Deuda pública: de la crisis al desendeudamiento

Deuda pública: de la crisis al desendeudamiento

Por Francisco Eggers

La deuda pública es una herramienta de doble filo. Puede servir para cubrir los déficits de la demanda privada y la producción, pero tomada irresponsablemente puede volverse un factor desestabilizante. Un repaso por las últimas cuatro décadas de la política de endeudamiento en nuestro país.
 
Profesor de Finanzas Públicas de la UNLP


-A A +A

La deuda pública es una herramienta fiscal que posibilita la concreción de proyectos rentables socialmente (con beneficios superiores a sus costos) pero que requieren inversiones en el corto plazo para las cuales no hay recursos disponibles, o al menos utilizarlos exige un sacrificio a la generación presente que no guarda relación con los beneficios que esta va a recibir. Al financiarse con deuda, el proyecto se hace viable y los costos pueden ser distribuidos en el tiempo, de modo que quienes los paguen sean quienes obtengan los beneficios.

Por otra parte, la deuda pública permite ejecutar políticas anticíclicas: en una situación de recesión (como la vivida por el mundo desarrollado a fines de 2008 y principios de 2009) resulta conveniente expandir el gasto financiándolo con deuda (o reservas, si se tuvieran), para contrarrestar la caída de la demanda privada y, por ende, de la producción. Esta política anticíclica resulta altamente conveniente socialmente, porque evita el derroche de recursos y la desocupación que conlleva una recesión profunda, a la que se llega con mayor probabilidad si el gobierno actúa procíclicamente.

¿Por qué la deuda tiene tan “mala prensa” entonces? Porque también posibilita que un gobierno gaste más de lo que sus contribuyentes están dispuestos a financiarle, permitiendo así la realización de gastos ineficientes que se “endosan” a gobiernos futuros; y porque los altos vencimientos de la deuda, cuando se producen, pueden desestabilizar la situación fiscal y, con ella, la economía del país.

El mundo desarrollado ha sido testigo en los últimos años de las dos caras de la moneda. Cuando el sistema financiero internacional implosionó, en 2008, luego de haber tenido un crecimiento que no guardaba proporción con la economía real, el sector privado comenzó un proceso de desendeudamiento vertiginoso, que llevó al derrumbe repentino de la demanda privada y que amenazaba con la implosión de la economía real. En esas circunstancias, la política monetaria se reveló insuficiente para reanimar la economía, y el sector público debió realizar política fiscal anticíclica, lo que significó incurrir en déficits, financiados con deuda. Esa política fiscal –en conjunto con la monetaria– impidió que se llegara a una crisis de las proporciones que tuvo la de 1930, que provocó un aumento de la miseria y la desocupación como no se ha visto desde entonces.

Pero como se partió en general de niveles de deuda ya altos, que crecieron aun en períodos de “vacas gordas” –en los cuales no se tuvo la prudencia fiscal necesaria–, en el caso de algunos países europeos la deuda llegó a niveles tales que los mercados de capitales comenzaron a desconfiar acerca de sus posibilidades de pago, con lo cual no se mostraron dispuestos a renovar los vencimientos sino a tasas de interés crecientes, que indujeron una nueva recesión. Esto se dio especialmente en Grecia, cuya deuda llegó a niveles muy preocupantes.

En nuestro país hemos visto más del costado negativo de la deuda pública que del positivo: nos ha hecho más mal que bien.

El mejor ejemplo de esto es la deuda tomada por el “Proceso” de 1976 a 1983: fue una verdadera estafa para el país, ya que prácticamente nada de provecho se adquirió con ella; e implicó para el país una carga tal que signó la “década perdida” de los años ochenta. Los perjuicios de la deuda fueron mucho mayores que el monto mismo de las obligaciones a pagar: al contribuir a la inestabilidad económica, puja distributiva e inflación, trajo recesión, desempleo y angustias enormes a la población.

Cuando el país, en la década de los ’90, comenzó a recuperarse de la larga crisis que tuvo como protagonista a la deuda contraída por el gobierno militar, el mundo financiero internacional comenzó a prestarle nuevamente y el gobierno, ahora civil, tomó alegremente la deuda ofrecida, la que se usó para financiar gasto corriente del Estado y déficit comercial externo. Esto ya fue un progreso respecto de la deuda tomada por el gobierno militar, que en gran parte ni siquiera quedó claro para qué se utilizó; pero resulta difícil justificar en términos de beneficios futuros. La magnitud de la deuda tomada fue, nuevamente, un factor macroeconómico desestabilizante que, sumado a las características intrínsecas de la Convertibilidad, desembocó en la crisis 1998-2002.

Luego del estallido de la crisis el peso de la deuda aumentó, en parte por las emisiones que se hicieron para compensar al sector privado por la pesificación asimétrica de activos y pasivos, en parte porque la Nación garantizó deudas provinciales, y en parte porque la capacidad de pago –expresada en relación al PIB o a la recaudación fiscal– disminuyó fuertemente medida en dólares, mientras que no ocurrió lo mismo con la deuda, que en 2002 llegó a ser equivalente a 1,5 veces el valor del PBI producido ese año, y sus servicios se tornaron absolutamente impagables.

Pero lo que ya no hubo fue endeudamiento con el sector privado o con el exterior para financiar el gasto público. Dicen que un banquero es alguien que te ofrece un paraguas cuando no llueve y te lo quita cuando llueve. En este caso, el FMI y los inversores internacionales le retiraron toda asistencia financiera al gobierno argentino cuando la urgencia de fondos fue mayor; cuando la situación mejoró, empezaron a llegar las ofertas de financiamiento, pero esta vez fue el gobierno argentino quien no se mostró interesado en que le prestaran.

De este modo, la deuda pública nacional –medida como porcentaje del PBI, o cualquier otro indicador de la capacidad de pago– disminuyó drásticamente en los últimos nueve años, especialmente si se considera la deuda con terceros; es decir, la que no tiene como acreedor a un organismo del propio sector público nacional.

La evolución del indicador deuda/PBI está afectada por el hecho de que, como la deuda está en gran parte denominada en moneda extranjera y el PBI en moneda local, la relación entre ambos se ve afectada por la apreciación o depreciación cambiaria. Eso hace que la deuda durante el período de “Convertibilidad” (cuando había una apreciación artificial del peso) parezca menor a lo que realmente significaba en términos de compromisos futuros, y lo contrario ocurra con la deuda de la inmediata “post-Convertibilidad”, cuando el peso estaba fuertemente depreciado. Con el fin de tratar de aislar ese efecto, el gráfico 2 presenta la relación entre la deuda a fin de cada año y el PBI, calculado por el Fondo Monetario Internacional en dólares según paridad de poder adquisitivo.

La serie de “Deuda con terceros” –la que excluye las obligaciones con entes del mismo sector público nacional– sólo está disponible para los últimos años. Pero puede afirmarse que recién a partir de 2006 (cuando el Estado nacional canceló la deuda con el FMI con reservas internacionales administradas por el Banco Central) esta “Deuda con terceros” pasa a ser sustancialmente menor que la deuda total; a fines del año 2005, por ejemplo, la deuda intra-sector público nacional no representaba más del 5% del total.

En función de esto y de la evolución expuesta en los gráficos, puede afirmarse que la deuda pública nacional con terceros alcanza actualmente los valores más bajos de las últimas décadas, luego de haber llegado hace pocos años a niveles, tasas de interés y vencimientos de corto plazo que la hacían impagable.

¿Cómo se llegó a esta reducción? Los factores más determinantes fueron:

* Mejora de la situación fiscal: la recaudación de tributos llegó a sus máximos históricos. El gasto público también aumentó, pero aun así la relación entre ingresos y gastos en los últimos nueve años ha sido muy superior a la que hubo en décadas anteriores. Esto determinó una reducción de las necesidades de financiamiento y, por ende, de la emisión de deuda.

* Canjes de deuda (con quita): en el año 2005 se llevó a cabo una reestructuración de títulos públicos que abarcó a la casi totalidad de la deuda con el sector privado contraída antes del default (diciembre de 2001), que implicó extensiones de plazos y reducción de tasas de interés y del capital de la deuda. En el año 2010 el canje se reabrió, con características similares. En total, alrededor del 90% de la deuda elegible fue ingresada a alguno de los dos canjes, implicando una reducción nominal de varios miles de millones de dólares.

* Crecimiento económico: a partir de 2003 comenzó un período de vigoroso crecimiento, no sustentado en endeudamiento (ni público ni privado), prácticamente sin precedentes, por su intensidad y duración, al menos en el último siglo. Esto diluyó el peso de la deuda, dado que el aumento de la producción y, consiguientemente, de los ingresos fiscales, implica un aumento de la capacidad para pagar la deuda, que se mide a través del descenso del ratio deuda/PBI.

* Estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones: en el año 1994 se puso en marcha una reforma del régimen previsional que implicó la pérdida, para el Estado, de la recaudación de los aportes personales jubilatorios de la mayor parte de los trabajadores registrados, los que –netos de las comisiones cobradas por las AFJP– pasaban a acumularse en cuentas de capitalización individual. En el año 2008 se revirtió esa reforma, pasando los fondos acumulados a ser administrados por el Estado a través de ANSeS, y estableciendo que la jubilación de los trabajadores estará basada en los aportes que realizaron, y no en el saldo de sus cuentas de capitalización individual, las que dejaron de existir. Dado que estos fondos poseían buena parte de los títulos públicos en circulación, la estatización de su administración implicó una reducción importante de la deuda en cartera del sector privado.

* Financiamiento intra-sector público: entre 2006 y 2011 el Estado nacional usó más de 25 mil millones de dólares para pagar deudas con el FMI y con el sector privado, entregando a cambio títulos públicos al Banco Central. Esto fue posible a partir de que, luego de mantener importantes superávits de balance de pagos, el Banco Central acumuló reservas que le permitieron otorgar ese financiamiento al Estado nacional y, a pesar de ello, más que cuadruplicar el nivel de reservas que tenía nueve años atrás. Además, el Banco Central financió al Tesoro Nacional en moneda nacional mediante los denominados “Adelantos Transitorios”, que a fines de 2011 superaban el equivalente a 15 mil millones de dólares. En menor medida, también contribuyeron al financiamiento del Tesoro organismos del sector público nacional que obtuvieron superávit, como ANSeS, Lotería Nacional y otros; y el Banco de la Nación Argentina, si bien en este caso los préstamos otorgados son por un monto sustancialmente menor al valor de los depósitos que mantiene el sector público nacional en ese banco.

¿Cuál es el límite de este proceso? La culminación sería la total “limpieza” de la deuda pública nacional con terceros, o por lo menos su reducción a niveles que la eliminen por completo como fuente de preocupación fiscal. Con ello, este problema que tantos trastornos nos trajo, quedaría saneado. ¿Sería esto lo óptimo? No necesariamente, aunque seguramente es un curso de acción infinitamente mejor que la toma irresponsable de deuda que ocurrió en décadas pasadas.

En este momento existe una gran liquidez internacional, con lo cual los financiamientos a inversores considerados “libres de riesgo” se efectúan a tasas inferiores al 4% anual. Si la Argentina pudiera obtener fondos a esas tasas, y aplicarlos eficientemente a proyectos con alta rentabilidad social, necesarios para apuntalar el crecimiento del país –por ejemplo, en los sectores de generación y distribución de energía y en transporte–, sin volver a situaciones en las cuales los fuertes vencimientos de los servicios de la deuda fueron factores de desequilibrio, la toma de deuda podría tener consecuencias positivas tanto a corto como a largo plazo.

Sin embargo, por una serie de razones los mercados de capitales no parecen estar dispuestos a prestarnos fondos, salvo a tasas muy por encima del costo al que acceden, por ejemplo, Chile, Perú, Brasil y México. En esas circunstancias, prácticamente los únicos financiamientos que se están tomando son préstamos a largo plazo de organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial, el BID y la CAF, que se otorgan a tasas internacionales, si bien en cantidades limitadas y luego de largos procesos de negociación.

Dadas las necesidades de desarrollo, parece conveniente intentar explotar más las posibilidades de financiamiento, por ejemplo en el caso del que otorgan algunos países a sus exportaciones. Para ello, además de profundizar las relaciones con países “emergentes” que tienen políticas en este sentido, como Brasil y China, sería necesario arribar a una solución al default más importante para el cual aún no hay acuerdo: el de la deuda con los países integrantes del denominado “Club de París”. Parte de esta deuda fue contraída por la dictadura militar que gobernó al país entre 1976 y 1983, teniendo por lo tanto un origen espurio; pero fue reestructurada –y por lo tanto, reconocida– por gobiernos democráticos, a partir de lo cual toda la deuda se corresponde con contratos firmados por las autoridades del país legítimamente constituidas. Su regularización permitirá continuar avanzando en el saneamiento de la situación de deuda del país, y es condición necesaria para la obtención de líneas de crédito oficiales de los países acreedores, a costos internacionales.

Lo que sin embargo es una enseñanza clave de la historia es que hemos tenido muchos más problemas por exceso de deuda que por no tomar deuda. La situación actual, en la cual la deuda pública en relación al PBI es del orden del 20% –inferior al ratio correspondiente a la abrumadora mayoría de los países del mundo, y en particular, de los países de desarrollo similar o mayor–, constituye una oportunidad histórica para que –evitando el endeudamiento irresponsable– no volvamos a tener crisis vinculadas con una carga excesiva de la deuda pública.

<
>


DESCARGAR - VER
Nº 71: El derecho a la ciudad


DESCARGAR - VER
Nº 70: Salud


DESCARGAR - VER
Nº 68: Derechos Humanos


DESCARGAR - VER
Nº 69: MERCOSUR


DESCARGAR - VER
Nº 67: Relaciones Internacionales


DESCARGAR - VER
Nº 66: La Educación de la Primera Infancia


DESCARGAR - VER
Nº 65: La Universidad como derecho


DESCARGAR - VER
Nº 64: DEUDA EXTERNA


DESCARGAR - VER
Nº 63: reforma de la justicia


DESCARGAR - VER
Nº 62: La Secundaria como derecho


DESCARGAR - VER
Nº 61: CULTURA


DESCARGAR - VER
Nº 60: Extractivismo


DESCARGAR - VER
Nº 59: La Responsabilización en la gestión pública


DESCARGAR - VER
Nº 58: Deporte y Sociedad


DESCARGAR - VER
Nº 57: ÁFRICA


DESCARGAR - VER
Nº 56: ASIA


DESCARGAR - VER
Nº 55: Economía Internacional


DESCARGAR - VER
Nº 54: Homenaje a Aldo Ferrer


DESCARGAR - VER
Nº 53: Nº 53


DESCARGAR - VER
Nº 52: Las deudas de la Democracia I


DESCARGAR - VER
Nº 51: Juventud


DESCARGAR - VER
Nº 50: Un mundo en Guerra


DESCARGAR - VER
Nº 49: Libertad de expresión


DESCARGAR - VER
Nº 48: FUERZAS ARMADAS Y DEMOCRACIA


DESCARGAR - VER
Nº 47: Problemas Urbanos


DESCARGAR - VER
Nº 46: CyMAT


DESCARGAR - VER
Nº 45: Sexualidades


DESCARGAR - VER
Nº 44: EE.UU. y América Latina


DESCARGAR - VER
Nº 43: Desarrollo y Medio Ambiente


DESCARGAR - VER
Nº 42: DROGAS


DESCARGAR - VER
Nº 41: Salud


DESCARGAR - VER
Nº 40: Internet y Nuevas Tecnologías


DESCARGAR - VER
Nº 39: Internet y Nuevas Tecnologías


DESCARGAR - VER
Nº 38: Economìa Social y Solidaria


DESCARGAR - VER
Nº 37: economía social


DESCARGAR - VER
Nº 36: Tercera edad


DESCARGAR - VER
Nº 35: Córdoba


DESCARGAR - VER
Nº 34: Control Social


DESCARGAR - VER
Nº 33: Educación Superior


DESCARGAR - VER
Nº 32: Género


DESCARGAR - VER
Nº 31: 30 años de democracia


DESCARGAR - VER
Nº 30: Justicia


DESCARGAR - VER
Nº 29: Desafíos culturales


DESCARGAR - VER
Nº 28: Economías Regionales


DESCARGAR - VER
Nº 27: Economías Regionales


DESCARGAR - VER
Nº 26: Nº 26


DESCARGAR - VER
Nº 25: pueblos indígenas


DESCARGAR - VER
Nº 24: Ciencia y Poder


DESCARGAR - VER
Nº 23: pobreza II


DESCARGAR - VER
Nº 22: Pobreza


DESCARGAR - VER
Nº 21: Migraciones


DESCARGAR - VER
Nº 20: AGUA


DESCARGAR - VER
Nº 19: Integración Regional


DESCARGAR - VER
Nº 18: Estado II


DESCARGAR - VER
Nº 17: Estado I


DESCARGAR - VER
Nº 16: Industria


DESCARGAR - VER
Nº 15: Seguridad democrática


DESCARGAR - VER
Nº 14: Reforma fiscal II


DESCARGAR - VER
Nº 13: Reforma fiscal I


DESCARGAR - VER
Nº 12: Agroganadería


DESCARGAR - VER
Nº 11: Crisis financiera internacional


DESCARGAR - VER
Nº 10: Energía


DESCARGAR - VER
Nº 9: Transporte


DESCARGAR - VER
Nº 8: Ciencia y tecnología


DESCARGAR - VER
Nº 7: Salud


DESCARGAR - VER
Nº 6: Empleo


DESCARGAR - VER
Nº 5: Hábitat y vivienda


DESCARGAR - VER
Nº 4: Argentina en el mundo


DESCARGAR - VER
Nº 3: Educación


DESCARGAR - VER
Nº 2: Medio ambiente


DESCARGAR - VER
Nº 1: Argentina hoy

Voces en el Fénix Nº 13
¿ Misión Imposible ?

Reforma fiscal I

Artículos de este número

Jorge Gaggero
Marco histórico (y propósitos de esta empresa)
Juan Pablo Jiménez / Andrea Podestá
La política fiscal en América latina: pasado reciente, presente y futuro
Oscar Cetrángolo
Nuevos y viejos desafíos de las políticas públicas en la Argentina
Juan Carlos Gómez Sabaíni / Dalmiro Morán
Las políticas tributarias. La Argentina en el marco regional
Francisco Eggers
Deuda pública: de la crisis al desendeudamiento
Horacio Castagnola
La problemática de la administración tributaria nacional
Darío Rossignolo
El impacto del presupuesto sobre la equidad (2010) (las principales reformas sugeridas por la “foto” del bicentenario)
Markus Meinzer
El marco global pone serias restricciones a una fiscalidad de progreso
Juan Enrique Valerdi
Esbozo de una propuesta de reforma tributaria elaborada para la Cámara de Diputados de la Nación (2007)
Luis Omar Fernández
Impuesto a las ganancias: algunas propuestas de reforma
Salvador Treber
La imposición al “campo” (pasado, presente y futuro)
Lic. Roberto Kozulj
Estrategias para el sector energético y fiscalidad: un desafío crítico
Jorge Remes Lenicov
¿Por qué aún no tenemos una nueva ley de coparticipación federal?
Angel José Sciara
La cuestión fiscal federal (una visión nacional desde la provincia de Santa Fe)
Luciano Di Gresia
El aporte federal de la provincia de Buenos Aires

Newsletter