Derechos desestabilizadores

Derechos desestabilizadores

Por Gabriela Merlinsky


 
Facultad de Ciencias Sociales (UBA)


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Durante d├ęcadas, el Riachuelo represent├│ el l├şmite que separaba la ciudad capital de un espacio ajeno y olvidado. Salvo en su desembocadura, constituy├│ un espacio marginal de la ciudad metropolitana; quiz├ís esto explique las dificultades hist├│ricas para integrarlo al desarrollo urbano. Todav├şa hoy existen ├íreas lindantes al Riachuelo que son pr├ícticamente inaccesibles por calles o senderos y donde casi no hay instituciones que se├▒alen la presencia del Estado.

Aguas arriba del Puente La Noria, el Riachuelo, ya R├şo Matanza, se interna plenamente en la provincia de Buenos Aires. Catorce municipios del conurbano, la Ciudad Aut├│noma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el Estado nacional confluyen con diferentes competencias de gobierno sobre un mismo territorio. Tomando en cuenta una perspectiva m├ís amplia que las orillas del r├şo, y considerando el territorio abarcador de la cuenca, se hacen a├║n m├ís visibles las contradicciones hist├│ricas del desarrollo de la ciudad metropolitana. En la cuenca Matanza-Riachuelo residen m├ís de tres millones de habitantes. Si se analizan los principales indicadores sociales y demogr├íficos, en todas las comparaciones la cuenca re├║ne ├şndices de mayor vulnerabilidad social y ambiental que el resto metropolitano.

El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo no refiere solamente al problema de la contaminaci├│n h├şdrica, representa un verdadero desaf├şo pol├ştico que consiste en generar condiciones para el desarrollo sustentable de una regi├│n en desventaja social y ambiental.

Haciendo visible la cuesti├│n ambiental

Las cuencas hidrogr├íficas metropolitanas han sido hist├│ricamente sistemas h├şdricos invisibilizados desde el punto de vista pol├ştico y social. El asentamiento poblacional ha seguido un patr├│n de sobreocupaci├│n del suelo en las zonas costeras, especialmente en los terrenos bajos de las desembocaduras de los r├şos. Durante d├ęcadas se consider├│ a los recursos h├şdricos como insumos para la producci├│n y medios para la descarga de efluentes, desconociendo su car├ícter de sistemas h├şdricos interconectados, esenciales para la planificaci├│n de la vida, el aprovisionamiento de las actividades y el desarrollo futuro.

En la ├║ltima d├ęcada esto empez├│ a cambiar por la acci├│n de diferentes procesos de movilizaci├│n social: las acciones colectivas de protesta en Gualeguaych├║, una mayor visibilidad p├║blica de organizaciones territoriales ÔÇôtales como foros h├şdricos o asambleas autoconvocadas en todo el pa├şsÔÇô y las denuncias p├║blicas por la emergencia ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo que desde 2003 en adelante viene publicando la Defensor├şa del Pueblo de la Naci├│n. La acci├│n de este organismo ha funcionado como un puente de demandas y un catalizador social para transformar el reclamo por el saneamiento del Riachuelo en un asunto p├║blico.

Las acciones de protesta del movimiento ciudadano ambiental de Gualeguaych├║ obraron como punto de vista precedente para la instalaci├│n de la cuesti├│n ambiental como asunto p├║blico. A partir de que el gobierno nacional present├│ una demanda en la Corte Internacional de Justicia por la afectaci├│n al R├şo Uruguay, la Defensor├şa del Pueblo redobl├│ su reclamo por la falta de pol├şticas p├║blicas para el saneamiento de la cuenca. En esa coyuntura pol├ştica, la Corte Suprema de Justicia estableci├│ su competencia en la cuesti├│n. De este modo, el derecho al ambiente sano ha ganado lugar en la conciencia colectiva como un derecho sustantivo que debe ser respaldado por una pol├ştica de Estado.

La causa ÔÇťBeatriz MendozaÔÇŁ: justicia para el Riachuelo

La Corte Suprema de Justicia declar├│ el 20 de junio de 2006 su competencia originaria en la causa ÔÇťBeatriz MendozaÔÇŁ, una demanda judicial interpuesta por un conjunto de residentes de la cuenca Matanza-Riachuelo que exigieron la recomposici├│n del bien ambiental y el resarcimiento por da├▒o colectivo en los t├ęrminos que establece la Ley General del Ambiente (Ley 25.675). En su resoluci├│n originaria, la Corte exigi├│ la presentaci├│n de informaci├│n por parte de las empresas demandadas y encomend├│ a las diferentes jurisdicciones de gobierno con competencia en la cuenca la elaboraci├│n de un plan integrado y progresivo para el saneamiento del territorio.

El Estado nacional respondió al reclamo de la Corte mediante la creación de una nueva autoridad interjurisdiccional: la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar). Esto generó movimientos en los arreglos de poder de los diferentes gobiernos con competencia en el territorio. Durante las audiencias públicas convocadas por el máximo tribunal, el plan de saneamiento ambiental se volvió objeto de controversia, pasando por sucesivas reelaboraciones incrementales. La Corte se propuso, durante el juicio, generar tensiones en las formas de resolver los problemas, conminando a la acción coordinada de las jurisdicciones con competencia en la cuenca y convocando a las empresas acusadas por daño ambiental a presentar sus descargos.

La sentencia final por recomposici├│n y prevenci├│n del da├▒o ambiental tuvo lugar el 8 de julio de 2009. A partir de all├ş, la Corte estableci├│ la responsabilidad de las diferentes jurisdicciones en el saneamiento de la cuenca y estableci├│ medidas perentorias, exigiendo su cumplimiento bajo el apercibimiento de multas aplicables a los funcionarios. Y gener├│ un modelo participativo para el seguimiento del caso: son las mismas ONG demandantes y la Defensor├şa el Pueblo de la Naci├│n quienes forman parte de un cuerpo colegiado encargado de controlar la ejecuci├│n de la sentencia. La implementaci├│n del fallo judicial trajo consigo un mecanismo in├ędito de control de gesti├│n de las pol├şticas p├║blicas, con metas y plazos de cumplimiento que deben ser auditados socialmente.
Es importante decir que este proceso contin├║a abierto, y el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo es todav├şa una apuesta incierta que abre importantes signos de interrogaci├│n. Sin embargo, el caso judicial ha generado un punto de inflexi├│n en el tratamiento de la cuesti├│n ambiental en la Argentina en dos sentidos fundamentales. En t├ęrminos institucionales, porque los diferentes gobiernos jurisdiccionales con competencia en la cuenca est├ín obligados a llevar adelante un plan integrado (progresivo, multidimensional y coordinado) para el saneamiento de la cuenca. En t├ęrminos sociales y pol├şticos, porque el saneamiento de la cuenca se volvi├│ un caso testigo para el futuro de la pol├ştica ambiental y forma parte de los repertorios de demanda de las organizaciones sociales territoriales.

Desaf├şos institucionales para la gesti├│n de cuencas

La degradaci├│n ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo es la consecuencia de una forma de apropiaci├│n desigual del territorio donde las empresas han podido utilizar el agua como insumo del proceso productivo y el cauce como un colector de efluentes. En esos t├ęrminos, han externalizado al conjunto de la sociedad las consecuencias sociales y ambientales negativas de su falta de cumplimiento de la normativa ambiental. El conflicto de poderes entre niveles jurisdiccionales (la Naci├│n, la provincia, los municipios) hace referencia a un problema hist├│rico de ausencia de planificaci├│n metropolitana, superposici├│n de competencias y falta de control en el ordenamiento ambiental del territorio.

El saneamiento ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo supone afrontar problemas multidimensionales que remiten a una crisis de organizaci├│n social que est├í en la base de la crisis ambiental. Implica entender la gesti├│n integrada del agua como un desaf├şo pol├ştico para articular intereses conflictivos y fuertes asimetr├şas en el acceso y disponibilidad de los recursos naturales. La progresividad en los planes y programas de saneamiento es un requisito.

Si pretendemos recuperar el Riachuelo como bien público ambiental será necesario:

1. Dise├▒ar estrategias de gesti├│n por cuenca que superen el esquema sectorial en la gesti├│n del agua. Implica articular las acciones de la empresa de agua y saneamiento (AySA) con las emprendidas por Acumar: la extensi├│n de las redes de agua potable y cloacas es una medida estructural para sanear el Riachuelo, pero sobre todo para mejorar las condiciones de salud de la poblaci├│n.
2. Dar m├ís participaci├│n a los municipios en el esquema de gobernabilidad ambiental. La acci├│n de los gobiernos locales tiene consecuencias en el ordenamiento ambiental del territorio (asentamiento en ├íreas inundables, control de basurales y control de las industrias) y en las pol├şticas de uso del suelo.
3. Generar un esquema institucional de implementaci├│n de las pol├şticas que permita superar el d├ęficit hist├│rico en materia de inversi├│n. Es necesario generar dispositivos duraderos de control de gesti├│n y de participaci├│n de la ciudadan├şa. Solamente si son reapropiados socialmente, los planes para la recuperaci├│n de la cuenca tienen posibilidades de perdurar en el tiempo.

Desigualdad social y justicia ambiental

En la cuenca Matanza-Riachuelo hay una estrecha vinculaci├│n entre las condiciones de acceso al suelo urbano y la exposici├│n a las consecuencias de la degradaci├│n ambiental. El 53 por ciento de la poblaci├│n de la cuenca se encuentra expuesto a elevados niveles de riesgo sanitario, es decir, carencia de agua segura y/o carencia de cobertura de saneamiento. Cerca de 500 mil personas viven en asentamientos precarios y villas de emergencia, en su mayor parte sobre suelos contaminados y/o inundables: a medida que nos acercamos al curso principal empiezan a aumentar los ├şndices de pobreza por ingresos y la situaci├│n de precariedad habitacional.

El movimiento de justicia ambiental es una extensi├│n del movimiento moderno por la ampliaci├│n de los derechos civiles. Por justicia ambiental designamos un conjunto de principios y pr├ícticas que aseguran que ning├║n grupo social, sea ├ętnico, racial o de clase, soporte una parte desproporcionada de las consecuencias ambientales negativas de operaciones econ├│micas, decisiones de pol├şticas y programas, o por la ausencia u omisi├│n de tales pol├şticas.
En los ├║ltimos a├▒os las organizaciones territoriales de la cuenca que reclaman por derechos han incorporado la dimensi├│n ambiental en su agenda y asimismo han ampliado su horizonte territorial hacia la identificaci├│n de problemas de escala regional. Es com├║n ver en los foros, asambleas, agrupaciones inter-cuencas y experiencias de grupos autoconvocados la referencia al saneamiento de las cuencas metropolitanas como eje articulador de las demandas. Estos reclamos se plantean asimismo como una cuesti├│n de justicia ambiental. El punto central de la argumentaci├│n se basa en el saneamiento de las cuencas como una condici├│n necesaria para garantizar el derecho a la salud, asegurando la democratizaci├│n en el acceso a los recursos ambientales y a la sustentabilidad de su uso.

Es importante llamar la atenci├│n sobre las condiciones sociales de reproducci├│n de la desigualdad social y ambiental. Si la recuperaci├│n de la cuenca implica pol├şticas de mejoramiento de infraestructuras y equipamiento que aumenten los costos del uso del suelo, puede llevar a la expulsi├│n de la poblaci├│n de menores ingresos. Este es otro elemento que abona la necesidad de pensar la pol├ştica p├║blica de manera integrada atendiendo a las condiciones de acceso y apropiaci├│n del territorio por parte de diferentes grupos sociales.

Derechos desestabilizadores

El conflicto por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo deja al desnudo una situaci├│n estructural, donde la causa de la violaci├│n de derechos refiere a pr├ícticas o pol├şticas sist├ęmicas. La exigencia de sanear el Riachuelo presupone modificar esquemas de funcionamiento institucional, sistemas de reparto de poder jurisdiccional y el ejercicio de un rol activo por parte del Estado en el control y regulaci├│n de las actividades econ├│micas. En suma, para que ese derecho al ambiente sano se pueda ejercer, es necesario desestabilizar una forma de intervenci├│n estatal que es funcional al statu quo existente.
Los derechos desestabilizadores buscan desatrincherar a las instituciones p├║blicas cuando tienen fallas hist├│ricas que sostienen ventajas y jerarqu├şas de poder aisladas. Se trata de derechos cuyo ejercicio pleno s├│lo puede garantizarse si se mueve todo un andamiaje institucional inmune a cualquier forma de control social o pol├ştico.

El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo es una aspiraci├│n social que fue imposible de concretar en el pasado y que no super├│ la prueba de diferentes planes y programas fallidos acusados de corrupci├│n. Para que las pol├şticas ambientales tengan efectividad ser├í necesario generar un proceso de transformaci├│n institucional que mediante el control ciudadano logre un programa de largo plazo, con continuidad m├ís all├í de los gobiernos.

En la Argentina los bienes de la naturaleza comenzaron a ocupar un lugar central en los lenguajes de valoraci├│n de los actores sociales que reclaman por derechos. Todav├şa queda un largo camino por recorrer para que esto genere una reconfiguraci├│n sustantiva de la ciudadan├şa. Sin embargo, hay un fen├│meno que puede ser auspicioso: la gobernabilidad ambiental empieza a ser planteada como un problema pol├ştico real para la gesti├│n del territorio y los recursos naturales.

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