Consulta popular en Cajamarca, Tolima: la fiesta de las Arracachas contra Anglo-Gold Ashanti

Consulta popular en Cajamarca, Tolima: la fiesta de las Arracachas contra Anglo-Gold Ashanti

Por Catalina Toro PĂ©rez

En Colombia, varias comunidades se pronunciaron contra el establecimiento de proyectos de minerĂ­a y explotaciĂłn petrolĂ­fera en sus tierras. Desde sectores del Estado y las empresas involucradas se las acusa de estar en contra del interĂ©s nacional. Frente a esto, los protagonistas locales –en muchos casos, mujeres– se plantean nuevas estrategias de resistencia y diversas formas de acciĂłn.
 
Grupo Derecho y Política Ambiental, Universidad Nacional de Colombia, Integrante del Grupo Semillas y coordinadora del Grupo de Ecología Política desde América latina Abya-Yala


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Ley 134 de 1994. “ArtĂ­culo 8o.- Consulta popular. La consulta popular es la instituciĂłn mediante la cual, una pregunta de carĂĄcter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el Presidente de la RepĂșblica, el gobernador o el alcalde, segĂșn el caso, a consideraciĂłn del pueblo para que este se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, la decisiĂłn del pueblo es obligatoria”.

Hace dos dĂ­as tuvimos el privilegio de acompañar a las comunidades campesinas en el Tolima en su voto masivo en contra del proyecto de exploraciĂłn minera que se viene adelantando en la zona de la Reserva Forestal Central, enlazada con cuatro parques nacionales naturales (Los Nevados, Nevado del Huila, Las Hermosas y Purace), en el municipio de Cajamarca. El proyecto de explotaciĂłn de gran minerĂ­a a cielo abierto La Colosa, de la empresa Anglo Gold Ashanti, se presenta como una de las potenciales minas de extracciĂłn de oro mĂĄs importantes de AmĂ©rica latina, segĂșn lo anunciara el ex presidente Uribe VĂ©lez, quien otorgĂł los tĂ­tulos mineros desde 2010.

No es la primera vez que se logra que un municipio–en este caso, productor de mĂĄs del 52% de alimentos (primer productor de arracacha, cafĂ©, frijol, arveja, maĂ­z, frutales y hortalizas), considerado la “despensa agrĂ­cola” de Colombia y, a su vez, depositario de una “estrella hĂ­drica” que surte al distrito de riego Usocoello, del cual se benefician muchĂ­simas personas– se pronuncie negativamente frente a un proyecto extractivo de esta envergadura. Ya en 2013 el municipio de Piedras, tambiĂ©n en el Tolima, habĂ­a dicho “No” a las actividades de minerĂ­a aurĂ­fera. El 16 de diciembre de ese mismo año, comunidades de siete veredas en Tauramena, Casanare, tambiĂ©n se pronunciaron negativamente frente a las actividades de sĂ­smica que se pensaba adelantar en el marco del proyecto Odisea Tres D, que la agencia nacional de hidrocarburos le habĂ­a entregado a la agencia colombiana de petrĂłleo Ecopetrol. En 2011, los habitantes del ArchipiĂ©lago de San AndrĂ©s, Providencia y Santa Catalina les dijeron “No” a las actividades de exploraciĂłn y explotaciĂłn petrolera marina que estaban ya concesionadas a Repsol, YPF y Ecopetrol. Recientemente, el municipio de Cabrera, Cundinamarca, en la zona del Sumapaz, tambiĂ©n dijo “No” a los proyectos mineros y/o hidroelĂ©ctricos que puedan transformar o afectar el uso de suelo, el agua y la vocaciĂłn agropecuaria del municipio, despuĂ©s de realizado un Cabildo Abierto.

El gobierno nacional, con Santos a la cabeza, se desespera ante la posibilidad de que su locomotora minero-energĂ©tica, uno de los fundamentos de su polĂ­tica econĂłmica, hoy en crisis, se descarrile frente al voto popular. En el marco de las estrategias de polĂ­ticas de crecimiento econĂłmico mediante la inversiĂłn extranjera, una de las actividades agenciadas en el paĂ­s durante los Ășltimos quince años estĂĄ constituida por la gran y mediana minerĂ­a a cielo abierto, los proyectos de fracturaciĂłn hidrĂĄulica y la explotaciĂłn marina de petrĂłleo y de gas, en detrimento de los territorios megabiodiversos, productores de bosques, agua, oxĂ­geno, asĂ­ como de las economĂ­as campesinas productoras de alimentos, convirtiendo al paĂ­s en un escenario de fuertes conflictos socioambientales.

Estas polĂ­ticas se adelantan en un contexto de crisis ambiental y crisis climĂĄtica, a una escala sin antecedentes que, para el caso de los ecosistemas de los paĂ­ses andinos, y particularmente para el caso colombiano, generan desastres ambientales y sociales de inusitada magnitud, como pueden dar cuenta la explotaciĂłn minera de Cajamarca en PerĂș y el CerrejĂłn en Colombia, que avanzan destruyendo territorios campesinos, afros e indĂ­genas, territorios de vida, y provocan grandes impactos en las estructuras socioeconĂłmicas, generando, a su vez, nuevos Ă©xodos de poblaciones ancestrales que histĂłricamente han construido los territorios y conservado el medio ambiente como base de sustento de la vida y la biodiversidad.

Esta semana, los diarios colombianos anuncian–respondiendo a las redes sociales, que celebran el “No” de Cajamarca– que las consultas populares pueden frenar el desarrollo del paĂ­s. La AsociaciĂłn Colombiana de MinerĂ­a asegura que esto causa molestias al sector, debido a que se profundiza la inseguridad jurĂ­dica ya existente. SegĂșn el ministerio de Minas, estĂĄ en riesgo la “confianza inversionista” y se acusa a las comunidades de estar en contra del interĂ©s nacional. Para ellos, los derechos adquiridos de las multinacionales no estĂĄn en peligro con estas consultas, por lo que –dicen–, a pesar de los resultados de las consultas populares, estos proyectos deben continuar. La academia colabora: una “experta” profesora en derecho minero, de las universidades Externado y Andes, defiende una supuesta “inconstitucionalidad” de las consultas populares y las mismas autoridades ambientales, entre ellas el ministro del Medio Ambiente y la directora del Instituto Von Humboldt, advierten sobre la ilegalidad de la consulta popular. Declaraciones que harĂ­an revolver en su tumba al mismo Alexander Von Humboldt, en cuyo nombre se justifica la megaminerĂ­a a cielo abierto.

El Estado, las empresas transnacionales y las comunidades locales: ¿en defensa del interés nacional?

El debate estĂĄ candente. Frente a aquellos que dicen defender la ConstituciĂłn nacional y los derechos adquiridos de las multinacionales, la organizaciĂłn Dejusticia se pronuncia, citando la misma ley 134 de participaciĂłn polĂ­tica:

“La decisiĂłn que toma la ciudadanĂ­a en una consulta popular es vinculante y obligatoria. La ley establece de forma clara que si la votaciĂłn en la consulta supera el umbral (un tercio del censo) la decisiĂłn que obtenga la mitad mĂĄs uno de los votos vĂĄlidos debe respetarse y materializarse. Si se cumple con esos requisitos, el Concejo Municipal estĂĄ obligado a tomar las medidas que se requieren para hacer efectiva la decisiĂłn del pueblo. Entonces, si el pueblo se manifiesta en contra de las actividades mineras, el Concejo Municipal (y en Ășltima instancia el alcalde) estĂĄ obligado a tomar las medidas necesarias para prohibir la minerĂ­a” (Dejusticia: 2017, NĂșm. 1).

Aludiendo a la interpretaciĂłn de “inconstitucionalidad” de la consulta popular decretada por el sector minero, Dejusticia aclara que la sentencia del Consejo de Estado no ha declarado la inconstitucionalidad de la consulta minera que se va a adelantar prĂłximamente en Ibague, la capital del Tolima, consulta que se espera –por las enormes movilizaciones en esta capital– tendrĂĄ los mismos resultados de las consultas referenciadas mĂĄs arriba. Por otra parte, aclara, con las debidas sentencias, que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido que “ni los contratos de concesiĂłn minera ni las licencias ambientales constituyen derechos adquiridos” (Dejusticia: 2017, NĂșm. 9), es decir, estos contratos son situaciones jurĂ­dicas “susceptibles de modificaciones en el futuro, y aun de ser extinguidas por obra de la voluntad legislativa en aras del interĂ©s supremo de la colectividad”. Esto quiere decir que la sola existencia de un contrato de concesiĂłn no impide al Estado “limitar, condicionar o prohibir la actividad objeto de la concesiĂłn” y, respecto de las licencias ambientales, sostiene que la Corte se ha pronunciado: “El hecho de que el Estado haya otorgado una licencia ambiental para llevar a cabo una actividad extractiva no es Ăłbice para que el mismo Estado prohĂ­ba la realizaciĂłn de tal actividad, con posterioridad a su expediciĂłn” (Dejusticia: 2017, NĂșm. 10 y 11).

Por lo tanto, los proyectos atañidos por una consulta popular sí pueden ser afectados cuando la finalidad es la protección del ambiente, måxime cuando la Corte ha definido, también recientemente, el concepto de Justicia Ambiental. En este sentido, la participación de los residentes afectados sobre las decisiones que afectan su ambiente y su salud, así como sus preocupaciones en general, deben ser tenidas en cuenta y ser susceptibles de influir en las decisiones que los involucran (Sentencia T-704,12/13/16).

La estrategia: Carnaval y movilizaciĂłn en el Tolima

En la Colombia de hoy, en medio del proceso de implementación del proceso de paz que ha tenido sus altibajos precisamente porque se condicionó la negociación gobierno-FARC a evadir la discusión sobre el modelo de desarrollo, la política minero-energética y las relaciones internacionales, son justo estos tres aspectos los que se ven fuertemente cuestionados en las calles, los campos y los centros urbanos, en la defensa de los bienes comunes: el agua, la alimentación, el aire, en fin, la subsistencia de nuestra nación. ¿No debiera ser ese, justamente, el interés nacional?

En un paĂ­s en guerra, en el que mueren todavĂ­a jĂłvenes lĂ­deres sociales, las mujeres que lideran el retorno a sus territorios de origen y luchan por la recuperaciĂłn de las semillas y el conocimiento ancestral –y, en general, aquellos que sueñan con un paĂ­s mĂĄs justo– se han planteado nuevas estrategias de resistencia y repertorios de acciĂłn, como los del ecologismo-popular con vocaciĂłn –como dirĂ­a Maristella Svampa– eco-territorial. Las mujeres en la Guajira y la Toma Cauca, el sur del Tolima, en el ArchipiĂ©lago caribeño, en el CinturĂłn de Oro de Antioquia, han mostrado nuevas estrategias de lucha, al mismo tiempo construyendo alternativas concretas al modelo extractivista, capitalista, patriarcal dominante en el paĂ­s. JĂłvenes lĂ­deres, profesores y estudiantes de la Universidad del Tolima se ingeniaron una marcha Carnaval que incluyĂł elementos de convergencia colectiva en la fiesta, los disfraces, globos, pancartas, tambores, redes sociales, utilizando estrategias pictĂłricas, literarias, posibilitando un entramado de apuestas y propuestas de inclusiĂłn social y cultural que terminĂł convirtiĂ©ndose en un movimiento, este sĂ­, de carĂĄcter nacional. A travĂ©s de la construcciĂłn de una gran pedagogĂ­a cultural, convergieron mĂșltiples sectores econĂłmicos, sociales y culturales. Frente a los lemas “No a la mina”, propusieron otras formas de enunciaciĂłn: “La vida vale mĂĄs que el oro”.

En la construcción de un diplomado ambiental gratuito, se desarrollaron talleres de agroecología, derechos ambientales, estudios integrales de impacto social, cultural y ambiental de grandes megaproyectos, en veredas, municipios, a pie. A ellos se vincularon profesores de diversas universidades colombianas, de América latina, incluso de Europa, que se comprometieron gratuitamente con una estrategia de sana pedagogía sobre justicia ambiental, social y territorial. Desde 2011, una activa y decidida campaña logró concretar las movilizaciones que presionaron a los alcaldes a consultar a la comunidad frente a este poderoso megaproyecto que definirå el futuro de ellos, de nosotros y de nuestras generaciones.
Pero ello tambiĂ©n se debiĂł a la propuestas concretas de alternativas que abrieron un mundo de lo posible: las escuelas agroecolĂłgicas mostraron que se puede vivir bien, o mejor, bien vivir, a travĂ©s de la transformaciĂłn de la tan antigua categorĂ­a “modo de producciĂłn capitalista”–base del sustento y, para muchos paĂ­ses, base de la seguridad nacional– en tĂ©rminos del control y la producciĂłn de una manera sostenible de alimentos de manera consciente y coherente con los ecosistemas ecolĂłgicos y culturales.

Este proceso de movilizaciĂłn, inspirado indudablemente por las consultas populares que iniciaron la resistencia a megaproyectos en el Cono Sur, como la experiencia de Esquel en la Argentina, alentĂł y ampliĂł las redes de resistencia entre los movimientos de MĂ©xico, CentroamĂ©rica y el Caribe con los andinos y los experimentados movimientos sociales del Cono Sur. Este es el nuevo tipo de resistencia al capitalismo extractivista, que no tiene distingo tanto en los regĂ­menes denominados progresistas “neoextractivistas” como en aquellos que, como en el caso colombiano, muestran su enorme dependencia al capital transnacional extractivo en el contexto del “post conflicto” (lo que constituye su gran contradicciĂłn como posibilidad real para superar las condiciones estructurales de nuestra continua guerra).

Los procesos de resistencia a la gran minerĂ­a y, en general, al modelo extractivista, que crecen y se articulan en Colombia y en AmĂ©rica latina, tienen en comĂșn un llamado a la defensa del territorio, la cultura y el ambiente en funciĂłn de fortalecer la soberanĂ­a, la autonomĂ­a alimentaria y la salud de todas las poblaciones. TambiĂ©n coinciden con las propuestas de articulaciĂłn de comunidades indĂ­genas, afros, raizales, urbanas, campesinas, de mujeres y de estudiantes en la defensa de los derechos humanos, econĂłmicos, ambientales y culturales, contra los procesos de expropiaciĂłn y saqueo que, en Colombia, empiezan a expresarse de manera mĂĄs dramĂĄtica en tĂ©rminos de la criminalizaciĂłn de la protesta, en comparaciĂłn con lo que ocurre en los demĂĄs paĂ­ses del continente. Ante la geopolĂ­tica del poder energĂ©tico, surge la necesidad de una geopolĂ­tica de la autonomĂ­a de los pueblos, que permita defenderse de las prĂĄcticas de saqueo existentes desde la Colonia, preservar los ecosistemas y pensar en una mejor forma de vivir para todos los colombianos. Por ahora, la valiente expresiĂłn del campesino proveniente de la despensa agrĂ­cola de Colombia que decidiĂł, con un 97,9% de los votos, que en su suelo no se adelanten mĂĄs proyectos mineros, nos llena a todos de esperanza.

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