El nuevo rol de los fiscales

El nuevo rol de los fiscales

Por Diego GarcĂ­a Yomha

La mayoría de los delitos que ingresan a la justicia federal son denominados “complejos” y requieren un modelo dinámico de investigación que escapa ampliamente a las funciones que cumple un juez. Es necesaria una reforma del sistema judicial que prevea mecanismos de investigación diferentes a los actuales, obsoletos ante una dinámica delictiva que varía constantemente.
 
Miembro de la Junta Directiva del INECIP. Fiscal Nacional de EjecuciĂłn Penal


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Cuando uno prende la televisiĂłn y ve noticias vinculadas con un caso que es investigado en la justicia federal y en el ĂĄmbito de la Capital Federal, si existe algĂșn funcionario desde el Poder Judicial que brinda declaraciones sobre los avances de una causa, esa persona, sin lugar a dudas, serĂĄ un juez.

Es mĂĄs, si uno pregunta a cualquier persona que no tiene conocimientos de derecho le va a decir que es mucho mĂĄs importante el rol que cumple un juez que el que lleva adelante un fiscal o un defensor.

Estas valoraciones no son casuales y son producto del sistema procesal penal que estĂĄ vigente en la justicia federal y nacional; en donde es el juez quien investiga y juzga los delitos. Los fiscales cumplen un rol mĂĄs pasivo, y son meros observadores cuando es el juez quien investiga.

La justicia federal tiene a su cargo los delitos de mayor trascendencia para nuestra sociedad porque juzga los delitos de corrupción, tråfico de drogas, contrabando, trata de personas, secuestros extorsivos, lesa humanidad, etcétera.

La circunstancia de que sea un juez el que investigue y no un fiscal, presenta grandes limitaciones para que el sistema sea eficaz y obtenga buenos resultados.

La mayoría de los delitos que ingresan a la justicia federal son denominados “complejos”. Para que sean investigados de manera adecuada se requiere, desde el Poder Judicial, que se prevean mecanismos de investigación diferentes a los actuales.

Varios estudios sobre el funcionamiento de la Justicia han demostrado que los casos complejos demoran un promedio de 14 años, y que la mayoría terminan sin una sentencia (condena o absolución) porque el Estado tardó tanto en investigarlos que prescriben. Es decir: no pueden ser juzgados.

Los delitos complejos requieren un modelo dinĂĄmico de investigaciĂłn que escapa ampliamente a las funciones que cumple un juez.

La funciĂłn del juez no es investigar sino, como lo indica su nombre, juzgar los hechos. Por el contrario, quien sĂ­ debe hacerlo es el fiscal. Este debe buscar la prueba, llevar a juicio una persona y, luego, serĂĄ el juez el que decida si es culpable o inocente.

Si se otorga la facultad de investigar al fiscal, podrå tener una visión estratégica general de los delitos que se estån cometiendo en la sociedad. Es decir, le va a permitir adquirir una visión global de dónde, cuåndo y cómo se estån cometiendo los delitos.

Por el contrario, cuando el que investiga es un juez, por las limitaciones que tiene su funciĂłn, sĂłlo podrĂĄ conocer los casos que a Ă©l le lleguen por una denuncia que se haga en la comisarĂ­a o por el propio accionar de la policĂ­a (detener a una persona cometiendo un delito).

De esta manera, si produce una modificaciĂłn sustancial del sistema judicial, el fiscal debe tener una nueva funciĂłn (investigar los delitos) y una responsabilidad diferente a la que hoy en dĂ­a cumple (dar cuenta a la sociedad de los resultados de los casos que tuvo a su cargo).

Una de las ventajas que implica esta nueva función es la posibilidad de que puedan planificar y diseñar estrategias mås integrales que no se limitan a investigar un delito aislado.

Para ello, es importante que los fiscales tengan a su alcance toda la información delictiva que esté disponible y, en base a ella, determinar en qué lugares se estån cometiendo delitos y cómo pueden prevenirse.

Un ejemplo de lo que aquĂ­ señalo puede dar mayor caridad. Hoy en dĂ­a, con la investigaciĂłn a cargo de los jueces, si se cometen muchos robos de estĂ©reos o ruedas de vehĂ­culos que estĂĄn estacionados en la vĂ­a pĂșblica, el juez o los jueces que intervengan en esa zona sĂłlo verĂĄn hechos de robo aislados (un juez que trabaja en un turno sobre la avenida Corrientes durante 15 dĂ­as, recibirĂĄ varias denuncias de robo y es probable que pase varios meses para que ese mismo juez vuelva a estar de turno en esa zona para comprobar si hay una conexiĂłn entre esos delitos. Esto es asĂ­ porque cada 15 dĂ­as intervendrĂĄ otro juez). Es decir que ningĂșn juez podrĂĄ darse cuenta de dos cuestiones: 1) que en esa zona se comenten muchos delitos del mismo tipo; 2) no puede establecer polĂ­ticas de prevenciĂłn sobre una determinada modalidad delictiva porque no es funciĂłn de Ă©l.

En cambio, si la investigación estå a cargo de uno o varios fiscales, estos recibirån siempre la información de que en esa zona se estån cometiendo muchos delitos iguales. De esta manera, ademås de investigar y juzgar a los responsables de los robos de estéreos o de ruedas de auxilio, también podrå planificar estrategias con la policía del lugar, y otros organismos estatales, para prevenir el delito en ese sitio. Es decir: identificar los horarios en que se producen los robos, de qué manera se realizan, pensar formas de prevención estableciendo por ejemplo cåmaras de seguridad, aumentando la presencia policial, etcétera.

Por otro lado, ese tipo de delitos tambiĂ©n se vincula con lo que se denomina “delitos de mercado”, dado que lo obtenido por esos robos ingresa a un mercado de venta ilegal. Esto sucede con los desarmaderos de autos robados, los locales que venden en forma ilegal celulares, estĂ©reos, ruedas de automĂłvil, etc. Parte de la tarea de los fiscales es identificar que si en un determinado momento se comienza a robar en forma reiterada algĂșn elemento (ruedas, estĂ©reos, celulares) es porque esos elementos se estĂĄn vendiendo de manera ilegal.

La investigaciĂłn, entonces, tiene que identificar cuĂĄl es el recorrido que hacen las cosas robadas para que comiencen a investigar los lugares que los venden y, de esta manera, detener el mercado ilegal para reducir el robo de esos productos.

Esto requiere un dinamismo y manejo de la informaciĂłn tan amplio que es imposible que los jueces lo realicen porque, como dijimos, el juez sĂłlo va a investigar un robo aislado y no podrĂĄ tener la visiĂłn global que poseen los fiscales.

AdemĂĄs los fiscales representan los intereses de la sociedad y de las vĂ­ctimas en particular. Por el contrario, los jueces no representan ninguna de esas cuestiones, sino que deben actuar con imparcialidad (es decir que deben juzgar el hecho de la manera mĂĄs objetiva posible).

Es por ello que los fiscales cuando investigan tienen sobre sus hombros esa responsabilidad y, de esta manera, deben obtener resultados concretos del caso.

Cuando actĂșan representando a la vĂ­ctima deben ponerse en el lugar de ella y darle las explicaciones del caso, comunicarle cuando no obtuvo una condena y brindarle las razones por las que ello no sucediĂł. Si en el lugar de una condena se pretende otro tipo de salida (por ejemplo que el imputado haga tareas comunitarias) debe buscar que aquel pueda resarcir el daño pagando una indemnizaciĂłn a la vĂ­ctima, etcĂ©tera.

Cuando se representan los intereses de la sociedad, es importante que la actuaciĂłn de los fiscales sea clara y contundente con delitos que no tienen una vĂ­ctima en concreto. Esto sucede con los casos de corrupciĂłn o trĂĄfico de drogas. En estos supuestos, la tarea central es lograr resultados concretos donde se impongan sentencias evitando que la sociedad conciba que, para ese tipo de delitos, existe una impunidad constante.

Por otra parte, que los fiscales sean los que investiguen permite darle un dinamismo a su actuación que no se encuentra en los jueces. Así, podrå organizarse el trabajo de forma diferente, y algunos fiscales se dedicarån a casos mås simples y otros se abocarån a los delitos mås complejos. Es importante la organización interna que tengan los fiscales para ver qué respuestas le darån a cada caso que ingresa.

Como vimos, el sistema judicial en donde los jueces son los que investigan ha demostrado (ademĂĄs de los problemas constitucionales que presenta) que es obsoleto y que la dinĂĄmica delictiva varĂ­a constantemente. Por eso es que se debe modificar el modelo judicial vigente en nuestro paĂ­s a nivel federal.

La Justicia, hoy en día, tiene un grave retraso para poder afrontar la investigación de los delitos complejos. Para ser bien gråfico con lo que estoy diciendo, las normas que regulan cómo juzgar e investigar un delito tienen sus orígenes en un código europeo del año 1808 y su fuente inmediata proviene del año 1939 de la provincia de Córdoba.

Cuando se sancionĂł el actual CĂłdigo Procesal Penal Federal (1992) la provincia de CĂłrdoba lo habĂ­a modificado por las falencias que el mismo presentaba.

Pasados 21 años de vigencia del viejo y vetusto Código Procesal Penal, es el momento de cambiarlo por una herramienta procesal mås moderna que juzgue los delitos de manera mås råpida y eficiente, represente adecuadamente los intereses de la víctima y, al mismo tiempo, sea respetuoso de los derechos y garantías de las personas que deban ser juzgadas.
El cambio de modelo para que sea un fiscal el que investigue no es una cuestiĂłn que sĂłlo interese a las personas que se dedican al derecho.

El Poder Judicial representa uno de los poderes del Estado y presta un servicio muy concreto. Por eso la sociedad debe reclamar al poder polĂ­tico un cambio urgente que abarque una modificaciĂłn estructural del sistema.

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