Emociones y representaciones en la legitimación social del castigo

Emociones y representaciones en la legitimación social del castigo

Por Mariano H. Gutiérrez

Las cárceles se sostienen por lo que significan en el imaginario colectivo, por lo que representan. Lo penal está allí para degradar, o para asegurar el sometimiento simbólico de un sector social. Se trata, en definitiva, de un mecanismo para defender las diferencias simbólicas que hacen a la estructura vertical del orden social.
 
Abogado. Magister en Criminología. Miembro del Programa de Estudios del Control Social. Docente en Facultad de Ciencias Sociales - UBA


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Esta semana, una persona cuya bondad y altruismo son indiscutibles me preguntó qué opinaba sobre el nuevo anteproyecto de Código Penal y si estaba de acuerdo. Por supuesto, lo hizo para manifestar que ella no. Le pregunté con qué parte o con qué cambio no estaba de acuerdo. Me lanzó un par de observaciones sobre la reincidencia, o que bajaba las penas; detalles falaces que, yo sé, había leído en el diario. Le dije que no eran ciertas. Me miró con desconfianza y desaprobación. Igual no le gusta. Igual está en contra. No le parece.

El rechazo que genera este proyecto en amplios sectores de la población no es racional desde una lógica jurídica. No depende de su lectura textual. Ha asumido un valor más allá de lo que diga su letra. No es pensado, es sentido. Ese valor está dado por la imagen que se ha construido de él públicamente. En esa imagen no intervienen sus párrafos, sino sus autores (nuevamente, no tanto sus autores, sino la imagen pública que se ha construido de ellos), los comunicadores sociales que lo presentan y califican, y lo que actores de mucha visibilidad dicen que ese Código significa.

Esto vale también a la hora de pensar en la cárcel como castigo, y en el sistema penal mismo. Ninguna persona sensible que haya visitado por dentro una cárcel puede sostenerla. Es una sensación angustiante. Algo en nuestra sensibilidad nos dice que no está bien tener a las personas encerradas, mucho menos en esas condiciones. Pero ni con reflexiones sobre la inhumanidad de las penas ni aun acercando esas imágenes y sensaciones podemos convencer al “gran público” de que lo mejor que se puede hacer con las cárceles es humanizarlas o reducirlas, y si se pudiera, abolirlas. Las cárceles se sostienen no tanto en sus discursos, críticos o legitimantes, más o menos cientificistas, menos o más juridicistas y siempre en crisis; se sostienen por lo que significan en el imaginario colectivo, por lo que representan.

Son los mismos signos de inhumanidad y violencia que nos chocan cuando los presenciamos los que ponen en marcha una de sus funciones principales, reclamada y reivindicada desde el afuera: la putrefacción. A partir de ellos la cárcel funciona como la pieza clave de una gran maquinaria social de degradación simbólica.

Imágenes y emociones

Según G.H. Mead, en el proceso de comunicación entre seres humanos estamos constantemente emitiendo una imagen propia, y una imagen del otro. Todo lo que el otro hace como acto comunicativo da cuenta de una imagen que tiene de mí. Todo acto comunicativo propio da cuenta no sólo de la imagen del otro, sino de la imagen propia, que yo mismo tengo, y que el otro tiene de mí. En cada acto comunicativo, el uno o el otro van ajustando, según las respuestas, esas imágenes. Más allá del contenido intencional del mensaje, el principal proceso de socialización y construcción de la subjetividad se da en la interacción comunicativa. En ese juego recíproco que atraviesa todos los actos de nuestra vida social, y que requiere pensarme como objeto de la comunicación, construyo una identidad propia, y una identidad social, que incluye todo lo que los demás piensan o sienten de mí. Esa identidad social viene acompañada, claro, de una forma de interpretar mis conductas como expresión de esa identidad.

Pero las identidades sociales propias y del otro no se construyen de materiales aparecidos sui generis en el inconsciente colectivo o en la experiencia puramente individual. Como parte de una cultura, en el mismo proceso interactivo aprendemos a incorporar y poner en juego categorías generales sobre los otros, que nos permitirán trazar una cartografía general, coordenadas sociales; de forma tal de manejarnos en un número limitado de sujetos colectivos del cual los sujetos individuales son parte, en el cual se mueven y que marcan su posición. Un individuo, así, puede ser definido en función de un número limitado de características que lo incluyen en determinados grupos, que son objetos-lugares en un imaginario compartido. Al hacerlo, en nuestra cartografía social imaginaria, un individuo representa y es representado entonces por ese grupo-categoría. Él –y por lo tanto también su conducta– se convierte en expresión del sujeto colectivo del cual forma parte.

En este juego de interacciones que transportan, casi siempre inconscientemente, significados sobre los sujetos-objeto tiene un rol especial la cuestión de la agresión. La agresión es, desde su forma más primaria, el vehículo de la autoafirmación, el dominio, la superioridad de uno sobre otro. Y en el proceso de intercambio simbólico, el efecto de autoafirmación deviene una característica del sujeto mismo, un valor de la relación interpersonal: dominio, superioridad, poder. Lo mismo vale, pero a la inversa, en el sujeto agredido: porta el significado del sometimiento, la reducción, la humillación. Esta dinámica explica que, frente a la agresión, la defensa de la identidad propia reclame una agresión en sentido inverso, una expresión de fuerza, un remedio autoafirmativo: la revancha o la venganza, que permitirá recomponer el sentido del valor del yo.

Pero, insistimos, todo acto aporta significados que exceden el contenido intencional de su actor. Los sujetos puestos en juego en este conflicto y sus posiciones relativas de poder también devienen objetos representativos para la mirada colectiva. En la medida en que portan identidades colectivas, el significado de la agresión y su revancha deviene colectivo. Es decir que en tanto exista una pluralidad de sujetos que pueda identificarse, en un conflicto determinado, con la víctima o el victimario, agregarán al conflicto significados propios, que pondrán en juego en esa dinámica de autoafirmación. La revancha personal deviene pena colectiva. La venganza deviene castigo merecido.

Los sujetos colectivos encuentran así, en el conflicto individual, un vehículo para su propia reivindicación simbólica. El conflicto de la ofensa y su castigo se convierte en representación de uno o varios problemas colectivos. En tanto es representación de otro sentimiento de revancha, las necesidades colectivas de reivindicación que se colocan en ese conflicto pueden tener fuentes absolutamente ajenas a ese conflicto, pero que piden ser representadas en él: la angustia frente a un conflicto personal o colectivo, la toma de conciencia del sometimiento en la historia propia, incertidumbres ontológicas, inestabilidad social. El efecto autoafirmativo de la revancha se propaga así sobre todo aquel que se perciba como víctima, y se convierte en necesidad de los colectivos que han hecho suyo el conflicto, amplificando su poder simbólico.

Sólo falta aquí incorporar un componente del orden social, que, en este esquema parece ausente: la estructura vertical de la sociedad; y con ella, los intereses antagónicos de los sujetos que la integran, organizados según esa estructura. Dicho de otra forma: si el castigo en un caso particular porta el significado de autoafirmación/degradación de sujetos colectivos, ¿qué significados se ponen en marcha en los distintos grupos sociales, distinguidos por su clase, estatus y jerarquías –en definitiva, por posiciones de poder relativas diferenciadas estructuralmente–?

Grados y valores

La literatura sociológica del castigo nos ha estado hablando insistentemente, pero de forma inconexa, sobre los efectos de degradación que producen las distintas instituciones involucradas en el sistema penal. Harold Garfinkel nos advierte que las persecuciones públicas que asignan identidades negativas son las “ceremonias de degradación” colectivas. E. Goffman nos advierte que las instituciones totales ponen en marcha mecanismos de destrucción y degradación del yo, para poder instalar una “identidad institucional” sometida y degradada, obediente a ciertos códigos (legales e ilegales) de la vida interna. Foucault nos advierte que en el sistema penal moderno hay ilegalismos permitidos y tolerados e “ilegalismos sometidos”, constituidos como delincuencia; que de allí se construye ese sujeto gris y peligroso y anormal: el “delincuente”, útil a múltiples mecanismos de vigilancia y control social. La etnografía judicial nos advierte sobre todos esos mecanismos en apariencia burocráticos del procedimiento judicial (los modales, el lenguaje, la arquitectura), que marcan una identidad superior y exterior en el juez y el funcionario, por sobre la del justiciable. Los servicios penitenciarios y la policía siguen utilizando un tipo de saber científico de perfiles criminales, en los que el delincuente es un sujeto defectuoso, inferior (por problemas innatos, por características psicológicas o por trayectoria social).

Y más allá de los discursos, complejos mecanismos de degradación se ponen en marcha en la práctica cotidiana del sistema penal, desde cómo se concibe el sujeto a penar en la representación legislativa, hasta el trato policial y judicial, pasando por el valor simbólico de la sentencia, que homologa jerarquías y dictamina identidades, y llegando hasta los mecanismos violentos para mantener el orden en la institución penitenciaria. En todas ellas podemos encontrar una función de establecer y mantener jerarquías. En las fuerzas de seguridad hay un ejercicio de la violencia, primero entre los mismos oficiales y “sub” oficiales. Hay violencia entre personal e “internos”, avalada por el poder de administrar sus derechos en forma de beneficios y privilegios, castigando o premiando. Y hay también una violencia cotidiana entre internos que se aplica, se permite o se estimula como forma de mantener el orden. Aparecen, en el mundo carcelario, toda una serie de categorías, desde los “capangas” o “limpieza” hasta los “gatos” y “refugiados”.

Son múltiples castigos, continuos, constantes, que se ponen en marcha en los procesos de criminalización, y que establecen un orden de dominio, una estructura de inferiores y superiores. Violencias para la gradación: para someter, para reducir, y por lo tanto, para afirmar una superioridad, también. Tanto en su práctica interna como en el sentido general que asumen esas prácticas hacia el exterior.

Sentimientos de castigo, Identidades y ubicaciones

El castigo como expresión general no se dirige únicamente al acto, sino al autor, en tanto estos (acto y autor) permiten representar en un determinado contexto otro conflicto más general, son depositarios de representaciones.

Hay ocasiones en que casi toda la “sociedad” genera o avala un rechazo que puede ser calificado de total. Ocurre en los crímenes aberrantes. Se defiende simbólicamente un “valor” o una prohibición que sentimos que resulta fundamental para un “nosotros”. Hay otras ocasiones en que hay una reacción colectiva amplia, en casos que generalmente no la producen. Ese movimiento permite ser explicado por ese efecto representativo de un conflicto histórico en una coyuntura muy específica. Y hay otras conductas cuya reacción es siempre parcial, que nos afectan en tanto parte de una sociedad. Por ejemplo, aunque los “ladrones” estén instalados con una identidad negativa de forma muy amplia en nuestro imaginario, los delitos contra la propiedad privada no siempre generan una respuesta emocional, visceral, de rechazo, generalizada.

El sistema penal ha generado toda una literatura y un saber que prueba su necesidad frente a crímenes aberrantes. Pero en su realidad operativa se nutre, principalmente, de delitos (y calladamente, deja de lado a otras violaciones a la ley que tolera en función de quién las comete). En la provocada confusión entre delito y crimen, delincuente y criminal, se encuentran muchos de los resortes de legitimación de castigo: se convoca la imagen del criminal para seguir trabajando con el delincuente; se trabaja con el delito del delincuente para dejar pasar los ilegalismos de gente respetable.

El “delincuente” es un sujeto específico. Así como el criminal aberrante es un exceso sobre los otros y sobre la norma, el delincuente es un defecto respecto de los otros y la norma. El criminal es un otro radical, el delincuente es “otrificado” al aplicársele esa categoría. El delincuente es construido a partir de estas características: es pobre, sin educación, roba, no “tiene códigos” (lo que lo hace violento y lo convierte en peligroso incluso para los cercanos), es joven y preferiblemente varón (aunque últimamente hay una llamativa insistencia en promover la igualdad de género). Cualquiera de sus carencias y defectos es utilizado como una explicación de la otra: roba porque es pobre, es pobre porque no tiene educación, o trabajo, no trabaja porque puede vivir de robar, etc. El defecto, la inferioridad, la falta de respeto a la propiedad y la violencia se explican, entonces, porque son características de la clase social a la que pertenece. Su ubicación en la cartografía social sirve para entender su comportamiento. Son “negros/marginales/pobres”. El delincuente es así una expresión de una clase social particular. Resulta representativo de todo un otro, un sujeto colectivo distinto, al que, se supone, provee a los victimarios.

Imaginado así, construido así el problema como una división binaria (los negros/pobres/marginales contra el resto, las clases victimizadas) el problema del delito y la inseguridad se explica a partir de los representantes de dos sectores sociales antagónicos. Ellos y nosotros. Uno inferior (defectuoso) y uno medio/superior (normal). Resulta muy frecuente escuchar en cada “hecho de inseguridad” una amenaza de inversión de las jerarquías sociales: “estamos a merced de los chorros”, “obligados a vivir entre rejas mientras ellos se pasean impunemente”, entremezcladas con expresiones que dejan claro que el conflicto representa a todo un sector social inferior “que no quiere trabajar”, “que quieren vivir de los planes sociales que pago con mis impuestos”, o que “el gobierno financia la vagancia y la delincuencia”. El delincuente ha roto nuestras normas, amenaza nuestra forma de vida, se burla de nuestro esfuerzo cotidiano.

El sentido de castigo reclamado en nombre de todo un grupo social victimizado en cada delito “común” (la clase media “laburante”, los propietarios, los honestos), tiene el sentido de un proceso simbólico de reubicación, de fijación de una marca identitaria de inferioridad para el castigado. Debe respondérsele con castigo, para “dar un mensaje” que reafirme simbólicamente nuestras marcas de identidad colectiva y nuestra posición; y que emita una sanción de inferioridad con lo que el delincuente representa.

Representantes y representados

Que la cárcel, y todo el sistema penal, desde los motivos para la sanción de una ley hasta la tarea de los patronatos de liberados, tienen una importante función degradatoria, sólo puede ser ignorado por exceso de intelectualismo a la hora de pensar el castigo. “Que se pudran en la cárcel” (independientemente a quién se aplique) es una expresión, por demás, muy gráfica, de esta función degradatoria que se reclama al castigo.

Pero como hemos dicho, el individuo porta significados que lo exceden, y por ello, este efecto degradatorio no se dirige sólo a él mismo sino a lo que él significa colectivamente. Su pena significa también la defensa de la posición e identidad de todo el grupo que se constituye como su víctima antagonista en el conflicto. La persecución, el castigo legal, la prisión, de ese sujeto, es una operación simbólica sobre todo un sector social al que el imaginario colectivo lo asocia y del cual lo ha asignado representante, que avala distintas formas de aplicación de violencia contra él en todas las instancias. La degradación simbólica violenta del señalado como delincuente se proyecta a los grupos sociales con cuya representación se lo carga. Es justificada, incluso exigida, es sentida como una necesidad moral, es reclamada a las instituciones.

La literatura criminológica ha tratado el caso de que en situaciones de crisis de las clases medias, el reclamo de castigo recrudece: es una defensa simbólica de la distancia social que se necesita afirmar. Si la hipótesis es cierta, resulta lógico que también en épocas de movilidad ascendente de las clases bajas se demande, con urgencia moral, ese poderoso mecanismo de reubicación social. Se trata, en definitiva, de la defensa de las diferencias simbólicas que hacen a la estructura vertical del orden social, mediante la aplicación de marcas degradatorias de la identidad de los otros.

Volvamos a nuestra excusa inicial, el disparador del anteproyecto del Código Penal. Nuevamente, no se resiste en él lo que dice, sino lo que simboliza por suponerse que es benévolo o tolerante con el delincuente común. El actual lleva en él las marcas de la historia de varias luchas simbólicas ganadas, las reformas Blumberg y tantas otras que, aunque hagan de él un laberinto jurídico, son pequeños trofeos que recuerdan que, en efecto, lo penal está allí para degradar, o para asegurar el sometimiento simbólico de un sector social.

Cuando recrudecen los reclamos de castigo contra “la delincuencia” en general, se les asigna la función de re-imponer un orden que se supone amenazado por el delito (del delincuente) y su impunidad. Se clama por la aplicación del efecto identitario degradatorio que el sistema penal provee, por la marca de las diferencias que sostienen al orden social vertical y segmentado. Se clama, finalmente, por la reafirmación simbólica de las posiciones y las jerarquías sociales.

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