Desigualdades y control social

Desigualdades y control social

Por Juan Pegoraro

La ausencia del cumplimiento de los mismos derechos para toda la población implica individuos carentes de las condiciones materiales básicas para su reproducción.
 
Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Investigación Gino Germani, UBA.


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En el Bicentenario la existencia de una fortísima desigualdad social contamina y define gran parte de la vida de la sociedad argentina. En particular desde mediados de la década de los ’70 el neoliberalismo económico fue transformando la realidad sociopolítica, debilitando las acciones gubernamentales asistenciales y mercantilizando gran parte de las relaciones sociales y con ella a las mismas instituciones estatales, el sistema penal entre ellas.

Ante esto, ¿qué significa ser políticamente progresista en el marco del actual orden social en la Argentina? Una respuesta que no se satisface con una consigna sin caer en la retórica de la libertad política, de la independencia nacional, de la democracia participativa, del respeto por los derechos humanos, de la seguridad personal, en fin, del “deber ser”.

Avancemos un poco: pasaron doscientos años de iniciado el proceso de descolonización e independencia nacional y el momento actual requiere algunas reflexiones centradas en indicadores y observables de la situación social, económica y política de distintos sectores sociales y del funcionamiento de instituciones clave para la vida republicana.

En primer lugar la invocación a la existencia de la independencia nacional es un tanto contradictoria. Me explico: en el marco del actual proceso de globalización de la economía –que no hace más que multiplicar y ampliar la tendencia natural del capitalismo de mercado–, la posibilidad de autonomía o independencia de los gobiernos nacionales (cualquiera sea su signo político) es de manera creciente más y más débil. La globalización se presenta como una creciente interdependencia con las economías de otros países pero más aún con las grandes corporaciones económicas privadas e integradas vertical y horizontalmente; en este contexto la fuerte presencia del capital financiero le permite usar estrategias para autonomizarse de las restricciones que le puede imponer la gestión gubernamental. Un dato para tener en cuenta es que –según la investigación de Noreena Hertz– de las cien economías más importantes en el mundo, 49 son empresas privadas y 51 Estados-nación. Por otra parte el uso del “secreto” en la gestión económica financiera por parte de empresas privadas está avalado por los organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial, que defienden la utilización de bancas off shore donde, como dijera Joseph Stiglitz, se facilita la evasión fiscal y el lavado de dinero, hechos que forman parte de la construcción y estructura del orden social en cada país. Claro que de esta manera la globalización produce grandes beneficios para empresas y empresarios y también para algunos funcionarios de los gobiernos que ocupan u ocuparon funciones en uno y otro lugar, ampliando así su poder social.
La libertad de circulación de capitales y sus flujos financieros y la presencia de sus personeros al interior del Estado hacen que dicho sector financiero domine o condicione en gran medida la esfera económica tanto en sus aspectos de inversión como de distribución de ingresos y beneficios. Sus efectos se extienden a la gestión política de las instituciones. Se expresan en el modo de vida de la población por la creciente apropiación desigual de los bienes públicos y la consiguiente desigualdad social que produce individuos carentes de las condiciones materiales básicas para ejercer su ciudadanía social. Es cierto que no todos los gobiernos se someten a esta dependencia y algunos aprovechan de manera inteligente ciertos intersticios que deja esta estructura de la globalización del capital y pueden morigerar tales desigualdades.

Pero, ¿qué es la independencia nacional para un 20% de la población del país que se apropia del 53,4% del ingreso nacional? ¿Tendrá el mismo significado para otro 20% de la población que se apropia sólo del 5,6% de los ingresos que se producen? ¿Ambos sectores podrán ejercitar sus derechos humanos de la misma manera? El discurso acerca de los derechos humanos, por motivos de nuestra historia más o menos reciente, quedó reducido a la violación de ellos en términos políticamente violentos –en particular los ocurridos durante el gobierno militar-civil de 1976 a 1983– y no están referidos a las condiciones de vida de gran parte de la población, en temas como vivienda, salud, educación o seguridad social.
El soporte material del control social es la estructura de desigualdades y jerarquías, la estructura de autoridad, o sea un orden social; si no existieran, ¿para qué el control social? No se conocen sociedades humanas sin jerarquías y desigualdades impuestas originariamente por la fuerza y luego en gran medida naturalizadas. Pero esto supone también formas de resistencia o de inconformidad con tal estructura con un contenido político contestatario muy explícito, unos que muestran la simple inconformidad o incomodidad con el vivir así, otros motivados en la desesperación o degradación social en la que viven.
Esta es la realidad de la llamada “sociedad”, en verdad un orden social con un alto grado de generalización a nivel mundial aunque asuma algunas características particulares en diversos países.

Según el Informe sobre Desarrollo Humano PNUD-1998 –como consecuencia de este acceso desigual a los bienes–, la quinta parte más rica consume el 45% de toda la carne y el pescado, y la quinta parte más pobre el 5%; el 20% más rico consume el 58% del total de la energía, y la quinta parte más pobre menos del 4%; el 20% más rico tiene el 74% de todas la líneas telefónicas, y la quinta parte más pobre el 1,5%; asimismo, el 20% más rico consume el 84% de todo el papel, y la quinta parte más pobre el 1,1%; también posee el 87% de la flota mundial de vehículos, y la quinta parte más pobre menos del 1%.

Otro informe anual de población 2001 de Naciones Unidas señala que la diferencia en el ingreso per cápita entre el 20 por ciento más rico y el 20 por ciento más pobre de la población mundial aumentó de 30 a 1 (en 1960) hasta 78 a 1 en el año 2001, con lo cual la brecha entre ricos y pobres en el mundo creció un 160 por ciento en los últimos cuarenta años.

El informe de la ONU sostiene que en los países menos desarrollados la esperanza de vida es de sólo 49 años y uno de cada diez niños se muere antes de cumplir el año de vida. El informe puntualizó que las mujeres pobres enfrentan un riesgo de muerte durante el embarazo y el parto hasta seiscientas veces superior al que corren las mujeres de los países desarrollados. Además, una mujer pierde la vida por esas causas a cada minuto, es decir, más de medio millón de mujeres por año. La mala salud, el analfabetismo, la insuficiente escolarización, la exclusión social, la falta de poder y la discriminación por motivos de género se suman y contribuyen a la pobreza. La falta de un buen estado de salud reduce la capacidad personal, rebaja la productividad y disminuye los ingresos, mientras que una mayor esperanza de vida, indicador fundamental del estado de salud, estimula el crecimiento económico. El informe indicó que es mayor el número de mujeres que de hombres que viven en la pobreza. En la última década la discrepancia aumentó, particularmente en países en desarrollo. Al disminuir la “discrepancia de género” en salud y educación, se reduce la pobreza individual y se alienta el crecimiento económico.

“Es preciso adoptar acciones concretas para asegurar que las instituciones sociales y jurídicas garanticen la igualdad de la mujer en cuanto a los derechos humanos y los derechos jurídicos básicos. Las mujeres necesitan tener acceso a la tierra y otros recursos y poder controlarlos, y también necesitan empleo e ingresos equitativos, además de participación social y política”, recomendó el informe.
Al mejorar la educación de la mujer, se contribuye a reducir la tasa de malnutrición infantil y mejorar la supervivencia de las madres y los niños. En el texto se destacó también que “los programas de planificación de la familia lograron casi un tercio de la disminución de la fecundidad en todo el mundo, entre 1972 y 1994”. Estos datos sirven a Naciones Unidas para sostener que “cuando se dispone de verdaderas opciones, los pobres en países en desarrollo tienen familias más pequeñas que las de sus padres”. El riesgo a lo largo de toda la vida de una mujer de morir por causas relacionadas con la maternidad es de 1 en 19 en África, 1 en 32 en Asia y 1 en 188 en América latina, en comparación con 1 en 2.976 en países desarrollados. Los niveles de educación entre los pobres difieren netamente de una región a otra: en el Asia meridional y el África occidental y central, hay una gran minoría de niños pobres que jamás se matriculan en la escuela. En cambio, en América latina casi todos los niños finalizan el primer grado, pero después son altas las tasas de abandono.

¿No es acaso sociológicamente ingenuo pensar que esta distribución desigual de poder y de acceso a bienes se haya realizado sólo por medios legales? ¿Será acaso sólo la desmemoria sobre la historia humana de los últimos trescientos años que ha hecho olvidar diferentes sucesos aprovechados mercantilmente, como por ejemplo la inquisición, el esclavismo, el colonialismo, la conquista del Oeste norteamericano o el “desierto” argentino, la guerra de los böers, del opio, la invasión a Afganistán o a Irak y otras guerras por la apropiación de bienes, negocios, territorios o poblaciones en todo el mundo?

Como vemos, reproduce en más o menos la desigual participación en el ingreso de sectores sociales a nivel mundial. ¿Cómo no considerar el entorno de excluidos sociales para explicar la creciente violencia interpersonal que muestran las estadísticas delictivas? ¿O la sensación de inseguridad que señala gran parte de las encuestas de opinión?
Pero vale aclarar que hay sectores más inseguros que otros porque también la “seguridad” es un bien al que se accede de manera mercantil. Los sectores excluidos no pueden comprar “seguridad” y por el contrario son mantenidos en la inseguridad y en el menoscabo de sus derechos humanos, por su trabajo precario o de baja remuneración, por su vivienda en condiciones miserables o inhabitables, por la falta o deterioro creciente de la atención pública de la salud mientras crecen la empresas médicas privadas, o por la crisis de la educación pública que los coloca en situación inferior en la competencia en pos de una mejor calidad de vida. Esta situación socioeconómica involucra a no menos de una tercera parte de los habitantes de nuestro país.

Por otra parte el modelo de la economía de mercado ha contaminado fuertemente a las instituciones estatales, entre ellos el sistema penal que actúa de manera selectiva ante diversas conductas ilegales persiguiendo a sujetos débiles y tolerando o inmunizando a sujetos poderosos logrando así el mantenimiento de desigualdades en las relaciones de poder y dominación y en el acceso a bienes culturales y materiales. En este sentido la forma de ejercicio o instrumentación del control social y en particular el control penal (poder policial, poder judicial, poder penitenciario) en su gestión concreta al interior del orden social sanciona pero también tolera o encubre o participa de diversos ilegalismos, en especial el delito económico organizado.

El mercado sin regulación alguna no tiene capacidad para morigerar o disminuir la distribución desigual de ingresos, la desigualdad social en los brutales niveles que se encuentra en el actual orden social porque parte de la desigualdad; y además porque sus efectos en especial porque el Estado está “cautivo” de facciones que lo gobiernan. El Estado es un conjunto de instituciones dentro del sistema de capitalismo de mercado y por lo tanto responde de manera macro a las necesidades del orden: esto se advierte en especial en la política penal que no está direccionada a desarticular y castigar el delito económico organizado (DEO) que es el que produce, en gran medida, esa desigualdad social. Una manifestación de esto es el fenómeno de la impunidad que está asociado al no recupero por parte del Estado de bienes apropiados delictivamente por medio de los DEO.

Me refiero con DEO a la organización delictiva dedicada a negocios legales-ilegales de una cierta complejidad político-jurídica con la necesaria participación de empresas y empresarios e instituciones y/o funcionarios estatales, que producen una recompensa económica importante y que gozan de impunidad e inmunidad social-penal. Un ejemplo paradigmático de ellos son los negocios ilegales entre empresas privadas y la administración del Estado, organización delictiva que incluye entre sus integrantes a empresarios, funcionarios públicos, políticos, abogados, contadores, inversionistas, asesores financieros, y demás profesiones afines. Sus beneficiarios forman una amplia red de individuos involucrados de manera diversa que implica la no necesidad de una estructura orgánica fija y/o permanente. Son un plural de “relaciones” funcionales para negocios legales-ilegales que de forma simbiótica actúa en diversos ámbitos económicos o institucionales y puede no necesitar de una dirección central. La razón instrumental para lograr el éxito económico guiará las conductas de los sujetos que intervienen en el o los DEO.

La coexistencia del Estado y sus instituciones con los DEO (y también con el crimen organizado) es para nosotros una fuente de interrogantes ya que el orden social no parece estar debilitado por ese tipo de ilegalidades a tenor de la impunidad o inmunidad de sus actores. No puede desconocerse que gran parte del establishment político está involucrado en esta funcional relación entre sociedad, control social y delito.

El enfoque sociológico de esta relación permite analizar el funcionamiento del Control Social Penal sin reducirlo a enfoques jurídicos que terminan sólo en alegar “fallas” en el mismo. Se abren otras perspectivas para acercarse a su conocimiento y mostrar que su objetivo es más político que legal, que sólo funciona para castigar delitos comunes y que su objetivo no es moralizante sino establecer un orden, controlarlo, mantenerlo y reproducirlo; orden cuyos soportes en la sociedad son relaciones sociales de desigualdad con sus efectos y consecuencias.

La gestión y administración selectiva de las conductas ilegales es una contradicción permanente con “el Estado de derecho” siempre invocado y deseado pero nunca alcanzado: ¿qué es el control social, en el imaginario colectivo, si no la necesaria existencia de la sujeción a la ley tanto de débiles como de poderosos, de ricos y pobres, de empresarios y asalariados? Pero este imaginario no se ha realizado y por el contrario lo que existe es un orden social desigual y sostenido en gran parte por ilegalidades económicas.

De tal manera y considerando el sistema penal en su funcionamiento selectivo podemos observar que existe un hiato entre el derecho penal y la política penal, hiato que es un “observable” sociológico privilegiado: no hay automaticidad entre el delito y el correspondiente castigo. Hay mediaciones: la naturaleza de la víctima y la del victimario; el contexto cultural; diversos intereses actuantes o involucrados; la preservación del cargo por parte del funcionario u operador jurídico-penal en función de las relaciones afectadas e ideologías en juego; la participación, presión o desinterés de los medios de comunicación. Esta es la realidad del sistema penal, en especial en el caso de los DEO.

La mayor preocupación de los beneficiados de este orden social que gestionan el control del mismo no son los delitos comunes sino los síntomas de rechazo al orden impuesto, la posibilidad de la sedición y de protestas sociales generalizadas. Esto remite la cuestión del delito común y su criminalización a formas residuales del control pero simbólicamente importantes por sus efectos en el imaginario colectivo. Así el tema de la inseguridad asociada al delito interpersonal aparece prioritario en las agendas de los gobiernos cualquiera sea el signo partidario y relega las cuestiones de las inseguridades sociales y del no acceso a derechos humanos a momentos posteriores o formas sólo focales de asistencia social.

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Artículos de este número

Aldo Ferrer
2001-2010: una década extraordinaria de la economía argentina
Carlos Leyba
Estructura y política productiva
José Miguel Amiune
El dilema de América latina
Edgardo Mocca
Los límites del cambio
Gustavo Eduardo Lugones
Innovación estratégica
Julio Sevares
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Héctor Recalde
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Flavia Terigi
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Mariana L. González
Políticas para eliminar la pobreza
Enrique Pochat
Derechos integrales
Juan Pegoraro
Desigualdades y control social
Andrea Catenazzi y Eduardo Reese
Derecho a la ciudad
Nicolás Gutman
Recursos para el desarrollo
Roberto Kozulj
Estrategias energéticas
Ana Longoni
Tres coyunturas del activismo artístico
Damián Loreti y Luis Lozano
Pluralidad mediática
Susana Belmartino
¿Salud para todos?
Aldo Neri
La cuestión social y sanitaria
Roberto Cittadini
Cuando comer es un problema

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