1983-2013. La democracia, espacio de disputa entre el viejo orden y los nuevos tiempos

1983-2013. La democracia, espacio de disputa entre el viejo orden y los nuevos tiempos

Por Oscar R. GonzĂĄlez

Treinta años después, la democracia que pudimos conseguir sigue estando sometida al acoso de quienes se consideran apartados del goce de privilegios que creyeron eternos. El desafío es entonces alcanzar grados crecientes de equidad e igualdad social y fortalecer el proceso de empoderamiento de los sectores sociales históricamente desplazados.
 
Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional


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El presente artĂ­culo fue escrito en colaboraciĂłn con Dardo Castro.

“Para ningĂșn sector social es tan necesaria, tan vital la democracia como para los trabajadores, y ningĂșn sector estĂĄ tan comprometido con ella y es tan consecuente en esa lucha como nosotros”. Esto lo decĂ­a AgustĂ­n Tosco hace 40 años, cuando desde la CGT de CĂłrdoba encabezaba la resistencia obrera y popular a la dictadura del general Alejandro Lanusse. El lĂ­der sindical era consciente de que, sin el protagonismo de la clase trabajadora y una denodada tenacidad cĂ­vica, no serĂ­a posible la reconquista de la democracia para todo el pueblo.

Hoy, a tres dĂ©cadas del inicio del proceso de apertura polĂ­tica y revalorizaciĂłn democrĂĄtica, vigencia ininterrumpida del Estado de Derecho y de las libertades constitucionales, aquella frase mantiene su valor en la medida en que la construcciĂłn de la democracia es una tarea incesante que se despliega entre dos tendencias antagĂłnicas. De un lado, las aspiraciones democrĂĄticas populares, ya sea que se expresen de manera espontĂĄnea o con diversos grados de organicidad y, por el otro, los intereses y fuerzas que pugnan por limitarlas y someterlas a modelos que, usualmente entonando retĂłricas “republicanas”, implican el despojo o el cercenamiento de derechos polĂ­ticos y sociales. Es que el concepto de repĂșblica ha sido objeto de apropiaciĂłn incluso por las dictaduras militares: basta releer los discursos de Jorge Rafael Videla y los editoriales de ClarĂ­n y La NaciĂłn en 1976 justificando las peores aberraciones en su nombre.

“El sueño de la razĂłn produce monstruos”, bautizĂł Goya a uno de sus aguafuertes y abriĂł un mundo de interpretaciones sobre esa frase, entre las que predomina el sentido positivista del sueño como territorio que la razĂłn no alcanza. Privados de su control, quedamos librados a las pulsiones de una naturaleza salvaje que reaparece a la menor fisura en la autodisciplina de la razĂłn. Desde Domingo Faustino Sarmiento y su CivilizaciĂłn y barbarie, esa dicotomĂ­a ha impregnado de diversas maneras la interpretaciĂłn histĂłrica de la Argentina, reencarnada en diversos opuestos segĂșn la coyuntura y el punto de vista –la ideologĂ­a– de quien la analiza. Pero su sustrato ha sido siempre la antinomia entre el orden liberal republicano y el desorden de las masas insumisas, de los desposeĂ­dos que pugnan por ingresar a un universo de bienes simbĂłlicos y materiales que les son escamoteados en nombre del progreso y de las instituciones de la NaciĂłn. De hecho, CivilizaciĂłn y barbarie fue la versiĂłn sarmientina del Orden y progreso nacido de Augusto Comte en los albores del positivismo y que, convertido luego en lema de la bandera brasileña, sirviĂł para justificar atrocidades en muchas de las naciones de nuestra AmĂ©rica.

Entre nosotros, el desarrollismo frondizista de fines de los ’50 creó su propio lema, Estabilidad y desarrollo, con el mismo sentido disciplinador con que fundamentaría el Plan Conintes para reprimir con las fuerzas armadas las huelgas obreras, movilizar militarmente a los trabajadores del transporte, encarcelar a los dirigentes gremiales y someterlos a la jurisdicción de los tribunales castrenses. Nada de eso obsta para que figuras de la política y columnistas de grandes diarios reivindiquen hoy a Frondizi llamándolo “gran estadista”.

En su campaña presidencial de 1983, RaĂșl AlfonsĂ­n recitĂł con unciĂłn el PreĂĄmbulo de la ConstituciĂłn y lo acompañó con la cĂ©lebre consigna “Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura”. Una sociedad esperanzada quiso creer en esas plegarias. Pero la sucesiĂłn de ofensivas, confrontaciones y repliegues que vinieron despuĂ©s mostrĂł los dramĂĄticos lĂ­mites que suelen imponĂ©rsele a la democracia, no como sistema formal, sino en su encarnaciĂłn concreta y cotidiana, que es donde los hombres y mujeres se realizan socialmente. AlfonsĂ­n constatarĂ­a que la prĂĄctica polĂ­tica se desenvuelve siempre en un campo de fuerzas atravesado por la tensiĂłn entre lo comĂșn y pĂșblico, lo que nos pertenece o debiera pertenecernos a todos –la salud, la educaciĂłn, la naturaleza y el ambiente, la cultura, el bienestar en todas su formas–, y su privatizaciĂłn. VĂ­ctima de esa puja, el presidente que ilusionĂł a millones terminĂł pidiendo desalojar la plaza pĂșblica porque “la casa estĂĄ en orden” y acabĂł emigrando anticipadamente del gobierno.

En los años ’80, el cese de las dictaduras en varios de nuestros paĂ­ses nos encontrĂł empobrecidos y endeudados, y el retorno a la institucionalidad democrĂĄtica fue un proceso difĂ­cil que mostrĂł que la sola vigencia del sufragio universal y el funcionamiento de los tres poderes, en tanto reestructuraciĂłn de la democracia liberal, no bastan para alimentar, educar y curar. Incluso la incorporaciĂłn a nuestra Carta Fundamental de ciertos mecanismos de mayor participaciĂłn ciudadana, del estilo de los inoculados por los constituyentes de 1994, como el referĂ©ndum, la consulta popular y el senador por la minorĂ­a, no modificaron la dinĂĄmica polĂ­tica ni limitaron la impronta neoliberal privatista de las polĂ­ticas pĂșblicas del perĂ­odo de la transiciĂłn, esa etapa que se clausura reciĂ©n una dĂ©cada despuĂ©s, hacia 2003, al recuperar el Estado mayor autonomĂ­a y adquirir la acciĂłn polĂ­tica otra centralidad.

Durante la dĂ©cada menemista –y su continuaciĂłn por otros medios, la gestiĂłn de la Alianza–, fue ostensible la subordinaciĂłn estatal a poderes fĂĄcticos situados fuera de los limites institucionales y, con frecuencia, mĂĄs allĂĄ de las fronteras nacionales. En esa etapa, la persistencia en la aplicaciĂłn del drĂĄstico programa de reorganizaciĂłn econĂłmica que ya habĂ­a impuesto la dictadura hizo que la Argentina se convirtiera en banco de pruebas de las recomendaciones del Consenso de Washington. En la misma medida, la polĂ­tica ingresĂł en su etapa mĂĄs opaca desde la recuperaciĂłn de la democracia. Y no casualmente resultĂł desplazada por la emergencia de movimientos sociales que no sĂłlo cuestionaban el sometimiento de la polĂ­tica a los imperativos del mercado, sino que combatĂ­an desde los mĂĄrgenes las consecuencias del neoliberalismo.

En el largo perĂ­odo que va desde la caĂ­da de la dictadura cĂ­vico-militar hasta la gestiĂłn de Duhalde, recobrarĂ­a una y otra vez toda su dimensiĂłn trĂĄgica aquella pregunta sobre cuĂĄnta miseria soporta la democracia. Es decir, si es posible sostener la gobernabilidad democrĂĄtica en condiciones sociales extremas.

Ya en los ’80, la militancia popular y de izquierda enunciaba una categoría que enojaba a la intelectualidad de perfil progresista que asesoraba al gobierno: la democracia condicionada, en alusión al cerco que los grupos de poder y de presión le habían puesto a la formalmente recobrada institucionalidad, en contrapunto con las movilizaciones por los derechos sociales, por el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y por el fin de la impunidad de los genocidas.

Pero, Âżacaso la democracia no estĂĄ siempre condicionada por las fuerzas que consideran que es o puede ser peligrosa y excesiva, en la medida en que amenaza privilegios y cristalizaciones clasistas? De hecho, cuando NĂ©stor Kirchner ganĂł las elecciones en 2003, en los corrillos polĂ­ticos y periodĂ­sticos la pregunta despiadada era cuĂĄnto tiempo podrĂ­a resistir el nuevo presidente las presiones desatadas para que la Argentina reasumiera los compromisos con los acreedores externos y –cuando todavĂ­a estaba fresca la sangre de los caĂ­dos en diciembre de 2001 con De la RĂșa y en junio de 2002 con Duhalde– para que enfrentara a balazos a los pobres que se alzaban en los suburbios, a los que el establishment financiero, los conglomerados de prensa y buena parte de la clase polĂ­tica consideraban un obstĂĄculo insalvable para la gobernabilidad.

SĂłlo una visiĂłn polĂ­tica como la de Kirchner pudo concebir la cuestiĂłn de la gobernabilidad como una apuesta al lĂ­mite y dar vuelta como un guante el planteamiento del conflicto: la clave ya no radicaba en la desmovilizaciĂłn popular como fuere y por cualquier medio –como se habĂ­a intentado con la masacre de Avellaneda, crimen que ClarĂ­n anunciĂł en tapa como un resultado de “la crisis”– sino en darle centralidad a una propuesta polĂ­tica que respondiera a las necesidades mĂĄs elementales y urgentes de millones de argentinos. Era el camino mĂĄs difĂ­cil, como editorializĂł, amenazante, el subdirector de La NaciĂłn, JosĂ© Claudio Escribano, quien el 15 de mayo de 2003 escribiĂł que “la Argentina ha resuelto darse gobierno por un año”, frase que atribuyĂł a “las fuentes consultadas en los Estados Unidos”. Pero la de Kirchner era una opciĂłn signada por esa estĂ©tica del peligro que el flamante presidente rescataba de su propia historia militante y que no abandonarĂ­a en todos los años que le quedaban de vida.

En el libro Commonwealth, Michael Hardt y Toni Negri afirman que el republicanismo moderno “está basado en la regla de la propiedad y la inviolabilidad de los derechos de propiedad privados, que excluye o subordina a aquellos sin propiedad”. Así, la democracia de la multitud aparece como una amenaza objetiva, ya que podría desplegar las potencialidades del proyecto revolucionario de una “política de libertad, igualdad y democracia de la multitud”, es decir, un republicanismo que no se funda en la propiedad sino en el libre acceso de todos a los bienes comunes. Las recientes batallas por la democratización de la Justicia y por el derecho a la comunicación en nuestro país dan cuenta fehaciente de ello. Por eso, en su libro El odio a la democracia, Jacques Ranciùre habla de un “exceso constitutivo de la política” que resulta inquietante para las corporaciones de todo tipo. Es decir que habría un desborde innato de la democracia, pues si en esta no hay política, sino una simple “lógica policial del Estado para distribuir las jerarquías y los espacios sociales”, la democracia se despolitiza y ello es siempre un escándalo, ya que lo que propone es que puede gobernar cualquiera.

Por eso, ya sea de manera inocente o maliciosa, repĂșblica y democracia han sido tĂ©rminos asimilables que la derecha y el liberalismo en general han intercambiado siempre segĂșn cĂłmo les acomodara a sus discursos de ocasiĂłn. En la lengua liberal, sistema democrĂĄtico y sistema republicano son, pues, lo mismo, y con ello se pretende incrustar la creencia de que la vigencia del sistema republicano de gobierno es de por sĂ­ suficiente para garantizar la democracia, independientemente de los grados de equidad e igualdad socialmente logrados.

Pero sucede que la opciĂłn por la democracia es, ante todo, una opciĂłn de riesgo, ya que su presupuesto es la lucha social y sus niveles de desarrollo, esto es de libertad y de viabilidad del ejercicio de derechos, que sĂłlo es garantizada enteramente por la potencia del movimiento popular y la construcciĂłn de tramas sociales, econĂłmicas, polĂ­ticas y culturales para sostenerlos en el tiempo.

Hoy, cuando las recientes elecciones parlamentarias disparan el coro de ambiciones presidenciales, algunos de los aspirantes que claman su republicanismo proponen un orden basado en el congelamiento de las demandas mĂșltiples y variadas de los diversos sectores de la sociedad. Es un discurso que se pliega sin contradicciones a los temores de las derechas, expresados por los grandes medios, a las que les resulta intolerable la insolencia plebeya de una sociedad resultante de diez años de transformaciones en los que hubo dos cambios fundamentales: en primer lugar, la vertebraciĂłn de un rĂ©gimen social de acumulaciĂłn y distribuciĂłn de bienes y servicios que potenciĂł a las clases y sectores populares dotĂĄndolas de un peso econĂłmico, social y polĂ­tico que habĂ­a perdido desde el comienzo de la dictadura y, en segundo lugar, pero con igual importancia, el despliegue de un formidable proceso de ampliaciĂłn de derechos personales y colectivos que le otorgaron a la democracia un inquietante sesgo popular, aun sin expandirse a travĂ©s de mayores experiencias de participaciĂłn directa.

Así, treinta años después, la democracia que pudimos conseguir sigue estando sometida al acoso de quienes por distintos motivos se consideran apartados del goce de privilegios que creyeron eternos. Son los que critican por populista un proyecto de país que propicia redistribuir el ingreso y es sensible a las demandas de los diversos colectivos ciudadanos.

Son ellos también quienes reniegan de toda correspondencia entre los nuevos modos de acumulación social y el régimen político de gobierno. Allí radica su resistencia a cualquier iniciativa de reformulación institucional que torne mås participativa esta democracia que hoy por hoy, con todo lo que se ha avanzado, sigue constituyendo un espacio de disputa.

El desafĂ­o de nuestros dĂ­as no es sĂłlo preservar las conquistas sociales y derechos individuales logrados sino tambiĂ©n el momento de consolidarlos, acentuando el proceso de empoderamiento de los sectores sociales histĂłricamente desplazados. Para ello, resultarĂ­a oportuno abordar el debate sobre un nuevo marco institucional para un paĂ­s que cambia: reflexionar sobre el sistema de gobierno adoptado en el siglo XIX y su matriz presidencialista para enriquecer su representatividad y consolidar la gobernabilidad democrĂĄtica; reformular el concepto de propiedad, tanto privada como pĂșblica, para que los bienes esenciales no sean capturados corporativa o localmente; normativizar la vigencia universal de un ingreso ciudadano bĂĄsico y establecer los mecanismos tributarios que garanticen una equitativa distribuciĂłn del producto social.

Esos son algunos de los dilemas que debemos resolver para que el balance de tres dĂ©cadas de reconquista de la institucionalidad democrĂĄtica no se limite a consignar el ejercicio de un rito electoral que se cumple cada dos años, sino que trascienda hacia una perspectiva mĂĄs amplia: aquella que podrĂ­amos enunciar recordando la identificaciĂłn de la democracia con ese “rĂ©gimen de la libertad basado en la igualdad de clases” de la que hablaba Esteban EcheverrĂ­a hace un siglo y medio.

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ArtĂ­culos de este nĂșmero

Eduardo Rinesi
Tres décadas de democracia (1983-2013)
Martín Cortés
AlfonsĂ­n, los intelectuales argentinos y la democracia como promesa
Oscar R. GonzĂĄlez
1983-2013. La democracia, espacio de disputa entre el viejo orden y los nuevos tiempos
Mabel Thwaites Rey
La democracia argentina bajo el largo ciclo de hegemonĂ­a neoliberal (1983-2013)
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Democracia, desarrollo e integraciĂłn regional sudamericana
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Los cambios culturales en treinta años de democracia
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Catolicismo, Iglesia y democracia en la Argentina (1983-2013)
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