Aspectos legales del abuso y maltrato en la vejez

Aspectos legales del abuso y maltrato en la vejez

Por Rosana G. Di Tullio Budassi


 
Abogada. Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario en las materias Derecho de la Vejez y Derecho de Familia. Secretaria del Centro de Investigaciones en Derecho de la Ancianidad en la misma facultad


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La calidad de vida de las personas de edad avanzada se ve afectada principalmente por su alta dependencia econ├│mica, la carencia de vivienda propia y la dependencia emocional. Las formas en que el maltrato y abuso pueden manifestarse sobre esta poblaci├│n son diversas: f├şsica, ps├şquica, econ├│mica, la negligencia o el abandono. A continuaci├│n, un an├ílisis de esta situaci├│n desde la legislaci├│n.

La violencia, el abuso y el maltrato son un fen├│meno social negativo que, estad├şsticamente, coloca a los ni├▒os, las mujeres y las personas mayores como los grupos m├ís propensos a padecerlo. En este ├║ltimo caso en particular, el punto neur├ílgico de la problem├ítica de la violencia en la vejez es, sin duda, la valoraci├│n negativa que la sociedad tiene de las personas ancianas. Los prejuicios, los mitos y el desvalor en torno a este ciclo vital contribuyen a incrementar situaciones de maltrato vinculadas primordialmente a la discriminaci├│n, la indiferencia y el abuso ÔÇôprioritariamente el econ├│micoÔÇô de las personas mayores.

En la actualidad, los datos demogr├íficos revelan que la calidad de vida de las personas de edad avanzada se ve afectada porque padecen una alta dependencia econ├│mica ÔÇôfalta de ingresos personalesÔÇô, carencia de vivienda propia y dependencia emocional. Todo ello hace de estos sujetos una poblaci├│n especialmente vulnerable a las situaciones de abuso y maltrato cotidiano.

Las formas en que el maltrato y abuso pueden manifestarse sobre esta poblaci├│n son diversas: f├şsica, ps├şquica, econ├│mica, la negligencia en su cuidado o atenci├│n, el abandono material y afectivo, la indiferencia ante sus deseos o necesidades, no contemplar sus opiniones, no aceptar sus decisiones, controlar sus gastos e incluso administrar su dinero de forma abusiva, coartarle su libertad de circulaci├│n, relegarlo dentro de su propio hogar, para dar s├│lo algunos ejemplos. Por ello, ser├í de suma importancia que la legislaci├│n vigente sea interpretada y aplicada en atenci├│n a la especial situaci├│n de padecimientos que pesa sistem├íticamente sobre este sector de la poblaci├│n. Adem├ís, respecto de los mayores, la violencia opera, principalmente, a trav├ęs de la manipulaci├│n, que es un mecanismo psicol├│gico de control. El maltrato se instala, en primer t├ęrmino, a trav├ęs del lenguaje. As├ş se recurre a diminutivos, a un lenguaje infantil, o imperativo. O se utiliza un vocabulario ambiguo, entre protector-paternal y controlador. Tambi├ęn, la manipulaci├│n viene dada por lo que Dabove ha definido como la ÔÇťteor├şa de los hechos consumadosÔÇŁ. Al anciano se le presentan las situaciones ya resueltas, a las que no puede oponerse. Entonces, nos encontraremos con casos de ventas de bienes de las personas ancianas sin su consentimiento, o el ingreso a una instituci├│n geri├ítrica recurriendo a maniobras de presi├│n psicol├│gica, por dar s├│lo algunos ejemplos.

En este trabajo limitar├ę mi an├ílisis respecto de la regulaci├│n legal de nuestro pa├şs en materia de violencia familiar.

Debe recordarse que en el transcurso de la historia la familia ha sido considerada como una esfera cerrada, donde la discusi├│n de sus asuntos se daba en forma privada, y por ende, la resoluci├│n de los mismos dentro de su ├│rbita. Esta concepci├│n, sin embargo, ha ido variando, dando paso a la discusi├│n abierta de los comportamientos violentos que en ella se producen. En este avance han nacido convenciones internacionales y leyes nacionales que protegen a la v├şctima de violencia dom├ęstica, dejando de ser este flagelo, una cuesti├│n puramente ÔÇťprivadaÔÇŁ.

Legislaci├│n nacional de protecci├│n contra la violencia familiar

En este sentido, en la Argentina coexisten dos tipos de normas que sancionan en el ├ímbito civil la violencia familiar: por un lado la ley nacional, y por el otro, las leyes provinciales en la materia. La ley nacional 24.417 de protecci├│n contra la violencia familiar s├│lo describe la situaci├│n de violencia, las personas intervinientes y brinda una serie de pautas procesales a seguir cuando la violencia ya ha sido ejercida. En cierto punto, coloca a la persona mayor junto a los incapaces y ni├▒os. Cuesti├│n que nos induce a pensar que la persona mayor es equiparada al incapaz. En este sentido, enormes son los vac├şos legales que encontramos en lo que respecta al tratamiento de la violencia familiar en la vejez. De all├ş se deriva la necesidad de considerar a los ancianos como sujetos de derecho plenos y, como tales, pertenecientes a un grupo separado de los ni├▒os, o de quienes han sido declarados judicialmente incapaces y merecedores de tratamiento legal espec├şfico. En este entramado, la ley no trata en forma expresa la problem├ítica de la violencia familiar que puedan sufrir las personas mayores. Por eso, creemos que en forma desacertada en el art. 2┬║ se los equipara a los menores, incapaces y discapacitados. Este tratamiento no es apropiado, atento a las distintas problem├íticas existentes en materia de menores, incapaces y discapacitados, que no son las de los ancianos.

Esta ley fue sancionada el 7 de diciembre de 1994 y publicada el 3 de enero de 1995, siendo reglamentada por medio del decreto 235/1996, del 8 de marzo de 1996.
Como antecedentes de esta legislaci├│n puede decirse que la violencia familiar se encontraba ya tratada en la Declaraci├│n Universal de los Derechos Humanos, en la Convenci├│n sobre la Eliminaci├│n de todo tipo de Discriminaci├│n contra la Mujer (ley 23.179) y en la Convenci├│n de los Derechos del Ni├▒o (ley 23.849).

Un antecedente directo de la ley nacional fue la convenci├│n interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como ÔÇťConvenci├│n de Belem do Par├íÔÇŁ suscripta por nuestro pa├şs en el a├▒o 1994. Esta convenci├│n refiere a la protecci├│n de la mujer ante la violencia dentro de la familia o por parte de la comunidad.

El decreto 235/1996 se dicta a fin de implementar un sistema que permita la plena aplicaci├│n de la ley 24.417. En este texto se establece que, previo a la decisi├│n sobre las medidas cautelares que podr├í tomar, el juez deber├í contar con el pertinente apoyo t├ęcnico, que le permitir├í abordar en forma m├ís precisa la situaci├│n concreta de violencia familiar. Ello, debido a que no se pueden establecer par├ímetros comunes en estas situaciones.

Adem├ís, se observa que para complementar la actividad jurisdiccional, el decreto ordena la creaci├│n de un cuerpo policial especializado, dentro de la Polic├şa Federal Argentina, y de un registro de ONGs. Todos ellos afines a esta tem├ítica y habilitados para brindar asesoramiento jur├şdico gratuito y recibir denuncias por agresor y v├şctima.

Por ├║ltimo, cabe mencionar, en el ├ímbito de la legislaci├│n civil, la entrada en vigencia en el a├▒o 2009 de la ley 26.485, de Protecci├│n integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ├ímbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Se define a la violencia contra las mujeres como toda conducta, acci├│n u omisi├│n que de manera directa o indirecta, tanto en el ├ímbito p├║blico como en el privado basada en una relaci├│n desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad f├şsica, psicol├│gica, sexual, econ├│mica o patrimonial, as├ş como tambi├ęn su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas por el Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja respecto al varón (Articulo 4).

Lamentablemente, en esta ley tampoco se realiza un tratamiento expl├şcito del abuso, violencia y maltrato que puedan sufrir las mujeres ancianas, como s├ş lo hace respecto de las ni├▒as y adolescentes en relaci├│n al procedimiento en esta materia. De todas formas, cabe subrayar que esta legislaci├│n es de aplicaci├│n prioritaria respecto de la ley nacional de violencia familiar conforme lo establece su art├şculo 42.

Ahora bien, en el ├ímbito penal, adem├ís de la normativa contenida en el C├│digo Penal, sancionatoria de conductas lesivas a lo corporal o moral de las personas, debemos destacar la ley 13.944 de ÔÇťIncumplimiento de los deberes de asistencia familiarÔÇŁ. Esta ley contempla como conductas punibles el incumplimiento respecto de las obligaciones alimentarias, que constituye un modo de violencia econ├│mica. Encuadran en esta ley las siguientes conductas omisivas de la prestaci├│n de alimentos: a) el padre respecto de los hijos menores de 18 a├▒os o impedidos; b) el hijo, con respecto a los padres impedidos; c) el adoptante, con respecto al adoptado menor de dieciocho a├▒os, o de m├ís si estuviere impedido; y el adoptado con respecto al adoptante impedido; d) el tutor, guardador o curador, con respecto al menor de dieciocho a├▒os o de m├ís si estuviere impedido, o al incapaz, que se hallaren bajo su tutela, guarda o curatela; e) el c├│nyuge, con respecto al otro no separado legalmente por su culpa.

El incumplimiento alimentario de los abuelos hacia sus nietos o viceversa no tiene sanci├│n penal por medio de esta ley.

La mirada de los documentos internacionales

Por ├║ltimo, queremos destacar que fueron los instrumentos internacionales los que han abordado de forma espec├şfica el maltrato de las personas ancianas y, aun cuando no resulten vinculantes para los pa├şses suscriptores, conforman un valioso aporte para el dise├▒o de pol├şticas y estrategias p├║blicas adem├ís de servir de gu├şa y modelo para el dise├▒o de legislaci├│n espec├şfica. En primer t├ęrmino corresponde mencionar que la Comisi├│n de Desarrollo Social del Consejo Econ├│mico y Social de las Naciones Unidas ha plasmado la trascendencia de la problem├ítica y ha instado a los pa├şses miembros a buscar soluciones a la misma. Se pone all├ş de manifiesto los diferentes tipos de violencias que pueden sufrir los ancianos: violencia f├şsica, emocional, abandono, abuso sexual, violencia familiar, violencia econ├│mica, y abuso de medicamentos. Tambi├ęn se exponen los diferentes ├ímbitos donde la violencia es ejercida. As├ş, se distingue entre los malos tratos institucionales (hospitales, geri├ítricos) y el maltrato familiar. Para este organismo, la soluci├│n viene de la mano de la sensibilizaci├│n y comprensi├│n del problema, de la promoci├│n del respeto y la dignidad de los ancianos, y por ende, la protecci├│n de sus derechos.
En el mismo sentido se ha abordado la problemática en el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento 2002.

Reflexi├│n final

La cultura del buen trato se erige, a├║n hoy, como un ideal a alcanzar. Cuando el equilibrio entre el trato digno y respetuoso se quiebra, dando lugar al maltrato, el abuso y la violencia, un Estado debe contar con herramientas eficaces que protejan a la v├şctima, la auxilien y acompa├▒en en la dif├şcil tarea de denunciar el maltrato, sobre todo cuando proviene de un ser querido. En la actualidad, el acceso a la Justicia es la gran barrera que las personas mayores deben atravesar. La existencia de vac├şo legal que estuvimos analizando en el tema en estudio, sumado a la estructura judicial, los procesos litigiosos y la inexistencia de tribunales especializados para dar soluciones r├ípidas y eficaces a las personas mayores, conspira contra el reclamo efectivo de sus derechos.

La futura convenci├│n internacional que proteja los derechos de las personas de edad se avizora como una herramienta vinculante de gran valor para enaltecer los derechos humanos de este grupo etario, obligando as├ş a que todos los pa├şses que la suscriban deban adecuar sus legislaciones y sus sistemas judiciales en pos de lograr la mayor cobertura a los derechos de las personas ancianas.

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