Cuestión social, cuestión criminal: una mirada desde la(s) política(s)

Cuestión social, cuestión criminal: una mirada desde la(s) política(s)

Por Emilio J. Ayos

Si bien en los últimos años el Estado ha venido desarrollado políticas desde una perspectiva de la seguridad social y los derechos sociales, se ha fracasado en el desmantelamiento de los nudos centrales de la corriente punitivista. La cuenta pendiente sigue siendo terminar con la identificación de los jóvenes de sectores populares como el verdadero enemigo social.
 
Doctor en Ciencias Sociales (UBA), Magister en Políticas Sociales (UBA), Lic. en Sociología (UBA). Docente en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de General Sarmiento. Becario posdoctoral del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA)


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En estas páginas nos proponemos analizar el derrotero de las intervenciones estatales sobre los jóvenes de sectores populares en el entrecruzamiento de intervenciones de política social y programas de prevención del delito durante la última década en la Argentina. Quisiéramos por un lado plantear una hipótesis histórica, acerca del acoplamiento y desacoplamiento entre modalidades de intervención propias de los campos de la política social y la política criminal. Luego nos proponemos reflexionar, a partir de esta mirada sobre las políticas sociales y preventivas, sobre las formas de problematización de los sectores populares y particularmente los jóvenes de sectores populares que caracterizan a este último ciclo histórico de la Argentina. Emprenderemos esta reflexión intentando no oscurecer las multiplicidades, las discontinuidades, las rupturas y las tensiones que marcan las discusiones político-culturales en la sociedad argentina en las que estas intervenciones estatales participan. Sabiendo, a la vez, que compartimos nuestra reflexión en tiempos dramáticos, en los que este problema de la peligrosidad de los jóvenes de sectores populares, uno de los nudos fundamentales de la “inseguridad”, aparece atravesado por formas verdaderamente deshumanizantes de la vida colectiva.

Cuestión social, peligrosidad, delito

Quisiera plantear aquí casi una obviedad: esta “cuestión” no es absolutamente nueva. Los sectores populares problematizados en términos de su peligrosidad son, por así decirlo, un nudo de sentido recurrente de nuestras sociedades, que se reactiva, sí, bajo modalidades siempre nuevas. El dramático y convulsivo proceso de desorganización y reorganización del trabajo en tanto mercancía (proceso por cierto nunca acabado, siempre en marcha) en el marco de la constitución de órdenes políticos modernos, o eso que emergió históricamente como la “cuestión social”, siempre se ha visto atravesado por la idea de “clases laboriosas/clases peligrosas” como nos recuerda Castel en El ascenso de las incertidumbres. Esas intervenciones estatales que cristalizaron en los campos de la política social y la política criminal han tenido una participación destacada en dicho proceso. Una de las marcas distintivas de la política de asistencia “moderna” ha sido la tajante distinción entre el pobre “válido” y el “inválido”, condicionando la asistencia a la obligatoriedad del trabajo asalariado y construyendo una pobreza como rasgo de peligrosidad, como signo del incumplimiento a dicha obligación. La política criminal se configuró, en palabras de Foucault, en tanto “administración diferencial de los ilegalismos”, produciendo como “delincuencia” sólo una parte de los ilegalismos de los sectores populares.

Prevención “social” del delito y políticas asistenciales-laborales en la Argentina contemporánea

Una de las formas fundamentales en la que se expresó la centralización de la asistencia en nuestro país en las últimas décadas, no sólo como sector de políticas sino como grilla para mirar y decir sobre lo social, y en este sentido como matriz para nombrar a los sectores populares, sus condiciones de vida y de trabajo, fue la línea asistencial que se orientó hacia el desempleo. Este conjunto de intervenciones se caracterizó por prescribir alguna modalidad de ocupación como parte del plan de asistencia, conceptualizado como contraprestación. Pero más aún, lo que caracterizó a esta modalidad es una racionalidad que reintroduce un fuerte discurso moral sobre el trabajo, siendo su núcleo el sujeto desempleado. El trabajo se constituyó en recurso de la asistencia al establecer una problematización del desempleo en tanto una carencia del propio sujeto.

La introducción de esta tradición del workfare sustentó como racionalidad política los discursos sobre la “empleabilidad” de los sujetos desocupados y organizó las formas de intervención que a partir de las contraprestaciones laborales o de capacitación laboral se centraban en las capacidades y habilidades como carencia subjetiva, que como tal explicaba la situación laboral del desempleado. Su característica distintiva fue la obligatoriedad para los “beneficiarios” de realizar una contraprestación laboral o de capacitación laboral como modo de promover su empleabilidad.

La introducción en la Argentina de esta modalidad de programas asistenciales laborales tuvo como uno de sus impulsores fundamentales al Banco Mundial, con un particular protagonismo en el diseño y evaluación de programas a partir del año 1996, teniendo como intervención paradigmática el llamado Plan Trabajar. La corriente de programas así inaugurada compartía, además de la centralidad de la noción de empleabilidad de los sujetos, la programática del desarrollo comunitario. Esta orientación marcadamente neoliberal difirió de las miradas del desarrollo comunitario que proliferaron en el pasado, fundamentalmente al calor del pensamiento desarrollista: abandonaron la preocupación por el desarrollo “nacional” y con “pleno empleo”, e instaron a la promoción de actividades de subsistencia que el desarrollo comunitario “desarrollista” combatía como traba a la proliferación de hábitos de trabajo y de vida “modernos”.

Esta centralidad del eje asistencialista que caracterizó a la política social luego de la “reforma” neoliberal en la Argentina fue la construcción de “lo social” con la que se encontraron y reconstruyeron las políticas de prevención social del delito que surgieron al inicio de la década del 2000. Su búsqueda de una orientación “social” para la política criminal se originó en una marcada orientación progresista, que intentaba hacer foco en lo que consideraba como las verdaderas causas sociales del delito (aunque recortando en los sectores populares y, especialmente, en los jóvenes) en una polémica explícita con las posiciones más punitivistas y de “mano dura”. La expresión más importante de este proceso fue la creación en el año 2000 del Plan Nacional de Prevención del Delito y luego, en su interior, el Programa Comunidades Vulnerables. Este encuentro se materializó en la articulación de las intervenciones preventivas con programas asistenciales laborales que mantenían la orientación antes descripta para el campo de la política social, especialmente el Programa de Empleo Comunitario. Las actividades que organizaban los programas de prevención (las entrevistas periódicas de los jóvenes con los operadores territoriales, las reuniones grupales, los proyectos recreativos, los talleres informativos) se constituyeron en la contraprestación obligatoria para percibir la transferencia de ingresos que otorgaba la política social asistencial. Esta articulación estratégica entre una orientación progresista en el campo de la política criminal y la corriente del workfare en la política social mostró una mirada sobre las formas de prevenir el delito que descentró la transformación de las condiciones de vida y de trabajo de los destinatarios e hizo hincapié en la modificación y activación de las capacidades subjetivas, en línea con las premisas de la reforma neoliberal de la política social.

¿El fin de una articulación estratégica?

Al avanzar la década del 2000 el campo de la política social muestra un conjunto de transformaciones que pueden ser captadas en tanto movimiento de recentralización de la tradición de la seguridad social –sector que había sido el núcleo duro de las modalidades de protección social en buena parte de nuestra historia– poniendo en crisis a la asistencialización de lo social que caracterizó el ciclo histórico anterior. Esta tendencia tuvo uno de sus puntos más intensos en la creación de la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUHPS en adelante) en el año 2009, reconfigurando la relación entre seguridad social y asistencia. Más allá de todas las discusiones necesarias al respecto, es posible afirmar que la AUHPS introduce en el ámbito de la asistencia (históricamente colonizado por miradas centradas en el sujeto careciente) una tradición asentada en la lógica de los derechos sociales, en la figura del trabajador y en la idea de la protección social. Por otra parte, plantea una modalidad de condicionalidad que se distancia de la mecánica de la contraprestación laboral. Y en términos concretos, ella ha desencadenado el marcado desdibujamiento de las políticas asistenciales laborales tipo workfare.

Esta reorientación del campo de lo social ha sido el marco del debilitamiento casi absoluto de las intervenciones de prevención social del delito en la Argentina. La incompatibilidad de los programas asistenciales que confluían con los planes de prevención con la AUHPS a partir del año 2009 puso en crisis las modalidades de intervención que desarrollaron a lo largo de la última década. De esta manera, si la preponderancia de la asistencia (en las formas particulares del workfare y el desarrollo comunitario) abrieron la superficie de contacto en el campo de la política social para la articulación estratégica con el campo de la política criminal en las estrategias de prevención social, la tendencia a la recentralización de la seguridad social y la reconfiguración de su relación con la asistencia marcan la obturación de ese espacio y la promoción de un desacople de dicha articulación. Y aunque tal vez sea muy prematuro para aseverarlo, podría interpretarse el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina como una continuación de esta tendencia hacia la incorporación de la lógica de la seguridad social para el tratamiento de “sectores” y “problemas” que eran atravesados por la matriz de la asistencia, en este caso, las condiciones de vida de los jóvenes de las clases populares.

La política, las políticas

Este proceso de desarticulación entre prevención y políticas sociales se produce a su vez en el marco del surgimiento de un nuevo proyecto por una “política democrática de seguridad”, que tuvo como máxima cristalización institucional la creación en 2010 del Ministerio de Seguridad a nivel nacional. En este, la idea de una política de seguridad democrática no estuvo centrada en la orientación preventiva –como sucedió con la impronta que materializó el Plan Nacional de Prevención del Delito en el año 2000– sino en la cuestión del control político de las fuerzas de seguridad. Sin rodeos, debemos decir que el mismo se encuentra, cuanto menos, en crisis. No podemos aquí extendernos en relación a las transformaciones institucionales. Sin embargo, nos parece importante finalizar este artículo interrogándonos acerca de las discusiones político-culturales que moldean, dan cuerpo o desbaratan aquel ámbito de las políticas. Y señalar(nos) que las mismas no son absolutamente homogéneas, presentan discontinuidades y tensiones. Porque si bien por un lado podemos identificar un movimiento hacia la incorporación de la lógica de la seguridad social y los derechos sociales en el tratamiento de los jóvenes de sectores populares que desdibuja aquel discurso moral sobre el trabajo en tanto carencia del propio sujeto, marcadamente estigmatizante, por otro lado hemos venido observando la intensificación de una corriente de sentidos canalizada bajo la cuestión de la “inseguridad” que extrema la identificación de los jóvenes de sectores populares en tanto verdadero enemigo social, en un proceso de deshumanización que hace temblar los fundamentos simbólicos de nuestra organización política, siendo los recientes hechos de linchamiento en diferentes ciudades del país sólo la expresión más aberrante de dicho proceso. Este es el fangoso campo donde parecieran empantanarse todos los intentos recientes por instrumentar una orientación diferente en la política de control del delito. El desmantelamiento de todos los nudos político-culturales que articula esta corriente punitivista es una de las deudas de los que pugnamos por una orientación de la política de seguridad acorde con los principios democráticos.

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