Bonos de carbono y programa de eficiencia energética en Colombia

Bonos de carbono y programa de eficiencia energética en Colombia

Por Fabio Emiro Sierra Vargas. Carlos Alberto Guerrero Fajardo.

Ante los elevados niveles de contaminación por el uso de combustibles fósiles, Colombia desarrolló un programa de uso racional y eficiente de la energía para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad ambiental y el bienestar social.
 
Fabio Emiro Sierra Vargas: Doctor en Ingeniería (Universidad Kassel, Alemania). Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia. Director del Grupo de Investigación Mecanismos de Desarrollo Limpio y Gestión Energética GRIN. Carlos Alberto Guerrero Fajardo: Doctor en Ingeniería Química, Msc. Ingeniería ambiental, Ingeniero Químico, Ingeniero Mecánico, Profesor asociado del Departamento de Ciencias Universidad Nacional de Colombia


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El uso de combustibles fósiles ha generado niveles preocupantes de contaminación por el incremento de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera que genera el denominado calentamiento global. Para ello se han implementado medidas conducentes a disminuir la producción de los gases de efecto invernadero. Mecanismos como los bonos de carbono son herramientas internacionales útiles buscando tal fin. Colombia, así como la mayoría de países, ha implementado políticas públicas basadas en el beneficio social y económico buscando modificar comportamientos ambientales de los actores que intervienen en la transformación y uso de la energía mediante incentivos que combinan políticas de contaminación con regulación de emisiones.

En el Protocolo de Kyoto (inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kyoto, Japón, entra en vigor el 16 de febrero de 2005) se proponen mecanismos para la reducción de emisiones causantes del calentamiento global (dióxido de carbono –CO2–, gas metano –CH4–, óxido nitroso –N2O–, hidrofluorocarbonos –HFC–, perfluorocarbonos –PFC– y hexafluoruro de azufre –SF6–, en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012. Uno de los mecanismos en mención son los bonos de carbono. Los bonos de carbono representan el derecho a emitir dióxido de carbono, pudiendo comercializarlo con empresas que emiten más de lo permitido, beneficiando a las empresas que disminuyen su emisión, o que no los emiten directamente. Estos certificados pueden utilizarse en proyectos de generación usando energías renovables, mejoramiento de eficiencia energética de procesos, cambio de tecnologías a tecnologías más limpias, forestación, mejor disposición de residuos agrícolas y urbanos, entre otros. Las emisiones de gases productores de efecto invernadero se miden en toneladas de CO2 equivalente, y se traducen en Certificados de Emisiones Reducidas CER. Un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera, y puede ser vendido en el mercado de carbono a países “Anexo I” (industrializados, de acuerdo con la nomenclatura del Protocolo de Kyoto).

Protocolo de Kyoto y los bonos de carbono

El Protocolo de Kyoto fue firmado por los principales países industrializados, exceptuando a Estados Unidos. Para el cumplimiento de los plazos se están realizando inversiones en países subdesarrollados, para acreditarlas como si las reducciones hubieran sido en sus propios países. El Protocolo de Kyoto, otorga a los Estados cierto grado de flexibilidad en los mecanismos por los cuales logran y miden sus reducciones de emisión. Estos se circunscriben a tres tipos de mecanismos:

Mecanismo de Desarrollo Limpio: los países industrializados pueden financiar proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo y recibir créditos por ello.

Implementación Conjunta: este mecanismo permite a los países adquirir unidades de reducción de emisiones a través del financiamiento de ciertos tipos de proyectos en otros países miembros.

Transacción de Emisiones: corresponde a un régimen de transacción internacional de emisiones que permite a los países industrializados comprar y vender créditos de emisiones entre ellos mismos. Los proyectos que pueden postular al Mecanismo de Desarrollo Limpio deben reducir o capturar gases de efecto invernadero (GEI) y corresponden principalmente a proyectos forestales y agrícolas, de transporte, energéticos y de manejo de residuos.

De acuerdo con lo establecido en el protocolo, el proyecto debe contribuir al desarrollo sustentable del país, debe contar con la aprobación de la autoridad nacional designada, debe contribuir a reducir los GEI y debe garantizar que las reducciones de GEI sean reales, medibles y de largo plazo.

Para el caso de Colombia, el país cuenta con tres grandes cualidades que le podrían permitir ser un importante actor internacional. Por un lado, su cobertura boscosa relativamente bien conservada. En segundo lugar, la matriz energética que en un 65% ya es limpia, pues utiliza la energía hidroeléctrica para generar gran parte de los 13.500 Mw instalados en su sistema interconectado. Por último, el sector empresarial colombiano ha avanzado, a través de procesos de mejoramiento, en el uso eficiente de la energía.

Las soluciones planteadas actualmente para frenar el calentamiento global corren por cuenta de las iniciativas de las naciones, de las empresas y de los individuos. Uno de los sectores más activos en este sentido son los mercados de carbono, regulados y voluntarios, que mueven en promedio unos 125 mil millones de dólares al año en todo el mundo y su perspectiva de crecimiento se incrementa a medida que crece la conciencia por establecer modelos de desarrollo sostenibles. Se calcula que un 60% del empresariado colombiano está dispuesto a asumir compromisos para reducir sus emisiones y mitigar el impacto ambiental.

Teniendo en cuenta el marco regulatorio colombiano, se tiene como marco de referencia la ley 99 de 1993 (diciembre 22) con la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y se organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

En su artículo 1 relacionado con los principios generales ambientales, se establece que la política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales: “El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo”.

En el artículo 4 se define el Sistema Nacional Ambiental (SINA) como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en esta ley.

De acuerdo con la ley 697 de 2001 se declara este tema como de interés social, público y de conveniencia nacional y se establecen como políticas:

* Creación del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales (Proure) para hacer que la cadena energética nacional cumpla con los niveles mínimos de eficiencia energética.

* Obligar a las empresas de energía a crear programas de uso racional y eficiente de energía (URE) para sus usuarios.

* Promover el uso de energías no convencionales en especial para las zonas no interconectadas.

* Promover la investigación y programas educativos relacionados con URE.

Incentivos e instrumentos financieros para el Uso Racional y Eficiente de la Energía

Dentro del marco del Proure se han formulado distintas políticas para estimular el uso e implementación de tecnologías más eficientes en pro del uso racional y eficiente de la energía. Dentro de estas políticas se encuentran:

El artículo 12 de la ley 633 de 2000 contempla beneficios tributarios para estimular el desarrollo de nuevas fuentes de energía así como en uso racional y eficiente de la energía, dándole importancia al desarrollo científico tecnológico e incluir proyectos de eficiencia energética en los planes de desarrollo económico y social del país.

De acuerdo con la ley 29 promulgada en 1990 se promueve el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico con herramientas tales como la deducción del 125% de la renta en inversiones en desarrollo científico y tecnológico mediante instituciones educativas. Aunque esta ley busca el desarrollo tecnológico del país, ha sido utilizada para el fomento de investigaciones de aplicación de alternativas conducentes al uso eficiente de la energía y el uso de energías renovables.

La ley 788 de 2002 busca promover proyectos para la implementación de tecnologías limpias reglamentando la disminución o no pago de impuestos de maquinaria y equipos en materia de fuentes no convencionales de energía (FNCE) y la exención de impuestos de rentas siempre y cuando se tramiten los certificados de reducción de emisiones de CO2.

Dentro del marco de la legislación colombiana, se estableció el reglamento técnico de eficiencia energética, el cual contempla dentro de sus objetivos:

* Establecer medidas para fomentar el uso racional de la energía.

* Mitigar los impactos medioambientales generados por la utilización de maquinaria.

* Fomento de equipos de uso final de alta eficiencia energética.

* Proteger al consumidor.

Este reglamento técnico aplica tanto para equipos de uso final, nacionales e importados contemplados en las partidas arancelarias. Adicionalmente contempla y hace referencia a todas las normas técnicas colombianas (NTC) relacionadas con eficiencia energética, refrigeración, iluminación, maquinas eléctricas rotatorias, calefacción y balastros.

Dentro de este reglamento se especifican los requisitos con los cuales debe cumplir un fabricante para poder comercializar sus productos portando la etiqueta URE en la cual se busca informar al usuario de la calidad respecto de eficiencia energética del producto, los requisitos de restricción a la comercialización de equipos, el procedimiento para evaluar la conformidad de los consumidores y el procedimiento para la obtención de certificado de conformidad expedida por la entidad acreditada.

Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes (Ministerio de Energía y Minas 2002)

El aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, los ecoproductos industriales y los servicios ambientales ofrecen ventajas competitivas nacionales e internacionales para la industria colombiana. Acceder a estos nuevos mercados con productos colombianos competitivos es el reto del Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes.

Este plan tiene como objetivo general consolidar la producción de bienes ambientalmente sostenibles e incrementar la oferta de servicios ecológicos competitivos en los mercados nacionales e internacionales contribuyendo al mejoramiento de la calidad ambiental y bienestar social. Este se enmarca a su vez dentro de cuatro objetivos específicos fundamentales.

El Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes planteado para los próximos diez años por el Ministerio del Medio Ambiente, pretende servir como marco nacional e institucional de referencia para guiar las actividades de las distintas instituciones relacionadas con los mercados verdes. Tiene por su misma naturaleza que cumplir con la doble misión de ser dinámico y adaptable a los desarrollos de los mercados verdes internacionales, para responder a las necesidades del país y a las oportunidades de mercado que este sector representa para Colombia en el nuevo siglo.

Posibilidades de ingresar al mercado de bonos (caso Colombia)

Según el inventario de GEI para el año 2004, Colombia aporta el 0,37% (180.010 gigagramos) del total emitido en el mundo (49 gigatoneladas), y las emisiones individuales (per cápita) están por debajo del valor medio mundial y muy distantes de los valores registrados para Europa, Asia occidental y Norteamérica.

Aun cuando en Colombia no exista un gran aporte dentro del total de emisiones mundiales, sí existe una real posibilidad para la reducción de GEI, mediante la aplicación de estrategias que involucren a los sectores más implicados en la emisión de GEI.

Con el fin de lograr una nueva dinámica a la reconstrucción del tejido social del país, el Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes busca consolidar una cultura de sostenibilidad ambiental a la vez que fortalece la economía nacional. Esta cultura de sostenibilidad ambiental dará paso al desarrollo de programas de eficiencia energética en el país con el fin de aprovechar al máximo los recursos de que disponemos, generando reducciones duraderas en la emisión de GEI, confirmando lo dicho por Luis Alberto Moreno, presidente del BID: “América latina tiene ricas ‘reservas’ de eficiencia energética y apenas ha empezado a explotarlas”.

Proure: plan de acción 2010-1015

El Proure es un mecanismo de promoción del correcto aprovechamiento de la energía en Colombia, cuyo objetivo principal es lograr que todas las cadenas productivas se encuentren operando con un mínimo de eficiencia energética, sin llegar a perjudicar al medio ambiente. El Proure comprende la interrelación entre los diferentes sectores de la economía del país para lograr pleno conocimiento de sus cadenas productivas. El programa establece que para el 2015 la meta de ahorro deberá ser del 4 por ciento.

Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la reducción en el consumo mediante la implementación de tecnologías más eficientes no sólo representa una disminución de los GEI, sino también un ahorro en inversión a largo plazo.

Para Colombia, alcanzar una disminución del 10% de energía en la próxima década implicaría inversiones en tecnologías y equipos eficientes por valor aproximado de 730 millones de dólares, con lo cual se reduciría el consumo de energía en 6.300 GW/h para el 2018.

En caso contrario, el país necesitaría invertir aproximadamente 2.300 millones de dólares para construir el equivalente a 14 turbinas de gas de ciclo abierto para producir los 6.300 GW/h de electricidad extra en el 2018.

En cuanto a los sectores no industriales, como lo son el sector comercial, público y de servicios, el incremento en la eficiencia de consumo energético puede hacerse mediante varias estrategias que contribuyan a la mitigación de los efectos producidos por los grandes consumos de energía eléctrica por iluminación y aire acondicionado, tecnología obsoleta, sistemas sobredimensionados y mala operación, como lo son:

* Difusión, promoción y aplicación de tecnologías y buenas prácticas en sistemas de iluminación, refrigeración y aire acondicionado.

* Diseño, construcción, reconversión energética y uso eficiente y sostenible de edificaciones.

* Caracterización, gestión de indicadores y asistencia técnica.

* Actualización o reconversión tecnológica del alumbrado público.

Adicionalmente, en el marco de la implementación de estrategias para la reducción de GEI, encontramos el Sistema de Gestión Integral Energética (SGIE), que es un programa estratégico para la innovación en la gestión empresarial, mediante la difusión y generación de nuevos conocimientos, y creación de capacidades e implementación del sistema en el sector empresarial.

Para la implementación del SGIE se deben seguir las siguientes etapas:

* Creación y consolidación de capacidades de formación y capacitación en nuevas tecnologías y SGIE.

* Implementación SGIE, lo que incluye:

- Sensibilización de gerentes.

- Caracterización energética de industrias.

- Implementación del modelo SGIE en industrias.

* Desarrollar una estrategia y modelo de gestión de la información y mantenimiento, para lo cual se debe tener en cuenta:

- El marco regulatorio normativo.

- El modelo de gestión de la información y del conocimiento.

- El modelo de gestión del mantenimiento centrado en la eficiencia.

Mediante la implementación de estos sistemas se pretende llegar a realizar la gerencia de la eficiencia energética, y de esta manera mantener constantemente monitoreado el consumo energético empresarial, estimulando la innovación tecnológica mediante la constante actualización de equipos en pro de la reducción en las emisiones de GEI, junto con la disminución en el consumo de energía, que como ya se vio anteriormente, no sólo permite a la industria estar a la vanguardia tecnológica, sino también un considerable ahorro energético, que se traduce en un ahorro en inversión a largo plazo.

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Artículos de este número

Ignacio Sabbatella y Esteban Serrani
A 20 años de la privatización de YPF. Balance y perspectivas
Mariano A. Barrera
La diversificación de la matriz energética, un debate pendiente
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