinación del sistema universitario público: el CIN

La coordinación del sistema universitario público: el CIN

Por Gustavo Eduardo Lugones

Se propone aquí una reflexión sobre la conveniencia y la necesidad de lograr avances en materia de planificación y articulación de nuestro sistema de educación superior (ES), ante el notable aumento tanto en su tamaño como en la complejidad de su estructura y en la importancia social y económica de sus actividades. Asimismo, se busca llamar la atención acerca del relevante papel que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) puede cumplir al respecto.
 
Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Quilmes. Director del Observatorio de Innovación y Transferencia Tecnológica


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Los desafíos actuales para nuestras universidades

El número de instituciones que conforman nuestro sistema universitario, en constante aumento, así como la importancia social de sus actividades, ha hecho que en los últimos años hayan alcanzado creciente relevancia interrogantes como los siguientes:

▶︎ ¿Cómo definir una adecuada oferta de carreras?
▶︎ ¿Cómo asegurar inclusión y retención sin resignar calidad?
▶︎ ¿Cómo retener en el sistema los recursos humanos (RR.HH.) formados?
▶︎ ¿Cómo apropiarnos del conocimiento que generamos y, a la vez, impulsar su difusión?
▶︎ ¿Cómo orientar adecuada y eficientemente la agenda de investigación?
▶︎ ¿Cómo fomentar vocaciones científicas y fortalecer la formación de RR.HH. para la investigación?
▶︎ ¿Cómo proteger y preservar la gratuidad de los estudios de grado frente a los cuestionamientos respecto de su pertinencia y viabilidad?
▶︎ ¿Cómo favorecer una redistribución territorial de las capacidades académicas y científicas, en busca de un mayor equilibrio regional?

La necesidad de planificación y de articulación. El posible papel del CIN

Los citados interrogantes justifican lo antes mencionado en cuanto a la necesidad de planificación del sistema y la articulación entre sus integrantes. Esto lleva a llamar la atención sobre el posible papel del CIN al respecto.

El CIN ha crecido mucho en sus funciones y en su capacidad de gestión y hoy se lo ve con gran potencial y serias posibilidades de atender las demandas que recibe desde los distintos ámbitos del Estado y de la sociedad, actuando como representante del sistema. Al respecto, cabe destacar que el CIN representa además a las universidades nacionales (UU.NN.) en el Consejo de Universidades (CU), que también está integrado por el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas (CRUP), los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES) y el Consejo Federal.

El CIN fue creado en 1985 con el fin de nucleara las Universidades Nacionales de Gestión Pública (UU.NN.) y los Institutos Universitarios. Para su funcionamiento divide sus crecientes actividades y responsabilidades en comisiones temáticas (Asuntos Académicos, Presupuesto, Asuntos Internacionales, etc.). Cada una de estas comisiones es presidida por un rector, con el apoyo de otro rector que funge como vicepresidente, y a sus reuniones periódicas concurren representantes de todas las UU.NN. integrantes (otros rectores y/o los responsables de cada tema en sus UU.NN., habitualmente los secretarios respectivos). Del trabajo de estas comisiones surgen las iniciativas y propuestas que se presentan al comité ejecutivo para su consideración. El comité ejecutivo está conformado por los presidentes de las comisiones, más el presidente y el vicepresidente del CIN y es donde se discuten y aprueban las resoluciones, comunicaciones y todas las decisiones que adopta el organismo. Todas las autoridades (presidente y vice del CIN y de las comisiones) se renuevan anualmente en reunión plenaria.

Por cierto, planificar no implica desconocer las especificidades y particularidades de cada institución y de cada región, ni limitar la libertad de acción y la autonomía, sino fortalecer la posibilidad de funcionar cooperativa y complementariamente como sistema, lo que permite incluir en agenda varios temas a discutir, desde la lógica de la organización institucional, curricular y académica, hasta la política de investigación y la vinculación con la sociedad.

A su vez, y respetando la diversidad, el sistema en su conjunto estaría en condiciones de plantearse objetivos comunes respecto de lo que debería ser la ES en el país, lo que se espera y proyecta para el sistema, cuáles son las cuestiones prioritarias, de concreción a corto plazo, así como aquellas que constituyen las ideas rectoras que orientan el desarrollo del sistema como tal. El CIN puede desempeñar un importante rol de mediación y articulación como interlocutor entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, entidades y organizaciones sociales y el conjunto de las UU.NN. para el establecimiento de prioridades y lineamientos conjuntos y un acuerdo acerca de cuáles deben ser los objetivos del sistema universitario.

Este acuerdo debería contemplar, como un eje central, articular y coordinar con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), para discutir lineamientos de planificación en términos estructurales del sistema como tal, lo que incluye el diálogo acerca de políticas disciplinares o parciales, como los programas de mejora de calidad académica o las políticas generales y específicas respecto de la acreditación de carreras, de financiamiento de voluntariados, de capacitación docente, etc. Desde luego, para ello resulta crucial que el CIN como organismo logre plena y efectiva participación en la definición de los criterios de distribución presupuestaria.

Las funciones centrales de las UU.NN.

Esquemáticamente, podríamos resumir las funciones de las UU.NN. en dos. Por un lado, la formación de recursos humanos (RR.HH.) y, por el otro, la generación y difusión de conocimiento.

La primera función refiere, básicamente, a las actividades de docencia, pilar fundamental de la vida universitaria, cuya misión es contribuir a que, en su tránsito por nuestras aulas, los estudiantes se enriquezcan como ciudadanos, como académicos, como profesionales y como técnicos.

La segunda función alude a las actividades de investigación, que permiten la generación, desarrollo y adaptación de conocimientos útiles para transformar la realidad y para ayudar a satisfacer las necesidades sociales. Para que puedan ser empleados y aprovechados plenamente como herramientas para la superación y mejora de los métodos y los productos, estas actividades deben necesariamente ser coronadas por esfuerzos destinados a la transferencia de esos conocimientos a la esfera de la producción de bienes y servicios. Tanto o más importantes aún son los esfuerzos destinados a la extensión (actividad también llamada, quizá más apropiadamente, cooperación social), es decir, las acciones que se llevan a cabo conjuntamente con las organizaciones sociales y la comunidad para utilizar las capacidades con que cuentan nuestros laboratorios y equipos de investigación para la búsqueda, generación o desarrollo, de forma mancomunada, de soluciones y aplicaciones destinadas a dar respuesta a requerimientos sociales.

Hablamos, entonces, del desafío de la apropiabilidad social de los resultados de nuestras actividades. Que los RR.HH. formados y que el conocimiento generado en nuestras UU.NN. lleguen a ser efectivamente adoptados e incorporados por las empresas, organizaciones sociales y agencias gubernamentales para mejorar sus prácticas y resolver sus problemas de desenvolvimiento y desarrollo. Esta es la única vía para consolidar una estructura productiva más equilibrada y sustentable, capaz de apuntalar el incremento sistemático del empleo y de los ingresos de los trabajadores: un modelo productivo con innovación e inclusión social.

Asimismo, el acervo de conocimientos de nuestra sociedad no es más que el resultado de los esfuerzos previos realizados en formación de RR.HH. y en investigación y desarrollo (I&D). Del mismo modo, nuestro futuro depende de las acciones que al respecto estamos llevando a cabo en el presente. Somos, en este sentido, “dependientes de la trayectoria”. Esto es lo que hace tan importante que educación y ciencia deban ser ubicadas siempre al tope entre las prioridades sociales, cuestión, por cierto, en pleno debate hoy en la Argentina.

Prospectiva y planificación

Actualmente, ninguna provincia argentina carece de la presencia de, al menos, una universidad nacional. Esto ofrece la oportunidad y, al mismo tiempo, genera la necesidad de planificar adecuadamente la oferta educativa en el territorio nacional, de modo de contemplar los requerimientos a satisfacer en cada caso, analizando las especificidades y las potencialidades respectivas, adelantándonos al futuro a partir de una imagen objetivo de lo deseable y posible para cada región y en sintonía con las perspectivas nacionales.

Queda claro que debemos poner más esfuerzos en actividades de prospectiva que nos orienten respecto de la dirección en que debe encaminarse la oferta en materia de ES. Debemos estar atentos a la cambiante realidad del contexto regional y mundial y, simultáneamente, tener claridad respecto de nuestras aspiraciones en materia de ES.Entre estas aspiraciones, una cuestión central es, sin duda, la definición de las trayectoriasa seguir en cuanto a la oferta de carreras: pertenencia disciplinar, características, modalidad, duración, tipo de egresado buscado, etc. Queda claro, asimismo, que estas definiciones deberán atender a las necesidades específicas y perspectivas a futuro particulares de cada espacio territorial.

Esto debe ser acompañado por una concepción de la misión universitaria que deje de lado cualquier atisbo de elitismo y asuma la educación superior como un derecho básico de los ciudadanos y un bien público. Perola universidad inclusiva no debe ser solo abierta y democrática y bregar por la retención de los ingresantes y el aumento sistemático de la tasa de graduación; es necesario, además, asegurar una educación de máxima calidad para que las prácticas inclusivas lo sean realmente y no solo en lo aparente. Inclusión y calidad son, por lo tanto, dos aspectos de un mismo proceso.

En cuanto a la función de generación de conocimiento, la libertad e independencia de criterio del investigador para desarrollar sus tareas no implica relevar al Estado del papel fundamental que debe cumplir en la orientación de la actividad científico-tecnológica. De esto dependen las posibilidades de lograr el máximo provecho social de los esfuerzos en ese sentido y la apropiabilidad de los resultados.

Para lograr el desarrollo integral del país es crucial que el Estado fije prioridades y asigne recursos diferenciales o específicos a ciertas áreas del conocimiento identificadas como estratégicas para generar capacidades, aprovechar potencialidades o superar cuellos de botella.

Esto tiene, por cierto, también una expresión territorial. Es imperioso favorecer una redistribución territorial de las capacidades académicas y científicas, en busca de un mayor equilibrio regional. Esto requiere un mayor conocimiento de las especificidades regionales en términos de obstáculos y potencialidades para el desarrollo integral, lo que incluye el cuidado y preservación del medio ambiente. La agenda de investigación en cada zona o espacio de nuestro territorio debe atender las particularidades respectivas y tomar en cuenta las condiciones actuales y las perspectivas a futuro.

La imperiosa necesidad del fortalecimiento de la articulación institucional

Existen sólidas bases para avanzar en esta dirección a partir de las notables mejoras logradas en los últimos años en la articulación entre los organismos con competencias en materia de C&T, producto de los valorables consensos alcanzados en el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT);el aprovechamiento por parte de nuestros investigadores de los instrumentos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del MINCYT; los acuerdos para acciones conjuntas entre el MINCYT y el CIN, o los celebrados entre el CIN y el CONICET.

Existen, de todos modos, asignaturas pendientes, como lo es una relación más fluida con otras áreas de gobierno (distintas al MINCYT y el CONICET), particularmente con las vinculadas a la política económica, productiva, de salud, etcétera.

Otro aspecto en el que es imprescindible fortalecer la articulación es el referido a los vínculos entre educación superior y educación media. De las mejoras que logremos en esta relación depende que podamos lograr una mejor inserción y retención de los egresados del secundario que ingresan a nuestras UU.NN.

La importancia de la apropiación social de los RR.HH. y el conocimiento

Si la educación superior es un derecho básico de los ciudadanos y un bien público; si la universidad debe ser abierta y democrática, debe asegurarse la gratuidad de la enseñanza. Una asechanza permanente, que puede contribuir a minar esta convicción, es la idea de que el beneficio individual del acceso a la ES es mayor que el provecho social. Aun si aceptáramos tal premisa, seguiría siendo válido defender la gratuidad de los estudios universitarios de grado, si buscamos una sociedad más justa e igualitaria y en tránsito hacia mayores niveles de bienestar general.

De todos modos, cuanto mayores sean nuestros logros en materia de apropiación social de los RR.HH. formados en nuestras UU.NN. y de los conocimientos generados por nuestros graduados, más nos alejaremos de la suposición de que los recursos públicos aplicados a la educación y la investigación universitaria no retornan a la sociedad multiplicados en nuevas capacidades y potencialidades para satisfacer nuestras necesidades actuales y las que se vayan generando en el tránsito hacia un desarrollo integral, justo e igualitario.

Las preguntas clave son, entonces, ¿cómo retener en el sistema a los RR.HH. formados?¿Cómo apropiarnos del conocimiento que generamos y, a la vez, impulsar su difusión?
La misión primigenia, básica y fundamental de nuestras UU.NN. es la formación de recursos humanos (RR.HH.). Esto está dicho, en principio, para abogar por la revalorización de la docencia como nuestra principal misión y por la jerarquización de la enseñanza en contra de quienes parecen otorgarle una menor jerarquía respecto de la asignada a las actividades de investigación, publicación, transferencia y extensión, que también llevan a cabo nuestros docentes. También para propugnar la plena y activa incorporación de los RR.HH. que logramos formar, a las actividades de nuestras organizaciones, instituciones y empresas.

En contrapartida, su aprovechamiento parcial o nulo da lugar a una sangría que es doblemente perjudicial ya que no solo nos privamos de aprovechar el fruto de los esfuerzos sociales invertidos, sino que estos terminan incrementando capacidades ajenas, que luego pueden resultar determinantes en los posicionamientos relativos de nuestro país en el concierto internacional (a esto aluden los conocidos conceptos de “fuga de cerebros” y “transferencia tecnológica ciega”).

Otra de las misiones básicas de las UU.NN. es la de llevar a cabo actividades de investigación (básica y aplicada), el desarrollo tecnológico a partir de conocimientos generados o adquiridos, la adaptación de conocimientos y técnicas disponibles, la búsqueda de nuevas aplicaciones a conocimientos previos y de soluciones técnicas para la resolución de problemas en los diversos campos que abarca el quehacer humano y la amplia variedad de situaciones que requieren de conocimientos científico-tecnológicosy los aprovechan para superar los obstáculos que enfrentan las empresas (públicas y privadas), las organizaciones sociales y las instituciones o para acceder a nuevos y mejores niveles de desempeño.

Esto habla de la importancia estratégica de la vinculación del sistema de C&T con el sistema de producción de bienes y servicios. El desarrollo y fortalecimiento de estos vínculos es crucial para ampliar la difusión de conocimiento, la introducción de innovaciones y, consecuentemente, las mejoras en el bienestar general.

Es prioritario que nuestras UU.NN. continúen profundizando las acciones en materia de transferencia, extensión y difusión a fin de que empresas y organizaciones incrementen la incorporación a sus planteles de RR.HH. formados en nuestras aulas y laboratorios y de los conocimientos generados en estas y otras instituciones de C&T (al respecto, tengamos en cuenta que en todas y cada una de nuestras UU.NN. existe al menos una unidad u oficina de vinculación y transferencia de tecnología).

Reflexiones finales

El contexto actual de nuestra vida universitaria y de obligatoriedad de la escuela secundaria está permitiendo pensar a la Educación Superior como un derecho, en tanto haya un Estado que lo garantice, lo cual es inédito en la historia universitaria argentina. El CIN puede cumplir un rol protagónico también en la articulación entre las universidades que están en el territorio, y ese Estado –no solo la SPU, sino también los ministerios– que está planificando el conjunto. Cada universidad tiene una mirada y una inserción social o integración en su territorio, una red de relaciones con otras instituciones, y la articulación, cooperación e intercambio con el resto del sistema enriquecerían las posibilidades de las UU.NN. y su aporte a las economías regionales y al desarrollo de las comunidades. El desafío es armonizar la mirada de más de 60 instituciones, con su diversidad, y luego articular las coincidencias que se puedan establecer, con el organismo responsable del Estado, que es la SPU.

Existen actualmente un sistema de evaluación y acreditación común, un sistema de incentivos común, pero no un sistema de prioridades. El CIN está en condiciones de abordar un proceso de planificación de ese tenor, cumpliendo un rol importante para colaborar en la asignación de prioridades en materia de docencia e investigación y en el fortalecimiento de las actividades de vinculación y transferencia.

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