Acceso a la Justicia

Acceso a la Justicia

Por Daniel Parise

El Estado tiene la obligaci├│n de generar pol├şticas p├║blicas que faciliten el acceso a la Justicia. Sin duda, los mayores obst├ículos se presentan en los sectores populares. Por ello, es imperioso para la buena administraci├│n de justicia que desde la misma se dise├▒en instancias id├│neas para brindar respuestas ├ígiles y de bajo costo.
 
Abogado (UBA). Docente de Elementos de Derecho Procesal, Facultad de Derecho UBA


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Con el enunciado ÔÇťacceso a la JusticiaÔÇŁ se denota un conjunto de circunstancias, tanto f├ícticas como normativas que hacen a la posibilidad de conseguir por parte de los justiciables una respuesta satisfactoria a sus necesidades jur├şdicas.

En ese conjunto de circunstancias encontramos, además del derecho a la jurisdicción, condicionantes que hacen a la operatividad de dicho derecho, siendo central en este tema la situación socioeconómica de los usuarios del servicio de justicia.

Existen otros condicionantes a superar en tren de efectivizar el acceso a la Justicia, tales como los culturales, que se encuentran en un primer nivel, esto es, reconocer que existe un derecho y que el mismo pueda hacer valer legalmente. Estos problemas fácticos son llamados en general barreras al acceso a la Justicia.

Sin duda no existe controversia en torno a la obligatoriedad de que el Estado provea pol├şticas p├║blicas orientadas a facilitar el acceso a la Justicia. Lo que plantea inconvenientes es la naturaleza y extensi├│n de la obligaci├│n de la actividad estatal encaminada a ello.

El acceso a la Justicia incluye el an├ílisis de las soluciones que deben brindarse a los ciudadanos para superar la distancia que existe entre ciertas garant├şas del orden democr├ítico y su efectiva realizaci├│n pr├íctica.

Principalmente estos problemas f├ícticos pueden ser clasificados en dos grupos: estructurales, que impiden o dificultan el acceso a la Justicia por la misma organizaci├│n del sistema judicial, y las barreras operativas, las cuales son m├ís dif├şciles de sortear, dado que act├║an sobre el funcionamiento real de la Justicia.

El acceso a la Justicia implica, en consecuencia, que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y dar soluci├│n a sus conflictos en forma eficiente y oportuna. Este concepto presenta una visi├│n amplia de la administraci├│n de justicia, por el cual comprende adem├ís de la soluci├│n jurisdiccional de tutela estatal, la prevenci├│n de conflictos, la promoci├│n de los derechos y la soluci├│n colaborativa de conflictos como la mediaci├│n. Las pol├şticas de justicia deben tener por objetivo crear condiciones que faciliten el acceso a la Justicia y establezcan adecuados mecanismos de seguimiento en materia de prevenci├│n, atenci├│n y control de los conflictos y sus factores asociados. Para superar las barreras socioculturales es necesario contar con remedios deseables y adecuados consider├índose especialmente el decisivo rol de la informaci├│n. Englobando as├ş materias tan diversas como: existencia de un adecuada protecci├│n normativa de los derechos ciudadanos, informaci├│n sobre los derechos de los que es titular, asesoramiento jur├şdico y mecanismos accesibles y eficaces de resoluci├│n de conflictos.

En nuestra Constituci├│n nacional encontramos el acceso a la Justicia de un modo difuso (pero no por ello menos exigible). El art. 18 nos habla del debido proceso, lo que nos dice que existe un derecho a la jurisdicci├│n (m├ís amplio que aquel) sin consagraci├│n expresa que podr├şa derivarse del art. 33 (derechos impl├şcitos). O de forma m├ís clara de los arts. 8 y 25 de la Convenci├│n Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol├şticos ÔÇôambos con jerarqu├şa constitucionalÔÇô, tambi├ęn involucrado el derecho a la igualdad ante la ley en el art. 16 de la Constituci├│n nacional. De este complejo de normas (debido proceso, derecho a la jurisdicci├│n e igualdad ante la ley) obtenemos un derecho a la tutela judicial que deber ser igualmente accesible para todos, esto es, un derecho de acceso a la Justicia.

La eficacia del ordenamiento jur├şdico de un Estado no se mide por la previsi├│n abstracta de derechos reconocidos en los distintos textos legales, sino por la posibilidad de hacerlos efectivos y cuando, a la par, consideramos al proceso judicial como el medio del cual el Estado se vale para resolver los conflictos entre los particulares.

El derecho a la jurisdicci├│n es un derecho subjetivo p├║blico frente al Estado, encaminado a que este proceda a tutelar los derechos e intereses de los ciudadanos mediante el proceso, conforme los principios que conforman la intervenci├│n de las partes en ├ęl, b├ísicamente contradicci├│n e igualdad.

El gran problema del derecho es su vigencia efectiva. De poco sirve una Constitución y un conjunto de normas si no se aplican, que consagran derechos que no pueden ejercerse o cuya concreción implica el tránsito de caminos arduos y desalentadores.

Estos derechos de acceder a los tribunales, a que la judicatura decida con justicia y a que tutele los derechos e intereses de los sujetos jur├şdicos que litigan con raz├│n, son principios b├ísicos de un Estado de derecho y piedra de toque del sistema jur├şdico. En el ├ímbito internacional se ha dicho que el derecho de acceso a la Justicia es caracter├şstica esencial de cualquier sociedad democr├ítica.

El derecho a la tutela de los derechos deviene en consecuencia en uno de los m├ís relevantes entre los derechos fundamentales en cuanto se ofrece como condicionante para la operatividad y el reconocimiento de los restantes. La tutela jur├şdica ha de ser efectiva, pues cuando la tutela no es efectiva, o no lo es completamente, se produce la indefensi├│n.

El derecho a una verdadera tutela judicial de los derechos implicará además del acceso al sistema legal sin obstáculos que perjudiquen el ejercicio de los derechos, la posibilidad de lograr un pronunciamiento que solucione el conflicto o tutele el derecho y asimismo lograr que este sea cumplido y ejecutado, pues en la medida en que el fallo no se ejecute el derecho de acceso a la Justicia no será satisfecho.
Para alcanzar esos objetivos es indispensable que el Estado cree condiciones para una respuesta jurisdiccional id├│nea y suficiente, otorgando soluciones que contemplen una visi├│n jur├şdica enriquecida como producto de un acertado enfoque de la pol├ştica judicial.

Necesidad de una Justicia para las peque├▒as causas

Sin duda los obst├ículos al acceso a la Justicia son m├ís pronunciados para las reclamaciones peque├▒as. En realidad los servicios legales son costosos para toda la poblaci├│n, pero son sobre todo proporcionalmente m├ís caros para los econ├│micamente m├ís d├ębiles. Adem├ís, la lentitud de los procesos es un importante costo econ├│mico agregado y esto tambi├ęn es proporcionalmente m├ís gravoso para los ciudadanos de menores recursos.
Es imperioso para la buena administraci├│n de justicia que desde la misma se dise├▒en instancias id├│neas para brindar respuestas ├ígiles y de bajo costo. As├ş, los distintos poderes judiciales deben contar ineludiblemente con una Justicia para peque├▒as causas.

En el tr├ímite de estas causas tambi├ęn resultan necesarias reglas de procedimiento adecuadas a los fines de procurar una Justicia m├ís ├ígil que supere el tipo de proceso escriturario y formalista costoso en tiempos y erogaciones pecuniarias.
A la par del sistema jurisdiccional, en el ├ímbito nacional y algunas provincias han instituido la mediaci├│n como una instancia que en general posibilita una soluci├│n concertada al conflicto y que espec├şficamente tambi├ęn estar├şa en condiciones de brindar un mejor tratamiento a conflictos que involucran a personas de escasos recursos y a disputas de peque├▒a envergadura econ├│mica.

Despejado este factor de incertidumbre, las ventajas instrumentales de la mediaci├│n ÔÇôbajos costos, informalidad y celeridadÔÇô permiten un mejor tratamiento de las referidas disputas.

Reformas legales integrales y barreras al acceso interrelacionadas plantean con claridad las tensiones entre el derecho y su eficacia. En este marco, el c├│mo hacer efectivo el derecho no tiene un papel secundario, la eficacia de las normas depende de ello en gran medida, aspecto central para satisfacer la demanda de la ciudadan├şa en cuanto a no s├│lo mayores niveles de independencia y eficacia judicial, sino tambi├ęn de accesibilidad.

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Art├şculos de este n├║mero

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