Brasil, extractivismo y la catástrofe ambiental del río Doce

Brasil, extractivismo y la catástrofe ambiental del río Doce

Por Héctor Alimonda

A fines de 2015, una avalancha de residuos tóxicos de minería destruyó la cuenca de este curso de agua en Minas Gerais. Toda la vida acuática fue eliminada y poblados enteros fueron arrasados. Distintos sectores y niveles de poder tuvieron su cuota de responsabilidad en este desastre ecológico.
 



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Para los argentinos radicados en Brasil ha sido siempre ardua la tarea de informar a nuestros compatriotas sobre la realidad sociopolítica de este país. Desde la profundización de la crisis del gobierno de Dilma Rousseff, hasta el actual colapso global del sistema político, ese proyecto se ha vuelto un imposible: quizá la mayor dedicación solo provoque mayores malentendidos y simplificaciones.

¿Cómo narrar interpretativamente lo sucedido a partir de las cuatro de la tarde del 5 de noviembre de 2015 en el este de Minas Gerais y, en los días sucesivos, hasta 80 kilómetros dentro del océano Atlántico? Faltan palabras o quizá falte precisamente la palabra perentoria, aquella que avance anunciando, inaugurando la proximidad de un nuevo estilo de relación civilizatoria (despiadada, abismal, que denote un nuevo ciclo civilizacional entre humanos con poder, humanos sin poder y naturalezas). ¿Lo que sucedió ese día y en los días sucesivos fue un crimen, un desastre, un siniestro, una tragedia, un ecocidio? Esta dificultad, mucho más profunda que apenas nominativa, marca una especie de fin del mundo, de advenimiento de una falla histórica persistente entre la dinámica de acumulación de capital y la reproducción ecológica de la vida. Un fenómeno estruendoso y local de un proceso de colapso civilizatorio más general.

La ruptura del complejo de estanques con residuos de minería en Mariana, Minas Gerais, liberó 60 millones de metros cúbicos de barro, constituyendo la mayor tragedia registrada con ese material. La avalancha recorrió impunemente 600 kilómetros, destruyendo la cuenca del río Doce, y se adentró 80 kilómetros cuadrados en el océano Atlántico. Fueron afectados soportes fundamentales para la vida; amplias áreas agrícolas quedaron inutilizadas; fue eliminada la vida acuática, en una distribución de daños que, naturalmente, afectó profundamente a sectores populares y otros “vivientes”, con claras marcas de “racismo ambiental”. Nadie sabe si la naturaleza se recuperará alguna vez: lo que parecen irreversibles son los daños sufridos por las sociedades humanas.

Todos los sectores de poder tuvieron responsabilidad: los niveles federales, provinciales y municipales de poder, el gobierno federal del PT de Dilma Rousseff, el provincial de Aécio Neves, los organismos técnicos, la Justicia. Unas breves informaciones pueden ser útiles para un lector argentino preocupado (y con razón) por los temas de política ambiental.

Por detrás de la política ambiental está la ecología política, en un elenco de conflictos que pueden no ser evidentes, pero sí son decisivos. Desde la aparición de las propuestas de normatividad e institucionalidad ambientales–digamos que a partir de la década delos’80–, en todos los países de la región latinoamericana la cuestión ambiental ganó un brillo renovado, vinculada con los procesos de reforma del Estado y con los “nuevos derechos” (¿habrá hoy algo más perimido que aquellos “nuevos derechos”?).

Pues bien, según una inspiración doctrinaria que ya apuntaba hacia la atmósfera neoliberal de los años noventa, la reforma del Estado y el montaje de la nueva institucionalidad y normatividad estuvieron regidas, en todo caso, no por su capacidad para gestionar los conflictos entre actores diferenciados y legítimos, sino para su condición de garantes de nuevos “pactos de gobernanza”, yendo más bien a conciliar y articular intereses de los factores decisionales estratégicos.

Una vez consolidado este modelo de asociación de grandes actores, las demandas sociales que por ventura hubieran sido incorporadas según las invocaciones a la participación, irían siendo absorbidas por la aspiradora del clientelismo político, las invocaciones a la creación de empleos, etc., hasta consolidar progresivamente grandes bloques asociados de impunidad.

En Brasil, Minas Gerais ha sido un ejemplo de manual de estos procesos. Y no casualmente existe allí una red universitaria de buen nivel académico dedicada al acompañamiento de estos conflictos, con observatorios y centros de documentación. Justamente, ellos trabajan con la noción central orientadora de la “oligarquización de la política ambiental”.

Todo sigue igual, gracias a la “seguridad jurídica”. En su edición de hoy, 24 de marzo, el periódico Tempo, de Belo Horizonte, anuncia que la Anglo American ampliará sus inversiones en Minas Gerais (las mayores que posee en el mundo). La producción de 2016, de 16.000.000 de toneladas de hierro, será llevada para 2018 a 28.000.000. Las declaraciones del presidente de la empresa no incluyen una palabra sobre las dimensiones ambientales del proyecto.

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Extractivismo

Artículos de este número

Gabriela Merlinsky
Los movimientos de justicia ambiental. La defensa de lo común frente al avance del extractivismo
Héctor Alimonda
¿Una ecología política en “Amauta”? Notas para una arqueología del ecologismo socialista latinoamericano
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Continuidad y radicalización del neoextractivismo en la Argentina
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Entre derrames, conflictos y promesas incumplidas: dos décadas de minería a gran escala en la Argentina
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