¿Gobierno Abierto o Estado Abierto? El desafío que plantea el nuevo paradigma digital

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¿Gobierno Abierto o Estado Abierto? El desafío que plantea el nuevo paradigma digital

Por María Sol Tischik

Alcanzar la instancia de un Gobierno Abierto supone una mayor participación ciudadana y la colaboración entre las distintas dependencias públicas, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Para ello, el rol de las nuevas tecnologías es fundamental, pero esto sólo será posible con mayores niveles de inclusión social.

“Aquellos gobiernos, o partidos, que no entiendan la nueva forma de hacer política y que se aferren a reflejos estatistas trasnochados serán simplemente superados por el poder de los flujos y borrados del mapa político por los ciudadanos tan pronto su ineficacia política y su parasitismo social sea puesto de manifiesto por la experiencia cotidiana (…) No estamos en el fin del Estado superado por la economía, sino en el principio de un Estado anclado en la sociedad. Y como la sociedad informacional es variopinta, el Estado red es multiforme. En lugar de mandar, habrá que navegar”.

Manuel Castells

 
Lic. en Ciencia Política (UBA). Coordinadora de Gobierno Abierto. Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Responsable del Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto del Foro de la Agenda Digital Argentina.


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La noción de un Gobierno Abierto no es nueva. Durante las últimas décadas del siglo pasado este concepto refería al acceso y la libertad de información, generalmente asociada a la publicidad de las actividades gubernamentales. También podríamos incluso afirmar que el término Gobierno Abierto es redundante; si pensamos en una democracia representativa, el atributo “abierto” es parte de su definición. Con el aumento de la penetración de Internet y la masificación de las tecnologías digitales ocurrida en los últimos años, el concepto de Gobierno Abierto se ha re-significado. Las democracias cuentan con mayores herramientas y recursos para incrementar los niveles de transparencia y rendición de cuentas, promover la participación ciudadana y la colaboración entre las distintas dependencias públicas, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

Fue el presidente de los Estados Unidos quien, a través de un Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto promulgado en el año 2009, plasmó esta re-definición a través de tres ejes: la transparencia, la colaboración y la participación.

Entendiendo que un gobierno transparente fomenta y promueve la rendición de cuentas, permitiendo que los ciudadanos puedan realizar un control de la acción de gobierno, así como crear valor económico o social a partir de los datos públicos ofrecidos libremente; la colaboración, a partir de comprometer e involucrar a los ciudadanos en el propio trabajo de la administración de lo público/pública, lo cual supone la cooperación no sólo con la ciudadanía sino también con las empresas, las asociaciones, además del trabajo conjunto dentro de la propia administración, entre sus empleados y con otras administraciones; y la participación, favoreciendo el derecho de la ciudadanía a comprometerse activamente en la elaboración de políticas públicas y animando a la administración a beneficiarse del conocimiento y experiencia de los ciudadanos.

Podemos afirmar que un gobierno se considera “abierto” en la medida en que está centrado en las necesidades de la ciudadanía e impulsa interacciones con y entre ciudadanos, agentes públicos, políticos, organismos públicos de los distintos poderes y niveles de gobierno, asociaciones de la sociedad civil y grupos de interés, entre otros.

Una aclaración que resulta importante hacer es que, erróneamente, se suele traducir y entender al Open Government como el Gobierno Abierto, cuando la traducción correcta es la de Estado Abierto. Como bien apunta Oscar Oszlak, la promoción de las políticas de transparencia, participación y colaboración en torno al concepto Gobierno Abierto se ha centrado y limitado a los poderes ejecutivos nacionales, provinciales y locales. Uno de los desafíos que tienen los países de la región es la implementación de políticas de Estado Abierto, lo cual significa ampliar los niveles de transparencia, participación y colaboración a todos los poderes que conforman el Estado.

Estas diferentes visiones sobre el Gobierno y el Estado Abierto pueden observarse con claridad en el debate en torno a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Argentina. Hoy son veinticinco los proyectos de “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” con estado parlamentario, presentados en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y en el Honorable Senado de la Nación por las distintas fuerzas políticas. La imposibilidad de consensuar y promulgar un proyecto de ley se genera por las diferentes posiciones en torno a qué organismos públicos y privados deben transparentar su información y por lo tanto ser contemplados en dicha ley.

La inclusión como eje rector del Gobierno Abierto

Como se ha mencionado, la definición conceptual en torno a qué es el Gobierno Abierto es de origen anglosajona. En la Argentina y en el resto de los países de la región latinoamericana esta definición carece de un eje fundamental: la inclusión.

La posibilidad de pensar, promover y trabajar en pos de un Gobierno Abierto, es decir, en mejores niveles de democracia, en la utilización de las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías digitales, tanto para la mejora de los servicios públicos como para fomentar la participación y colaboración ciudadana y transparentar la gestión, se da como consecuencia de haber logrado mayores niveles de inclusión social.

Las políticas de inclusión digital, como la TV Digital Abierta, Conectar Igualdad, Argentina Conectada, Educ.AR y Program.AR, garantizan el acceso a la tecnología y a diferencia de cómo suelen darse estos procesos de apropiación, del centro a la periferia, posibilitan que los colectivos de mayor vulnerabilidad estén puestos en el foco de estas políticas de Estado, generando condiciones de igualdad de acceso a derechos.

Es decir, la condición para la existencia de un Gobierno Abierto no es simplemente la implementación de políticas tecnológicas o de inclusión digital. Tampoco se trata de una normativa que garantice el acceso a la información pública, ni de la existencia de sitios o portales para realizar consultas, reclamos o transacciones. La posibilidad de un Gobierno Abierto está dada por el ejercicio de la ciudadanía, en el más amplio sentido de la palabra.

Se trata de crear condiciones de igualdad que permitan generar un proceso interactivo con y entre los ciudadanos a través de una relación de doble vía, en la que estos puedan expresar sus opiniones o propuestas sobre políticas o proyectos gubernamentales, coparticipar en la producción de bienes o servicios públicos y/o intervenir activamente en el seguimiento, control y evaluación de la gestión estatal.

Para llevar adelante esta idea de Gobierno Abierto es necesario entonces que la totalidad de los actores involucrados en las políticas públicas motoricen una serie de transformaciones. Se requieren cambios culturales tanto hacia adentro como hacia afuera de la gestión, que coloquen definitivamente en el centro a los ciudadanos y que promuevan el trabajo en red en el Estado.

La Alianza para el Gobierno Abierto

La Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership –OGP– en inglés) es una reciente iniciativa multilateral de países y organizaciones de la sociedad civil lanzada el 20 de septiembre de 2011 en Nueva York, en el marco de la LXVI Asamblea de las Naciones Unidas, fruto de una propuesta realizada en conjunto por Estados Unidos y Brasil e impulsada por la presidenta de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff, y en ese entonces, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton.

Los esfuerzos de la OGP se orientan a propiciar compromisos concretos desde los gobiernos para promover la apertura y transparencia, aumentar la participación ciudadana en el debate, formulación de políticas y en la decisión de los asuntos públicos, combatir la corrupción, facilitar y promover la rendición de cuentas y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza democrática y la calidad de los servicios públicos.

Para ser miembros de esta organización multilateral los países participantes deben confirmar su acuerdo en cumplir con las cuatro expectativas comunes que le dan sustento a la iniciativa: suscribir la Declaración de Principios sobre Gobierno Abierto y aprobarla al más alto nivel; asumir compromisos concretos, mediante la elaboración e implementación de un plan de acción nacional que se extiende más allá de las prácticas actuales en desarrollo y que debe ser llevado a cabo a través de un proceso de consulta con las múltiples partes interesadas y con la participación activa de los ciudadanos y de la sociedad civil; comprometerse a un informe de evaluación a cargo de un panel de expertos independientes sobre el progreso del país en el cumplimiento de los compromisos incluidos en el plan de acción y contribuir a la promoción del Gobierno Abierto en otros países mediante el intercambio de mejores prácticas, conocimientos y asistencia técnica, tecnologías y recursos, entre otros.

El Gobierno Abierto en la Argentina

En el mes de octubre de 2012, el gobierno nacional, juntamente con actores multisectoriales, comenzó a trabajar en la elaboración de la propuesta del Plan de Acción de Gobierno Abierto presentado ante la OGP en abril de 2013. Dicho plan se sustentó en un proceso de consultas presenciales, realizado en forma colaborativa y horizontal en consonancia con los principios de Gobierno Abierto. La tarea se llevó a cabo en el marco del Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto de la Agenda Digital Argentina (GT.GA), participando en él organismos gubernamentales, universidades, organizaciones de la sociedad civil y actores involucrados en la temática.

Como la mayoría de los primeros planes de acción de los países miembros de OGP, el plan de la República Argentina tiene algunos puntos por mejorar: la inclusión de compromisos que no se limiten a políticas tecnológicas, el trabajo coordinado con todos los ministerios, una participación ampliada de las organizaciones de la sociedad civil, la inclusión de compromisos del Poder Judicial y del Poder Legislativo y la federalización del plan. Estos últimos tres puntos significan además un desafío para la OGP, la cual ha limitado la participación y los compromisos a los poderes ejecutivos nacionales. En la Argentina son varias las provincias y municipios que han implementado políticas de Gobierno Abierto que podrían tomarse como referencia para otras iniciativas.

La Argentina asumió en el Plan de Acción diecinueve compromisos, de los cuales diecisiete fueron cumplidos y dos están en etapa de desarrollo: Evento Nacional de Gobierno Abierto y el Manual de Buenas Prácticas en Gobierno Abierto. Pero más allá del Plan de Acción y de la cantidad de compromisos asumidos y cumplidos, la experiencia argentina en torno al GT.GA y de la OGP ha permitido generar espacios de participación, diálogo y trabajo colaborativo hacia adentro de la administración pública nacional y hacia afuera, con las organizaciones de la sociedad civil, las universidades e investigadores en la materia. Esto evidencia que el Gobierno Abierto no es un fin en sí mismo sino un camino, una nueva forma de relación entre el Estado y los ciudadanos, lo cual significa además un profundo cambio cultural hacia adentro de las instituciones y también hacia afuera, ya que requiere de organizaciones públicas más flexibles y de una ciudadanía más activa y dispuesta a colaborar en los procesos de conformación e implementación de las políticas públicas.

Un camino por transitar

El camino a recorrer que propone el Gobierno Abierto no está preestablecido. Transitarlo requiere necesariamente de una visión y una decisión política. Para la Argentina y los países de la región uno de los desafíos que se les plantea es generar una ruta compartida. De un total de sesenta y cuatro países que conforman la OGP, América latina –representada por catorce países– es la región con mayor cantidad de Estados participantes, los cuales suman más de trescientos compromisos.

En definitiva, la ruta no sólo debe ser compartida en clave regional, sino que además requiere que sea transversal a todos los niveles y poderes de gobierno, aspirando a una política de Estado Abierto, que incluya a las provincias y los municipios argentinos, sin olvidar que el único posible punto de partida de este camino es la inclusión.

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Artículos de este número

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